Solamente en Medellin se han duplicado los homicidios al pasar de 1044 en 2008 a unos 2178 en 2009 y su alcalde Alonso Salazar pide a gritos al gobierno la justicia y que se triplique la presencia militar como hace de manera increible el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, en el sentido de que también se aumente el pié de fuerza para retener la ola criminal y delincuencial, antes que reclamar programas sociales orientados a los jóvenes en el campo de la educación, la salud y la vivienda.
Colombia no quiere a sus jóvenes, dijo alguna vez William Ospina y eso que llaman seguridad democrática, que no es seguridad y mucho menos democrática, ha lanzado a cientos de miles de muchachos en brazos del ejercito colombiano, de las bandas de narcotraficantes y de los amigos del gobierno para la guerra sucia, como son los paramilitares.
Otra vez en los medios de comunicación obligados a decirlo, ha estallado la verdad de los últimos años, una verdad que a cualquier país podría avergonzar, que mientras para el Estado y el gobierno sea más importante cuidar los intereses de los ricos y los intereses de los Estados Unidos, seguiremos viendo cómo jóvenes y jovencitas siguen siendo enterrados por sus padres o llorados cuando los desaparecen o extrañados cuando los desplazan.
Cientos de ellos, posiblemete un millón, hacen parte de las filas de grupos armados así: Cuatrocientos mil, cifras oficiales, en el ejercito regular colombiano; unos l00 mil entre Policía, Sijín y DAS; unos 200 mil en empresas de seguridad privada; y como si fuera poco cerca de 300 mil entre cooperantes, informantes (sapos) y en las guerrillas que se reparten entre las FARC y el ELN
Las calles de la ciudades son invivibles, se oye decir a diario. No se puede salir a la calle de rumba o de negocios por el miedo al atraco y al asalto a mano armada, que por el hambre y por la falta de oportunidades, pone como protagonistas a los jóvenes colombianos que viven en las grandes y pequeñas capitales.
El campo se ha quedado sin jóvenes. El desplazamiento, el saqueo de nuestros recursos, la expropiación de pequeñas fincas, la presencia del ejercito y policía como promesa del gobierno de Uribe ha espantado a los jóvenes indígenas, negros y campesinos, que vemos hoy como deliencuentes en los barrios subnormales de las ciudades.
De cada diez detenidos los fines de semana por problemas policiales, siete y casi ocho son menores de 25 años y otros más no pasan de 35, considerados por los promedios mundiales como jóvenes económicamente activos.
Solamente en Medellin se han duplicado los homicidios al pasar de 1044 en 2008 a unos 2178 en 2009 y su alcalde Alonso Salazar pide a gritos al gobierno la justicia y que se triplique la presencia militar como hace de manera increible el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, en el sentido de que también se aumente el pié de fuerza para retener la ola criminal y delincuencial, antes de reclamar programas sociales orientados a los jóvenes en el campo de la educación, la salud y la vivienda.
Las cifras del gobierno y de algunas ONG no coinciden como nunca han coincidido en torno a cuantos paramilitares hicieron la patomima de la desmovilización, que fueron 30 mil cuando apenas eran 12 mil, que se han reinsertado unos 17 mil entre paramilitares y guerrilleros y que unos mil más aquí y otros dos mil por allá. Nada coincide y los muchachos siendo impunemente masacrados.
Lo cierto es que quienes aún creen en el cuento de la seguridad democrática, deberían sentarse a pensar en las cifras de jóvenes sacrificados, como los de Soacha y los falsos positivos, los desplazados, los amenazados de muerte y los chuzados por el DAS, para que rechacen con vehemencia el fascismo y dejen de aplaudir a sus victimarios.
Era obvio que quien creó las convivir, el amigo del paramilitarismo, la generación de otras formas de criminalidad, Alvaro Uribe Velez, proponga el pago de recompensas al estilo gringo, a quienes se conviertan en delatores, aprovechando la necesidad y falta de oportunidades para la juventud, aprovechando la nula presencia del Estado y la inalcansable justicia social.
