Apuntes Doble A

Por primera vez Camilo Romero Galeano exgobernador de Nariño ha admitido que durante su administración SI hubo irregularidades en la adjudicación del contrato de venta y distribución de aguardiente. Romero, ha señalado como responsable a su primo y asesor de la gobernación Andrés Felipe Arango Romero quien se acogió al principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación. Camilo Romero, usando un leguaje propio de los bajos mundos de la delincuencia acusa a su primo - cosa que era de esperar - de "tranzar y negociar" con los investigadores de la Fiscalía para que les entregue su cabeza, al tiempo que nada explica sobre el beneficiario del contrato de marras, si su sede política estuvo ubicada en la casa de propiedad de Richard Giovanny Portilla, o si se benefició a ese contratista habiendo sido uno de los financiadores de campaña y cuál fue el papel jugado por su secretario de hacienda Mario Fernando Benavides en calidad de gobernador encargado para aquellos días de la firma del decreto. Camilo Romero a través de su defensa ante la Corte Suprema de Justicia ha pedido que políticos de carrera a nivel nacional y regional sean eschados en el proceso. Busca dilatar el proceso con una larga lista de testigos entre quienes se encuentra la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López; los exministros David Luna y Juan Fernando Cristo; parlamentarios como Inti Asprilla; los exgobernadores de Nariño, Antonio Navarro y Raul Delgado, entre otros. Galeano pesiste en demostrar que las acusaciones en su contra son el resultado del sicariato judicial montado por el exfiscal Nestor Humberto Martinez. Por esto mismo, el fiscal del caso, Hernán Dìaz Soto ha reaccionado fuertemente contra las pretensiones de la defensa. "La fiscalía no está en el banquillo" ha dicho el fiscal delegado ante la corte en señal de desagrado y condena de cuanto ha intentado hasta ahora, hacer la defensa del exgobernador. También ha pedido su abogado Gerardo Barbosa se admita como testigos a media docena de sus familiares que estuvieron vinculados a la gobernación, unos por contrato como Lilia Vega Mera o Angelica Cruz Dajer y otros llegados al departamento a través de contratos con organismos de cooperación internacional y la federación de departamentos. Otros familiares de Camilo Romero Galeano son mencionados, por ejemplo, como sus dos primos Andrés Felipe Arango y Javier Arteaga, o Ingrid Ricaurte compañera sentimental del papá de Camilo, Jonas Ricardo Romero Sanchez. Entrevistado en un programa de farándula criolla de "Red más" Romero Galeano quiso dar la impresión de que -como en el caso Samper del proceso 8000 - las "irregularidades" que no delitos, se han cometido en su ausencia y a sus espaldas. Ha dicho ser victima del "sicariato judicial" que había montado en contra suya la Fiscalía de Martínez Neira lo que se contradice al querer desviar la atención hacia quienes han admitido participación en los delitos contra administración pública, como son su primo Andrés Felipe y la exsecretaria de rentas del departamento Adriana Milena Amaya Buitrago. El exgobernador que se pasea por los medios de comunicación y que según se afirma, ha lanzado su campaña desde el departamento de Santander no tiene entre los "periodistas" o entrevistadores unos verdaderos contrainterrogadores a fin de saber por ejemplo: Qué papel jugó el mismo en esa contratación del licorista Richard Portilla; qué paso con los allanamientos a los apartamentos de sus hermanos Pablo y Natalia; qué ha pasado con su amigo el operador del sistema de comunicaciones y publicidad que dejó de pagar decenas de facturas a emisoras y programas de tv regional; tampoco le preguntan si es o no cierto que acudió a la vieja y corrupta clase política (Miriam Paredes, Enriquez Maya y tato Alvarez) para llegar a la gobernación, y, cuál fue su papel en los pr… A Camilo Romero Galeano nadie le pregunta sobre otros parientes involucrados en el escándalo de los licores y, quiénes y a cambio de qué, buena parte de sus familiares cercanos son parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Ipialeño José Aulo Polo en donde figuran su tía María Eugenia Romero Sánchez, su hermana Natalia Romero Vega y su madrastra Ingrid Ricaurte, compañera sentimental de su papá. Romero Galeano dice tener toda una estrategia para controvertir las acusaciones en medio de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia y en su audiencia preparatoria. Javier tato Alvarez ha reaccionado fuertemente por la mención que hice en el sentido de que Camilo Romero quien pretendía revocar el congreso terminó aliándose con la corrupta y cuestionada clase política del departamento. Aunque en artículos anteriores se menciona su nombre, cuando Tato califica de bandidos a los Romero, Ricardo papá y Camilo su hijo, Tato cree que no se debe mezclar su nombre de esa manera. Miriam Paredes, senadora conservadora ha dicho a la radio estar arrepentida de haber apoyado a Romero en su camino a la gobernación de Nariño.

AL OIDO DE LAS DOS ORILLAS

AL OIDO DE LAS DOS ORILLAS Por Héctor Díaz Revelo Si las2orillas usan en un titular el adjetivo ´turbio´ para referirse a un asunto de Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali; y en mi artículo uso el término “andanzas”, para referirme a la alcaldesa de Teusaquillo, Esmeralda Hernández; la verdad, yo no encuentro la diferencia para negarse a publicar mi colaboración. Si las2orillas mencionan a los hermanos del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina por ser causantes de las renuncias de sus colegas y no del mismísimo mandatario; y Yo, en mi artículo menciono al primo del ex gobernador de Nariño Camilo Romero y a su cuñada, en torno al escándalo de los licores; la verdad, no veo la diferencia – en principio – para no publicarlo. Si las dos orillas hablan de un aparente “secreto a voces” que acusa a los hermanos del alcalde de “influir en las contrataciones en los distintos sectores” a los que pertenecieron quienes renunciaron a la alcaldía (presionados); y en mi artículo, no por secreto a voces, sino con documento en la mano, transcribí lo denunciado por Adriana Milena Amaya contra Camilo Romero y su cuñada Esmeralda Hernández; la verdad, no veo por qué las2orillas no lo publicaron. Adriana Milena Amaya Buitrago fue subsecretaria de rentas de la Secretaría de Hacienda de la administración de Romero Galeano y tenía por qué saber detalles de cómo se entregó ese contrato millonario a Richard Portilla un aportante a esa campaña a la gobernación. Adriana Amaya y Andrés Felipe Arango Romero, el primo de Camilo Romero, se acogieron al ´principio de oportunidad´ ante la Fiscalía General de la Nación en ese caso que se ha denominado el Escándalo de los Licores y que investiga la Corte Suprema de Justicia, juez natural del exgobernador. (El primo, no aparece en documentos como empleado de la gobernación, pero fungía como tal. Su esposa Angelica Cruz Dajer era la asesora del despacho del gobernador). Es ruin por decir lo menos esta actitud de las2orillas. No he recibido ninguna nota de las dos orillas que diga el motivo por no publicar ese artículo. El título es: Las andanzas de la alcaldesa de Teusaquillo (publicado en mi blog, en rpasur.com, en Contraste, en Andan diciendo por ahí, etc.). Dicho sea de paso, éste no hubiera sido el primer comentario publicado con mi firma en las2orillas. Es más: En mi artículo, espero que no haya ninguna ambigüedad; mientras en la nota contra los hermanos del alcalde de Cali, las2 orillas son ambiguas cuando dicen: “... sin embargo, nadie lo sostiene públicamente, aunque el más claro ha sido el saliente director del Dagma”, quien aseguró en redes sociales que "Ospina maltrata a una parte de su gabinete". Es un hecho, por otra parte, que el apartamento de Esmeralda Hernández la cuñada de Camilo, esposa de Pablo Romero Vega, fue allanado por agentes del CTI. Es un hecho que Andrés Felipe Romero Arango primo de Camilo se ha acogido al principio de oportunidad ante la fiscalía general de la nación al verse involucrado en el escándalo. Romero Arango – ese sí, secreto a voces - sin ser funcionario público o empleado de la gobernación de Nariño fungía como asesor de Camilo Romero. De Mauricio Ospina hermano menor del alcalde de Cali, se puede leer en las2orillas lo siguiente: “A pesar de que actualmente no tiene ningún cargo en la administración municipal, su influencia desde la primera administración de Ospina ha sido de público conocimiento, aunque no quedan rastros”. El subrayado es mío. Mientras en mi artículo hablo sobre “la sinuosa historia del decreto 364” firmado por un subalterno de Camilo Romero para beneficiar con el contrato de licores a un aportante a su campaña electoral y el uso irregular de una empresa que Amaya dice ser propietaria para “legalizar” gastos de campaña; las dos orillas dicen que: “... sobre Diego Ospina se sabe poco distinto a que habría acompañado a su papá Iván Marino Ospina en la militancia armada del M-19 y ha permanecido períodos fuera de Cali. Su regreso permanente se dio con la llegada de su hermano mayor a la Alcaldía de la ciudad. Los ojos están puestos sobre la presunta intervención de los Ospina en la contratación de Emcali...” (El subrayado es mío). Pregunto: ¿Esa alusión a que Diego pudo haber sido o fue guerrillero como su padre es importante para el contexto? No creo. Es traída de los cabellos y se descubre la intención. Publicar en las dos orillas sobre Salud Hernández, la misma que habla públicamente de la insignificancia del departamento de la Guajira y que cuestiona el pasado del exministro Alejandro Gaviria les parece importante ¿tanto o más que lo dicho por ustedes sobre los hermanos de Ospina? Insisto. Supongo que para las dos orillas resulta menos malo o muy malo haber escrito en mi artículo que la misma denunciante Adriana Amaya haya sido quien textualmente acusa a la ex alcaldesa de Teusaquillo Esmeralda Hernández cuando afirma que: “A raíz de esto, me di a la tarea de revisar esas cuentas públicas de la campaña del Gobernador y evidencié que, para la consulta interna del Partido Verde, para sacar candidato a la presidencia, también se había usado mi empresa para facturar un servicio e igualmente se había falsificado el contenido y mi firma”. Sería necesario que las dos orillas digan entonces que no pueden publicar opiniones contra sus protegidos. O que en artículos “libres” no se debe mencionar ni a la alcaldesa Claudia López que mantenía en el cargo a Esmeralda Hernández ni a sus amigos como Camilo Romero Galeano. Que las dos orillas digan que es prohibido mencionar en columnas de opinión a León Valencia y Antonio Navarro, entre otros. Que no es cierto, en últimas, que las dos orillas respetan el derecho al disenso. Que las dos orillas esté lejos de ser un portal libre para publicar. Mis artículos bajo los títulos “Escandalo de los licores, las andanzas de la alcaldesa de Teusaquillo”; “La sinuosa historia del decreto 364, escándalo de los licores” y el reciente sobre “Alternativos y progresistas de escándalo en escándalo”, están publicados en otros portales y en mi blog. Entonces, las dos orillas ante los lectores no deberían aparecer como un portal objetivo, imparcial o alternativo de la comunicación. Ahora entiendo lo selectivo de sus columnistas entre quienes anda Fernando Londoño el uribista de la clase A. Entiendo, entiendo. Escándalo de licores en Nariño. (1) Las andanzas de la Alcaldesa de Teusaquillo. (rpasur.com)

Ni alternativos ni progresistas (3) De escándalo en escándalo.

Los nuevos politiqueros que se reclaman a sí mismos como alternativos, fustigan o fustigaban en teoría a la vieja y rancia clase política regional. Dicen que godos y liberales son clientelistas y corruptos y lo son. En sus discursos y entrevistas dicen que liberales y conservadores son los culpables del atraso de provincias y municipios y lo son. Dicen que son delincuentes porque comprar votos es un delito y lo son; y terminan estos “alternativos” pidiendo y recibiendo apoyo a manos llenas de esos jefes de partidos tradicionales y de gamonales criollos que tanto critican. ¿Pero y entonces, porqué se convierten en sus aliados y nuevos amigos? Algo va del discurso progresista y alternativo a la práctica política. Todo parece indicar que entre ellos se ha impuesto la demagogia, que en algunos casos tiene y ha tenido a algunos alternativos en la cárcel o en la picota pública. Acuden a esos varones porque saben que sin Ellos no alcanzarían a llegar a una junta de acción comunal, por decir lo menos. Cierto es que sus antecesores en la vida política del país nos han llevado de escándalo tras escándalo lo que por desgracia se ha convertido en una oprobiosa y asqueante costumbre. Quien diga que es “alternativo” y que no es de esa clase política, por defecto termina recibiendo sin pudor el apoyo en las urnas de esos varones de la clase política bajo la premisa falaz de que todo va a cambiar. Y claro todo ha cambiado para mal y, por su culpa, el país se ha incrustado en los umbrales del fascismo, de la ultra derecha y de la narco democracia. Ha habido un régimen de las complicidades. Lo que ha ocurrido con Camilo Romero Galeano y sus escándalos en Nariño es emblemático. Eso mismo o casi lo mismo ha ocurrido con los recientes gobernadores de Nariño y ha ocurrido sin duda en el país con los gobiernos llamados alternativos, convertidos en una completa desilusión para sus electores. Y digo yo, estos son los responsables del reflujo de los procesos populares y sociales de organización y lucha contra el régimen existente. Estos gobiernos alternativos son y han sido, para desgracia de muchos, nada más ni nada menos que, más de lo mismo. No hay tal y no ha habido tal que los “alternativos” lleguen a ser en la práctica unos 'jalonadores' de proyectos administrativos en favor de las mayorías. Tampoco un puñado de virtudes. Menos que hayan hecho algo que tenga que ver con la ética y las buenas maneras. Ese discurso “alternativo” viene haciendo estragos a lo largo y ancho del país. En el Distrito Capital y en el departamento de Nariño aquello terminó muy mal. Como se sabe, con el gobierno “alternativo” de Samuel Moreno Rojas y su carrusel de la contratación hay gente en la cárcel y con los alternativos en Nariño también hubo funcionarios en la cárcel y otros a punto de estar tras las rejas. Hablemos de dos en dos, y de políticos alternativos y no alternativos en el manejo de la cosa pública y de administraciones que han dado al traste con las promesas de campaña incumplidas como los que más. Hay por ejemplo en Bogotá dos políticos llamados alternativos ya condenados: Cárcel para Samuel Moreno Rojas el alcalde, y cárcel para su hermano Iván, el Senador. Dos son los clanes involucrados en los líos del carrusel de la contratación en Bogotá. Los Nule, los tres hermanos Nule; y un grupo de abogados cercanos a las familias Nule y Char. Y aunque el peculado es un delito exclusivo para funcionarios, ´les va a ser imputado como determinadores, al haber inducido (con dádivas y regalos, incluidos carros de alta gama) a empleados públicos a delinquir en su beneficio. Además, entregaron información falsa y le ocultaron otras a la justicia´. Y son dos, los testigos de cargo en la investigación que cursa en contra del ex gobernador “alternativo” Camilo Romero por la contratación de la venta de licores de Nariño que finalmente ha favorecido a uno de los financiadores de su campaña electoral, Richard Portilla. El primero su asesor de cabecera, su primo Felipe Arango Romero y la segunda, la ex secretaria de rentas de la secretaria de hacienda Adriana Milena Amaya Buitrago, que se han acogido al principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación. Quieren que la cárcel no sea solamente para ellos. Y son dos también hermanos del ex gobernador de Nariño, Natalia y Pablo Romero Vega, a quienes por los líos de Camilo les fueron allanados sus apartamentos en Pasto por agentes del CTI de la Fiscalía. Los agentes decomisaron memorias, ordenadores y algunos documentos que podrían comprometerles de alguna manera en el escándalo de los licores. El descolorido partido verde de Romero y la mismísima Claudia López no han dicho algo al respecto. Mucho menos otros dos políticos como Navarro y Antanas, que posan también de “alternativos” verdes. Dos son los exgobernadores de Nariño involucrados en el escándalo de Probolsa la pirámide donde fueron a parar millonarios recursos del erario departamental. Antonio Navarro y Eduardo Zúñiga fueron investigados por el caso conocido como la pirámide de Probolsa en todo el país. Recuerdo que el asesor actual de Duque, don Emilio Archila anunció en la televisión que probolsa era ilegal. Son dos también, los comportamientos del uribismo y la derecha colombiana. El primero, son sus defensores que mientras critican y condenan la presencia en la política partidista de guerrilleros desmovilizados, parecen olvidar que en sus filas cuentan ahora mismo con nueve ex combatientes, nueve ex guerrilleros que tanto dicen odiar y condenar. El segundo, es el comportamiento de estos uribistas que dicen amar la paz y juraron hacer trizas el proceso que se firmó en el gobierno de Santos con las Farc al tiempo que esconden procesos judiciales que investigan su vinculación con el paramilitarismo y el narcotráfico. De dos grupos guerrilleros terminaron trabajando con Uribe los siguientes: Del EPL: Mario Agudelo, el jefe de Urabá, uribista y alcalde de Apartadó; Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos; Darío Mejía, director de Reinserción en Medellín; Aníbal Palacios, alcalde de Turbo. Y del M-19: Everth Bustamante, hoy senador del Centro Democrático; Rosemberg Pabón, director de Dansocial; Eduardo Chávez, quien trabajó en la campaña de Uribe; Augusto Osorno, director de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio del Medio Ambiente; Laura Pizarro, viuda de Carlos Pizarro, quien estuvo en la primera campaña. Y del ELN hubo solo uno: Adolfo Bula. Y son dos además los Garzón, o los Garzones, par de sindicalistas, que nada que ver con mantenerse en sus postulados de “alternativos”. El primero, Angelino Garzón, ex miembro del partido comunista y vicepresidente de la Unión Patriótica, fue flamante embajador ante la ONU en el gobierno del derechista Álvaro Uribe Vélez. Fue vicepresidente de Juan Manuel Santos del partido de la U, quien llegó a la presidencia de Colombia por gracia de su mentor Álvaro Uribe Vélez. En el gobierno uribista de Iván Duque, Angelino ha sido embajador de Colombia en Costa Rica. El segundo, Lucho Garzón irónicamente fue ministro de trabajo en el gobierno de Juan Manuel Santos, y pasó del partido polo alternativo al descolorido partido verde, donde tienen como figuras de mostrar de Nariño a Antonio Navarro Wolf y Camilo Romero Galeano. Garzón, Lucho como lo llaman, fue también alcalde de Bogotá, pero algo que se les reconozca a los dos como “alternativos”, nada, de nada. Dos, son los ex miembros del EPL (ejército popular de liberación) los “alternativos” Carlos Franco y Darío Mejía quienes han terminado en las filas de uribismo así: Franco, de ex guerrillero a director del programa de Derechos Humanos de Uribe Vélez, y Mejía, de ex guerrillero a director del programa de reinserción, también del derechista Uribe Vélez. Y dos más “alternativos” eran guerrilleros del M 19 y llegaron a la alcaldía de Pasto, luego de alianzas non santas con sectores de derecha y de la clase política tradicional. El primero, el demagogo Antonio Navarro, que termina acabando con el sindicato de trabajadores del municipio, privatiza el servicio de aseo urbano y crea los frentes de seguridad al peor estilo de su amigo Uribe Vélez con las Convivir. El segundo, su sucesor y ex compañero del Eme, Jimmy Pedreros Narváez, siendo alcalde termina en la cárcel por irregulares manejos dados al proyecto de construcción de un estadio de futbol. Incrementó en su administración el número de frentes de seguridad, aquellos esperpentos creados para silenciar la protesta social. Y otros dos, llamados “alternativos”, el inmaculado José Obdulio Gaviria, ex miembro del clandestino partido comunista marxista leninista PCC-ML se pasó a la derecha y fungió como asesor político y asesor presidencial del inefable Álvaro Uribe Vélez; y el otro, Eduardo Chávez, ex integrante del M 19 pasó a ser el asesor del ministerio del medio ambiente de Uribe Vélez, en la búsqueda del millón de civiles “colaboradores” de la fuerza pública. Y antes de terminar, en esta primera entrega que aborda la oprobiosa actitud de quienes se han reclamado y se reclaman hoy en día como “alternativos”, progresistas, decentes, verdes e independientes, a lo largo y ancho de la geografía nacional haré una comparación que repite códigos de comportamiento. Cito como ejemplo, cuando para dilatar su proceso judicial el “alternativo” Samuel Moreno un día llegó al juzgado sin su abogado. Pues Camilo Romero el otro “alternativo” no podía quedarse atrás, no solo no llegó con su defensor, sino que según se supo, el letrado renunció a su caso. Y no podemos, por ejemplo, perder de vista lo dejado de hacer por los “alternativos” gobernadores Cuellar Bastidas, Navarro Wolf, Zúñiga Eraso, Delgado Guerrero y Romero Galeano en el departamento de Nariño. En una manguala con politiqueros de oficio, han dejado igual o peor al departamento bajo el ropaje de ser “alternativos”. Y no es que estos sean peores o menos peores que sus aliados. A godos y liberales nariñenses les he criticado acremente dada la existencia de empresas electorales que se han apropiado de secretarías y entidades descentralizadas. Eso me ha costado persecución y no pocas amenazas. Basta anticipar los nombres del par de miembros del partido conservador que se adueñaron de la gobernación del “alternativo” Camilo Romero Galeano. La primera, Miriam Paredes Aguirre con un buen porcentaje de la burocracia y entidades descentralizadas, lo mismo que, el segundo, Eduardo Enríquez Maya un viejo zorro y clientelista como el que más. A su lado, que será capítulo aparte, tenemos a Javier Tato Álvarez, ex congresista liberal que apoyó esa candidatura, tuvo cargos y ahora se desboca contra los Romeros, papa e hijo. Esperen las reacciones a estos comentarios y otras entregas relacionadas con el escándalo de los licores en Nariño.

Escándalo de licores en Nariño. (2) La historia sinuosa del decreto 364

Por Héctor Díaz Revelo Una funcionaria de la gobernación de Nariño al posesionarse como secretaria de rentas de la secretaria de hacienda toma en sus manos la responsabilidad de elaborar el decreto correspondiente al sistema de venta y comercialización de aguardiente del departamento, mientras fue gobernador Camilo Romero Galeano. Siguiendo los parámetros establecidos en el estatuto de rentas del departamento y basada en un estudio económico de las diferentes variables del negocio de licores, la secretaria de rentas Adriana Milena Amaya elabora el texto y lo presenta previamente en una 'reunión oficial' ante el Secretario de Hacienda, Mario Fernando Benavides y ante Felipe Arango Romero - sin poderse establecer la razón juridica o laboral de su presencia - más allá de saber que se trataba nada menos que del primo del exgobernador Camilo Romero Galeano como su asesor de cabecera. Mientras por un lado se acusa a Adriana Milena Amaya Buitrago de modificar el día 24 de agosto de 2016 el decreto en el que se consignaba el precio y la anotación de que el negocio se regía por las normas de contratación pública, los investigadores de la fiscalía han establecido que el decreto fue enviado a la asesora del despacho del ex gobernador, Angélica Cruz Dáger. Ella, que a la postre es la esposa de Felipe Arango Romero (el primo) y nombrada secretaria privada de Camilo, habría suprimido sin saber hasta ahora por orden de quién, la anotación de que el contrato se regía por las normas de contratación pública y habría modificado de paso, el precio de la botella de aguardiente para favocer 'al nuevo contratista'. Pasan las horas hasta que el 24 de agosto de 2016 se expide el decreto de marras 364, en el que se fijaban el precio y la escala de ventas (80.000 cajas), firmado por el titular de la secretaria de hacienda Mario Fernando Benavides como gobernador encargado. Camilo Romero Galeano su jefe se habia desplazado a la capital del país. Ese día a las 11:36 de la mañana el decreto se había remitido por correo electrónico a Idenar, la imprenta departamental, que terminó de imprimirlo diez minutos más tarde. La gerente de Idenar, nombrada por el ex gobernador Romero, es Lilia Vega, la ex cuñada de su padre Ricardo Romero y tía de los hermanos de Camilo, Natalia y Pablo. Se imprimieron 10 ejemplares, de los que se entregaron nueve a Angélica Cruz Dajer y otro se dejó para exhibirlo a la entrada de la Gobernación. “El decreto se subió a la página web de la Gobernación el 25 de agosto después de las 2:00 p. m. De esta manera se impidió que todos los interesados lo conocieran oportunamente y pudieran presentar ofertas” (comillas del original). Por unas jugadas políticas del ex gobernador Parmenio Cuellar (otro que fungía de “alternativo”) se acabó hace dos décadas con la Licorera de Nariño y con el monopolio de los licores de que gozan los departamentos de todo el país. Se dió la producción de aguardiente por el sistema de maquila a otra factoría del centro del país. Cientos de trabajadores en la calle, y agraciados empresarios tras el contrato de distribución y comercialización. Es así también, cómo en el año 2010 siendo gobernador Antonio Navarro Wolf (otro “alternativo”, verde y progresista) se modifica el régimen tributario mediante ordenanza 028 aprobada por la asamblea departamental. Ya se sabrá más tarde quienes fueron beneficiarios de esa medida. Hasta aquí en este cuento de nunca acabar del que inicialmente el exgobernador Camilo Romero dijo que no pasaba nada, que todo era el resultado de un 'proceso de persecución política' del ex fiscal, el fatídico Nestor Humberto Martínez, van apareciendo personajes y nombres clave donde unos corresponden a la nómina de personal de la gobernación (Mario Fernando Benavides, Adriana Milena Amaya y Angélica Cruz Dajer). Igualmente aparecen otros que hacen parte del entramado familiar de Camilo Romero Galeano en este escándalo (Andrés Felipe Arango, su primo y esposo de la asesora Angelica Cruz Dajer, lo mismo que Lilia Vega la tía de los hermanos de Camilo, Natalia y Pablo Romero Vega)) y aunque no se ven involucrados en esto, menciono a los ex gobernadores mal llamados alternativos Parmenio Cuellar y Antonio Navarro Wolf por su papel en torno a los procesos de venta de aguardiente de Nariño y la maquila. Sin duda, esa era la jugadita. Permite con eso que la empresa Organización de Licores de Nariño SAS, cuyo representante legal era Fabio Andrés Urbano y creada sólo ocho meses antes, fuera la única oferente, según lo que se había acordado previamente, y por obvias razones 'impidiendo la participación de otras empresas o personas'. “Las anteriores maniobras permitieron que OLN SAS, la que conocía de las condiciones del negocio previamente, hiciera oferta antes de la expedición y publicación del decreto (364) y consignara las sumas de $1.087’800.000 a favor de la Gobernación, a las 11:58 de la mañana y $1.000’097.800 a las 12:25 p. m., de manera que el primer pago se hizo antes de la publicación del decreto”, el subrayado es mío. A propósito de esto, no he podido confirmar que en medio de esas carreras locas por hacerse al contrato de venta de licores, qué tan legal u ortodoxo es que se haya hecho esas consignaciones de dinero en efectivo en las cuentas bancarias de la gobernación y no en cheque de gerencia, como antaño. Si sólo resultaba sospechoso hasta hace poco tiempo que un particular deposite por ventanilla diez o veinte millones de pesos, qué se podría colegir de una consignación de miles de millones de pesos en efectivo, pregunto. Además podemos detenernos un poco para decir que Richard Giovanny Portilla quien termina por quedarse con ese contrato, era un miembro de la Asociación de Licoristas del Sur, Licosur, grupo de empresarios que venía con gobernadores 'alternativos' anteriores, haciendo sin mayores inconvenientes la venta y comercializaación de aguardiante Nariño, tras haberse acabado de tajo hace dos décadas con la centenaria y desacreditada licorera del departamento (botin de politiqueros y saqueadores miembros de los partidos tradicionales). Portilla arma tolda aparte y crea, ocho meses antes del decreto 364, la OLN, organización de licores de Nariño con Pedro Norvey Bastidas. Hace la oferta al tenor de esa jugadita y se queda con el contrato. Portilla presta una casa de la zona rosa de Pasto al candidato a la gobernación Camilo Romero Galeano y aparecería luego como uno de los aportantes mayoritarios en dinero a esa campaña. Según los investigadores ese mismo día 24 que parece no acabar, la OLN en cabeza de Richard Portilla textualmente “presentó oferta de compra por las 80.000 cajas de aguardiente Nariño ofrecidas, una solicitud de crédito y los recibos de las dos consignaciones y un cheque a la fecha y los demás documentos necesarios para la compra a crédito exigidos por Estatuto de Rentas del Departamento de Nariño”. Prácticamente se saca a sombrerazos a Licosur, cuando ya se había cerrado el negocio con la empresa de Portilla, OLN, no obstante que la secretaria de rentas, Adriana Milena Amaya, dice haber convocado a tiempo el comité de crédito que había verificado el cumplimiento de requisitos. Se lee que: “Al momento en que LICOSUR entrega su solicitud ya se había cerrado el negocio con OLN SAS, de manera que no pudo participar en el proceso”. Se va conformando de esta manera la formulación de cargos y todo parece indicar que se habría incurrido por parte del ex gobernador Camilo Romero Galeano y su equipo de asesores y funcionarios en delitos como la falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública e interés indebido de la celebración de contratos. En general quienes resulten culpables incurrirán en prisión de cuatro a cinco años promedio hasta 144 meses. El sólo interés indebido en la celebración de contratos tiene penas entre los 64 y 216 meses tras la rejas, claro en que caso de que la justicia opere en este país. Por estas razones hasta el momento el asesor y primo de Camilo Romero, Andrés Felipe Arango Romero y la secretaria de rentas de la secretaría de hacienda, Adriana Milena Amaya, se han acogido ante la fiscalía al principio de oportunidad, del cual iremos comentando en detalle. Han sido imputados igualmente el mismísimo gobernador encargado Mario Fernando Benavides y la ex gerente de la imprenta Lilia Vega. Espere: La imputacion contra Camilo Romero

Escándalo de licores en Nariño. (1) Las andanzas de la Alcaldesa de Teusaquillo.

Por Héctor Díaz Revelo Ni la alcaldesa Claudia López ni el partido verde se han dado por enterados de las andanzas de la alcaldesa de Teusaquillo, Esmeralda Hernández, a instancias del escándalo de la venta de licores de Nariño que tiene enredado a su cuñado el ex gobernador Camilo Romero Galeano y las acusaciones que le hace la ex secretaria de Rentas de la Secretaría de Hacienda del departamento, Adriana Milena Amaya. La fiscalía general de la nación no ha informado los resultados del experticio judicial que culminó con el allanamiento del apartamento de la “asesora” del ex gobernador, hoy alcaldesa menor Esmeralda Hernández cuando vivía en Pasto con Pablo Romero Vega, hermano de Camilo. Los investigadores, en el apartamento de Esmeralda Hernández habían incautado varios computadores, memorias USB y documentos que darían un poco de claridad al caso en que el gobierno de Camilo Romero, habría beneficiado a Richard Giovanny Portilla Diaz con el contrato de venta de aguardiente Nariño, uno de sus aportantes de dinero y bienes a su campaña política. Y eso que, Romero Galeano se presenta así mismo como “un símbolo de renovación de la política nacional”, según se lee en la hoja de registro de funcionarios de la gobernación de Nariño. Además de estar imputada e involucrada en el escándalo de los licores en Nariño Adriana Milena Amaya, en un gesto de confianza con el ex gobernador Romero, había puesto a su disposición su pequeña empresa 'Comunicación sin Esquemas', para legalizar gastos de campaña y que a la postre no resultó tan pequeña, dada la inusitada deuda de 35 millones de pesos que le apareció en su cuenta de impuestos ante la DIAN. Según la exfuncionaria de la gobernación de Nariño, a través de esa empresa se pretendía legalizar gastos de campaña en donde aparecería como aportante el nombre del beneficiario del contrato de venta de 80 mil cajas de aguardiente, Richard Giovanny Portilla. “Por esta razón abordé en varias oportunidades a Esmeralda Hernández (actual alcaldesa de Teusaquillo) y a Ricardo Romero, para que me mostraran que efectivamente se había prestado el servicio, cuáles eran los pagos hechos con esos recursos y para que me respondieran por esa deuda ante la DIAN. Ricardo Romero, (papá de Camilo) me dice que claramente esa plata la tienen que pagar, que entiende mi ofuscación y que van a mirar cómo la consiguen, para que yo la pague, pero que le preocupa que la haga (la denuncia) en este momento en el que está abierta la investigación”, contra su hijo el ex gobernador, sostiene Adriana Amaya, ex funcionaria de la gobernación de Nariño. La exsecretaria de rentas de la secretaría de hacienda de Nariño, Amaya Buitrago y el primo y asesor del ex gobernador Andrés Felipe Arango Romero son ahora mismo testigos de cargo en el proceso contra Camilo Romero, dado que se acogieron al principio de oportunidad aceptando culpas y evitando por esa vía una medida de aseguramiento con detención. La ex funcionaria, como es usual, ha prendido el ventilador y entre otras personas hace éstas menciones de Esmeralda Hernández la actual alcaldesa de Teusaquillo. Además, Esmeralda Hernández es acusada por Adriana Milena Amaya de ser parte de un delito de falsificación de firmas y uso indebido de una empresa de su propiedad llamada 'Comunicación sin Esquemas' para “legalizar” cuentas no informadas al Consejo Nacional Electoral por parte de la campaña Camilo Romero a la gobernación. “A raíz de esto, me di a la tarea de revisar esas cuentas públicas de la campaña del Gobernador y evidencié que, para la consulta interna del Partido Verde, para sacar candidato a la Presidencia también se había usado mi empresa para facturar un servicio e igualmente se había falsificado el contenido y mi firma. Esto lo corroboró Ingrid Ricaurte, quien me dijo que esa factura la habían hecho la señora Esmeralda Hernández y Camilo Romero”, dice Adriana Milena Amaya. De paso hay que anotar que Ingrid Ricaurte es hoy la compañera de Ricardo Romero Sánchez, papá de Camilo. Esmeralda Hernández para la época de los hechos era contratista de la Federación Nacional de Departamentos contrato que se venció el 31 de enero de 2017. Los dos, padre e hijo, se reclaman como voceros de la transparencia y la innovación dentro de movimientos y partidos de los llamados 'alternativos' y progresistas, que no son ni lo uno ni lo otro, según se puede ver en éste y otros casos que iremos comentando. Aquí caben las investigaciones que han dado con las capturas y condenas de "alternativos" como Samuel e Iván Moreno Rojas, del Polo Democrático; qué pasó con el dinero del departamento de Nariño que los exgobernadores Antonio Navarro y Eduardo Zúñiga en Probolsa (una especie de pirámide); el carrusel de contratación y el escándalo de la licitación del relleno doña Juana en Bogotá; las acusaciones, cargos y condenas fiscales contra el ex alcalde Gustavo Petro; las divisiones y el silencio al interior del partido verde, frente a investigaciones de sus afiliados; y una serie de casos ocurridos en el departamento de Nariño, como el que le costó la cárcel a Jimmy Pedreros amigo y sucesor de Antonio Navarro y la penosa historia política de la desteñida convergencia cívica multipartidista en la frontera. En Pasto y otras ciudades no pasan de sorprenderse de las noticias que cada día muestran cómo familiares y allegados al ex gobernador Camilo Romero Galeano se ven mencionados en éste escándalo y otros que están por conocerse. Por ejemplo, a Natalia Romero Vega, hermana de Pablo hija de Ricardo, por el mismo motivo también le allanaron su apartamento en Pasto; y ahora mismo se supo que a Lilia Vega, tía de Pablo y Natalia, la fiscalía acaba de imputarle cargos, dado que tendría responsabilidad en el caso de los licores, en su calidad de gerente de la empresa editorial de Nariño. Mario Benavides, ex secretario de hacienda de la administración Romero Galeano, quien había firmado documentos como gobernador encargado, y Lilia Vega, han sido imputados por la Fiscalía general de la nación en medio de éste escándalo de los licores. Hay declaraciones que hacen parte de esos dos principios de oportunidad que fueron verificadas por la Fiscalía y que tienen el peso para ser presentadas como pruebas en el juicio que ya se adelanta al ex gobernador. Insisto, en que ni Navarro Wolf ni Claudia López del partido verde han dicho ésta boca es mía frente a las investigaciones contra Camilo Romero. Y la alcaldesa López está en mora de dar a conocer su opinión sobre lo que viene pasando con Esmeralda Hernández, su alcaldesa menor de Teusaquillo. Obviamente que prima el derecho al debido proceso y el principio de inocencia pero no obstante hay declaraciones que obligan a pensar que es urgente pronunciarse sobre estas cosas ante electores y la comunidad en general. Frente a los descubrimientos hechos por Adriana Milena Amaya contra Esmeralda Hernández, sobre falsificación de firma y uso de su empresa en hechos que son motivo de investigación ante el CNE, termina diciendo como afectada: “Después me abordó Esmeralda Hernández para hablar de este tema y me dijo que estuviera tranquila, que esos servicios sí se habían prestado, que yo le dijera cómo hacían para tapar eso, que yo propusiera cómo lo ocultábamos. Entonces le expresé mi molestia ante su insinuación de cometer otro ilícito. Esos soportes no están contabilizados”. Hasta donde se ha podido establecer Esmeralda Hernández nunca estuvo vinculada a la administración departamental de Nariño. No era, ni fue funcionaria. Tenía en sus manos muchas gestiones que hacer por orden de su cuñado el ex gobernador Romero Galeano en el proceso de priorización de proyectos de regalías con los municipios con los cuales previamente se supone habían hecho acuerdos políticos. Ella era contratista de Usaid y de la Federación de Departamentos. Su esposo, Pablo, hermano de Camilo tampoco fue funcionario pero era parte del duo de parientes asesores del despacho junto a Andrés Felipe Arango Romero, el imputado. De otra parte, mientras Navarro calla, el ex gobernador de Nariño Parmenio Cuellar dice que Romero no se puede considerar que sea 'alternativo' porque él gobernó pegado a la clientela y a la vieja clase política, y el ex parlamentario Javier Tato Álvarez sostiene que los Romeros, Camilo y Ricardo son “un par de bandidos”, en cuanto tiene que ver con deudas contraídas en anteriores campañas electorales. En próximos artículos abordaremos el tema de la imputación a Camilo Romero; el porqué se modificó el régimen tributario en la administración de Navarro Wolf; qué hizo Parmenio Cuellar con la Licorera de Nariño; quiénes integran la casa Romero incluido el actual senador Aulo Polo; cómo se han portado los últimos cinco gobernadores de Nariño que también dijeron ser 'alternativos y progresistas'; cómo se constituyó una empresa de licores para ofertar ante la gobernación pocas semanas después del triunfo de Camilo Romero; y cómo y quien modificó el decreto 364. Para aquella época de la contratación de la venta y distribución de licores Andrés Felipe Arango Romero, dejó sus actividades en Bogotá, viajó a Pasto y de inmediato Camilo su primo, ya como gobernador, lo nombra como asesor de la gobernación y a su esposa Angélica Cruz Dajer como secretaria privada del despacho. Felipe Arango Romero se acogió al principio de oportunidad y está contando en la fiscalía los pormenores del escándalo después de verse involucrado en la investigación y, al constatar que no sería él, el candidato al senado de la república en las elecciones pasadas de la mano de Camilo. Toda la maquinaria "camilista" se puso al servicio de la candidatura al senado de José Aulo Polo, cercano a las entrañas de su padre Ricardo Romero Sánchez. Hay otras denuncias sobre el manejo del programa de alimentos PAE, el contrato de la gobernación con una iglesia conocida como Ríos de Agua Viva en Ipiales y cómo apareció en la esfera de la contratación la empresa de telecomunicaciones Unimos; y qué son las plataformas Aesinnova verde, Felling método y otras a cargo de Javier Arteaga Romero, otro primo del ex gobernador. He buscado por varios caminos la opinión de Esmeralda Hernández sin éxito alguno. La federación nacional de departamentos dice que no puede hacer públicos los contratos y fechas de contratación con Ella, porque según la FND no maneja fondos públicos y se rige por el derecho privado.