Escándalo de licores en Nariño. (2) La historia sinuosa del decreto 364

Por Héctor Díaz Revelo Una funcionaria de la gobernación de Nariño al posesionarse como secretaria de rentas de la secretaria de hacienda toma en sus manos la responsabilidad de elaborar el decreto correspondiente al sistema de venta y comercialización de aguardiente del departamento, mientras fue gobernador Camilo Romero Galeano. Siguiendo los parámetros establecidos en el estatuto de rentas del departamento y basada en un estudio económico de las diferentes variables del negocio de licores, la secretaria de rentas Adriana Milena Amaya elabora el texto y lo presenta previamente en una 'reunión oficial' ante el Secretario de Hacienda, Mario Fernando Benavides y ante Felipe Arango Romero - sin poderse establecer la razón juridica o laboral de su presencia - más allá de saber que se trataba nada menos que del primo del exgobernador Camilo Romero Galeano como su asesor de cabecera. Mientras por un lado se acusa a Adriana Milena Amaya Buitrago de modificar el día 24 de agosto de 2016 el decreto en el que se consignaba el precio y la anotación de que el negocio se regía por las normas de contratación pública, los investigadores de la fiscalía han establecido que el decreto fue enviado a la asesora del despacho del ex gobernador, Angélica Cruz Dáger. Ella, que a la postre es la esposa de Felipe Arango Romero (el primo) y nombrada secretaria privada de Camilo, habría suprimido sin saber hasta ahora por orden de quién, la anotación de que el contrato se regía por las normas de contratación pública y habría modificado de paso, el precio de la botella de aguardiente para favocer 'al nuevo contratista'. Pasan las horas hasta que el 24 de agosto de 2016 se expide el decreto de marras 364, en el que se fijaban el precio y la escala de ventas (80.000 cajas), firmado por el titular de la secretaria de hacienda Mario Fernando Benavides como gobernador encargado. Camilo Romero Galeano su jefe se habia desplazado a la capital del país. Ese día a las 11:36 de la mañana el decreto se había remitido por correo electrónico a Idenar, la imprenta departamental, que terminó de imprimirlo diez minutos más tarde. La gerente de Idenar, nombrada por el ex gobernador Romero, es Lilia Vega, la ex cuñada de su padre Ricardo Romero y tía de los hermanos de Camilo, Natalia y Pablo. Se imprimieron 10 ejemplares, de los que se entregaron nueve a Angélica Cruz Dajer y otro se dejó para exhibirlo a la entrada de la Gobernación. “El decreto se subió a la página web de la Gobernación el 25 de agosto después de las 2:00 p. m. De esta manera se impidió que todos los interesados lo conocieran oportunamente y pudieran presentar ofertas” (comillas del original). Por unas jugadas políticas del ex gobernador Parmenio Cuellar (otro que fungía de “alternativo”) se acabó hace dos décadas con la Licorera de Nariño y con el monopolio de los licores de que gozan los departamentos de todo el país. Se dió la producción de aguardiente por el sistema de maquila a otra factoría del centro del país. Cientos de trabajadores en la calle, y agraciados empresarios tras el contrato de distribución y comercialización. Es así también, cómo en el año 2010 siendo gobernador Antonio Navarro Wolf (otro “alternativo”, verde y progresista) se modifica el régimen tributario mediante ordenanza 028 aprobada por la asamblea departamental. Ya se sabrá más tarde quienes fueron beneficiarios de esa medida. Hasta aquí en este cuento de nunca acabar del que inicialmente el exgobernador Camilo Romero dijo que no pasaba nada, que todo era el resultado de un 'proceso de persecución política' del ex fiscal, el fatídico Nestor Humberto Martínez, van apareciendo personajes y nombres clave donde unos corresponden a la nómina de personal de la gobernación (Mario Fernando Benavides, Adriana Milena Amaya y Angélica Cruz Dajer). Igualmente aparecen otros que hacen parte del entramado familiar de Camilo Romero Galeano en este escándalo (Andrés Felipe Arango, su primo y esposo de la asesora Angelica Cruz Dajer, lo mismo que Lilia Vega la tía de los hermanos de Camilo, Natalia y Pablo Romero Vega)) y aunque no se ven involucrados en esto, menciono a los ex gobernadores mal llamados alternativos Parmenio Cuellar y Antonio Navarro Wolf por su papel en torno a los procesos de venta de aguardiente de Nariño y la maquila. Sin duda, esa era la jugadita. Permite con eso que la empresa Organización de Licores de Nariño SAS, cuyo representante legal era Fabio Andrés Urbano y creada sólo ocho meses antes, fuera la única oferente, según lo que se había acordado previamente, y por obvias razones 'impidiendo la participación de otras empresas o personas'. “Las anteriores maniobras permitieron que OLN SAS, la que conocía de las condiciones del negocio previamente, hiciera oferta antes de la expedición y publicación del decreto (364) y consignara las sumas de $1.087’800.000 a favor de la Gobernación, a las 11:58 de la mañana y $1.000’097.800 a las 12:25 p. m., de manera que el primer pago se hizo antes de la publicación del decreto”, el subrayado es mío. A propósito de esto, no he podido confirmar que en medio de esas carreras locas por hacerse al contrato de venta de licores, qué tan legal u ortodoxo es que se haya hecho esas consignaciones de dinero en efectivo en las cuentas bancarias de la gobernación y no en cheque de gerencia, como antaño. Si sólo resultaba sospechoso hasta hace poco tiempo que un particular deposite por ventanilla diez o veinte millones de pesos, qué se podría colegir de una consignación de miles de millones de pesos en efectivo, pregunto. Además podemos detenernos un poco para decir que Richard Giovanny Portilla quien termina por quedarse con ese contrato, era un miembro de la Asociación de Licoristas del Sur, Licosur, grupo de empresarios que venía con gobernadores 'alternativos' anteriores, haciendo sin mayores inconvenientes la venta y comercializaación de aguardiante Nariño, tras haberse acabado de tajo hace dos décadas con la centenaria y desacreditada licorera del departamento (botin de politiqueros y saqueadores miembros de los partidos tradicionales). Portilla arma tolda aparte y crea, ocho meses antes del decreto 364, la OLN, organización de licores de Nariño con Pedro Norvey Bastidas. Hace la oferta al tenor de esa jugadita y se queda con el contrato. Portilla presta una casa de la zona rosa de Pasto al candidato a la gobernación Camilo Romero Galeano y aparecería luego como uno de los aportantes mayoritarios en dinero a esa campaña. Según los investigadores ese mismo día 24 que parece no acabar, la OLN en cabeza de Richard Portilla textualmente “presentó oferta de compra por las 80.000 cajas de aguardiente Nariño ofrecidas, una solicitud de crédito y los recibos de las dos consignaciones y un cheque a la fecha y los demás documentos necesarios para la compra a crédito exigidos por Estatuto de Rentas del Departamento de Nariño”. Prácticamente se saca a sombrerazos a Licosur, cuando ya se había cerrado el negocio con la empresa de Portilla, OLN, no obstante que la secretaria de rentas, Adriana Milena Amaya, dice haber convocado a tiempo el comité de crédito que había verificado el cumplimiento de requisitos. Se lee que: “Al momento en que LICOSUR entrega su solicitud ya se había cerrado el negocio con OLN SAS, de manera que no pudo participar en el proceso”. Se va conformando de esta manera la formulación de cargos y todo parece indicar que se habría incurrido por parte del ex gobernador Camilo Romero Galeano y su equipo de asesores y funcionarios en delitos como la falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública e interés indebido de la celebración de contratos. En general quienes resulten culpables incurrirán en prisión de cuatro a cinco años promedio hasta 144 meses. El sólo interés indebido en la celebración de contratos tiene penas entre los 64 y 216 meses tras la rejas, claro en que caso de que la justicia opere en este país. Por estas razones hasta el momento el asesor y primo de Camilo Romero, Andrés Felipe Arango Romero y la secretaria de rentas de la secretaría de hacienda, Adriana Milena Amaya, se han acogido ante la fiscalía al principio de oportunidad, del cual iremos comentando en detalle. Han sido imputados igualmente el mismísimo gobernador encargado Mario Fernando Benavides y la ex gerente de la imprenta Lilia Vega. Espere: La imputacion contra Camilo Romero

Escándalo de licores en Nariño. (1) Las andanzas de la Alcaldesa de Teusaquillo.

Por Héctor Díaz Revelo Ni la alcaldesa Claudia López ni el partido verde se han dado por enterados de las andanzas de la alcaldesa de Teusaquillo, Esmeralda Hernández, a instancias del escándalo de la venta de licores de Nariño que tiene enredado a su cuñado el ex gobernador Camilo Romero Galeano y las acusaciones que le hace la ex secretaria de Rentas de la Secretaría de Hacienda del departamento, Adriana Milena Amaya. La fiscalía general de la nación no ha informado los resultados del experticio judicial que culminó con el allanamiento del apartamento de la “asesora” del ex gobernador, hoy alcaldesa menor Esmeralda Hernández cuando vivía en Pasto con Pablo Romero Vega, hermano de Camilo. Los investigadores, en el apartamento de Esmeralda Hernández habían incautado varios computadores, memorias USB y documentos que darían un poco de claridad al caso en que el gobierno de Camilo Romero, habría beneficiado a Richard Giovanny Portilla Diaz con el contrato de venta de aguardiente Nariño, uno de sus aportantes de dinero y bienes a su campaña política. Y eso que, Romero Galeano se presenta así mismo como “un símbolo de renovación de la política nacional”, según se lee en la hoja de registro de funcionarios de la gobernación de Nariño. Además de estar imputada e involucrada en el escándalo de los licores en Nariño Adriana Milena Amaya, en un gesto de confianza con el ex gobernador Romero, había puesto a su disposición su pequeña empresa 'Comunicación sin Esquemas', para legalizar gastos de campaña y que a la postre no resultó tan pequeña, dada la inusitada deuda de 35 millones de pesos que le apareció en su cuenta de impuestos ante la DIAN. Según la exfuncionaria de la gobernación de Nariño, a través de esa empresa se pretendía legalizar gastos de campaña en donde aparecería como aportante el nombre del beneficiario del contrato de venta de 80 mil cajas de aguardiente, Richard Giovanny Portilla. “Por esta razón abordé en varias oportunidades a Esmeralda Hernández (actual alcaldesa de Teusaquillo) y a Ricardo Romero, para que me mostraran que efectivamente se había prestado el servicio, cuáles eran los pagos hechos con esos recursos y para que me respondieran por esa deuda ante la DIAN. Ricardo Romero, (papá de Camilo) me dice que claramente esa plata la tienen que pagar, que entiende mi ofuscación y que van a mirar cómo la consiguen, para que yo la pague, pero que le preocupa que la haga (la denuncia) en este momento en el que está abierta la investigación”, contra su hijo el ex gobernador, sostiene Adriana Amaya, ex funcionaria de la gobernación de Nariño. La exsecretaria de rentas de la secretaría de hacienda de Nariño, Amaya Buitrago y el primo y asesor del ex gobernador Andrés Felipe Arango Romero son ahora mismo testigos de cargo en el proceso contra Camilo Romero, dado que se acogieron al principio de oportunidad aceptando culpas y evitando por esa vía una medida de aseguramiento con detención. La ex funcionaria, como es usual, ha prendido el ventilador y entre otras personas hace éstas menciones de Esmeralda Hernández la actual alcaldesa de Teusaquillo. Además, Esmeralda Hernández es acusada por Adriana Milena Amaya de ser parte de un delito de falsificación de firmas y uso indebido de una empresa de su propiedad llamada 'Comunicación sin Esquemas' para “legalizar” cuentas no informadas al Consejo Nacional Electoral por parte de la campaña Camilo Romero a la gobernación. “A raíz de esto, me di a la tarea de revisar esas cuentas públicas de la campaña del Gobernador y evidencié que, para la consulta interna del Partido Verde, para sacar candidato a la Presidencia también se había usado mi empresa para facturar un servicio e igualmente se había falsificado el contenido y mi firma. Esto lo corroboró Ingrid Ricaurte, quien me dijo que esa factura la habían hecho la señora Esmeralda Hernández y Camilo Romero”, dice Adriana Milena Amaya. De paso hay que anotar que Ingrid Ricaurte es hoy la compañera de Ricardo Romero Sánchez, papá de Camilo. Esmeralda Hernández para la época de los hechos era contratista de la Federación Nacional de Departamentos contrato que se venció el 31 de enero de 2017. Los dos, padre e hijo, se reclaman como voceros de la transparencia y la innovación dentro de movimientos y partidos de los llamados 'alternativos' y progresistas, que no son ni lo uno ni lo otro, según se puede ver en éste y otros casos que iremos comentando. Aquí caben las investigaciones que han dado con las capturas y condenas de "alternativos" como Samuel e Iván Moreno Rojas, del Polo Democrático; qué pasó con el dinero del departamento de Nariño que los exgobernadores Antonio Navarro y Eduardo Zúñiga en Probolsa (una especie de pirámide); el carrusel de contratación y el escándalo de la licitación del relleno doña Juana en Bogotá; las acusaciones, cargos y condenas fiscales contra el ex alcalde Gustavo Petro; las divisiones y el silencio al interior del partido verde, frente a investigaciones de sus afiliados; y una serie de casos ocurridos en el departamento de Nariño, como el que le costó la cárcel a Jimmy Pedreros amigo y sucesor de Antonio Navarro y la penosa historia política de la desteñida convergencia cívica multipartidista en la frontera. En Pasto y otras ciudades no pasan de sorprenderse de las noticias que cada día muestran cómo familiares y allegados al ex gobernador Camilo Romero Galeano se ven mencionados en éste escándalo y otros que están por conocerse. Por ejemplo, a Natalia Romero Vega, hermana de Pablo hija de Ricardo, por el mismo motivo también le allanaron su apartamento en Pasto; y ahora mismo se supo que a Lilia Vega, tía de Pablo y Natalia, la fiscalía acaba de imputarle cargos, dado que tendría responsabilidad en el caso de los licores, en su calidad de gerente de la empresa editorial de Nariño. Mario Benavides, ex secretario de hacienda de la administración Romero Galeano, quien había firmado documentos como gobernador encargado, y Lilia Vega, han sido imputados por la Fiscalía general de la nación en medio de éste escándalo de los licores. Hay declaraciones que hacen parte de esos dos principios de oportunidad que fueron verificadas por la Fiscalía y que tienen el peso para ser presentadas como pruebas en el juicio que ya se adelanta al ex gobernador. Insisto, en que ni Navarro Wolf ni Claudia López del partido verde han dicho ésta boca es mía frente a las investigaciones contra Camilo Romero. Y la alcaldesa López está en mora de dar a conocer su opinión sobre lo que viene pasando con Esmeralda Hernández, su alcaldesa menor de Teusaquillo. Obviamente que prima el derecho al debido proceso y el principio de inocencia pero no obstante hay declaraciones que obligan a pensar que es urgente pronunciarse sobre estas cosas ante electores y la comunidad en general. Frente a los descubrimientos hechos por Adriana Milena Amaya contra Esmeralda Hernández, sobre falsificación de firma y uso de su empresa en hechos que son motivo de investigación ante el CNE, termina diciendo como afectada: “Después me abordó Esmeralda Hernández para hablar de este tema y me dijo que estuviera tranquila, que esos servicios sí se habían prestado, que yo le dijera cómo hacían para tapar eso, que yo propusiera cómo lo ocultábamos. Entonces le expresé mi molestia ante su insinuación de cometer otro ilícito. Esos soportes no están contabilizados”. Hasta donde se ha podido establecer Esmeralda Hernández nunca estuvo vinculada a la administración departamental de Nariño. No era, ni fue funcionaria. Tenía en sus manos muchas gestiones que hacer por orden de su cuñado el ex gobernador Romero Galeano en el proceso de priorización de proyectos de regalías con los municipios con los cuales previamente se supone habían hecho acuerdos políticos. Ella era contratista de Usaid y de la Federación de Departamentos. Su esposo, Pablo, hermano de Camilo tampoco fue funcionario pero era parte del duo de parientes asesores del despacho junto a Andrés Felipe Arango Romero, el imputado. De otra parte, mientras Navarro calla, el ex gobernador de Nariño Parmenio Cuellar dice que Romero no se puede considerar que sea 'alternativo' porque él gobernó pegado a la clientela y a la vieja clase política, y el ex parlamentario Javier Tato Álvarez sostiene que los Romeros, Camilo y Ricardo son “un par de bandidos”, en cuanto tiene que ver con deudas contraídas en anteriores campañas electorales. En próximos artículos abordaremos el tema de la imputación a Camilo Romero; el porqué se modificó el régimen tributario en la administración de Navarro Wolf; qué hizo Parmenio Cuellar con la Licorera de Nariño; quiénes integran la casa Romero incluido el actual senador Aulo Polo; cómo se han portado los últimos cinco gobernadores de Nariño que también dijeron ser 'alternativos y progresistas'; cómo se constituyó una empresa de licores para ofertar ante la gobernación pocas semanas después del triunfo de Camilo Romero; y cómo y quien modificó el decreto 364. Para aquella época de la contratación de la venta y distribución de licores Andrés Felipe Arango Romero, dejó sus actividades en Bogotá, viajó a Pasto y de inmediato Camilo su primo, ya como gobernador, lo nombra como asesor de la gobernación y a su esposa Angélica Cruz Dajer como secretaria privada del despacho. Felipe Arango Romero se acogió al principio de oportunidad y está contando en la fiscalía los pormenores del escándalo después de verse involucrado en la investigación y, al constatar que no sería él, el candidato al senado de la república en las elecciones pasadas de la mano de Camilo. Toda la maquinaria "camilista" se puso al servicio de la candidatura al senado de José Aulo Polo, cercano a las entrañas de su padre Ricardo Romero Sánchez. Hay otras denuncias sobre el manejo del programa de alimentos PAE, el contrato de la gobernación con una iglesia conocida como Ríos de Agua Viva en Ipiales y cómo apareció en la esfera de la contratación la empresa de telecomunicaciones Unimos; y qué son las plataformas Aesinnova verde, Felling método y otras a cargo de Javier Arteaga Romero, otro primo del ex gobernador. He buscado por varios caminos la opinión de Esmeralda Hernández sin éxito alguno. La federación nacional de departamentos dice que no puede hacer públicos los contratos y fechas de contratación con Ella, porque según la FND no maneja fondos públicos y se rige por el derecho privado.