Jóvenes sindicados de delitos como gestores de Paz

Por: Héctor Díaz Revelo Las redes sociales y los medios de comunicación abiertamente de derecha, reaccionaron de manera irracional al escuchar a Gustavo Petro pedir perdón por las víctimas de la masacre de El Aro, corregimiento del municipio de Ituango en Antioquia de 1990. Antes debo decir que cuando critico o he criticado a Petro por no sacar a Colombia de la OTAN, esa nefasta organización guerrerista y militar que tanta sangre de los pueblos del mundo ha derramado, digo, cuando lo he criticado no me hace ANTIPETRISTA y cuando digo lo que digo, no me hace PETRISTA. Pues bien, el presidente Petro pidió perdón a las víctimas de la Masacre de El Aro, en cumplimiento de una sentencia de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHO HUMANOS de hace 16 años, incumplida por los gobiernos pasados de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y de Iván Duque. Las dudas sobre la muerte de Pedro Juan Moreno Villa, quien para la época se desempeñaba como secretario de Gobierno departamental, siendo gobernador Álvaro Uribe, no han permitido hasta ahora saber bien lo que pasó en la masacre de El Aro. Lo cierto es que el helicóptero adscrito a la Gobernación de Antioquia, fue observado sobrevolando la zona de Ituango, durante la ejecución de la incursión militar y paramilitar contra la población civil desarmada de la vereda El Aro en Ituango Antioquia. Según lo establecido hasta ahora, en dicho helicóptero, según le informó por radio Carlos Castaño Gil el jefe paramilitar, en ese helicóptero “se encontraban el Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez y dos miembros de la Cruz Roja”, se lee en un aparte de la sentencia del 2015. Las reacciones, repito, contra la política de Petro para buscar la llamada PAZ TOTAL han sido irracionales y mezquinas. Hay gente todavía en Colombia que quiere que la guerra continúe y que claro, los hijos de los pobres, soldados, policías, insurgentes y otros elementos armados, sigan muriendo en plena juventud, en la primavera de sus vidas. Inclusive, un fallo, pero esta vez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín llega a la misma conclusión advirtiendo la responsabilidad de Uribe no solo en la masacre de El Aro sino también en la masacre ocurrida en el corregimiento La Granja, en el municipio de Ituango. Cinco personas jóvenes fueron asesinadas, por las Autodefensas, en plena plaza principal por ser supuestamente colaboradores de las Farc. Es la filosofía que encierra la búsqueda de la PAZ total para evitar el dolor de tantas madres y que no se sigan matando JOVENES COLOMBIANOS, especialmente los jóvenes pobres a quienes se les ha cerrado las oportunidades de trabajo, estudio y de una vida con dignidad. Parece una mentira. El gobierno pidiendo perdón a las víctimas tanto en Ituango como en otras regiones del país. Es el Estado colombiano que ha asesinado a sus jóvenes. Son los mercenarios quienes en connivencia con la fuerza pública pretenden diezmar a nuestra juventud. Sus madres se mantienen en pie, no pierden la esperanza de un mundo mejor para sus hijos. La fuerza pública en connivencia con los grupos paramilitares matando jóvenes, repito, jóvenes de las barriadas de las ciudades, jóvenes campesinos y jóvenes indígenas. O como en nuestra costa pacífica nariñense, matando a nuestros jóvenes negros como si fueran moscas. Las madres deben recibir de parte del gobierno toda la mayor consideración. Son las madres de esta juventud que no quieren que siga la guerra. Madres que con el dolor en el corazón hasta dicen que son capaces de perdonar. Cuando yo escribí para las dos orillas bajo el título de “Colombia no quiere a sus jóvenes” me cayeron rayos y centellas porque el marco histórico cuando lo hice fue el estallido social y la cantidad de jóvenes de los barrios populares, de veredas y corregimientos que cayeron muertos a manos de las balas del Estado. Dije que nuestra fuerza pública haciendo flaco favor a los ricos de este país y por hacerle el favor a las mafias regionales venían quitando la vida a los jóvenes, es decir a una juventud de hombres y mujeres en plena primavera. Mis denuncias iban más allá del asesinato a sangre fría de cuatro estudiantes de la Universidad de Nariño. Martín Rodríguez, Adriana Benítez, Marcos Salazar y Jairo Moncayo. Homicidio de tres docentes del departamento bajados del auto que los llevaba a su trabajo en las afueras de Pasto. De un celador de la Universidad de Nariño, Tito Libio Hernandez, que cae muerto por los paramilitares en la caseta de entrada en la avenida Toro bajo. Era miembro del sindicato de trabajadores de la Universidad. Colombia no quiere a sus jóvenes. No se puede y no es justo que se inviertan las cosas. Los jóvenes no son los victimarios sino las victimas que han caído a manos de los agentes del Estado, por hacer efectivo el derecho a la protesta pacífica. La idea central es tratar de meterse en el corazón de tantas madres que han perdido a sus hijos y a sus hijas en el marco del conflicto social y armado. Era cuasi niños en trance de adolescentes, o niños que apenas habían salido de pasar sus diciembres en medio de regalos y fiestas o al terminar su bachillerato, pasan a usar un rifle en lugar de seguir usando lápices y alcanzando sus sueños. Esas madres que ven a sus hijos negros, indígenas y campesinos que por ley del Estado deben prestar servicio militar, partir a esta guerra estúpida para defender intereses de las clases gobernantes, de los ricos de siempre, tomando en lugar de un azadón un rifle para matar a otros jóvenes. Es decir el dolor de esas madres de los jóvenes de los barrios pobres que ni siquiera han terminado su bachillerato. Policías y soldados, insurgentes y combatientes, y miembros de otras organizaciones armadas, ahora mismo, gracias al grito de sus madres por el fin de guerra y por el cambio por la vida, podrían - por fin - dejar de matarse. En navidad y fin de año. Por sus madres empobrecidas, por su familia, por la familia que somos todos. Petro, el presidente de Colombia, se pregunta con razón cual es el objetivo de una sociedad, si ver más de cinco o diez mil jóvenes muertos en los próximos 10 años. Quienes todavía hoy se quejan y protestan contra el gobierno de Petro o cualquier gobierno de países vecinos que quiera proteger a sus jóvenes y por ende a sus madres y sus familias desconocen a propósito el origen de estos jóvenes muertos. Lo que si es claro es que a quienes se está matando en Colombia, inclusive con el uso de las armas del Estado, no son los hijos de familias acomodadas. Los muertos no son los jóvenes y jovencitas que no saben que hacer a sus 18 años. “Jóvenes no futuro”. Los muertos de los sectores en conflicto son hijos de madres empobrecidas, de indígenas y de campesinos, hijos de la señora que vende frutas y la persigue la autoridad y viola su derecho al trabajo. No mueren en Colombia a manos de la fuerza pública los hijos de los dueños de grandes clubes y de los potentados. Quienes mueren a manos de agentes del Estado son hijos de las clases populares, de familias empobrecidas, de madres casi sin esperanza al ver que Colombia no quiere a sus jóvenes. Pero lo bueno, es que Ellas no se resisten a perder de esta manera a sus hijos en edad de soñar, aún saliendo de la adolescencia. Pero lo que más ha preocupado a los voceros de la burguesía colombiana tanto a nivel gremial como a través de sus medios de comunicación, es el nombramiento de gestores de paz. Gustavo Petro dijo que no es cierto que vaya a sacar de la cárcel a personas condenadas de los cientos de detenidos pertenecientes a la primera línea. Dijo claramente se trata de jóvenes de la primera línea que haciendo uso del derecho a la protesta pacifica hoy están sindicados, no condenados, por delitos que todavía no han sido probados. Explicó que serán estos los primeros lideres juveniles quienes saldrán a convertirse en gestores de Paz. No condenados sino sindicados. En Colombia se puede sindicar o acusar de cualquier delito a un ciudadano y lleva muchos días y a veces años, demostrar que no se es culpable de los delitos que se le imputan. Es la paquidermia, es la lentitud de un sistema judicial que es urgente cambiar. Las cárceles están llenas de gente sindicada. Llenas de gente que ha sido acusada y que no ha sido condenada. Esa es la peor y más grave violación de los derechos humanos, meter tras las rejas jóvenes sin condena. Pero en el fondo la gente ha recibido bien la decisión del gobierno de Petro. Así como los grandes corruptos y asesinos del país tienen casa por cárcel, imposible no darle beneficios a los jóvenes que fueron detenidos por hacer uso de la protesta pacífica. Así como los grandes corruptos se acogen a los principios de oportunidad, que son beneficios judiciales después de haber aceptado haber cometido delitos, así mismo los jóvenes en justicia deberían tener esas ventajas, mucho más si no han sido condenados. Solo son sindicados de delitos y no están condenados. Petro cree que ese es el camino para evitar que se siga diciendo que Colombia no quiere a sus jóvenes. Tiempo de reflexión especialmente poniendo la mente en el corazón de las madres que siguen viendo morir a sus hijos y que por más que quisiéramos no deja de ser una esperanza para el futuro. Si se abren las puertas a las oportunidades de trabajo, de estudio, de una vida con dignidad para la tercera parte de los colombianos, se volvería a decir en mayúsculas que Colombia ha dejado de matar a sus jóvenes.

OTRO RECHAZO A DILACION EN PROCESO CONTRA CAMILO ROMERO

En desarrollo de la audiencia contra Camilo Romero Galeano ante la corte suprema de justicia por el Escándalo de los Licores, la defensa del exgobernador ha pedido se anule lo actuado hasta la fecha desde la iniciación de las audiencias preparatorias, por considerar que se ha violado el debido proceso. La fiscalía general de la Nación en la audiencia del martes pasado ha pedido a la Corte Suprema que la solicitud hecha por la defensa de Camilo Romero “sea rechazada de plano por ser abiertamente dilatoria del proceso en curso”. Eso es seguir dilatando un proceso que lleva casi tres años y es a la vez una forma de tratar de aplazar cada vez más el desarrollo de la audiencia citada para el 6 de diciembre pasado que suponía la iniciación del juicio oral en contra del exgobernador Camilo Romero Galeano y de Mario Fernando Benavides en su calidad de gobernador encargado. Según la acusación de la fiscalía y teniendo como testigo de cargo al primo del exgobernador, su asesor de cabecera, Andrés Felipe Arango y la subsecretaria de rentas de la secretaría de hacienda Adriana Milena Amaya, el gobernador Camilo Romero habría permitido que un particular de nombre Richard Portilla resulte beneficiario de un millonario contrato de distribución de aguardiente Nariño. Tanto el procurador delegado ante la Corte como el representante de víctimas del departamento de Nariño estuvieron de acuerdo en que hacer esa petición de nulidad es volver sobre lo mismo, sobre un debate que ya se hizo y que al igual que el Fiscal Javier Díaz consideran que las irregularidades o la violación del debido proceso como lo plantea la defensa de Romero no se han producido. Pero porqué los intervinientes en la audiencia están de acuerdo en que la defensa de Camilo Romero solamente quiere dilatar y dilatar el proceso en su contra, se preguntan muchos, toda vez que una decisión en contra podría dar al traste con la decisión de Petro de mantenerlo lejos como embajador de Colombia en Argentina. Lo mas grave es que la misma defensa acude a jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que hay excepciones para aplicar posibles exclusiones o rechazos directos de elementos probatorios o simplemente de pruebas. Así lo deja entrever el Fiscal Favier Díaz. No se puede revivir en cada audiencia la misma clase de peticiones de la defensa, ha dicho en la audiencia del 6 de diciembre , el representante de las victimas del departamento de Nariño Javier Mauricio Ojeda. Lo que va quedando claro es que hay toda una estrategia de alargar el proceso, de dilatar las cosas por parte de la defensa de Camilo Romero Galeano ahora en cabeza del abogado Miguel Ángel Del río. Muchos creyeron que en esta nueva etapa las argumentaciones serían otras y más en derecho. Como se recuerda, desde un comienzo, Camilo Romero pidió que varios exgobernadores den sus testimonios quien sabe sobre qué aspecto relacionado con los delitos que se le imputan. Romero pidió que se oiga el testimonio de exministros y hasta de la alcaldesa de Bogotá Claudia López. Eso fue visto como una estrategia dilatoria. El representante de victimas del departamento dijo que no hay que desgastar de esa manera más a la Corte Suprema. Lo dijo una vez Guido Ramos el defensor de Mario Fernando Benavidez, gobernador encargado para la fecha de los hechos, anunció que no haría comentario al respecto. Por su parte, José Fernando Ortega Cortes, procurador delegado ante la Corte consideró con vehemencia que como ministerio público, tal como lo ha dicho la Fiscalía, “en la hora de ahora, las cosas se han llevado a cabo en que cada actuación que se ha surtido en la etapa del juicio con el acatamiento de las garantías constitucionales y legales del acusado Camilo Romero”. Presentar una acción de nulidad es impertinente ha sostenido el procurador delegado ante la Corte en desarrollo de esa audiencia del martes, que dicho sea de paso, ha sido suspendida para próxima fecha en que decidirá sobre las pretensiones de la defensa y dará comienzo en firme, al juicio contra Camilo Romero Galeano.