Colombia: La oprobiosa dictadura civico-militar.

Por Héctor Díaz Revelo

Un oficial del ejército colombiano que pide a un paramilitar un arma corta o ‘una larguita’ para ponerla junto al cadaver de un campesino que había acabado de asesinar para mostrarlo al país como un guerrillero muerto en combate, es parte de la cara oculta de la dictadura civico-militar en éste país suramericano convertido hoy en la punta de lanza del imperio norteamericano para el control militar y político de la región.

Es parte también de los episodios de los denominados ‘falsos positivos’, que no son más que muertes extrajudiciales, masacres de campesinos inermes, de negros y de indígenas, como ocurrió con los jovenes de los barrios pobres de Soacha a 20 minutos de Bogotá su capital, llamados así con eufemismos para desinformar a la gente desde los medios de comunicación propiedad de las familias que han gobernado el país desde hace seis décadas.

La impunidad de estos casos que superan las cifras reveladas hasta ahora es alarmante (2000 víctimas) y comparar cuanto sucede en Colombia en materia de violación infame de los Derechos Humanos con las criminales dictaduras de los países del cono suramericano, Pinochet en Chile, Videla en Argentina y más recientemente Fujimori en el Perú, aún no despierta la conciencia de los colombianos y del pueblo latinoamericano como consecuencia de una guerra montada por la burguesía desde los medios de comunicación masiva, convertida ahora sin mayores reparos a oidos de los desprevenidos como guerra mediática que parece en la práctica no decir nada concreto.

La Corte Suprema de Justicia anuncia que investigará a ocho parapolíticos, ya no por lograr curules con votaciones ilegales, sino por ser responsables de la barbarie paramilitar. Se llaman parapolíticos los congresistas a quienes se les ha comprobado connivencia con las hordas paramilitares en la comisión de delitos como las masacres, el despojo de tierras a campesinos pobres a punta de fuego y motosierras y sobre todo, la presión para que voten en las elecciones a cuerpos colegiados como senado y cámara.

Como lo hemos explicado, los grupos paramilitares son a la vez un engendro creado por la cúpula militar, bajo orientaciones del pentágono desde Washington y de los ricos en Colombia entre quienes se cuentan ganaderos, industriales, terratenientes, banqueros y políticos de carrera, para enlistar en sus filas es policias y ex militares, o jóvenes empobrecidos del campo y la ciudad, jóvenes sin oportunidades de trabajo y de estudio, que hacen el trabajo sucio que los militares al servicio del Estado no pueden o no deben hacer por orden de la constitución y la ley.
La revista Semana dice que si antes se sentían pasos de animal grande, ahora se ven las huellas. Eso es lo que ha ocurrido con la determinación de la Corte Suprema de Justicia frente a ocho parapolíticos ya condenados por concierto para delinquir, y a los que ahora se les inicia investigación por el más grave tipo penal que se conozca: el delito de lesa humanidad.
Los afectados son los ex congresistas Jorge Castro Pacheco, Dieb Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento. Todos condenados por nexos con el Bloque Norte de las autodefensas. Durante su juicio fueron acusados, entre otros, por el propio jefe de esa estructura criminal, 'Jorge 40'. Además, nunca pudieron explicar las súbitas y abultadas votaciones que obtuvieron en zonas que controlaban los paras. Ante la carga probatoria, varios se acogieron a sentencia anticipada pues "asumieron representación de esa organización armada ilegal en el Congreso de la República", como se lee en la sentencia contra Castro Pacheco de mayo pasado.

Dicha sentencia, además, ordenó indagar si el nivel de conexión de estos políticos con los paramilitares es suficiente para tener una responsabilidad en las atrocidades cometidas por el Bloque Norte. Una verdadera máquina de terror que bañó de sangre toda la costa caribe con más de 300 masacres entre 1997 y 2006, y que produjo el desplazamiento de 700.000 personas. La apertura de investigación preliminar contra los ocho ex congresistas por lesa humanidad -tortura, desapariciones forzadas, desplazamiento- es el primer paso formal para establecer su eventual responsabilidad en esa estrategia de tierra arrasada.
Pero el gobierno de Uribe anduvo preocupado ocho años buscando nombres a los grupos paramilitares que el tirano dice haber eliminado para llamarlos ahora ‘paramilitares de nueva generación’, bandas criminales, rastrojos o aguilas negras, que aparentemente nada tendrían que ver con los que se han desmovilizado, que a decir verdad solamente hicieron el espectáculo de su entrega en radio y televisión unos cuantos jefes paramilitares hoy extraditados a los Los Estados Unidos en medio de las críticas de abogados de los familiares de las víctimas y de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
La verdad, según la revista, es que como en todos los casos los cuerpos aparecieron en un campo abierto sobre una carretera. No es un lugar habitual para el tránsito de guerrilleros fuertemente armados y menos para un combate. Algunos de los cuerpos de los menores presentaron impactos de bala a muy corta distancia, y la prueba forense para determinar si alguno de ellos había disparado y tenía rastros de pólvora resultó negativa. Las fotografías, las primeras que se conocen de un caso de estos, son bastante contundentes y contradicen la versión oficial del combate.
Por eso la ultra derecha colombiana reclama a gritos al nuevo gobierno de Santos ‘el tapen tapen’ a través del fortalecimiento de la justicia penal militar, del fuero militar y de la chequera siniestra del pago de bonificaciones y premios por estas ejecuciones extrajudiciales. Seguimientos, amenazas, atentados, bombas caseras, sufragios, masacres, desmembramiento de personas acusadas injustamente de pertenecer a las guerrillas izquierdistas a punta de motosierras y el asesinato aleve, son entre otras las labores que cumplen los llamados paramilitares, el brazo armado de la dictadura en Colombia en la supuesta lucha contra la insurgencia y las organizaciones sociales.

No es sino revisar entre líneas el texto de Andrés de Zubiría titulado ‘Del estado social a la dictadura civil’ o recoger poco a poco los editoriales de la gran prensa a favor de las dictaduras del conoce sur y el plan condor de USA en américa latina para saber que en Colombia la dictadura civico-militar no puede esconder la cara, aunque Santos se empeñe en decir que no es más uribista que uribe y que el aprobio del régimen ha finalizado. Eso nos quieren hacer creer pero para Estados Unidos y para la clase burguesa colombiana que ha puesto a Santos en el poder les queda muy dificil ocultar la acción de su predecesor de haber e pacificado a sangre y fuego a Colombia al estilo Murillo Toro de hace 200 años.

Para no inflar el ego del tirano Uribe Velez y de su clon Juan Manuel Santos me resisto a mencionar a dictadores como Hitler, Mussolini o Francisco Franco. La mayor tasa de desempleo, el hambre y la miseria, la corrupción y los delitos de lesa humanidad en cabeza de Uribe no están ni estarán lejos del nuevo gobierno de Santos que tendrá de su lado un congreso nacional espurio e ilegítimo como su gobierno.

Colombia y la comunidad internacional parecen desconocer que sobre su territorio pasea olimpicamente el centro de gravitación de la IIRSA (Iniciativa para la integración de la infraestructura suramericana) conocida como la estrategia de recolonización de américa latina y que buena parte de sus recursos naturales y la biodiversidad son ahora mismo el plato principal de una cena que ha sido provista durante décadas de oro, petroleo y otros minerales. Los ejes temáticos y las áreas de acción de IIRSA para los sistemas de transporte multimodal, terrestre, aéreo y fluvial entre las fronteras con sus vecinos como Ecuador, Venezuela y Brasil, son sólo una muestra de los intereses imperiales en la región. Por eso la cultura ancestral y las patentes están sobre la mesa a la espera de una gran discusión en la subregión.

De allí la instalación de las bases militares en Colombia, la presencia de mercenarios o contratistas, el guerrerismo a ultranza, la violación permanente de los Derechos Humanos y la persecución sin límite a líderes estudiantiles, a las organizaciones sociales y a las comunidades negras, indígenas y campesinas, a través del despojo de sus tierras y de su eliminación física.

De allí también que cientos de colombianos falsamente acusados de ser guerrileros de las FARC y del ELN capturados en las pescas milagrosas durante la era Uribe mantienen en las mazmorras del Estado en calidad de sindicados, sin juicio y condena y en condiciones de hacinamiento. Cientos de colombianos han perdido su trabajo, el cupo en la universidad y su papel en las organziaciones sociales por el delito de atreverse a pensar.

Los derechos civiles aquellos que se pretendió restaurar a propósito de la revolución de los comuneros y los levantamientos de negros, indígenas y campesinos, siguen en la agenda nacional en medio de la dictadura civico- militar que habrá de perpetuar Juan Manuel Santos en una Colombia geo-estratégica para el imperialismo norteamericano y paraiso fiscal para los ricos criollos, como rehén de la corrupta clase política y fiel peón del gobierno de Washington.


Colombia y la honorable Corte Penal Internacional no pueden esperar a conocer los secretos de los archivos desclasificados por el gobierno gringo en donde nos contarán dentro de 15 o 20 años lo que aquí se denuncia, lo que aquí se vive y sobre todo, contarán el papel que ha jugado el anciano presidente Uribe Velez y su predecesor ex-ministro de defensa Juan Manuel Santos sobre quien recae la responsabilidad de las ejecuciones extrajudiciales en los sangrientos periodos presidenciales a comienzos del siglo XXI, en la macabra y oprobiosa dictadura civico-militar del 2002 al 2014 o más allá.

Uribe entre la conmoción, la derecha y el crimen organizado.

Por Héctor Díaz Revelo (www.kaosenlared.com)

Nada de raro tiene que a costa de perder esa falsa popularidad Uribe mismo se sacrifique dando palos de ciego en el ocaso de su administración, desde la cacareada dimisión del general Padilla, posiblemente para servirle el plato a Santos para poder nombrarlo como su ministro de defensa, en su condición de civil y no como militar; hasta pretender ocultar la figura del siniestro José Obdulio Gaviria en el próximo gobierno.

Nada de raro tiene que la derecha en Colombia se haga la preocupada por lo que pasa con Uribe al final de la noche, diciendo que posiblemente algunos de los malos consejeros le digan al oido que declare la conmoción interior del país por un espacio de noventa días. Eso en plata blanca hubiera puesto al descubierto, como todos sabemos, el fracaso de la mal llamada seguridad democrática.

Declarar la conmoción interior por el desespero en que ha caido el uribismo en el poder por que le asusta lo que eventualmente harían esos 20 millones de abstencionistas que se oponen a la guerra, a los guerreristas, a la corrupción y a los falsos positivos, desenmarcararía a un régimen que con el poder de los medios de comunicación masiva ha ocultado que el orden institucional del país ha hecho agua, está nauseabundo, está en declive como ha ocurrido en los últimos 50 años.

Prepara la derecha el camino del militarismo a ultranza. Diseña la impunidad en delitos de lesa humanidad con la reimplantación del fuero militar y orquesta nada menos que la continuación de más masacres de civiles, de falsos positivos, de desapariciones y persecuciones, con el renacer de la fatídica justicia penal militar. Hoy para la derecha fascita el ex-fiscal Mario Iguarán y el exministro de defensa Camilo Ospina del gobierno saliente de Uribe Velez han pasado de héroes a villanos, por haber enterrado el proyecto de restablecer la justicia penal militar, en un gobierno que se supone ‘más les debe a las fuerzas militares’.

El crimen organizado se ha tomado las instancias del gobierno. Para la investigadora y defensora de derechos Maria Claudia Duque, hoy en la mira del DAS, lo que pasa es que la derecha tiene el poder y quiere más, cuando afirma que: ‘‘Estoy segura, el actual director del DAS se precia de ser muy amigo de Santos y trabajó con él en el ministerio de Defensa. No es extraño que los jefes del DAS de los últimos años hayan salido todos de Defensa; es decir, que trabajaron con Santos’’.

La derecha celebra que un juez de Cali haya rebajado de 50 años a ocho la pena carcelaria por la masacre de Jamundí, (policías confundios con guerrilleros de las FARC) , lo que hace en su concepto, necesaria la justicia penal militar, al tiempo que se lementan de lo que ocurre hoy con los generales Plazas Vega y Rito Alejo del Rio, el mayor Mejía y el coronel Carvajal y otros tantos militares acusados de violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Mario Iguarán en su calidad de fiscal general se habría atrevido a denunciar que la muerte de los policías, nunca fue un error militar, sino que FUE UN MANDADO QUE HIZO EL EJERCITO DE COLOMBIA A LAS MAFIAS DEL NARCOTRAFICO. Es la misma derecha que celebra que por preclusión (vencimiento de términos), militares acusados de asesinatos de civiles, llamados falsos positivos, estén hoy en la calle, porque necesitan de la justicia penal militar, que los juzgue y obviamente lo absuelva.

La conmoción interior, un eufemismo creado para mermar el impacto de las atrocidades que se comenten al amparo del Estado Sitio de ingrata recordación en Colombia y varios países de américa latina, hubiera por tercera ocasión en el gobierno de Uribe, demostrando al mundo que no existen en el país los mecanismos constitucionales para resolver presuntas dificultades al interior de la rama judicial, porque algunos jueces y fiscales, en criterio del reyezuelo paisa, prevarican o no aplican la ley al dejar libre a cuanta ‘pantera’ se presenta a declarar en casos de la parapolítica.

Uribe decretó la conmoción interior en 2009 aparentemente para anfrentar el paro judicial, que dicho sea de paso dejó en minusvalía a la dirigencia sindical, si así se la pueda calificar. Una dirigencia pacata, temerosa y cobarde que fue inferior a su sagrada misión de cuidar el contenido social y jurídico de las normas que supone una democracia. Se esconden, salvo contadas excepciones, al ver cómo en este gobierno, sus colegas, los dirigentes sindicales, caen a balazos a lo largo y ancho de la geografia nacional, igual como caen los defensores de derechos humanos, los periodistas y los líderes indígenas y campesinos.

Uribe estuvo a punto de decretar la conmoción lo que hubiera significado que la tal seguridad, que no es seguridad sino solo para los ricos, democrática que no lo es, no ha funcionado como lo saben bien los abstencionistas colombianos y especialmente lo saben, porque les toca saberlo los gobiernos vecinos de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Brasil, por aquello de enterarse sin querer, a qué hora se levanta y desayuna el vecino por el ruido de los sables, perdón, quise decir el ruido de la vajilla.

Si Santos se hubiera posesionado bajo el estado de sitio, conmoción interior, el mundo habría descubierto que no solamente el poder judicial está en crisis en Colombia sino que por más propaganda desplegada desde Washington, replicada por radio, televisión y prensa criollas, el asunto es de gobernabilidad que no existe y de dependencia que se evidencia con la instalación de las bases militares de los Estados Unidos en su territorio.

Que el poder judicial no funciona y por eso se hubiera decretado la conmoción interior, hubiera sido el desenmascaramiento de la realidad colombiana y de lo que trae a cuestas el nuevo gobierno. Entre otras, el 68% de pobreza y el 15% de miseria absoluta, además del 22% de desempleo real.

Admite la derecha a última hora que Uribe se equivocó al nombrar los magistrados del consejo superior de la judicatura, quizas por incapaces o simplemente como ocurre casi en todos los campos de la administración, como resultado de mezquinos intereses políticos, corrupción y clientelismo. ‘‘ Haber llevado al consejo de la judicatura a una pesona manifiestamente relacionada con DMG, que recibió honorarios de DMG para diseñar la manera de estafar a centenares de miles de familias, no es de un buen presidente’’, decía la derecha recalcitrante en uno de sus editoriales, antes que Uribe se echara para atras.

La derecha le achaca a Uribe no haber acabado de una sola buena vez con el consejo superior de la judicatura, el juez de jueces, antes que haber designado alli personas de no muy claras calidades morales. Dicen que no cumplio al país uno de los llamados cien puntos de Uribe en el gobierno. Pero eso no esconde en realidad el plan que tenían para usar la conmoción interior, para aparentemente, desprestigiar al prestidigitador que sale y recibir con trompetas y payasos al que llega. Pudo ser inclusive una jugada del patrón Uribe , sacrificio vano porque la mayoria de los colombianos conocen al dedillo la farsa en que anda el establecimiento y sus marionetas, por eso no votan ni creen que exista siquiera un remedo de democracia.

Alguien que no saben quien es, pero que podría ser José Obdulio mismo, J.J. Rendón o el ministro del interior Favio Valencia, como que aconseja y aconseja mal al saliente tirano, tocando temas como la conmoción interior, la extradición que protege como ha protegido a tantos amigos del gobierno Uribe y los problemas de la rama judicial, lo que hace pensar simplemente que se ‘cocina’ algo muy grave con Juan Manuel Santos en el poder.

Preparaban entonces con la conmoción interior el escenario para todo esto y más, porque como hemos señalado, ni la burguesía criolla ni el gobierno de los Estados Unidos están en disposición de entregar un ápice en favor de la mayoría de los colombianos excluidos y mucho menos cambiar el salvaje modelo económico, político y social.

Para estar preparados es bueno recordar a título de información que en Colombia la figura de la conmoción interior, contemplada en el artículo 213 de la Constitución Nacional, le permite al Presidente apelar a mecanismos de excepción en caso de grave perturbación del orden público (desorden púlico vigente) que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía.

Según la ley, la conmoción interior no podrá decretarse por un término mayor a tres meses, prorrogable hasta por dos periodos iguales. La segunda prórroga requiere concepto previo favorable del Senado de la República, que como sa sabe es de bolsillo, en medio de un congreso que apesta, que suena a música fúnebre, que tiene hoy por hoy al 38 por ciento de sus miembros en la cárcel y otro tanto en proceso de investicación por narco-paramilitarismo. Esa es la Colombia que hubiera descubierto el mundo con la conmoción interior o el estado de sitio.