Colombia: La oprobiosa dictadura civico-militar.

Por Héctor Díaz Revelo

Un oficial del ejército colombiano que pide a un paramilitar un arma corta o ‘una larguita’ para ponerla junto al cadaver de un campesino que había acabado de asesinar para mostrarlo al país como un guerrillero muerto en combate, es parte de la cara oculta de la dictadura civico-militar en éste país suramericano convertido hoy en la punta de lanza del imperio norteamericano para el control militar y político de la región.

Es parte también de los episodios de los denominados ‘falsos positivos’, que no son más que muertes extrajudiciales, masacres de campesinos inermes, de negros y de indígenas, como ocurrió con los jovenes de los barrios pobres de Soacha a 20 minutos de Bogotá su capital, llamados así con eufemismos para desinformar a la gente desde los medios de comunicación propiedad de las familias que han gobernado el país desde hace seis décadas.

La impunidad de estos casos que superan las cifras reveladas hasta ahora es alarmante (2000 víctimas) y comparar cuanto sucede en Colombia en materia de violación infame de los Derechos Humanos con las criminales dictaduras de los países del cono suramericano, Pinochet en Chile, Videla en Argentina y más recientemente Fujimori en el Perú, aún no despierta la conciencia de los colombianos y del pueblo latinoamericano como consecuencia de una guerra montada por la burguesía desde los medios de comunicación masiva, convertida ahora sin mayores reparos a oidos de los desprevenidos como guerra mediática que parece en la práctica no decir nada concreto.

La Corte Suprema de Justicia anuncia que investigará a ocho parapolíticos, ya no por lograr curules con votaciones ilegales, sino por ser responsables de la barbarie paramilitar. Se llaman parapolíticos los congresistas a quienes se les ha comprobado connivencia con las hordas paramilitares en la comisión de delitos como las masacres, el despojo de tierras a campesinos pobres a punta de fuego y motosierras y sobre todo, la presión para que voten en las elecciones a cuerpos colegiados como senado y cámara.

Como lo hemos explicado, los grupos paramilitares son a la vez un engendro creado por la cúpula militar, bajo orientaciones del pentágono desde Washington y de los ricos en Colombia entre quienes se cuentan ganaderos, industriales, terratenientes, banqueros y políticos de carrera, para enlistar en sus filas es policias y ex militares, o jóvenes empobrecidos del campo y la ciudad, jóvenes sin oportunidades de trabajo y de estudio, que hacen el trabajo sucio que los militares al servicio del Estado no pueden o no deben hacer por orden de la constitución y la ley.
La revista Semana dice que si antes se sentían pasos de animal grande, ahora se ven las huellas. Eso es lo que ha ocurrido con la determinación de la Corte Suprema de Justicia frente a ocho parapolíticos ya condenados por concierto para delinquir, y a los que ahora se les inicia investigación por el más grave tipo penal que se conozca: el delito de lesa humanidad.
Los afectados son los ex congresistas Jorge Castro Pacheco, Dieb Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento. Todos condenados por nexos con el Bloque Norte de las autodefensas. Durante su juicio fueron acusados, entre otros, por el propio jefe de esa estructura criminal, 'Jorge 40'. Además, nunca pudieron explicar las súbitas y abultadas votaciones que obtuvieron en zonas que controlaban los paras. Ante la carga probatoria, varios se acogieron a sentencia anticipada pues "asumieron representación de esa organización armada ilegal en el Congreso de la República", como se lee en la sentencia contra Castro Pacheco de mayo pasado.

Dicha sentencia, además, ordenó indagar si el nivel de conexión de estos políticos con los paramilitares es suficiente para tener una responsabilidad en las atrocidades cometidas por el Bloque Norte. Una verdadera máquina de terror que bañó de sangre toda la costa caribe con más de 300 masacres entre 1997 y 2006, y que produjo el desplazamiento de 700.000 personas. La apertura de investigación preliminar contra los ocho ex congresistas por lesa humanidad -tortura, desapariciones forzadas, desplazamiento- es el primer paso formal para establecer su eventual responsabilidad en esa estrategia de tierra arrasada.
Pero el gobierno de Uribe anduvo preocupado ocho años buscando nombres a los grupos paramilitares que el tirano dice haber eliminado para llamarlos ahora ‘paramilitares de nueva generación’, bandas criminales, rastrojos o aguilas negras, que aparentemente nada tendrían que ver con los que se han desmovilizado, que a decir verdad solamente hicieron el espectáculo de su entrega en radio y televisión unos cuantos jefes paramilitares hoy extraditados a los Los Estados Unidos en medio de las críticas de abogados de los familiares de las víctimas y de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
La verdad, según la revista, es que como en todos los casos los cuerpos aparecieron en un campo abierto sobre una carretera. No es un lugar habitual para el tránsito de guerrilleros fuertemente armados y menos para un combate. Algunos de los cuerpos de los menores presentaron impactos de bala a muy corta distancia, y la prueba forense para determinar si alguno de ellos había disparado y tenía rastros de pólvora resultó negativa. Las fotografías, las primeras que se conocen de un caso de estos, son bastante contundentes y contradicen la versión oficial del combate.
Por eso la ultra derecha colombiana reclama a gritos al nuevo gobierno de Santos ‘el tapen tapen’ a través del fortalecimiento de la justicia penal militar, del fuero militar y de la chequera siniestra del pago de bonificaciones y premios por estas ejecuciones extrajudiciales. Seguimientos, amenazas, atentados, bombas caseras, sufragios, masacres, desmembramiento de personas acusadas injustamente de pertenecer a las guerrillas izquierdistas a punta de motosierras y el asesinato aleve, son entre otras las labores que cumplen los llamados paramilitares, el brazo armado de la dictadura en Colombia en la supuesta lucha contra la insurgencia y las organizaciones sociales.

No es sino revisar entre líneas el texto de Andrés de Zubiría titulado ‘Del estado social a la dictadura civil’ o recoger poco a poco los editoriales de la gran prensa a favor de las dictaduras del conoce sur y el plan condor de USA en américa latina para saber que en Colombia la dictadura civico-militar no puede esconder la cara, aunque Santos se empeñe en decir que no es más uribista que uribe y que el aprobio del régimen ha finalizado. Eso nos quieren hacer creer pero para Estados Unidos y para la clase burguesa colombiana que ha puesto a Santos en el poder les queda muy dificil ocultar la acción de su predecesor de haber e pacificado a sangre y fuego a Colombia al estilo Murillo Toro de hace 200 años.

Para no inflar el ego del tirano Uribe Velez y de su clon Juan Manuel Santos me resisto a mencionar a dictadores como Hitler, Mussolini o Francisco Franco. La mayor tasa de desempleo, el hambre y la miseria, la corrupción y los delitos de lesa humanidad en cabeza de Uribe no están ni estarán lejos del nuevo gobierno de Santos que tendrá de su lado un congreso nacional espurio e ilegítimo como su gobierno.

Colombia y la comunidad internacional parecen desconocer que sobre su territorio pasea olimpicamente el centro de gravitación de la IIRSA (Iniciativa para la integración de la infraestructura suramericana) conocida como la estrategia de recolonización de américa latina y que buena parte de sus recursos naturales y la biodiversidad son ahora mismo el plato principal de una cena que ha sido provista durante décadas de oro, petroleo y otros minerales. Los ejes temáticos y las áreas de acción de IIRSA para los sistemas de transporte multimodal, terrestre, aéreo y fluvial entre las fronteras con sus vecinos como Ecuador, Venezuela y Brasil, son sólo una muestra de los intereses imperiales en la región. Por eso la cultura ancestral y las patentes están sobre la mesa a la espera de una gran discusión en la subregión.

De allí la instalación de las bases militares en Colombia, la presencia de mercenarios o contratistas, el guerrerismo a ultranza, la violación permanente de los Derechos Humanos y la persecución sin límite a líderes estudiantiles, a las organizaciones sociales y a las comunidades negras, indígenas y campesinas, a través del despojo de sus tierras y de su eliminación física.

De allí también que cientos de colombianos falsamente acusados de ser guerrileros de las FARC y del ELN capturados en las pescas milagrosas durante la era Uribe mantienen en las mazmorras del Estado en calidad de sindicados, sin juicio y condena y en condiciones de hacinamiento. Cientos de colombianos han perdido su trabajo, el cupo en la universidad y su papel en las organziaciones sociales por el delito de atreverse a pensar.

Los derechos civiles aquellos que se pretendió restaurar a propósito de la revolución de los comuneros y los levantamientos de negros, indígenas y campesinos, siguen en la agenda nacional en medio de la dictadura civico- militar que habrá de perpetuar Juan Manuel Santos en una Colombia geo-estratégica para el imperialismo norteamericano y paraiso fiscal para los ricos criollos, como rehén de la corrupta clase política y fiel peón del gobierno de Washington.


Colombia y la honorable Corte Penal Internacional no pueden esperar a conocer los secretos de los archivos desclasificados por el gobierno gringo en donde nos contarán dentro de 15 o 20 años lo que aquí se denuncia, lo que aquí se vive y sobre todo, contarán el papel que ha jugado el anciano presidente Uribe Velez y su predecesor ex-ministro de defensa Juan Manuel Santos sobre quien recae la responsabilidad de las ejecuciones extrajudiciales en los sangrientos periodos presidenciales a comienzos del siglo XXI, en la macabra y oprobiosa dictadura civico-militar del 2002 al 2014 o más allá.