LA IMPOSICIÓN DEL MIEDO COMO HERRAMIENTA ELECTORAL

Yo creo que el debate de hace 40 años que pone en primer plano la lucha popular, es un debate necesario y muy actual. Es una lucha que no deja atrás la lucha de clases. Por eso no creo que el debate esté agotado. La convocatoria a elecciones, en principio, creo que pretende ocultar esta lucha entre dominadores y dominados. Puede sonar como un discurso arcaico el mío, pero como antaño, no podemos mirar a otro lado cuando la desigualdad económica y social está tocando fondo. Estos enfrentamientos están presentes y se magnifican en los medios de comunicación, como una siniestra estrategia de desinformación. Es la agresión capitalista, diseñada por algunos burócratas y politiqueros. Esa brutal y salvaje agresión que genera desarraigo y ruptura del tejido social. A esto le llaman guerra asimétrica. Es una guerra del gobierno contra la gente desarrollada en las áreas urbanas. Especialmente en grandes áreas urbanas, en las barriadas de las capitales, que luego llaman polarización. Es más que polarización, un término que conviene a quienes detentan el poder, más que polarización, hay que hablar de enfrentamiento de comunidades empobrecidas contra potentados y sectores enriquecidos. (Va siendo hora. Cambiando un poco el lenguaje, hablar no de países ricos, sino enriquecidos. Países pobres ok Pobres sino países empobrecidos y comunidades empobrecidas). Los capitalistas y su sistema de gobierno manejan sin vergüenza la aplicación del control social. Utilizando todos los medios tecnológicos. Utilizando los medios de comunicación masiva. Es ese control social que viene unido a la imposición e introducción social del miedo. Son los dueños del poder en Colombia con la eliminación del derecho. Aplicando una serie de leyes, de normas y de medidas sociales. Que, en mi opinión, son equiparables a las utilizadas en países en guerra, o como en Colombia que aún existe un conflicto interno, un conflicto social y armado. (pese a la firma del acuerdo de paz, claro). Se usa la fuerza bruta. La aparición de actos represivos judiciales. Se usa también el actuar impune de policías, de militares de parapoliciales y de paramilitares. Y cuando a veces se cuestiona en los medios de comunicación, sobre todo en los medios alternativos, a estos dueños del poder, les da igual. Se ríen de las críticas. Es un enjambre de motivaciones y justificaciones que poseen para cada medida represiva. O utilizan cualquier tipo de justificación. Justificaciones sanitarias. Por ejemplo lo que pasó con la pandemia del COVID? Los dueños del poder, la derecha, sin pudor acuden a todo lo que sea en favor de la salvaguarda de su sistema económico capitalista, salvaje, unilateral, excluyente. Ante el miedo provocado, la derecha, anuncia una falsa seguridad. Se inventan a través de los medios peligros inexistentes e incluso, peligros por ellos mismos generan en desarrollo de la guerra sucia. Cuando los contrarios, esa izquierda paquidérmica y acomodada, no la izquierda radical, debería advertir a su población de los peligros reales que conllevan las desapariciones forzadas, los desplazamientos, las ejecuciones sumarias (al estilo de lo vivido en las dictaduras del cono sur). Pero no. Los dueños del poder, la derecha, usando el poder de los medios y ahora en las redes sociales provocan, entre otros, el miedo, el miedo al comunismo, a los chalecos amarillos, etc. Miedo al estallido social, a la desobediencia civil. Miedo inclusive, como en Colombia, a las minorías que reaccionan en las calles, a las minorías étnicas y raciales, miedo a sectores vulnerables que marchan por las calles, miedo a todo lo que amenace sus intereses. Les da igual a las cinco familias que gobiernan Colombia, el nivel represivo aplicado contra la gente. Atentados contra la movilidad de ciudadana, la imposición de toques de queda. El confinamiento de comunidades, etc. Hasta en la cara de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la mal llamada comunidad internacional crean guetos en las ciudades, más allá de la exclusión que se vive en lugares marginales. Dicho de otra manera, son exitosos al estilo del apartheid. Acuden con poder armado y judicial a la criminalización de la protesta social y de la crítica ciudadana. Como se ha visto en Ecuador, como se ha visto en Chile. Con el debido control de la libre expresión. Y digo que les da igual los métodos utilizados para conseguir sus fines. Cuando, como en Colombia, a través del Código de policía, se aplican comparendos o multas. Se hacen detenciones masivas, se acuerdan penas de prisión, control policial y militar de los ciudadanos, además de las impunes, intervenciones brutales y violentas de estos cuerpos represivos en todo momento y bajo la justificación del cumplimiento de órdenes. En cumplimiento de eso que llaman la obediencia debida y que ustedes bien conocen y que han vivido bajo las dictaduras. Colombia es una dictadura, no de otra manera se ha asesinado a cinco candidatos presidenciales y han parecido fosas comunes con casi 10 mil cuerpos especialmente de jóvenes estudiantes y campesinos. Son hordas de matones a sueldo que están siempre preparadas, entrenadas y predispuestas a matar. Frente a este panorama en concreto la pregunta es: Qué proponen estos candidatos a la Presidencia de Colombia. Yo creo que hoy más que nunca, está vigente también el debate de la abstención en nuestra región. Mayorías que desprecian el sistema económico vigente y claro, que rechazan también el sistema electoral en manos de los partidos en el gobierno. Hablemos de la ilegitimidad de estos gobiernos. Colombia es un narcoestado. En Colombia el abstencionismo ha superado cualquier cálculo. En los recientes 60 o 70 años la abstención ha sido mayoría. Para los abstencionistas votar les parece que acentúa la desigualdad social. Votar es legitimar este estado de cosas. Colombia está entre los países más desiguales del continente y entonces? Qué hacer. Es la otra pregunta. ¿Reemplazar las calles y la protesta en las plazas por las urnas malolientes? Parece que no es la salida, de momento, aunque haya algunos experimentos eleccionarios como en el Chávez en Venezuela. El debate está abierto.

EXTRAHECCIÓN EN CAUCA Y NARIÑO Y RENTA BÁSICA.

Por Héctor Díaz Revelo La derecha ha querido condenar a beneficiarios de las concesiones mineras en tratándose de pequeños sectores del campesinado empobrecido y de las comunidades negras e indígenas. Ocultan con su actitud el papel que ha jugado el gobierno otorgando contratos de exploración y explotación de recursos a empresas transnacionales que para ejecutar esos contratos entra en los territorios, la mayoría de las veces, a sangre y fuego. Hay que decir que son las corporaciónes autónomas regionales del Cauca y de Nariño, las autoridades que otorgan las licencias ambientales, es decir los permisos para que particulares o empresas puedan explotar oro u otros minerales en una zona. Nariño tiene una geología altamente prospectiva para la mineralización de oro y de cobre. De las solicitudes presentadas, aproximadamente el 40% ha avanzado más allá del proceso inicial de ajustes de área y adquisición de aprobaciones municipales locales con el fin de llegar a la firma de los respectivos Contratos de Concesión. En el Cauca hay 271 títulos mineros vigentes desde enero de 2014. Para los habitantes de estas y otras partes de Colombia el “problema no es sólo que la minería les esté arrebatando un sitio sagrado, sino que de allí nace el agua que abastece a todas las veredas de la región”. En las últimas décadas se ha visto una guerra sin cuartel por parte de las comunidades y de los vecinos en general que han inventado formas de resistencia contra la minería desenfrenada, “a sabiendas que les pone en riesgo su sustento. En el municipio de Caloto, indígenas, afros y campesinos decidieron que no iban a dejar entrar más maquinaria que explotara el oro sobre la cuenca del río Palo”, por ejemplo. Entonces se podría afirmar que mi comentario es un comentario de coyuntura dados los planteamientos que se hacen para pensar el país a 20 o 30 años. Negar que el desplazamiento de indígenas, de comunidades negras y campesinas, ha sido en Colombia fruto de la brutalidad y el crimen de los actores armados es una actitud miope. Hay responsabilidades que poco a poco se van conociendo. Hablar de extracción de recursos no debe doler solamente por el saqueo en si mismo de minerales, del carbón o el petróleo. Quizás también del Coltán. Detrás de toda esa extracción ha venido una escalada de sangre y dolor que se califica como violación de los derechos humanos. Por eso, se critica y se condena únicamente lo que hace el Estado con su fuerza pública en esos territorios. Hay asesinos legales, entre comillas, y los hay ilegales. Vaya uno a saber que tanto resulta contra la ley, la rebelión y el levantamiento armado, la insurgencia, las hordas paramilitares y los grupos parapoliciales. Ese Estado al cual se le ha confiado la guarda de la seguridad de todos y de la soberanía territorial, ese Estado no puede dirigir sus armas contra su propio pueblo. Eso no justifica nada ni la buena intención siquiera. Los otros actores armados, puestos en el marco jurídico como quienes cometen también delitos de lesa humanidad no pueden equipararse por su condición de infractores, por su actitud desafiante al gobierno establecido, con los desmanes que comete la fuerza pública. Y no, porque en ellos recae la protección a la ciudadanía y respeto de los derechos humanos. Quizás en ambos casos las victimas son las mismas. El campesinado y las comunidades negras y campesinas. Lo que es cierto es que las víctimas han salido, en estas décadas de terror, de la gente empobrecida de nuestra Colombia. Pero para regresar el tema de hoy, esas víctimas han vivido en zonas de extracción de recursos. A todo esto, se le acuña un nuevo término: La extra-hección, que lleva en si misma el horror de la muerte y la miseria que deja la violación de los derechos humanos. Se asesina y se desplazas grandes grupos humanos para dar paso a proyectos extractivos donde esperan que nadie proteste. Que no haya oposición. Se asesina y se desplaza grandes grupos humanos para dar paso a la ganadería expansiva, a la explotación y exploración petrolera y la explotación de minerales dejando en el camino la estela de sangre y muerte como hasta ahora. Pero esta situación no se ve ni se siente en el centro del país. Difícilmente esta situación es parte de un titular en los grandes medios de comunicación, porque es la otra Colombia que parece importar en realidad a muy pocos. La extra-heccion, con h intermedia. Este es un nuevo término para describir la apropiación de recursos naturales. Apropiación que se hace a través de mecanismos de imposición del poder. A través de la violación de los derechos humanos y de atentados serios contra el medio ambiente y la naturaleza. Quizás el término nos parezca nuevo, pero el concepto es muy conocido. Así se describen situaciones que poco a poco se están volviendo más comunes. Como la ejecución de proyectos mineros o petroleros, impuestos en un contexto de violencia. Desoyendo las voces ciudadanas desplazando comunidades campesinas o indígenas o contaminando el ambiente. La comunidad de indígenas Embera que se había tomado el parque nacional en el centro de Bogotá ha sido por fín escuchada. Solo reclamaba que para volver a su territorio el Estado debe garantizar lo principal, la vida y su autonomía. Parece que por fin ha sido escuchada esa comunidad excluida y vulnerable. Con esto y otros testimonios, suficientes pruebas tienen el gobierno y tienen los jueces sobre los autores de desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas todavía sin resolver ante la implacable fuerza del capitalismo salvaje y su criminal proyecto de tierra arrasada. Todo esto de la extra-hección se enmarca en la violación de los llamados derechos de tercera generación, lo contrario por decir lo menos, de lo que significa la lucha por un ambiente y por el mejoramiento de la calidad de vida en los territorios. Los derechos de las personas están afectados de muy diversas maneras, repetidamente se incumplen las consultas previas. Libres e informadas de las comunidades locales o se refuerzan sus resultados cómo ha sido denunciado en varios proyectos en Colombia y en otros países andinos. Los derechos de las personas están afectados de muy diversas maneras, repetidamente se incumplen las consultas previas. No hay comunidades libres y bien informadas. En los sitios donde hay proyectos extractivos funcionando, se escuchan denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores, sea en su derecho de asociación o sindicalización, o sea en su seguridad o condiciones sanitarias, como ha sido reportado, por ejemplo, por los trabajadores del carbón en Colombia. No pueden pasarse por alto las prácticas de corrupción como los esquemas de sobornos, así sea para captar prácticas de alto impacto social o ambiental, o incluso para observar los permisos de funcionamiento de un proyecto. Entonces la discusión no puede centrarse sobre quien ha sido más sanguinario. La discusión no debe ser quien ha desplazado mas comunidades. Así las cosas los riesgos en juego, que son de enorme gravedad, nunca serían aceptables bajo los marcos legales para las comunidades locales afectadas. Lo cierto es que la única forma en que pueden llevarse adelante los planes extractivos es por medio de la imposición y la violación de los derechos fundamentales. Esa es la extrahección. La violación de los derechos no es una consecuencia, sino que es una condición de necesidad para llevar adelante este tipo de apropiación de recursos naturales. Repito. Esa es la extrahección que debemos llevar a debate en estos espacios más allá del contexto el periodo electoral. .x.x.x Y a propósito de… En líneas generales, se puede decir que la ayuda social es un mecanismo para combatir las desigualdades e injusticias que dañan los derechos fundamentales de las personas y familias. De este modo, se convierte en una herramienta para que quienes la reciben puedan vivir dignamente. Lo que muchos no quieren entender es que los grandes empresarios si estudiaran un poco sobre el espíritu de la ayuda social o renta básica, sabrían que ese dinero entra por un bolsillo de la gente y sale de inmediato por el otro. Perdonen lo coloquial de la explicación para la audiencia. De la renta básica se paga el arriendo, los servicios públicos y algo para llevar como mercado a la casa. Es parte de la economía. Rotar dinero en la rueda de la economía, aumento de compradores y estímulo a la producción. Atender la demanda con una buena oferta. Esto en principio garantiza parcialmente que se pueda bajar los índices de inseguridad y robo callejero, porque de esa manera quien recibe la ayuda social o renta básica no tendría disculpa que lo lleva a la calle a robar. Tampoco asaltarían los negocios y las viviendas en grandes condominios o sectores privilegiados. Les habló Héctor Díaz Revelo

NADIE RECHAZA LAS BASES MILITARES EN COLOMBIA

Celebro la participación y el intercambio de ideas en un programa como este para el descubrimiento y confrontación con la audiencia y los oyentes, por saber si en Colombia existe o no la democracia. En plena campaña electoral es urgente saber si se puede hablar de democracia en términos de la llamada autodeterminación de los pueblos. Dicho en otras palabras, por el significado de soberanía territorial, soberanía alimentaria y del medio ambiente. Digo en plena campaña electoral, porque por ejemplo Gustavo Petro y mucho menos los otros candidatos NO se han atrevido a cuestionar la instalación de las siete bases militares del comando sur de los Estados Unidos en Colombia. No cuestionan porque puede ser un asunto que no da votos. Puede ser que no se critica la presencia de militares estadounidenses o tropas gringas en varios departamentos de nuestra Colombia saqueada por miedo o por presión externa y simplemente, por resulta mejor tener como amigo al gobierno de los Estados Unidos. Se puede hablar de todo menos de las bases militares. Nadie se da por enterado de la importancia de esa presencia gringa en este país, especialmente cuando ha quedado demostrado en el mundo LA FALLIDA Y CRIMINAL GUERRA CONTRA LAS DROGAS. Déjenme recordar cuando a nivel de lideres sociales y sindicalistas eran motivo de análisis y estudio los documentos Santa fe tres y cuatro. Allí está plasmada la política del pentágono para estos países. Petro y los otros candidatos prefieren no tocar el tema de las bases militares y las razones que permitieron los gobiernos de Colombia, dada la cercanía con Venezuela, de Venezuela la mayor reserva de petróleo del mundo junto emiratos árabes. En torno a esas bases se ha denunciado la violación de los derechos humanos ante el silencio de los medios de comunicación. El gobierno prefiere hablar de contratistas y NO de tropas de estados Unidos en Colombia. Hay que decir de paso que la invasión a Irak fue por el petróleo poque nunca se encontraron las armas de destrucción masiva. Hoy el conflicto Rusia y Ucrania también pasa por el interés de Estados unidos en el mercado del petróleo que ahora mismo vende Rusia a Europa. El gas natural que abastece a Europa en un 80 por ciento proviene de Rusia. El asunto político y geo político es la posición geoestratégica de Colombia junto a Venezuela. Lo mismo ocurre con las bases militares en el Perú, que respiran en la nuca de los Bolivianos propietarios de las más grandes reserva de gas natural de américa latina. ¿Entonces cual autodeterminación de los pueblos? En estos términos cómo evitar el análisis de lo que significa la soberanía nacional contemplada en la constitución. Y una pregunta final: ¿Qué hace Colombia siendo parte de la OTAN? ¿Quién metió a los colombianos en esa organización altamente militarista que sirve de presión y sometimiento de los pueblos del mundo? Claro que fue Juan Manuel y la reacción de gobernantes de países vecinos no se dejó esperar. Ese motivo de otra columna. Por ahora algo sobre las bases militares y más adelante que hace Colombia en la OTAN.

Los homicios a manos del ejercito de Colombia

día internacional del derecho al trabajo. En mi opinión es la única movilización de trabajadores y no trabajadores en el mundo que merece destacar tanto por la època en que dieron las luchas por jornadas de 8 horas de trabajo como por la brutalidad con que fueron reprimidas. Mañana es un día para celebrar que más de 25 trabajadores de Empobando, la empresa de acueducto de Ipiales deberá reintegrarlos después de haber sido echados en las administraciones de Ricardo Romero Sánchez y Luis Fernando Villota Mendes. Es un día de celebración en el sector de trabajadores de Ipiales que han tenido que enfrentar la más Oprobiosa persecución por los gerentes de bolsillo que tiene Villota Méndez en las empresas de agua y de aseo urbano. .x.x.x.x.x Hoy voy a hacer referencia a uno de los episodios que nadie, ni jóvenes ni viejos pueden dejar de tener en cuenta. La semana pasada me preguntaba porqué los candidatos no se atreven a hablar de las bases militares. O por miedo, o por presión externa, y porque seguramente asumir una posición contra las bases militares gringas, eso no da votos. Para muchos es mejor llevar la fiesta en paz con el gobierno de los Estados Unidos. El episodio que no se puede dejar pasar es la macro criminalidad del Estado Colombiano contra el campesinado pobre de Colombia. El término usado en la audiencia de reconocimiento del ejercito de los homicidios contra civiles, SEÑALANDO QUE que se trató y se trata de la macro criminalidad ES UNA VERGÜENZA INTERNACIONAL. Muy poca gente por razones de trabajo o de acceso a internet ha podido escuchar la forma cómo los militares de varios rangos admiten que mataron civiles y los pasaron como guerrilleros muertos en combate. Eso se llama ejecución sumaria, ejecución de civiles desarmados. Los peces gordos no caen todavía. Los ordenadores de esos crimines o macro crímenes no se inmutan. Los terceros financiadores y beneficiarios, es decir los narcos y la mayoría de ganaderos. El día que la ciudadanía vea que se ha hecho justicia de verdad, que quienes DIERON LA ORDEN vaya a la cárcel o, mínimamente como se acostumbra ahora, pidan perdón a las familias de estos crimines de guerra, genocidio y muerte en persona protegida.