EXTRAHECCIÓN EN CAUCA Y NARIÑO Y RENTA BÁSICA.

Por Héctor Díaz Revelo La derecha ha querido condenar a beneficiarios de las concesiones mineras en tratándose de pequeños sectores del campesinado empobrecido y de las comunidades negras e indígenas. Ocultan con su actitud el papel que ha jugado el gobierno otorgando contratos de exploración y explotación de recursos a empresas transnacionales que para ejecutar esos contratos entra en los territorios, la mayoría de las veces, a sangre y fuego. Hay que decir que son las corporaciónes autónomas regionales del Cauca y de Nariño, las autoridades que otorgan las licencias ambientales, es decir los permisos para que particulares o empresas puedan explotar oro u otros minerales en una zona. Nariño tiene una geología altamente prospectiva para la mineralización de oro y de cobre. De las solicitudes presentadas, aproximadamente el 40% ha avanzado más allá del proceso inicial de ajustes de área y adquisición de aprobaciones municipales locales con el fin de llegar a la firma de los respectivos Contratos de Concesión. En el Cauca hay 271 títulos mineros vigentes desde enero de 2014. Para los habitantes de estas y otras partes de Colombia el “problema no es sólo que la minería les esté arrebatando un sitio sagrado, sino que de allí nace el agua que abastece a todas las veredas de la región”. En las últimas décadas se ha visto una guerra sin cuartel por parte de las comunidades y de los vecinos en general que han inventado formas de resistencia contra la minería desenfrenada, “a sabiendas que les pone en riesgo su sustento. En el municipio de Caloto, indígenas, afros y campesinos decidieron que no iban a dejar entrar más maquinaria que explotara el oro sobre la cuenca del río Palo”, por ejemplo. Entonces se podría afirmar que mi comentario es un comentario de coyuntura dados los planteamientos que se hacen para pensar el país a 20 o 30 años. Negar que el desplazamiento de indígenas, de comunidades negras y campesinas, ha sido en Colombia fruto de la brutalidad y el crimen de los actores armados es una actitud miope. Hay responsabilidades que poco a poco se van conociendo. Hablar de extracción de recursos no debe doler solamente por el saqueo en si mismo de minerales, del carbón o el petróleo. Quizás también del Coltán. Detrás de toda esa extracción ha venido una escalada de sangre y dolor que se califica como violación de los derechos humanos. Por eso, se critica y se condena únicamente lo que hace el Estado con su fuerza pública en esos territorios. Hay asesinos legales, entre comillas, y los hay ilegales. Vaya uno a saber que tanto resulta contra la ley, la rebelión y el levantamiento armado, la insurgencia, las hordas paramilitares y los grupos parapoliciales. Ese Estado al cual se le ha confiado la guarda de la seguridad de todos y de la soberanía territorial, ese Estado no puede dirigir sus armas contra su propio pueblo. Eso no justifica nada ni la buena intención siquiera. Los otros actores armados, puestos en el marco jurídico como quienes cometen también delitos de lesa humanidad no pueden equipararse por su condición de infractores, por su actitud desafiante al gobierno establecido, con los desmanes que comete la fuerza pública. Y no, porque en ellos recae la protección a la ciudadanía y respeto de los derechos humanos. Quizás en ambos casos las victimas son las mismas. El campesinado y las comunidades negras y campesinas. Lo que es cierto es que las víctimas han salido, en estas décadas de terror, de la gente empobrecida de nuestra Colombia. Pero para regresar el tema de hoy, esas víctimas han vivido en zonas de extracción de recursos. A todo esto, se le acuña un nuevo término: La extra-hección, que lleva en si misma el horror de la muerte y la miseria que deja la violación de los derechos humanos. Se asesina y se desplazas grandes grupos humanos para dar paso a proyectos extractivos donde esperan que nadie proteste. Que no haya oposición. Se asesina y se desplaza grandes grupos humanos para dar paso a la ganadería expansiva, a la explotación y exploración petrolera y la explotación de minerales dejando en el camino la estela de sangre y muerte como hasta ahora. Pero esta situación no se ve ni se siente en el centro del país. Difícilmente esta situación es parte de un titular en los grandes medios de comunicación, porque es la otra Colombia que parece importar en realidad a muy pocos. La extra-heccion, con h intermedia. Este es un nuevo término para describir la apropiación de recursos naturales. Apropiación que se hace a través de mecanismos de imposición del poder. A través de la violación de los derechos humanos y de atentados serios contra el medio ambiente y la naturaleza. Quizás el término nos parezca nuevo, pero el concepto es muy conocido. Así se describen situaciones que poco a poco se están volviendo más comunes. Como la ejecución de proyectos mineros o petroleros, impuestos en un contexto de violencia. Desoyendo las voces ciudadanas desplazando comunidades campesinas o indígenas o contaminando el ambiente. La comunidad de indígenas Embera que se había tomado el parque nacional en el centro de Bogotá ha sido por fín escuchada. Solo reclamaba que para volver a su territorio el Estado debe garantizar lo principal, la vida y su autonomía. Parece que por fin ha sido escuchada esa comunidad excluida y vulnerable. Con esto y otros testimonios, suficientes pruebas tienen el gobierno y tienen los jueces sobre los autores de desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas todavía sin resolver ante la implacable fuerza del capitalismo salvaje y su criminal proyecto de tierra arrasada. Todo esto de la extra-hección se enmarca en la violación de los llamados derechos de tercera generación, lo contrario por decir lo menos, de lo que significa la lucha por un ambiente y por el mejoramiento de la calidad de vida en los territorios. Los derechos de las personas están afectados de muy diversas maneras, repetidamente se incumplen las consultas previas. Libres e informadas de las comunidades locales o se refuerzan sus resultados cómo ha sido denunciado en varios proyectos en Colombia y en otros países andinos. Los derechos de las personas están afectados de muy diversas maneras, repetidamente se incumplen las consultas previas. No hay comunidades libres y bien informadas. En los sitios donde hay proyectos extractivos funcionando, se escuchan denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores, sea en su derecho de asociación o sindicalización, o sea en su seguridad o condiciones sanitarias, como ha sido reportado, por ejemplo, por los trabajadores del carbón en Colombia. No pueden pasarse por alto las prácticas de corrupción como los esquemas de sobornos, así sea para captar prácticas de alto impacto social o ambiental, o incluso para observar los permisos de funcionamiento de un proyecto. Entonces la discusión no puede centrarse sobre quien ha sido más sanguinario. La discusión no debe ser quien ha desplazado mas comunidades. Así las cosas los riesgos en juego, que son de enorme gravedad, nunca serían aceptables bajo los marcos legales para las comunidades locales afectadas. Lo cierto es que la única forma en que pueden llevarse adelante los planes extractivos es por medio de la imposición y la violación de los derechos fundamentales. Esa es la extrahección. La violación de los derechos no es una consecuencia, sino que es una condición de necesidad para llevar adelante este tipo de apropiación de recursos naturales. Repito. Esa es la extrahección que debemos llevar a debate en estos espacios más allá del contexto el periodo electoral. .x.x.x Y a propósito de… En líneas generales, se puede decir que la ayuda social es un mecanismo para combatir las desigualdades e injusticias que dañan los derechos fundamentales de las personas y familias. De este modo, se convierte en una herramienta para que quienes la reciben puedan vivir dignamente. Lo que muchos no quieren entender es que los grandes empresarios si estudiaran un poco sobre el espíritu de la ayuda social o renta básica, sabrían que ese dinero entra por un bolsillo de la gente y sale de inmediato por el otro. Perdonen lo coloquial de la explicación para la audiencia. De la renta básica se paga el arriendo, los servicios públicos y algo para llevar como mercado a la casa. Es parte de la economía. Rotar dinero en la rueda de la economía, aumento de compradores y estímulo a la producción. Atender la demanda con una buena oferta. Esto en principio garantiza parcialmente que se pueda bajar los índices de inseguridad y robo callejero, porque de esa manera quien recibe la ayuda social o renta básica no tendría disculpa que lo lleva a la calle a robar. Tampoco asaltarían los negocios y las viviendas en grandes condominios o sectores privilegiados. Les habló Héctor Díaz Revelo