CORRUPCIÓN: LA VIGA EN OJO PROPIO

CORRUPCIÓN: LA VIGA EN OJO PROPIO Por: Héctor Díaz Revelo El poder y la corrupción van de la mano. Colombia sale de un escándalo y entra en otro quizás más vergonzoso, pero, al fin y al cabo, escándalo. Y de allí no pasa. Uno de los hechos que más molesta a la ciudadanía es la tendenciosa manera con que un funcionario del Estado privilegia con un contrato millonario a un amigo, a una amante, a un pariente o a un colega, a un vecino o contemporáneo. Técnicamente se habla de la firma de contratos “sin el cumplimiento de requisitos legales”. Se menciona como delito también la “firma de contratos en favorecimiento de terceros”. Lo cierto es que después de idas y venidas, y en poquísimas excepciones, los tribunales declaran penalmente responsables a esos funcionarios corruptos. Parecen delitos menores que no tienen que ver propiamente con el robo o el peculado. En esta categoría se encuentran primordialmente investigados gobernadores y alcaldes y con ellos algunos gerentes y directores de institutos descentralizados del orden nacional departamental y municipal. Después de las denuncias se descubren relaciones cercanas del contratante y el contratista. Las pruebas serían suficientes para demostrar esa cercanía. Pero, mis amigos, el asunto a investigar no funciona de manera tan simple. En esta siniestra forma de asaltar el erario opera así mismo una serie de empleados del Estado que deberían ser declarados cómplices de quien contrata de forma irregular para robar, enriquecer a terceros y salirse con la suya. Al ver los contratos aparecen en desorden los asesores jurídicos, los integrantes de las oficinas de control interno, los evaluadores, los especialistas en manejo de presupuestos, los expertos en el manejo de regalías, por mencionar algunos pocos. Los tribunales – cosa que parece bien – terminan condenando después de muchos años al ordenador del gasto, al firmante del contrato, pero en mi opinión los jueces se hacen los de la vista gorda con el resto de participantes y cómplices. Ellos y estos últimos cómplices seguramente obligados por la necesidad de mantenerse en sus cargos, también deberían ser castigados de manera ejemplar. Un caso para comentar, repito, que debe avergonzar al sistema judicial colombiano es la condena después de 16 años al exgobernador del putumayo Carlos Alberto Palacios quien habría firmado un contrato “sin cumplimiento de requisitos legales” con la fundación integral para los territorios Funterritorios. Y otro no muy lejano en espera de definición judicial es el llamado “escándalo de los licores” que tiene enredado al exgobernador de Nariño Camilo Romero Galeano y como testigos de cargo de la Fiscalía a Adriana Milena Amaya su exsecretaria de rentas y a su primo André Felipe Arango Romero. Mientras tanto el presunto responsable es hoy embajador en Argentina. Además, Carlos Caicedo actual gobernador del Magdalena ha sido imputado por nuevos cargos de corrupción por la firma de contratos “sin el cumplimiento de requisitos legales”. Él y solo él, el exgobernador, es señalado como presunto responsable, pero sus colaboradores, sus empleados, quienes revisan esos contratos, quienes vigilan desde adentro que se cumpla la ley, no aparecen en las investigaciones. Por eso se dice que la Fiscalía se ha politizado. Que sus decisiones tienen una fuerte carga política y entonces así, ante el ciudadano del común se van normalizando poco a poco estas prácticas delictivas. Lord Acton decía que “el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente”. Ahora mismo hay quienes se frotan las manos por los hechos al margen de la ley denunciados en el círculo cercano del presidente Petro. Si este país aparece entre los cinco países más corruptos del planeta nada eximiría de ese flagelo al actual gobierno, pero eso no justifica el desfile de cercanos a la familia de Petro señalados de haber usufructuado la llegada de su pariente a la Casa de Nariño. Así las cosas, habría que pensar en el rigor con que se investiga estos delitos. Habría que extender la investigación al resto de cómplices para que tengan miedo, temor a ser llevados a la cárcel como se llevarán, en caso de haber justicia, a sus jefes directos. Las redes sociales para explicar lo inexplicable no pueden ser el refugio cobarde de quienes deben responder por hechos de corrupción. Alguien se frota las manos y no mira la viga en ojo propio.