Acciones populares: Valiosa herramienta

Por: Héctor Díaz Revelo. He sido actor popular en varias ocasiones y defiendo como el que más, esta herramienta de LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA desde la aprobación de la Constitución Nacional para la protección de los derechos colectivos. Los dueños de una molinera en el área urbana de Pasto hacían creer que donde habían instalado una báscula para tracto camiones era propiedad privada como quiera que parecía estar instalada en el antejardín. Estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos, así como los vecinos del sector debían bajar a la calle porque la acera "vivía" ocupada por las tractomulas. Interpuse una acción popular en defensa de los derechos colectivos a la libre movilización, la vida, a la seguridad pública y el derecho colectivo al espacio público. La decisión judicial ordenó quitar la báscula de la acera principal de la avenida Champagnat para proteger entro otros derechos colectivos la vida de por lo menos dos mil estudiantes de los colegios de los Maristas, la Inmaculada y la escuela Santo Domingo Sabio. Hice parte también de la acción popular que protegió la vida de por lo menos 15 o 20 mil personas que hubieran asistido al estadio de futbol llamado por el alcalde Pedreros como el Estadio de la Pastusidad. Volví a invocar el sagrado derecho colectivo a la vida y la seguridad ciudadana por considerar que esa obra de inversión millonaria, además de beneficiar a unos inversionistas privados, ponía en riesgo la vida de los aficionados por estar ubicada en zona de riesgo volcánico. Pienso que la necesidad de llevar a cabo acciones populares antes de cada decisión gubernamental podría ralentizar significativamente el proceso de toma de decisiones. Esto podría afectar la eficiencia del gobierno y su capacidad para abordar rápidamente soluciones a problemas urgentes de las comunidades. Si las acciones populares se convierten en el único mecanismo para la toma de decisiones, existe el riesgo de que el gobierno experimente una parálisis debido a la cantidad de solicitudes y demandas. Esto podría dificultar la implementación de políticas y la ejecución de acciones gubernamentales. Se piensa también que la implementación generalizada de acciones populares podría abrumar al sistema judicial, ya que tendría que gestionar un gran volumen de casos. (Tal cual las acciones de tutela). Esto podría llevar a retrasos en los procesos legales y a una carga adicional para los tribunales. Esto le quita liderazgo efectivo al gobierno. La necesidad de obtener aprobación popular para cada decisión podría llevar a un enfoque reactivo en lugar de proactivo en la gobernanza. Entonces en Colombia, las acciones populares permiten a los ciudadanos involucrarse directamente en la protección de derechos colectivos en la toma de decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto. A diferencia de la democracia representativa, donde los ciudadanos eligen representantes para tomar decisiones en su nombre, la democracia participativa busca la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y la defensa de sus derechos. La acción de tutela es otro mecanismo, pero para la defensa de los derechos fundamentales y los derechos individuales. Nota: No comparto que se regrese al sistema de incentivos. Esto podría como he dicho, ralentizar las decisiones del gobierno de turno al no ver la reacción lógica de las comunidades. Es una invitación al valor civil y a la real participación ciudadana en cada acción popular que no puede ser “premiada” con dinero en tratándose del ejercicio legal y legítimo de los derechos colectivos.