La extradición: Simón Trinidad y la soberanía judicial

Defiendo y seguiré defendiendo la idea de que la soberanía judicial es un principio fundamental que debe prevalecer sobre la extradición, favoreciendo que los ciudadanos sean juzgados por el sistema legal de su propio país. Hace 20 años fue extraditado Ricardo Palmera (Simón Trinidad) por delitos que bien pudieron haberse juzgado en territorio patrio. Es esa soberanía judicial la que románticamente Colombia espera de un gobierno progresista, alternativo, decente, variopinto, de izquierda, o como hubiera querido Gustavo Petro llamar al suyo, gobierno que terminará en un poco más de dos años. Del caracterizado miembro de las FARC-EP ni asomo de que sea devuelto a Colombia. Es lo mismo que muchos electores esperaban de Petro que de una buena vez acabe con las bases militares que atentan con la soberanía territorial que son una forma velada de intervención del gobierno de los Estado Unidos. Cosas de la soberanía señor presidente: soberanía judicial y territorial entre otras. La soberanía judicial entonces, se erige como uno de los pilares esenciales para garantizar la justicia y la equidad en la aplicación de la ley. La capacidad de un país para juzgar y castigar a sus propios ciudadanos implica un compromiso del gobierno actual con la autonomía y la independencia de su sistema judicial. A lo largo de los años cerca de medio millar de colombianos han sido extraditados a los Estado Unidos de América. Es la independencia judicial y la soberanía que se pierde cuando todo indica que son nuestros compatriotas quienes van a parar a las mazmorras del país del norte y no hay, por decir lo menos, reciprocidad alguna. Que si hay convenio con EE UU es lo de menos. Que si hay un tratado es lo de menos. Lo que importa en el fondo es que Gustavo Petro el presidente, ni siquiera ha respondido a esas aspiraciones “románticas” de quienes votaron por él con la esperanza de vivir lo que han dado en llamar, el cambio. No cuaja la justificación de enviar a otro país a un colombiano por el despelote de la justicia ni mucho menos por la evidente politización de la justicia y tampoco por la corrupción y la invasión de poderes entre sí. Eso no es válido en mi opinión y no justifica que el cambio anunciado ni siquiera se haya dado en este campo de la equidad en la aplicación de la ley. “Cuando un individuo enfrenta acusaciones penales, es crucial que sea sometido al escrutinio de sus compatriotas, que comparten una comprensión más profunda de su contexto cultural, social y legal”, dicen los que saben y comparto plenamente su opinión. Y, si se trata del delito de rebelión (derecho ciudadano) como en el caso de Simón, mucho más. En el escenario de la extradición, existe el riesgo de que un ciudadano sea juzgado en un entorno que no comparte sus valores fundamentales ni comprende plenamente las complejidades de su situación. La extradición, al trasladar a una persona a un sistema legal extranjero, puede dar lugar a malentendidos culturales, barreras idiomáticas y diferencias en la interpretación de la ley. Estos factores pueden afectar la imparcialidad y la equidad del proceso judicial, poniendo en peligro la integridad del juicio y la confianza en el sistema legal. Además, la confianza en el sistema judicial es esencial para el funcionamiento efectivo de una sociedad. Los ciudadanos deben sentir que el sistema legal es capaz de administrar justicia de manera imparcial y objetiva. La extradición puede socavar esta confianza al sugerir que el país de origen no confía en su propio sistema judicial para juzgar a sus ciudadanos de manera justa y adecuada. Al fomentar la idea de que un sistema extranjero es más competente o justo, se mina la autoridad y credibilidad del sistema legal colombiano. No obstante, defender la soberanía judicial no implica ignorar la responsabilidad de un individuo ante la justicia. Debe garantizarse que el sistema legal del país de origen esté preparado para llevar a cabo juicios justos y equitativos. La mejora de los estándares legales y la transparencia en los procedimientos judiciales son imperativos para fortalecer la soberanía judicial y aumentar la confianza en nuestro sistema legal. En conclusión, abogar por la soberanía judicial sobre la extradición es un llamado a preservar la integridad y la autonomía de los sistemas legales nacionales. La confianza en la justicia se construye cuando los ciudadanos son juzgados por sus pares, aquellos que comprenden su contexto y comparten sus valores. La extradición, señor presidente, aunque puede parecer una solución rápida, amenaza con socavar la confianza en el sistema judicial y debilitar la esencia misma de la justicia. Esto que digo no me hace petrista ni antipetrista. ¿Señor presidente cree que todavía hay tiempo para recabar sobre estos asuntos de soberanía?