Robo en el PAE: Subcultura de la impunidad.

Por Héctor Díaz Revelo. Mientras que el robo de una gallina resulta de la forma casi brutal e implacable de la ley, los actos de corrupción a gran escala a menudo se encuentran con una respuesta mucho menos contundente. El robo de los bienes del Estado, es decir de los bienes de todos, no van más allá de los titulares de prensa. Esta disparidad en el tratamiento de los delitos según sus autores y según su magnitud, es una manifestación de la presencia innegable de una subcultura de impunidad que desafía los principios mismos de la justicia y la igualdad ante la ley. Uno de los aspectos más preocupantes de esta corrupción es la impunidad que rodea a los grandes robos al Estado. Un departamento como Nariño ahora mismo sumido en el atraso y en la crisis política resultado de malos gobiernos y del conflicto social y armado, es noticia para los grandes medios cuando sus corresponsales se ensañan con unas mujeres que sustrajeron artículos del programa PAE en el colegio Sucre de Ipiales. Esa es la noticia y punto, diría el jefe de corresponsales de televisión. La corrupción en los despachos oficiales ha infiltrado las estructuras del gobierno y las élites empresariales, creando una red de complicidades que protege a los culpables. Por eso los robos a pequeña escala son noticia para distraer y hacer notar que se persigue el delito y a los delincuentes. La corrupción socava la independencia del sistema judicial, debilitando su capacidad para actuar como un contrapeso efectivo contra los abusos de poder. La influencia indebida sobre jueces y fiscales, así como la falta de recursos y capacitación adecuados, obstaculizan los esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia. O no les conviene o hacen notar que no les conviene. Sus cargos están en juego. No hay que generalizar se dice con boca llena y es verdad. En la sociedad contemporánea, la corrupción se ha convertido en un flagelo omnipresente que mina la confianza en las instituciones y socava los cimientos mismos de la democracia. Uno de los aspectos más preocupantes de esta corrupción es la impunidad que rodea a los grandes ladrones de cuello balnco. La historia y los hechos recientes nos muestran que existe en este país una connivencia entre los perpetradores de estos actos y sectores del poder político y económico. La corrupción ha infiltrado las estructuras de gobierno y las élites empresariales, creando una red de complicidades que protege a los culpables y dificulta la persecución de los delitos. El cuento de que todo lo público es malo y suceptible de robo ha seducido al sector privado a patrocinar, inclusive, a contiunuar con estas prácticas infames. Por lo general la falta de transparencia y rendición de cuentas en muchos sistemas políticos facilita la ocultación de los actos de corrupción. La opacidad en la gestión de los recursos públicos proporciona un entorno propicio para la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito, mientras que la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión y control permite que estos abusos pasen desapercibidos durante largos períodos de tiempo. La impunidad de los grandes robos al Estado tiene consecuencias devastadoras para la sociedad en su conjunto. En primer lugar, mina la confianza en las instituciones democráticas y socava la legitimidad del Estado. Cuando los ciudadanos perciben que los poderosos pueden eludir las consecuencias de sus acciones, se socava el imperio de la ley y se fomenta el cinismo y la desafección política. La impunidad alimenta un ciclo de corrupción y malversación que perpetúa la pobreza y la desigualdad. Los recursos que deberían destinarse al bien común, como la educación, la salud y la infraestructura, son desviados hacia bolsillos privados en detrimento del interés público. Esto crea un círculo vicioso en el que la falta de inversión en el desarrollo socioeconómico perpetúa la marginalización y la exclusión de amplios sectores de la población. Cuando las élites políticas y económicas operan al margen de la ley sin consecuencias, se erosiona la igualdad ante la ley y se debilitan los mecanismos de control y contrapeso que son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática. Abordar la impunidad de los grandes robos al Estado requiere un enfoque integral que combine medidas legales, institucionales y culturales. Una asamblea nacional constituyente, por ejemplo. Es necesario fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la independencia y eficacia del sistema judicial. Esto incluye la implementación de reformas que mejoren la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, así como el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control. La consigna debe ser informar y a la ciudadanía sobre los costos sociales y económicos de la corrupción, así como promover valores de honestidad y servicio público en todos los niveles de la sociedad. La impunidad de los grandes robos al Estado no es solo un problema jurídico o político, sino también moral. Requiere un compromiso colectivo para desafiar la cultura de la impunidad y afirmar los valores de justicia, igualdad y respeto por el bien común. Repito: La corrupción ha infiltrado las estructuras de gobierno y las élites empresariales, creando una red de complicidades que protege a los culpables y dificulta la persecución de los delitos. Cuando la ciudadanía ve y percibe que los poderosos pueden eludir las consecuencias de sus acciones, se socava el imperio de la ley y se fomenta el cinismo y la desafección política. En esto, los medios de comunicación no son la excepción. En mi cuenta de X, admito que, con indignación, escribí: Ver cómo periodistas y locutores se ensañan contra las manipuladoras pilladas llevándose artículos del PAE es definitivamente REPUGNANTE. Son los mismos periodistas que han callado el saqueo de las arcas del municipio de Ipiales y del departamento a manos de politiqueros corruptos que en su mayoría los financian. Da asco ver ese modo de periodismo criollo y parroquial. Ya los veré y los escucharé a los periodistas y perifoneadores cuando José Amílcar, el alcalde de Ipiales, dé a conocer, como lo ha prometido, los cientos de "hallazgos" de lo dejado por Romero, y la pareja Villota y Estupiñán en sus gobiernos. No hay delitos de hambre. Sustraerse esos productos por parte de esas sufridas y explotadas, mal pagadas madres de familia, es el resultado de prácticas heredadas frente a lo que significa LO PÚBLICO. Algunos no quieren desaprovechar "su cuarto de hora" cuando se trata de apropiarse de LO PÚBLICO. Como lo público no es de nadie... como los ladrones de cuello blanco saquean el erario a borbotones, la gente necesitada acude en menor proporción por lo que considera también, lo suyo. Impunidad, cuánto convienes para que todo siga igual.