EL INFAME RACISMO EN COLOMBIA.
La tercera parte de la población discriminada y despojada de sus tierras. Lucha contra las drogas esconde la violación de Derechos Humanos, presencia paramilitar y los megaproyectos agroindustriales.
En Colombia y por desgracia, aunque no resulta extraño para nadie, al igual que en otros países, la esclavitud perdura y se manifiesta en comunidades que están marginalizadas tanto en lo económico como en lo social, enfrentándo a la vez actitudes racistas y discriminación estructural.
Han quedado en el papel las buenas intenciones, y tampoco extraña a nadie, las disposiciones en la constitución, la legislación y sus políticas para atender ciertos aspectos de las disparidades en este pais. Las minorias raciales, de género y étnicas, ven con horror que el legado de la esclavitud sigue teniendo un profundo impacto en sus vidas.
Además, las comunidades Afrocolombianas se enfrentan a retos emergentes. Entre ellos, la violencia en manos de grupos paramilitares y la lucha en curso por sus tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el impacto de la agroindustria, los intereses madereros y mineros y los “megaproyectos” destinados al desarrollo económico y a la explotación de los recursos humanos. (Ver www.rpasur.com Palma aceitera, el negocio de la muerte).
Algunas comunidades libran una lucha diaria para sobrevivir, al estar desplazadas de sus tierras y obligadas a vivir en condiciones de extrema vulnerabilidad e inseguridad, sin colmar sus necesidades básicas, incluyendo la vivienda adecuada, el agua y la electricidad, la salud y la educación de sus hijos.
La situación de muchas comunidades afrocolombianas tanto en zonas rurales como el Chocó y en los entornos urbanos a los que a menudo se ven obligados a desplazarse en municipios como Quibdó, Suárez, Buenaventura, Tumaco,Iscuandé, El Charco, Cartagena, Popayan y Cali, ha sido calificada como gravísima en un documento de las Naciones Unidas. (www.rpasur.com Iscuandé. Desplazamiento y muerte).
Los asentamientos Afrocolombianos, en las zonas rurales y los tugurios de las ciudades solo pueden equipararse a los resguardos indígenas en cuanto a pueblos más pobres de Colombia, con tasas de extrema pobreza de más de 60 por ciento.
En Colombia, coincide el mapa de la extrema pobreza con el mapa que indica la alta densidad demográfica afrocolombiana. Según las encuestas, no se colman las necesidades básicas del 80% de las comunidaees negras. Las tasas de mortalidad infantil en Chocó y en Cauca son de 54 por cada 1000 nacimientos vivos. La esperanza de vida en las regiones Afrocolombianas es de 55 años de edad. Se estima que las tasas de analfabetismo de los afrocolombianos son el doble que el promedio nacional.
Las respuestas del Gobierno Nacional y sus campañas mediáticas están orientadas a ignorar el problema y a extenderlo en el tiempo, sumiendo a las negritudes de los cuatro departamentos del pacífico en la pobreza, con las necesidades básicas insatisfechas.
Mientras las comunidades afrocolombianas, según las cifras oficiales, representan aproximadamente el 10,62 (4,311,757 de personas) por ciento de la población según el censo de 2005, la Defensoría del Pueblo quizás con más credibilidad, considera que la cifra se acerca más bien al 25%, es decir, 10,5 millones de personas.
Tanto fuentes del Gobierno como de las comunidades coinciden en que el censo no logró captar el panorama completo tanto demográfico como socioeconómico de la población afrocolombiana. Además, casi no hay desglose alguno de los datos socioeconómicos por raza, con lo cual las políticas gubernamentales dedicadas a sus necesidades no están logrando las mejoras deseadas a su situación.
La investigadora Fay MacDougall de las Naciones Unidas, dice que en este contexto de las comunidades Afrocolombianas es clave la Ley 70 de 1993 en la cual se reconoce el derecho de los colombianos negros a poseer y ocupar colectivamente sus tierras ancestrales. La Ley 70 garantiza el derecho a la propiedad colectiva para las comunidades negras, como también plasma la protección de sus prácticas culturales y su uso tradicional de los recursos naturales, y también el desarrollo económico y social de sus comunidades.
Según la Ley 70, estás tierras han de ser inalienables e imprescriptibles. La Ley 70 también refuerza los derechos a la educación, a la salud y a la participación política.
Agrega que ‘’aunque el Gobierno ha adoptado una posición política según la cual ya no hay conflicto armado y que los grupos paramilitares dicen que se han desmovilizado, en muchas comunidades rurales negras que yo visité he escuchado relatos conmovedores y creíbles de asesinatos, y amenazas contra los líderes comunitarios. Comunidades enteras se ven obligadas a huir de sus tierras y dejar todas sus posesiones detrás de sí para buscar mayor seguridad en las ciudades, para las cuales están poco preparadas pues no saben manejarse en un entorno urbano’’.
Según el Gobierno, la violencia ha disminuido, pero las comunidades confirman que las matanzas y las atrocidades son noticia del día, muchos hablaron de un escalamiento en el asesinato de líderes comunitarios de manera selectiva, con lista en mano, como lo ha hecho el gobierno de Uribe y sus muchachos en los últimos años.
El mensaje que transmitieron muchas de las comunidades visitadas es que aunque quizás hayan cambiado los nombres, uniformes o tácticas de los grupos paramilitares, la violencia perdura en forma de asesinatos selectivos, desapariciones, intimidación, desplazamiento continuo y confinamiento.
Ese oprobioso racismo, esa infame discriminación y el numeroso desplazamiento, hacen parte de las causas objetivas para que un pueblo en armas reclame autodetermianción y haya entrado en la fase final del proceso de liberación nacional iniciado hace más de 50 años.
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