¡¡De cómo un Pene Sí mueve al alcalde, y las cebras que pinta un concejal No!!

Por Héctor Díaz Revelo Esta es una historia entre el escándalo eficaz y el esfuerzo visible que para un alcalde se ha vuelto invisible. Mientras en Málaga, España, un hueco peligroso se tapó en menos de dos horas gracias a un pene pintado con pintura roja a su alrededor por el ciudadano Vicky Navarro; en Ipiales, un pueblo en la frontera colombo ecuatoriana, un joven concejal pinta cebras peatonales y reductores de velocidad con sus propias manos ante la mirada impasible de un alcalde que parece vivir en otra realidad. Son dos actos de ciudadanía que superan la moralidad (caso del dibujo del pene) y la decisión del concejal Jaime Revelo de invitar a que los empleados de la alcaldía de Ipiales en el departamento de Nariño trabajen, dejen la pereza e indiferencia en favor de peatones y conductores. Son dos resultados radicalmente opuestos. Esta divergencia no es anecdótica; es el síntoma de una enfermedad profunda: la normalización de la incompetencia y la peligrosa indiferencia de una comunidad que, aunque aplaude, no exige. La anécdota del joven del Malagueño es reveladora. Un ciudadano, cansado de que su queja formal fuera ignorada, recurrió a la herramienta más efectiva a su alcance: la vergüenza pública, la doble moral del gobierno. Pintar un símbolo sexual gigante alrededor del hueco (socavón le dicen en España) no fue un acto de travesura infantil, sino una estrategia de comunicación brillante, sin ninguna duda. Para el alcalde, el “pene” transformó un problema aparentemente “invisible” en un foco de atención imposible de obviar. El ayuntamiento actuó inmediatamente, no por eficiencia, sino para evitar el bochorno. En este primer ejemplo hay un mensaje claro: ante una administración sorda. A veces hay que gritar con el código que sí entiende: el del escándalo mediático y público. Para completar este hombre será sancionado en pocos días por no pedir permiso y escandalizar a la gente. El caso de Jaime Revelo, concejal de Ipiales en ejercicio, se trata de una suerte de “heroísmo” al que nadie debería tener que acudir para que los burócratas cumplan con su trabajo. El concejal, al ver la negligencia de su alcalde (cuyo mandato está incluso en entredicho por un proceso de revocatoria), decidió no esperar. Armado con pintura donada por los comerciantes, se ha dedicado a suplir las carencias más básicas de su municipio: señalizar pasos peatonales y reductores de velocidad para proteger a niños, enfermos y ancianos. Es un acto de verdadero liderazgo. Sin embargo, hay una tragedia detrás de esta “heroicidad” del concejal Ipialeño: su acción no ha provocado como era de esperar un cambio sistémico, sino pintando la incompetencia de quienes tienen la obligación de actuar. Lo más grave: el alcalde no se inmuta. Deja que el concejal pinte y pinte, convirtiendo un acto de rebeldía cívica en un síntoma de la descomposición del poder local. Voy al fondo del problema. La comunidad aplaude al concejal, le agradece su labor, pero ¿dónde está la presión colectiva sobre el alcalde? La indiferencia ciudadana es el oxígeno que alimenta la irresponsabilidad de los malos gobernantes. Mientras la gente se limite a observar y aplaudir el esfuerzo de un hombre, sin organizarse para exigir nada, el alcalde puede permitirse el lujo de no hacer nada. Su cálculo es simple: "Si el concejal quiere hacer mi trabajo, que lo haga. La gente está contenta y a mí no me exigen" parece decir como prueba de su ineptitud. Estos dos casos nos dejan una pregunta incómoda: ¿tenemos que llegar al extremo de pintar penes en las calles para que nos escuchen? ¿O pintar cebras y reductores de velocidad con pintura no oficial? La respuesta debería ser no. Recomendaciones al margen: No basta con quejarse en la tienda. Fotografíen los huecos, las cebras borradas, la falta de señalización. Etiqueten a la alcaldía en redes sociales. Conviertan la negligencia en un tema viral de vergüenza pública. Ante la ceguera del alcalde Amílcar Pantoja de Ipiales ¿Por qué no organizar una "Jornada Cívica de Señalización" masiva? Que no sea solo el concejal, sino cientos de ciudadanos los que salgan a pintar. Eso ya no es un gesto, es una protesta visual poderosa. La valentía del concejal es admirable, pero no puede ser la solución. La solución real empieza cuando la comunidad decida que el aplauso se convertirá en exigencia. El despropósito no es solo el hueco en la calle; la verdadera trampa es la indiferencia que nos convierte en cómplices silenciosos de la mala gestión.

“Silenciados” el cura Arango y el sargento Chala. FFMM en la mira.

Por Héctor Díaz Revelo Fuertes las denuncias del sargento Chala y no menos fuertes los comentarios del cura Arango frente a lo que ocurre al interior del ministerio de defensa y las fuerzas militares, más allá de las supuestas “retenciones” de soldados a lo largo de la geografía nacional. Silencio de Acore y del ministro. Escándalo por la compra de helicópteros rusos, por ejemplo. Esas denuncias que el gobierno Petro podría decir que son dificultades usuales en las filas, merecen para él un silencio inicial. Podría vender ese silencio incomprensible, como "prudencia", para más lueguito en plena campaña electoral, salir a decir que el presidente progresista "sacó la casta" y limpió la casa, pidiendo un segundo mandato para profundizar esa "purga" en la cúpula y en las filas en 2026. No es raro que la derecha criminal utilice estos silencios para atacar al gobierno con contradictorios pero efectivos comentarios si se tiene en cuenta lo publicado hasta hoy por los grandes medios corporativos de comunicación. Dirán los opositores que Petro ha traicionado principios democráticos al pactar con los "poderes oscuros" que juraba combatir. Usarán el silencio del gobierno como prueba de su complicidad o su debilidad. Pero sobre las denuncias del cura y el sargento, ni una palabra. Dirá, también esa derecha clientelista y oprobiosa, que el gobierno está tan ocupado en sus contradicciones internas y en manejar crisis de corrupción en la Fuerza Pública y en el gobierno central, que ha descuidado la seguridad ciudadana, un tema sensible para el votante. Responder públicamente al cura Arango o al sargento Chala agudizaría, en mi opinión, el perfil de las acusaciones, dándoles más relevancia de la que tendrían si hubieran sido publicadas de otro modo. Responderles al cura y al sargento, podría llevar a que se descubran más pruebas o se abran investigaciones formales que prefieren evitar. Lo cierto es que lo dicho por Arango y Chala expone al escrutinio público y al debate a los militares y retirados, un terreno donde un exmilitar o un militar activo puede sentirse incómodo. Su mejor estrategia es desgastar las denuncias por inanición mediática y desprestigio informal en los pasillos de palacio y en los cuarteles. Dirían que son calumnias de un sacerdote alarmista o de un sargento resentido. Que el ministro de defensa no sea un civil es el reconocimiento tácito de que ningún proyecto de seguridad, incluso el más reformista, el más petrista, puede avanzar sin el aval de la cúpula militar. Lo advertí en pasada columna sobre la “bota militar”. Las críticas del cura Arango destapan la realidad de un poder paralelo y no electo (ACORE) que sigue ejerciendo una influencia decisiva; y el silencio sobre lo dicho por el Sargento Chala, revela los límites de la libertad de expresión y la transparencia cuando se trata de cuestionar a la institución militar desde dentro. Las denuncias del sargento Édgar Giovanny Chala, difundidas principalmente a través de redes sociales y medios alternativos, han encontrado un muro de silencio en la prensa tradicional. El sargento Chala ha expuesto presuntas irregularidades internas, cuestionando el manejo de recursos, las condiciones de la tropa y ciertas operaciones. Su caso es prueba de la dificultad de las voces disidentes dentro de la Fuerza Pública para encontrar eco en los canales oficiales de comunicación, lo que los lleva a buscar altavoces en la esfera digital (redes sociales), siendo desacreditados o simplemente ignorados en la práctica. La denuncia del cura Ramiro Arango apunta que ACORE, que agrupa a oficiales es un “lobby” de enorme influencia. Sus miembros tienen conexiones profundas en la política, la economía y los medios. Arango les señala de obstaculizar los procesos de paz, presionar para mantener un statu quo belicista y operar como un grupo de interés que pone sus agendas por encima del bien común. Ésta en pocas líneas, es la evidencia de los límites del debate público y los temas que son incómodos para el establecimiento y los dueños del poder político-mediático, sin importar su color ideológico. El silencio contra el cura y el sargento tendrá más adelante otras columnas de opinión.

¿Magnicidio? Oportunismo ramplón.

Por: Héctor Díaz Revelo Decir que el asesinato de Miguel Uribe es un magnicidio quizás sea una exageración o parte del oportunismo político de una derecha criminal que nunca ha reaccionado frente a las masacres de que ha sido víctima el pueblo colombiano. Ver a los uribistas y a Miguel Uribe Turbay en las pantallas de televisión brincando de felicidad por la caída de la reforma laboral en el congreso de la república, hundida por la bancada del centro democrático es poco menos que una afrenta contra las víctimas del terrorismo de Estado. Ver a Miguel Uribe festejando el “hundimiento” de cada propuesta de la reformitis de Gustavo Petro en el congreso de la república es poco menos que una infamia si se tiene en cuenta que tal o cual propuesta apenas se hubiera convertido en la aspirina de la enfermedad colombiana de la desigualdad y el paramilitarismo. Poner el asesinato de Miguel Uribe como un magnicidio a la altura de Jorge Eliecer Gaitán (1948) con la ola de sangre que prosiguió al macabro acontecimiento es un oportunismo ramplón de la derecha. Pensar que el magnicidio de Jaime Pardo Leal (1987), el gran luchador y miembro del partido comunista colombiano puede ser comparado con lo que ha ocurrido con Miguel Uribe Turbay es una suerte de cinismo e hipocresía de quienes ostentan el poder en este país. El terrorismo de Estado y el narcotráfico ha segado la vida de dirigentes como Luis Carlos Galán (1987), y es lo mismo que el asesinato de Bernardo Jaramillo miembro de la Unión Patriótica (1990) uno más entre los cuatro mil integrantes de ese movimiento político magistralmente mostrado en el documental El Baile Rojo. Magnicidios aún en la impunidad. Decir que se trata de un magnicidio el de Miguel Uribe defensor de la mal llamada “seguridad democrática” de su jefe político Álvaro Uribe es atentar con la memoria colectiva que no puede ni debe olvidar de los 6402 homicidios extra judiciales conocidos como los falsos positivos. Las madres de los jóvenes acribillados en las comunas de Medellín en ejecución de la operación Orión sufren el dolor y la desesperanza de lo que significa enterrar a sus hijos. Afirmar que Colombia vive el duelo por la muerte de Miguel Uribe es algo que a nadie le cabe duda, pero hablar de un magnicidio a la altura de lo ocurrido con Carlos Pizarro (1990), con Manuel Cepeda Vargas (1994) o del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado (1995), es poco menos que ambientar procesos políticos venideros en donde se unirán detentadores del poder, medios corporativos de comunicación y la reserva activa de las fuerzas armadas. Dicho esto a grosso modo, en tanto el país se mueve en medio de las más oscuras fuerzas de eliminación física, amedrentamiento, amenazas, desplazamientos y asesinatos selectivos, urge la presencia de organizaciones de observación política internacional, de los defensores de los derechos y de la academia. Porque como dijo juan pueblo: Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero el oportunismo ramplón debe ser censurado ahora y siempre.

De California a Colombia. Juventud excluida y explotada.

De California a Colombia. Juventud excluida y explotada. Por Héctor Díaz Revelo Calificados como insurrectos y agitadores profesionales miles de latinoamericanos, mexicanos en mayoría, han sido objeto de la más criminal persecución y constreñimiento por parte del inquilino de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Fuerzas combinadas de paramilitares y parapoliciales con algunos renegados de la lucha guerrillera casi centenaria en Colombia han atacado en casi treinta ocasiones a la comunidad civil de varios municipios de los departamentos del Valle y Cauca. A su juventud específicamente. Qué tienen estos dos hechos en común, se preguntarán los lectores y tienen razón. Pues en ambos casos, sin determinar sin son daños colaterales a la arremetida brutal y estratégica que bordea los ítems consagrados en los códigos penales, en los Estados Unidos se esconde las secuelas del capitalismo salvaje y en Colombia, saca las garras la siniestra derecha que de verdad ostenta el poder. Es limpieza social. Es terrorismo de Estado. Hay un comportamiento hipócrita de Estados Unidos y ciertos países europeos, que condenan la migración irregular - no ilegal – como una fuerza laboral desechable, sin derechos, que abarata costos en agricultura, construcción, servicios y manufactura. Por acá se niega a la juventud sus derechos y oportunidades y lo peor, se los mata o se les enseña a matar obligándolos a prestar servicio militar. Luego los usan como mercenarios. EE.UU. depende de varios millones de migrantes indocumentados, vitales para su economía, pero los criminaliza para mantenerlos en vulnerabilidad y eso lo hace arrogante ante las víctimas. Colombia al romper el proceso de crecimiento a jóvenes bachilleres de 15 o 16 les enseña a matar porque no otra cosa aprenden en los cuarteles del ejército y la policía. Los campesinos sin escuela a los 18 años. Al salir se dan cuenta de su mundo es real: sin oportunidades, sin cupos en la universidad, sin acceso al crédito y con trabajos precarios. Del pensamiento crítico, ni de lejos. A unos no les gusta que recuerde que los acuerdos de libre comercio destruyen economías locales en países empobrecidos y saqueados, expulsando mano de obra hacia el Norte o empujando sus jóvenes a organizaciones armadas legales o ilegales. Los dos modelos, a la larga el mismo, han construido su riqueza legal e ilegal históricamente sobre la explotación de mano de obra barata, primero mediante la esclavitud y luego con sistemas neocoloniales y las mafias internacionales. Sin duda es el legado colonial y el impúdico imperialismo económico. Lo cierto es que se exigen estándares laborales "éticos" en productos importados, pero se ignora la explotación interna de migrantes irregulares. Más cierto es que como en el caso de Colombia, muchos reclaman condenas ejemplarizantes a jóvenes delincuentes escondiendo las causas objetivas de la desigualdad y del conflicto social y armado. Hay una suerte de racismo estructural donde la criminalización del migrante sirve para justificar su exclusión de derechos laborales y sociales. Es el capitalismo racializado, donde la irregularidad legal permite salarios de hambre y con jornadas abusivas. En Colombia los recargos y extras fueron una realidad hasta que llego la derecha criminal al comenzar este siglo. Mientras se sanciona a Venezuela o Cuba por supuestas "violaciones de DDHH", se ignoran las redadas que hace la “migra” en el país del tío Sam o las incontables muertes en el Mediterráneo. Mientras eso pasa, en nuestra atribulada Colombia se arremete a bala en regiones marginadas a través de una selectividad moral que, como lo sabemos, responde a intereses, no a principios. Llegan los criminales a las regiones como pedro por su casa en la macabra connivencia con la fuerza pública. Este doble discurso no es un error, sino una herramienta del capitalismo global: migrantes irregulares son el ejército laboral reserva del siglo XXI, sin derechos pero indispensables. En Colombia: la estigmatización para regiones empobrecidas como respuesta a arcaicos y excluyentes sistemas económicos y políticos. La juventud asesinada en plena primavera.

El agua, una deuda histórica con Ipiales

El agua, una deuda histórica con Ipiales Por Héctor Díaz Revelo El agua, ese recurso esencial para la vida, fue durante décadas un símbolo de desarrollo y visión de futuro. El 24 de agosto de 1991, se marcó un hito con la inauguración de la nueva planta física de Empoobando, luego de la liquidación de la Empresa de Obras Sanitarias de Nariño, EMPONAR S.A. En aquel entonces, Ipiales era un pueblo de aproximadamente 80.411 habitantes, y la planta tenía la capacidad suficiente para abastecer con eficiencia a la comunidad. Esta obra no fue simplemente infraestructura: fue una apuesta responsable por el bienestar, la salud pública y el crecimiento de nuestra ciudad. Un logro del gobierno municipal de la época que entendió la importancia de planificar con visión y atender una necesidad vital con seriedad y compromiso. Sin embargo, ese legado ha sido abandonado sistemáticamente por las administraciones que le sucedieron. A medida que Ipiales crecía —llegando a tener más de 170.000 habitantes en la actualidad—, la planta de tratamiento siguió siendo la misma. Nunca se amplió, nunca se modernizó. Por más de 30 años, los diferentes gobiernos municipales fueron indiferentes ante la urgencia de asegurar agua potable para todos. Lo más grave no es solo la omisión, sino el uso irresponsable y repetido del tema del agua como promesa de campaña. Gobiernos que llegaron prometiendo soluciones, como la construcción de una nueva planta de tratamiento, terminaron convirtiendo una necesidad crítica en una estrategia de manipulación política. Proyectos que nunca llegaron, discursos vacíos, obras inconclusas y beneficios personales fueron la constante. La historia reciente de Ipiales ha estado marcada por improvisaciones, negligencia y desprecio por las verdaderas demandas de la comunidad. El caso del agua es, sin duda, el reflejo más doloroso de esta irresponsabilidad. Hoy, la ciudad sufre las consecuencias: una infraestructura obsoleta, racionamientos constantes, y una población que vive en zozobra por la falta de un servicio básico. Las administraciones de Jonás Ricardo Romero 2016-19 y de Luis Fernando Villota 2020-23 le dieron tan poca importancia al suministro de agua de calidad y cantidad adecuada que terminaron por parecerse. La primera posando de izquierda y la segunda de liberal tradicional no salieron con nada. Al contrario, en ambas alcaldías los sufridos Ipialeños parecen haberse acostumbrados a hervir el agua, a comprar agua embotellada y como ahora, a mendigar unas gotas que les tiran desde los carrotanques. Jonás Ricardo no salió bien librado del problema que mal recuerdan esas comunidades. Luis Fernando, entre tanto, por intereses que se investigan ahora mismo, en el otoño de su administración contrató a las carreras y de cualquier manera la construcción de otra planta de tratamiento de agua, inconclusa y al parecer inservible a futuro, a un costo de más de 33 mil millones de pesos. Y hoy siguen tomando agua sucia y con graves secuelas en la salud gastrointestinal de los fronterizos y abnegados Ipialitas. Ipiales tiene sed, no solo de agua, sino también de honestidad, de liderazgo auténtico y de voluntad política. Quienes han gobernado en estas últimas tres décadas no pueden ocultar su culpa. Tuvieron el poder y la oportunidad de cambiar el rumbo. No lo hicieron. Hoy, más que nunca, la ciudadanía está despierta. Ya no olvida, ya no acepta excusas. El agua debe volver a ser una prioridad, como lo fue para aquellos que sí pensaron en el bien común. El tiempo de las mentiras terminó. Que este testimonio sirva como memoria y como exigencia: Ipiales merece respeto, merece agua, merece verdad sobre todo.

Colombia ha marchado por las reformas y la consulta popular.

En un país acostumbrado a que el poder se concentre en unas pocas manos, la imagen de miles de personas en las calles pidiendo reformas es una señal de que el cambio sigue siendo una aspiración viva en el pueblo colombiano.Algunos todavía creen que quienes marcharon recibieron de a millón de pesos o por lentejas, pero el hecho es significativo. Las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro el 19 de marzo de 2024 se pueden entender dentro de un contexto político y social cargado de expectativas, tensiones y disputas por el modelo de país que se quiere construir. Un poco tarde quizá pero si pasa la consulta popular, otro violín puede sonar en el tejado de los colombiano. Desde su llegada al poder en 2022, Petro ha intentado implementar una agenda de reformas profundas en salud, trabajo y pensiones, buscando cambiar estructuras que, según su visión, han perpetuado desigualdades en Colombia. Sin embargo, estas reformas han encontrado una fuerte oposición en el Congreso, en los gremios económicos y en los grandes medios de comunicación, que históricamente han respaldado el statu quo. La cobertura de los grandes medios de comunicación en Colombia ha sido mayoritariamente crítica con el gobierno de Petro. En el caso de las marchas, medios como Blu radio, Caracol, RCN y la revista Semana minimizaron su impacto y anticiparon su fracaso. Sin embargo, las imágenes en redes sociales mostraron lo contrario: calles llenas en Bogotá, Medellín, Cali, Pasto, Popayán y otras ciudades especialmente en los departametnos del suroccidente del país. Para muchos sectores populares, esta desconexión mediática es una prueba más de que los medios tradicionales responden a intereses empresariales y políticos contrarios al cambio. Las reformas impulsadas por Petro han sido objeto de debate, pero muchas comunidades las ven como necesarias. Entre los puntos clave que han generado apoyo están: Reforma a la salud: busca reducir el papel de las EPS en la administración de recursos públicos, apostando por un modelo más estatal y preventivo. Reforma laboral: busca fortalecer los derechos de los trabajadores, reducir la tercerización y mejorar las condiciones de empleo. Reforma pensional: propone un sistema más solidario donde el Estado tenga un mayor rol en garantizar pensiones dignas. Estas reformas han sido defendidas por sindicatos, movimientos sociales y ciudadanos que ven en ellas una oportunidad para reducir las desigualdades históricas en el país. Uno de los factores más llamativos de las marchas fue la participación masiva y espontánea de ciudadanos que, sin pertenecer a partidos políticos o sindicatos, salieron a apoyar el cambio. Esto refleja que, a pesar de las dificultades del gobierno, sigue habiendo una base social que cree en el proyecto de Petro y está dispuesta a defenderlo en las calles. Como hasta ahora, la respuesta de los sectores de poder ha sido de deslegitimación y confrontación. La oposición ha insistido en que las reformas son inviables, mientras que los empresarios han alertado sobre posibles impactos negativos en la economía. En este escenario, la movilización se ha convertido en un termómetro del pulso político entre un gobierno que busca transformar estructuras y una élite que resiste los cambios.

La siniestra “bota militar”

La siniestra “bota militar” Por Héctor Díaz Revelo La vieja consigna contra el gobierno colombiano de “hambre, miseria y represión” sumada al gran grito popular y estudiantil de “abajo la bota militar” ha sido y sigue siendo el rechazo y condena a las arbitrariedades y abusos de la fuerza pública en contra de civiles desarmados. Debido a permanentes y ruidosas protestas y manifestaciones de la gente en la calle, los dueños del poder y las elites gobernantes optaron por maquillar el descontento popular con el nombramiento de civiles como ministros de defensa. Irónicamente bajo ministros de defensa civiles (no militares o exmilitares) la realidad de estas acciones contra miembros de organizaciones sociales y políticas ha mostrado en toda su crueldad y sevicia, la siniestra estrategia de su eliminación física a manos de agentes del Estado. Miembros de la fuerza pública en connivencia con hordas paramilitares y parapoliciales son responsables del genocidio de la Unión Patriótica; de los asesinatos de jóvenes civiles desarmados conocidos como los 6402 falsos positivos; los engañados de Soacha que aparecieron como falsos guerrilleros en departamentos como Santander y Arauca; y la “limpieza social” en barrios populares como las comunas de Medellín y Cali, repito son la siniestra estrategia montada desde la casa de Nariño. Entonces, la decisión demagógica de Gustavo Petro de nombrar a quien era un militar hasta la noche anterior a posesionarse como ministro de defensa, lejos de asustar a la insurgencia y a otros grupos armados, lo que ha hecho es poner al descubierto la frívola determinación de llevar efectivos de la fuerza pública a territorios olvidados que han sido escenario de confrontaciones bélicas. Esa decisión mediática del presidente Petro no oculta la presencia en territorio colombiano de contratistas estadounidenses ni las bases militares gringas lo que deja al descubierto que esa tradición militarista desde la época de la violencia, en un mal llamado gobierno progresista no ha cambiado. Nada de soluciones integrales para el campo y su gente, para comunidades negras, indígenas y campesinas. Si se tratara de consolidar la democracia y de reorientar los recursos para educación, salud y bienestar social, en lugar de mantener una costosa estructura militar y potencialmente peligrosa para la estabilidad política y el respeto de los derechos humanos Petro tendría un poco de razón. El gobierno parece olvidar adrede que la fuerza pública tiene su origen en el sistema coercitivo, subordinada al poder civil (y no al contrario) y su teórico enfoque en la defensa de la soberanía y no en la represión interna, con un ejército convirtiéndose, como se ha convertido, en un ejército de ocupación. Claro que hay que adaptar la estrategia a las realidades específicas de cada país con el supuesto de construir sociedades más justas, equitativas y democráticas. El caso de Costa Rica es emblemático: Recordemos que, en ese país centroamericano tras la guerra civil del 48 del siglo pasado, no fue la izquierda quien decidió abolir el ejército. Simplemente fue un gobierno "reformista" que ha puesto su caso como un ejemplo en la región "Es una vuelta de tuerca acerca del papel de las Fuerzas Armadas", afirman los defensores de la decisión del gobierno. Y lo irónico no sería que digan esto, sino que el mismo Petro haya preferido regresar a la "bota militar". Creo que Petro sigue prefiriendo hoy, como con su voto por Alejandro Ordoñez, a sus seguros verdugos.