Camilo Romero: El primo devela manejo económico de la campana ante la Corte

Por Héctor Díaz Revelo En uno de los momentos más sensibles y mediáticamente relevantes del juicio oral que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, la controversia sobre los aportes de licoristas a su campaña vuelve a ocupar el centro del debate judicial en la audiencia de hoy. La discusión se intensifica a partir de las diferencias que habrían surgido entre los aportes reportados por los empresarios Richard Portilla y Pedro Bastidas, propietarios de la Organización Licorera de Nariño (OLN), posteriormente beneficiaria de un contrato que superó los 18.000 millones de pesos, y la cantidad efectivamente recibida por Erick Guerrero, uno de los responsables del manejo financiero de la campaña de 2015. Durante su declaración, Andrés Felipe Arango Romero, primo de Camilo Romero y hoy considerado uno de los principales testigos del proceso tras acogerse a un principio de oportunidad, señaló que las decisiones económicas de la campaña no recaían exclusivamente en una sola persona. Según su versión, en el manejo financiero participaban el entonces candidato Camilo Romero, su tío Ricardo Romero Sánchez, Esmeralda Hernández —actual senadora y pareja de Pablo Romero Vega, hermano del exgobernador— y Erick Guerrero. Arango Romero aseguró además que Guerrero habría sido apartado posteriormente del manejo de las cuentas debido a discrepancias relacionadas con los recursos aportados por los empresarios y los valores efectivamente reportados, además del compromiso que según el testigo tenía que ver con el millonario contrato de venta de aguardiente Nariño. El núcleo de la controversia radica en establecer si los aportes realizados por Portilla y Bastidas superaron o no las cifras oficialmente registradas y si la totalidad de esos recursos fue reportada ante el Consejo Nacional Electoral o, por el contrario, para “obtener beneficio contractual”, parte de ellos habría permanecido por fuera de la contabilidad oficial de la campaña. De acuerdo con el testimonio rendido bajo juramento, Andrés Felipe Arango Romero ha dicho que Erick Guerrero habría manifestado que las cifras conocidas públicamente no correspondían a los montos reales y que por eso, Camilo Romero lo había alejado de esa responsabilidad, dejándolo a él como su reemplazo. Arango Romero relató igualmente que las comunicaciones provenientes del empresario Richard Portilla eran constantes antes, durante y después de la campaña que llevó a Camilo Romero a la Gobernación de Nariño, e incluso se habrían mantenido tras su posesión en el cargo. Según el testigo, dichas llamadas estaban relacionadas con compromisos adquiridos en torno al negocio de los licores. Camilo Romero delegó entonces en su primo Andrés Felipe Arango Romero la interlocución con los empresarios Portilla y Bastidas y el seguimiento de los compromisos asociados al denominado contrato 364, uno de los ejes de la investigación. De hecho, el testimonio de Arango Romero ha permitido a la Fiscalía y a las partes procesales profundizar en la reconstrucción de las presuntas transacciones y acuerdos que hoy son objeto de examen judicial. Otro de los aspectos que genera atención es la mención reiterada a la senadora Esmeralda Hernández. Según Arango Romero, ella habría participado en asuntos relacionados con el manejo económico de la campaña junto con Ricardo Romero Sánchez y el mismísimo candidato Camilo Romero Galeano. Su nombre también habría sido mencionado previamente por Adriana Milena Amaya Buitrago en relación con presuntas irregularidades contables, situación que derivó en una denuncia penal en averiguación presentada por la supuesta falsificación de su firma. Amaya Buitrago subsecretaria de rentas, habría entregado a la fiscalía general de la Nación varios audios que implicarían aún más a funcionarios de la administración departamental y abogados particulares contratados por Camilo Romero para su defensa técnica. La expectativa se concentra ahora en la jornada de este martes ante la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrollará el contrainterrogatorio de Andrés Felipe Arango Romero. Su declaración es considerada una de las piezas más relevantes dentro del juicio oral que se sigue contra los exgobernadores de Nariño Camilo Romero y Mario Fernando Benavides, dado que podría aportar nuevos elementos determinantes para esclarecer el origen, destino y eventual legalidad de los recursos que financiaron la campaña objeto de investigación y el beneficio a los licoristas aportantes.

Camilo Romero. El primo se destapa en la Corte Suprema

Por: Héctor Díaz Revelo Explosivas declaraciones sobre el denominado “Escándalo de los Licores” rindió ante la Corte Suprema de Justicia Andrés Felipe Arango Romero, primo hermano del acusado Camilo Romero Galeano. Durante su testimonio, Arango Romero confirmó los vínculos entre la campaña política de Camilo Romero y los empresarios del sector licorero Richard Portilla y Pedro Bastidas, representantes de la OLN (Organización de Licores de Nariño). “En lo que tiene que ver con el tema de los licores... en los aportes como tal tuvo que ver Erick Guerrero”, afirmó el testigo, conocido como “el primo”, apelativo con el que Camilo Romero suele referirse a su familiar. Arango Romero comparece como testigo de cargo de la Fiscalía dentro de este proceso. Según su declaración, Richard Portilla era “una persona bastante visible” dentro de la campaña de Camilo Romero y realizó diversos aportes, entre ellos vehículos y apoyo relacionado con otros eventos (la sede de campaña ubicada en un sector del norte de Pasto). Además, el testigo aseguró textualmente que “adicionalmente había un compromiso frente al tema de los licores”, una afirmación que debilita la tesis de Camilo Romero de ser víctima de una supuesta persecución judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por estos mismos hechos también es investigado por la Corte Suprema de Justicia el exsecretario de Hacienda Mario Fernando Benavides. En calidad de gobernador encargado, Benavides firmó el controvertido Decreto 364 de 2016, mediante el cual se autorizó la venta de aguardiente Nariño por un valor superior a los 18 mil millones de pesos, operación que habría beneficiado a los empresarios Richard Portilla y Pedro Bastidas, señalados como aportantes de la campaña. En torno a este escándalo de los licores Camilo Romero es acusado de haber cometido los delitos de: Falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad material en documento público, firma de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y por Asociación para la Comisión de un Delito contra la Administración Pública. El juicio continuará mañana (martes 09) en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La audiencia se desarrolla en medio de denuncias sobre presuntas maniobras dilatorias por parte de la defensa de los acusados.

¡¡De cómo un Pene Sí mueve al alcalde, y las cebras que pinta un concejal No!!

Por Héctor Díaz Revelo Esta es una historia entre el escándalo eficaz y el esfuerzo visible que para un alcalde se ha vuelto invisible. Mientras en Málaga, España, un hueco peligroso se tapó en menos de dos horas gracias a un pene pintado con pintura roja a su alrededor por el ciudadano Vicky Navarro; en Ipiales, un pueblo en la frontera colombo ecuatoriana, un joven concejal pinta cebras peatonales y reductores de velocidad con sus propias manos ante la mirada impasible de un alcalde que parece vivir en otra realidad. Son dos actos de ciudadanía que superan la moralidad (caso del dibujo del pene) y la decisión del concejal Jaime Revelo de invitar a que los empleados de la alcaldía de Ipiales en el departamento de Nariño trabajen, dejen la pereza e indiferencia en favor de peatones y conductores. Son dos resultados radicalmente opuestos. Esta divergencia no es anecdótica; es el síntoma de una enfermedad profunda: la normalización de la incompetencia y la peligrosa indiferencia de una comunidad que, aunque aplaude, no exige. La anécdota del joven del Malagueño es reveladora. Un ciudadano, cansado de que su queja formal fuera ignorada, recurrió a la herramienta más efectiva a su alcance: la vergüenza pública, la doble moral del gobierno. Pintar un símbolo sexual gigante alrededor del hueco (socavón le dicen en España) no fue un acto de travesura infantil, sino una estrategia de comunicación brillante, sin ninguna duda. Para el alcalde, el “pene” transformó un problema aparentemente “invisible” en un foco de atención imposible de obviar. El ayuntamiento actuó inmediatamente, no por eficiencia, sino para evitar el bochorno. En este primer ejemplo hay un mensaje claro: ante una administración sorda. A veces hay que gritar con el código que sí entiende: el del escándalo mediático y público. Para completar este hombre será sancionado en pocos días por no pedir permiso y escandalizar a la gente. El caso de Jaime Revelo, concejal de Ipiales en ejercicio, se trata de una suerte de “heroísmo” al que nadie debería tener que acudir para que los burócratas cumplan con su trabajo. El concejal, al ver la negligencia de su alcalde (cuyo mandato está incluso en entredicho por un proceso de revocatoria), decidió no esperar. Armado con pintura donada por los comerciantes, se ha dedicado a suplir las carencias más básicas de su municipio: señalizar pasos peatonales y reductores de velocidad para proteger a niños, enfermos y ancianos. Es un acto de verdadero liderazgo. Sin embargo, hay una tragedia detrás de esta “heroicidad” del concejal Ipialeño: su acción no ha provocado como era de esperar un cambio sistémico, sino pintando la incompetencia de quienes tienen la obligación de actuar. Lo más grave: el alcalde no se inmuta. Deja que el concejal pinte y pinte, convirtiendo un acto de rebeldía cívica en un síntoma de la descomposición del poder local. Voy al fondo del problema. La comunidad aplaude al concejal, le agradece su labor, pero ¿dónde está la presión colectiva sobre el alcalde? La indiferencia ciudadana es el oxígeno que alimenta la irresponsabilidad de los malos gobernantes. Mientras la gente se limite a observar y aplaudir el esfuerzo de un hombre, sin organizarse para exigir nada, el alcalde puede permitirse el lujo de no hacer nada. Su cálculo es simple: "Si el concejal quiere hacer mi trabajo, que lo haga. La gente está contenta y a mí no me exigen" parece decir como prueba de su ineptitud. Estos dos casos nos dejan una pregunta incómoda: ¿tenemos que llegar al extremo de pintar penes en las calles para que nos escuchen? ¿O pintar cebras y reductores de velocidad con pintura no oficial? La respuesta debería ser no. Recomendaciones al margen: No basta con quejarse en la tienda. Fotografíen los huecos, las cebras borradas, la falta de señalización. Etiqueten a la alcaldía en redes sociales. Conviertan la negligencia en un tema viral de vergüenza pública. Ante la ceguera del alcalde Amílcar Pantoja de Ipiales ¿Por qué no organizar una "Jornada Cívica de Señalización" masiva? Que no sea solo el concejal, sino cientos de ciudadanos los que salgan a pintar. Eso ya no es un gesto, es una protesta visual poderosa. La valentía del concejal es admirable, pero no puede ser la solución. La solución real empieza cuando la comunidad decida que el aplauso se convertirá en exigencia. El despropósito no es solo el hueco en la calle; la verdadera trampa es la indiferencia que nos convierte en cómplices silenciosos de la mala gestión.

“Silenciados” el cura Arango y el sargento Chala. FFMM en la mira.

Por Héctor Díaz Revelo Fuertes las denuncias del sargento Chala y no menos fuertes los comentarios del cura Arango frente a lo que ocurre al interior del ministerio de defensa y las fuerzas militares, más allá de las supuestas “retenciones” de soldados a lo largo de la geografía nacional. Silencio de Acore y del ministro. Escándalo por la compra de helicópteros rusos, por ejemplo. Esas denuncias que el gobierno Petro podría decir que son dificultades usuales en las filas, merecen para él un silencio inicial. Podría vender ese silencio incomprensible, como "prudencia", para más lueguito en plena campaña electoral, salir a decir que el presidente progresista "sacó la casta" y limpió la casa, pidiendo un segundo mandato para profundizar esa "purga" en la cúpula y en las filas en 2026. No es raro que la derecha criminal utilice estos silencios para atacar al gobierno con contradictorios pero efectivos comentarios si se tiene en cuenta lo publicado hasta hoy por los grandes medios corporativos de comunicación. Dirán los opositores que Petro ha traicionado principios democráticos al pactar con los "poderes oscuros" que juraba combatir. Usarán el silencio del gobierno como prueba de su complicidad o su debilidad. Pero sobre las denuncias del cura y el sargento, ni una palabra. Dirá, también esa derecha clientelista y oprobiosa, que el gobierno está tan ocupado en sus contradicciones internas y en manejar crisis de corrupción en la Fuerza Pública y en el gobierno central, que ha descuidado la seguridad ciudadana, un tema sensible para el votante. Responder públicamente al cura Arango o al sargento Chala agudizaría, en mi opinión, el perfil de las acusaciones, dándoles más relevancia de la que tendrían si hubieran sido publicadas de otro modo. Responderles al cura y al sargento, podría llevar a que se descubran más pruebas o se abran investigaciones formales que prefieren evitar. Lo cierto es que lo dicho por Arango y Chala expone al escrutinio público y al debate a los militares y retirados, un terreno donde un exmilitar o un militar activo puede sentirse incómodo. Su mejor estrategia es desgastar las denuncias por inanición mediática y desprestigio informal en los pasillos de palacio y en los cuarteles. Dirían que son calumnias de un sacerdote alarmista o de un sargento resentido. Que el ministro de defensa no sea un civil es el reconocimiento tácito de que ningún proyecto de seguridad, incluso el más reformista, el más petrista, puede avanzar sin el aval de la cúpula militar. Lo advertí en pasada columna sobre la “bota militar”. Las críticas del cura Arango destapan la realidad de un poder paralelo y no electo (ACORE) que sigue ejerciendo una influencia decisiva; y el silencio sobre lo dicho por el Sargento Chala, revela los límites de la libertad de expresión y la transparencia cuando se trata de cuestionar a la institución militar desde dentro. Las denuncias del sargento Édgar Giovanny Chala, difundidas principalmente a través de redes sociales y medios alternativos, han encontrado un muro de silencio en la prensa tradicional. El sargento Chala ha expuesto presuntas irregularidades internas, cuestionando el manejo de recursos, las condiciones de la tropa y ciertas operaciones. Su caso es prueba de la dificultad de las voces disidentes dentro de la Fuerza Pública para encontrar eco en los canales oficiales de comunicación, lo que los lleva a buscar altavoces en la esfera digital (redes sociales), siendo desacreditados o simplemente ignorados en la práctica. La denuncia del cura Ramiro Arango apunta que ACORE, que agrupa a oficiales es un “lobby” de enorme influencia. Sus miembros tienen conexiones profundas en la política, la economía y los medios. Arango les señala de obstaculizar los procesos de paz, presionar para mantener un statu quo belicista y operar como un grupo de interés que pone sus agendas por encima del bien común. Ésta en pocas líneas, es la evidencia de los límites del debate público y los temas que son incómodos para el establecimiento y los dueños del poder político-mediático, sin importar su color ideológico. El silencio contra el cura y el sargento tendrá más adelante otras columnas de opinión.

¿Magnicidio? Oportunismo ramplón.

Por: Héctor Díaz Revelo Decir que el asesinato de Miguel Uribe es un magnicidio quizás sea una exageración o parte del oportunismo político de una derecha criminal que nunca ha reaccionado frente a las masacres de que ha sido víctima el pueblo colombiano. Ver a los uribistas y a Miguel Uribe Turbay en las pantallas de televisión brincando de felicidad por la caída de la reforma laboral en el congreso de la república, hundida por la bancada del centro democrático es poco menos que una afrenta contra las víctimas del terrorismo de Estado. Ver a Miguel Uribe festejando el “hundimiento” de cada propuesta de la reformitis de Gustavo Petro en el congreso de la república es poco menos que una infamia si se tiene en cuenta que tal o cual propuesta apenas se hubiera convertido en la aspirina de la enfermedad colombiana de la desigualdad y el paramilitarismo. Poner el asesinato de Miguel Uribe como un magnicidio a la altura de Jorge Eliecer Gaitán (1948) con la ola de sangre que prosiguió al macabro acontecimiento es un oportunismo ramplón de la derecha. Pensar que el magnicidio de Jaime Pardo Leal (1987), el gran luchador y miembro del partido comunista colombiano puede ser comparado con lo que ha ocurrido con Miguel Uribe Turbay es una suerte de cinismo e hipocresía de quienes ostentan el poder en este país. El terrorismo de Estado y el narcotráfico ha segado la vida de dirigentes como Luis Carlos Galán (1987), y es lo mismo que el asesinato de Bernardo Jaramillo miembro de la Unión Patriótica (1990) uno más entre los cuatro mil integrantes de ese movimiento político magistralmente mostrado en el documental El Baile Rojo. Magnicidios aún en la impunidad. Decir que se trata de un magnicidio el de Miguel Uribe defensor de la mal llamada “seguridad democrática” de su jefe político Álvaro Uribe es atentar con la memoria colectiva que no puede ni debe olvidar de los 6402 homicidios extra judiciales conocidos como los falsos positivos. Las madres de los jóvenes acribillados en las comunas de Medellín en ejecución de la operación Orión sufren el dolor y la desesperanza de lo que significa enterrar a sus hijos. Afirmar que Colombia vive el duelo por la muerte de Miguel Uribe es algo que a nadie le cabe duda, pero hablar de un magnicidio a la altura de lo ocurrido con Carlos Pizarro (1990), con Manuel Cepeda Vargas (1994) o del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado (1995), es poco menos que ambientar procesos políticos venideros en donde se unirán detentadores del poder, medios corporativos de comunicación y la reserva activa de las fuerzas armadas. Dicho esto a grosso modo, en tanto el país se mueve en medio de las más oscuras fuerzas de eliminación física, amedrentamiento, amenazas, desplazamientos y asesinatos selectivos, urge la presencia de organizaciones de observación política internacional, de los defensores de los derechos y de la academia. Porque como dijo juan pueblo: Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero el oportunismo ramplón debe ser censurado ahora y siempre.

De California a Colombia. Juventud excluida y explotada.

De California a Colombia. Juventud excluida y explotada. Por Héctor Díaz Revelo Calificados como insurrectos y agitadores profesionales miles de latinoamericanos, mexicanos en mayoría, han sido objeto de la más criminal persecución y constreñimiento por parte del inquilino de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Fuerzas combinadas de paramilitares y parapoliciales con algunos renegados de la lucha guerrillera casi centenaria en Colombia han atacado en casi treinta ocasiones a la comunidad civil de varios municipios de los departamentos del Valle y Cauca. A su juventud específicamente. Qué tienen estos dos hechos en común, se preguntarán los lectores y tienen razón. Pues en ambos casos, sin determinar sin son daños colaterales a la arremetida brutal y estratégica que bordea los ítems consagrados en los códigos penales, en los Estados Unidos se esconde las secuelas del capitalismo salvaje y en Colombia, saca las garras la siniestra derecha que de verdad ostenta el poder. Es limpieza social. Es terrorismo de Estado. Hay un comportamiento hipócrita de Estados Unidos y ciertos países europeos, que condenan la migración irregular - no ilegal – como una fuerza laboral desechable, sin derechos, que abarata costos en agricultura, construcción, servicios y manufactura. Por acá se niega a la juventud sus derechos y oportunidades y lo peor, se los mata o se les enseña a matar obligándolos a prestar servicio militar. Luego los usan como mercenarios. EE.UU. depende de varios millones de migrantes indocumentados, vitales para su economía, pero los criminaliza para mantenerlos en vulnerabilidad y eso lo hace arrogante ante las víctimas. Colombia al romper el proceso de crecimiento a jóvenes bachilleres de 15 o 16 les enseña a matar porque no otra cosa aprenden en los cuarteles del ejército y la policía. Los campesinos sin escuela a los 18 años. Al salir se dan cuenta de su mundo es real: sin oportunidades, sin cupos en la universidad, sin acceso al crédito y con trabajos precarios. Del pensamiento crítico, ni de lejos. A unos no les gusta que recuerde que los acuerdos de libre comercio destruyen economías locales en países empobrecidos y saqueados, expulsando mano de obra hacia el Norte o empujando sus jóvenes a organizaciones armadas legales o ilegales. Los dos modelos, a la larga el mismo, han construido su riqueza legal e ilegal históricamente sobre la explotación de mano de obra barata, primero mediante la esclavitud y luego con sistemas neocoloniales y las mafias internacionales. Sin duda es el legado colonial y el impúdico imperialismo económico. Lo cierto es que se exigen estándares laborales "éticos" en productos importados, pero se ignora la explotación interna de migrantes irregulares. Más cierto es que como en el caso de Colombia, muchos reclaman condenas ejemplarizantes a jóvenes delincuentes escondiendo las causas objetivas de la desigualdad y del conflicto social y armado. Hay una suerte de racismo estructural donde la criminalización del migrante sirve para justificar su exclusión de derechos laborales y sociales. Es el capitalismo racializado, donde la irregularidad legal permite salarios de hambre y con jornadas abusivas. En Colombia los recargos y extras fueron una realidad hasta que llego la derecha criminal al comenzar este siglo. Mientras se sanciona a Venezuela o Cuba por supuestas "violaciones de DDHH", se ignoran las redadas que hace la “migra” en el país del tío Sam o las incontables muertes en el Mediterráneo. Mientras eso pasa, en nuestra atribulada Colombia se arremete a bala en regiones marginadas a través de una selectividad moral que, como lo sabemos, responde a intereses, no a principios. Llegan los criminales a las regiones como pedro por su casa en la macabra connivencia con la fuerza pública. Este doble discurso no es un error, sino una herramienta del capitalismo global: migrantes irregulares son el ejército laboral reserva del siglo XXI, sin derechos pero indispensables. En Colombia: la estigmatización para regiones empobrecidas como respuesta a arcaicos y excluyentes sistemas económicos y políticos. La juventud asesinada en plena primavera.

El agua, una deuda histórica con Ipiales

El agua, una deuda histórica con Ipiales Por Héctor Díaz Revelo El agua, ese recurso esencial para la vida, fue durante décadas un símbolo de desarrollo y visión de futuro. El 24 de agosto de 1991, se marcó un hito con la inauguración de la nueva planta física de Empoobando, luego de la liquidación de la Empresa de Obras Sanitarias de Nariño, EMPONAR S.A. En aquel entonces, Ipiales era un pueblo de aproximadamente 80.411 habitantes, y la planta tenía la capacidad suficiente para abastecer con eficiencia a la comunidad. Esta obra no fue simplemente infraestructura: fue una apuesta responsable por el bienestar, la salud pública y el crecimiento de nuestra ciudad. Un logro del gobierno municipal de la época que entendió la importancia de planificar con visión y atender una necesidad vital con seriedad y compromiso. Sin embargo, ese legado ha sido abandonado sistemáticamente por las administraciones que le sucedieron. A medida que Ipiales crecía —llegando a tener más de 170.000 habitantes en la actualidad—, la planta de tratamiento siguió siendo la misma. Nunca se amplió, nunca se modernizó. Por más de 30 años, los diferentes gobiernos municipales fueron indiferentes ante la urgencia de asegurar agua potable para todos. Lo más grave no es solo la omisión, sino el uso irresponsable y repetido del tema del agua como promesa de campaña. Gobiernos que llegaron prometiendo soluciones, como la construcción de una nueva planta de tratamiento, terminaron convirtiendo una necesidad crítica en una estrategia de manipulación política. Proyectos que nunca llegaron, discursos vacíos, obras inconclusas y beneficios personales fueron la constante. La historia reciente de Ipiales ha estado marcada por improvisaciones, negligencia y desprecio por las verdaderas demandas de la comunidad. El caso del agua es, sin duda, el reflejo más doloroso de esta irresponsabilidad. Hoy, la ciudad sufre las consecuencias: una infraestructura obsoleta, racionamientos constantes, y una población que vive en zozobra por la falta de un servicio básico. Las administraciones de Jonás Ricardo Romero 2016-19 y de Luis Fernando Villota 2020-23 le dieron tan poca importancia al suministro de agua de calidad y cantidad adecuada que terminaron por parecerse. La primera posando de izquierda y la segunda de liberal tradicional no salieron con nada. Al contrario, en ambas alcaldías los sufridos Ipialeños parecen haberse acostumbrados a hervir el agua, a comprar agua embotellada y como ahora, a mendigar unas gotas que les tiran desde los carrotanques. Jonás Ricardo no salió bien librado del problema que mal recuerdan esas comunidades. Luis Fernando, entre tanto, por intereses que se investigan ahora mismo, en el otoño de su administración contrató a las carreras y de cualquier manera la construcción de otra planta de tratamiento de agua, inconclusa y al parecer inservible a futuro, a un costo de más de 33 mil millones de pesos. Y hoy siguen tomando agua sucia y con graves secuelas en la salud gastrointestinal de los fronterizos y abnegados Ipialitas. Ipiales tiene sed, no solo de agua, sino también de honestidad, de liderazgo auténtico y de voluntad política. Quienes han gobernado en estas últimas tres décadas no pueden ocultar su culpa. Tuvieron el poder y la oportunidad de cambiar el rumbo. No lo hicieron. Hoy, más que nunca, la ciudadanía está despierta. Ya no olvida, ya no acepta excusas. El agua debe volver a ser una prioridad, como lo fue para aquellos que sí pensaron en el bien común. El tiempo de las mentiras terminó. Que este testimonio sirva como memoria y como exigencia: Ipiales merece respeto, merece agua, merece verdad sobre todo.