CAMILO ROMERO Lágrimas de una testigo en la Corte.

Por:Héctor Díaz Revelo La sala de audiencias guardó silencio cuando Adriana Milena Amaya, antigua empleada de la Gobernación de Nariño, rompió en llanto al recordar uno de los episodios más difíciles de su vida profesional. Era subsecretaria de rentas en hacienda departamental bajo el periodo de Camilo Romero. Frente a la Fiscalía, Amaya relató cómo terminó involucrada en decisiones que, según reconoció con visible dolor, iban en contra de los principios morales y espirituales que había defendido desde niña. La declaración surgió cuando la fiscal le pidió precisar qué había escuchado de Andrés Felipe Arango, primo de Camilo Romero, respecto de unas personas a quienes, según se decía dentro de la administración, había que cumplirles un compromiso. Adriana recordó una frase que quedó grabada en su memoria, dicha por Andrés Felipe Arango y corroborada más tarde por su jefe Mario Fernando Benavides: “Eran unos amigos a los que había que ayudar para que compraran el aguardiente porque habían aportado a la campaña de Camilo Romero a la Gobernación”. Dijo no saber cuánto habían aportado ni cuáles habían sido exactamente los compromisos adquiridos. Sin embargo, explicó que, al desempeñarse como subsecretaria de rentas, comenzó a analizar el procedimiento que se pretendía implementar y fue entonces cuando empezó a percibir irregularidades. Ese descubrimiento desencadenó un conflicto interno que, 10 años después, todavía la conmueve hasta las lágrimas. Según Adriana Milena, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo comenzó a construir justificaciones para sí misma. Intentaba convencerse de que no era ella quien hablaría con los beneficiarios de la operación, que no sería ella quien les comunicaría las decisiones ni quien negociaría directamente con ellos. “Yo misma me excusaba”, reconoció. Se repetía que no era quien tendría contacto con Richard Portilla o Pedro Bastidas. Adriana Milena se decía que tampoco estaba pidiendo dinero a nadie ni participando directamente en una negociación económica, presuntamente convenida por la gente de la campaña de Camilo Romero. Pero esas explicaciones no lograban disipar el malestar que sentía. La tensión emocional alcanzó su punto máximo cuando la fiscal le preguntó qué quería decir al afirmar que todo aquello estaba por encima de sus principios y de su moral. Adriana se cubrió el rostro con ambas manos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Tomó una taza que tenía a un lado, bebió un poco e intentó recomponerse. Con la voz quebrada la testigo recordó en la audiencia el momento en que aceptó ingresar al servicio público. Dijo que sabía perfectamente que administrar recursos públicos era una responsabilidad delicada y que incluso había hablado del tema con su esposo antes de asumir el cargo. Adriana Milena se había impuesto una regla inquebrantable. Si algún día le pedían hacer algo contrario a sus convicciones, simplemente diría que no y regresaría a Bogotá. Eso demuestra la duda que los ciudadanos guardan sin estigmatizar a nadie por eso. Entre sollozos recordó la promesa que se hizo a sí misma: jamás actuar contra aquello que había profesado toda su vida. Ni siquiera copiar en un examen del colegio o de la universidad había sido una opción para ella. Mucho menos participar en actuaciones que chocaran con sus principios morales y espirituales. Pero no ocurrió así. Y esa contradicción es precisamente la que parece perseguirla hasta hoy. Hoy que han pasado casi 10 años de aquello que tanto mortifica a los acusados Camilo Romero y Mario Benavides como a sus más fieles seguidores. Adriana Milena Amaya admitió que nunca renunció a su cargo. Tampoco denunció a tiempo lo que estaba ocurriendo cuando comenzó a percibirlo. En lugar de eso, construyó una especie de refugio psicológico para soportar la situación. Lo describió como una “excusa” y como una “máscara”. Explicó que había idealizado profundamente el proyecto político de Camilo Romero y de su padre, Ricardo Romero Sánchez. Recordó que lloró de emoción cuando ganaron las elecciones y que llegó a verlos como una especie de salvadores. “Los veía como los Robin Hood”, declaró. En su imaginación los Romero, Papá e hijo, representaban a quienes venían a transformar el país y corregir viejas prácticas políticas. Bajo esa visión, terminó convenciéndose de que ciertas actuaciones podían justificarse en nombre de un propósito superior. Esa fue, según confesó Adriana Milena, la máscara detrás de la cual escondió sus dudas porque en el fondo sabía que algo estaba mal. “Eso me quitaba el sueño”, admitió. Su relato muestra una permanente lucha entre la admiración política y la conciencia personal. Por un lado, la subsecretaria de rentas de Nariño intentaba convencerse de que no existía perjuicio económico para el departamento. Sostenía que se trataba de una venta y no de una compra que afectara las rentas públicas. Vigilaba especialmente que los precios del aguardiente no perjudicaran los ingresos de Nariño. Fijar las escalas no era su responsabilidad. Había antecedentes sobre eso. Por otro lado, reconocía que aquello no eliminaba el problema ético.Se consolaba pensando que ella no era quien negociaba directamente ni quien establecía las condiciones finales. Incluso Adriana Milena encontró otra forma de aliviar la culpa. Según explicó, parte de su tranquilidad provenía de pensar que otros empleados de la gobernación de Camilo Romero asumían la responsabilidad formal de los actos administrativos. En particular, que si el asesor jurídico Pedro Rodríguez firmaba los decretos o contratos correspondientes, eso servía como una especie de alivio psicológico para su conciencia. Pero hoy reconoce que ese razonamiento era equivocado. La firma de otro funcionario no borraba sus propias dudas ni eliminaba la responsabilidad moral que sentía frente a lo que estaba ocurriendo. Por eso Adriana Milena insistió en que aquellas justificaciones eran solamente mecanismos para soportar una realidad que la perturbaba profundamente. “Eso estaba mal”, reconoció. Y volvió a repetir que esa situación le quitaba el sueño. Pero nunca dijo que había pensado renunciar al cargo o salir a denunciar lo que estaba pasando, hasta que se armó el Escándalo de los Licores, que es como se conoce este sucio episodio. Durante su declaración también recordó el sacrificio personal que realizó por la administración departamental. Habló de largas jornadas de trabajo, de su dedicación al departamento y de los esfuerzos familiares que hizo para cumplir sus funciones. Contó incluso que en ocasiones debía dejar a su hija en el jardín infantil hasta el punto de que una profesora terminaba llevándola al médico cuando era necesario, mientras ella continuaba trabajando. Todo, afirmó la testigo, porque creía en el proyecto político que le había vendido Camilo Romero. Estaba convencida de que si hacía bien su trabajo contribuiría a que ese proyecto saliera adelante. Sin embargo, con el paso del tiempo terminó chocando contra la realidad. “Choqué con todo eso”, dijo entre lágrimas. Choqué con la idolatría hacia personas que había construido durante años. Choqué con la idea de que estaba mal idolatrar a cualquier ser humano. Y choqué con la certeza de que aquello que se estaba haciendo iba en contra de quien yo había sido toda mi vida. Más adelante, la fiscal le preguntó cuándo había conocido a Richard Portilla. Adriana Milena explicó que inicialmente escuchó su nombre sin saber quién era. Sólo después de concretarse la venta de aguardiente comenzó a identificarlo plenamente. En la subsecretaría de rentas, durante los análisis de precios, escalas y ventas observó que Portilla aparecía entre los compradores habituales del licor producido por el departamento. Fue entonces cuando, según relató, Mario Benavides le explicó el funcionamiento de ese sector. Le comentó que durante años se habían realizado ventas a grupos de licoristas asociados para adquirir grandes cantidades de aguardiente Nariño. Entre ellos figuraba Licosur, organización que había tenido protagonismo durante administraciones anteriores. También le habló de conflictos surgidos entre Richard Portilla, Pedro Bastidas y otros integrantes de ese grupo de comercializadores. Según el testimonio, Benavides le contó que incluso había sostenido reuniones con miembros de Licosur para persuadirlos de que no interfirieran en una venta específica prevista para agosto de 2016. La idea, según entendió Adriana Milena, era que permitieran que la primera gran operación favoreciera a Portilla y Bastidas y que posteriormente los demás tuvieran oportunidades similares. La explicación que recibió fue que esos dos empresarios habían apoyado la campaña que llevó a Camilo Romero a la Gobernación de Nariño. Los demás, por el contrario, habrían respaldado opciones políticas distintas. Fue en ese momento, afirmó Adriana Milena, cuando logró comprender la estructura de relaciones que rodeaba el negocio de los licores en el departamento. “Ahí conozco todo ese engranaje”, declaró. Y concluyó que fue entonces cuando entendió quiénes eran, en realidad, los actores con mayor poder dentro de ese entramado: “Los poderosos”, puntualizó.

Camilo Romero: El primo devela manejo económico de la campana ante la Corte

Por Héctor Díaz Revelo En uno de los momentos más sensibles y mediáticamente relevantes del juicio oral que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, la controversia sobre los aportes de licoristas a su campaña vuelve a ocupar el centro del debate judicial en la audiencia de hoy. La discusión se intensifica a partir de las diferencias que habrían surgido entre los aportes reportados por los empresarios Richard Portilla y Pedro Bastidas, propietarios de la Organización Licorera de Nariño (OLN), posteriormente beneficiaria de un contrato que superó los 18.000 millones de pesos, y la cantidad efectivamente recibida por Erick Guerrero, uno de los responsables del manejo financiero de la campaña de 2015. Durante su declaración, Andrés Felipe Arango Romero, primo de Camilo Romero y hoy considerado uno de los principales testigos del proceso tras acogerse a un principio de oportunidad, señaló que las decisiones económicas de la campaña no recaían exclusivamente en una sola persona. Según su versión, en el manejo financiero participaban el entonces candidato Camilo Romero, su tío Ricardo Romero Sánchez, Esmeralda Hernández —actual senadora y pareja de Pablo Romero Vega, hermano del exgobernador— y Erick Guerrero. Arango Romero aseguró además que Guerrero habría sido apartado posteriormente del manejo de las cuentas debido a discrepancias relacionadas con los recursos aportados por los empresarios y los valores efectivamente reportados, además del compromiso que según el testigo tenía que ver con el millonario contrato de venta de aguardiente Nariño. El núcleo de la controversia radica en establecer si los aportes realizados por Portilla y Bastidas superaron o no las cifras oficialmente registradas y si la totalidad de esos recursos fue reportada ante el Consejo Nacional Electoral o, por el contrario, para “obtener beneficio contractual”, parte de ellos habría permanecido por fuera de la contabilidad oficial de la campaña. De acuerdo con el testimonio rendido bajo juramento, Andrés Felipe Arango Romero ha dicho que Erick Guerrero habría manifestado que las cifras conocidas públicamente no correspondían a los montos reales y que por eso, Camilo Romero lo había alejado de esa responsabilidad, dejándolo a él como su reemplazo. Arango Romero relató igualmente que las comunicaciones provenientes del empresario Richard Portilla eran constantes antes, durante y después de la campaña que llevó a Camilo Romero a la Gobernación de Nariño, e incluso se habrían mantenido tras su posesión en el cargo. Según el testigo, dichas llamadas estaban relacionadas con compromisos adquiridos en torno al negocio de los licores. Camilo Romero delegó entonces en su primo Andrés Felipe Arango Romero la interlocución con los empresarios Portilla y Bastidas y el seguimiento de los compromisos asociados al denominado contrato 364, uno de los ejes de la investigación. De hecho, el testimonio de Arango Romero ha permitido a la Fiscalía y a las partes procesales profundizar en la reconstrucción de las presuntas transacciones y acuerdos que hoy son objeto de examen judicial. Otro de los aspectos que genera atención es la mención reiterada a la senadora Esmeralda Hernández. Según Arango Romero, ella habría participado en asuntos relacionados con el manejo económico de la campaña junto con Ricardo Romero Sánchez y el mismísimo candidato Camilo Romero Galeano. Su nombre también habría sido mencionado previamente por Adriana Milena Amaya Buitrago en relación con presuntas irregularidades contables, situación que derivó en una denuncia penal en averiguación presentada por la supuesta falsificación de su firma. Amaya Buitrago subsecretaria de rentas, habría entregado a la fiscalía general de la Nación varios audios que implicarían aún más a funcionarios de la administración departamental y abogados particulares contratados por Camilo Romero para su defensa técnica. La expectativa se concentra ahora en la jornada de este martes ante la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrollará el contrainterrogatorio de Andrés Felipe Arango Romero. Su declaración es considerada una de las piezas más relevantes dentro del juicio oral que se sigue contra los exgobernadores de Nariño Camilo Romero y Mario Fernando Benavides, dado que podría aportar nuevos elementos determinantes para esclarecer el origen, destino y eventual legalidad de los recursos que financiaron la campaña objeto de investigación y el beneficio a los licoristas aportantes.

Camilo Romero. El primo se destapa en la Corte Suprema

Por: Héctor Díaz Revelo Explosivas declaraciones sobre el denominado “Escándalo de los Licores” rindió ante la Corte Suprema de Justicia Andrés Felipe Arango Romero, primo hermano del acusado Camilo Romero Galeano. Durante su testimonio, Arango Romero confirmó los vínculos entre la campaña política de Camilo Romero y los empresarios del sector licorero Richard Portilla y Pedro Bastidas, representantes de la OLN (Organización de Licores de Nariño). “En lo que tiene que ver con el tema de los licores... en los aportes como tal tuvo que ver Erick Guerrero”, afirmó el testigo, conocido como “el primo”, apelativo con el que Camilo Romero suele referirse a su familiar. Arango Romero comparece como testigo de cargo de la Fiscalía dentro de este proceso. Según su declaración, Richard Portilla era “una persona bastante visible” dentro de la campaña de Camilo Romero y realizó diversos aportes, entre ellos vehículos y apoyo relacionado con otros eventos (la sede de campaña ubicada en un sector del norte de Pasto). Además, el testigo aseguró textualmente que “adicionalmente había un compromiso frente al tema de los licores”, una afirmación que debilita la tesis de Camilo Romero de ser víctima de una supuesta persecución judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por estos mismos hechos también es investigado por la Corte Suprema de Justicia el exsecretario de Hacienda Mario Fernando Benavides. En calidad de gobernador encargado, Benavides firmó el controvertido Decreto 364 de 2016, mediante el cual se autorizó la venta de aguardiente Nariño por un valor superior a los 18 mil millones de pesos, operación que habría beneficiado a los empresarios Richard Portilla y Pedro Bastidas, señalados como aportantes de la campaña. En torno a este escándalo de los licores Camilo Romero es acusado de haber cometido los delitos de: Falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad material en documento público, firma de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y por Asociación para la Comisión de un Delito contra la Administración Pública. El juicio continuará mañana (martes 09) en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La audiencia se desarrolla en medio de denuncias sobre presuntas maniobras dilatorias por parte de la defensa de los acusados.

¡¡De cómo un Pene Sí mueve al alcalde, y las cebras que pinta un concejal No!!

Por Héctor Díaz Revelo Esta es una historia entre el escándalo eficaz y el esfuerzo visible que para un alcalde se ha vuelto invisible. Mientras en Málaga, España, un hueco peligroso se tapó en menos de dos horas gracias a un pene pintado con pintura roja a su alrededor por el ciudadano Vicky Navarro; en Ipiales, un pueblo en la frontera colombo ecuatoriana, un joven concejal pinta cebras peatonales y reductores de velocidad con sus propias manos ante la mirada impasible de un alcalde que parece vivir en otra realidad. Son dos actos de ciudadanía que superan la moralidad (caso del dibujo del pene) y la decisión del concejal Jaime Revelo de invitar a que los empleados de la alcaldía de Ipiales en el departamento de Nariño trabajen, dejen la pereza e indiferencia en favor de peatones y conductores. Son dos resultados radicalmente opuestos. Esta divergencia no es anecdótica; es el síntoma de una enfermedad profunda: la normalización de la incompetencia y la peligrosa indiferencia de una comunidad que, aunque aplaude, no exige. La anécdota del joven del Malagueño es reveladora. Un ciudadano, cansado de que su queja formal fuera ignorada, recurrió a la herramienta más efectiva a su alcance: la vergüenza pública, la doble moral del gobierno. Pintar un símbolo sexual gigante alrededor del hueco (socavón le dicen en España) no fue un acto de travesura infantil, sino una estrategia de comunicación brillante, sin ninguna duda. Para el alcalde, el “pene” transformó un problema aparentemente “invisible” en un foco de atención imposible de obviar. El ayuntamiento actuó inmediatamente, no por eficiencia, sino para evitar el bochorno. En este primer ejemplo hay un mensaje claro: ante una administración sorda. A veces hay que gritar con el código que sí entiende: el del escándalo mediático y público. Para completar este hombre será sancionado en pocos días por no pedir permiso y escandalizar a la gente. El caso de Jaime Revelo, concejal de Ipiales en ejercicio, se trata de una suerte de “heroísmo” al que nadie debería tener que acudir para que los burócratas cumplan con su trabajo. El concejal, al ver la negligencia de su alcalde (cuyo mandato está incluso en entredicho por un proceso de revocatoria), decidió no esperar. Armado con pintura donada por los comerciantes, se ha dedicado a suplir las carencias más básicas de su municipio: señalizar pasos peatonales y reductores de velocidad para proteger a niños, enfermos y ancianos. Es un acto de verdadero liderazgo. Sin embargo, hay una tragedia detrás de esta “heroicidad” del concejal Ipialeño: su acción no ha provocado como era de esperar un cambio sistémico, sino pintando la incompetencia de quienes tienen la obligación de actuar. Lo más grave: el alcalde no se inmuta. Deja que el concejal pinte y pinte, convirtiendo un acto de rebeldía cívica en un síntoma de la descomposición del poder local. Voy al fondo del problema. La comunidad aplaude al concejal, le agradece su labor, pero ¿dónde está la presión colectiva sobre el alcalde? La indiferencia ciudadana es el oxígeno que alimenta la irresponsabilidad de los malos gobernantes. Mientras la gente se limite a observar y aplaudir el esfuerzo de un hombre, sin organizarse para exigir nada, el alcalde puede permitirse el lujo de no hacer nada. Su cálculo es simple: "Si el concejal quiere hacer mi trabajo, que lo haga. La gente está contenta y a mí no me exigen" parece decir como prueba de su ineptitud. Estos dos casos nos dejan una pregunta incómoda: ¿tenemos que llegar al extremo de pintar penes en las calles para que nos escuchen? ¿O pintar cebras y reductores de velocidad con pintura no oficial? La respuesta debería ser no. Recomendaciones al margen: No basta con quejarse en la tienda. Fotografíen los huecos, las cebras borradas, la falta de señalización. Etiqueten a la alcaldía en redes sociales. Conviertan la negligencia en un tema viral de vergüenza pública. Ante la ceguera del alcalde Amílcar Pantoja de Ipiales ¿Por qué no organizar una "Jornada Cívica de Señalización" masiva? Que no sea solo el concejal, sino cientos de ciudadanos los que salgan a pintar. Eso ya no es un gesto, es una protesta visual poderosa. La valentía del concejal es admirable, pero no puede ser la solución. La solución real empieza cuando la comunidad decida que el aplauso se convertirá en exigencia. El despropósito no es solo el hueco en la calle; la verdadera trampa es la indiferencia que nos convierte en cómplices silenciosos de la mala gestión.

“Silenciados” el cura Arango y el sargento Chala. FFMM en la mira.

Por Héctor Díaz Revelo Fuertes las denuncias del sargento Chala y no menos fuertes los comentarios del cura Arango frente a lo que ocurre al interior del ministerio de defensa y las fuerzas militares, más allá de las supuestas “retenciones” de soldados a lo largo de la geografía nacional. Silencio de Acore y del ministro. Escándalo por la compra de helicópteros rusos, por ejemplo. Esas denuncias que el gobierno Petro podría decir que son dificultades usuales en las filas, merecen para él un silencio inicial. Podría vender ese silencio incomprensible, como "prudencia", para más lueguito en plena campaña electoral, salir a decir que el presidente progresista "sacó la casta" y limpió la casa, pidiendo un segundo mandato para profundizar esa "purga" en la cúpula y en las filas en 2026. No es raro que la derecha criminal utilice estos silencios para atacar al gobierno con contradictorios pero efectivos comentarios si se tiene en cuenta lo publicado hasta hoy por los grandes medios corporativos de comunicación. Dirán los opositores que Petro ha traicionado principios democráticos al pactar con los "poderes oscuros" que juraba combatir. Usarán el silencio del gobierno como prueba de su complicidad o su debilidad. Pero sobre las denuncias del cura y el sargento, ni una palabra. Dirá, también esa derecha clientelista y oprobiosa, que el gobierno está tan ocupado en sus contradicciones internas y en manejar crisis de corrupción en la Fuerza Pública y en el gobierno central, que ha descuidado la seguridad ciudadana, un tema sensible para el votante. Responder públicamente al cura Arango o al sargento Chala agudizaría, en mi opinión, el perfil de las acusaciones, dándoles más relevancia de la que tendrían si hubieran sido publicadas de otro modo. Responderles al cura y al sargento, podría llevar a que se descubran más pruebas o se abran investigaciones formales que prefieren evitar. Lo cierto es que lo dicho por Arango y Chala expone al escrutinio público y al debate a los militares y retirados, un terreno donde un exmilitar o un militar activo puede sentirse incómodo. Su mejor estrategia es desgastar las denuncias por inanición mediática y desprestigio informal en los pasillos de palacio y en los cuarteles. Dirían que son calumnias de un sacerdote alarmista o de un sargento resentido. Que el ministro de defensa no sea un civil es el reconocimiento tácito de que ningún proyecto de seguridad, incluso el más reformista, el más petrista, puede avanzar sin el aval de la cúpula militar. Lo advertí en pasada columna sobre la “bota militar”. Las críticas del cura Arango destapan la realidad de un poder paralelo y no electo (ACORE) que sigue ejerciendo una influencia decisiva; y el silencio sobre lo dicho por el Sargento Chala, revela los límites de la libertad de expresión y la transparencia cuando se trata de cuestionar a la institución militar desde dentro. Las denuncias del sargento Édgar Giovanny Chala, difundidas principalmente a través de redes sociales y medios alternativos, han encontrado un muro de silencio en la prensa tradicional. El sargento Chala ha expuesto presuntas irregularidades internas, cuestionando el manejo de recursos, las condiciones de la tropa y ciertas operaciones. Su caso es prueba de la dificultad de las voces disidentes dentro de la Fuerza Pública para encontrar eco en los canales oficiales de comunicación, lo que los lleva a buscar altavoces en la esfera digital (redes sociales), siendo desacreditados o simplemente ignorados en la práctica. La denuncia del cura Ramiro Arango apunta que ACORE, que agrupa a oficiales es un “lobby” de enorme influencia. Sus miembros tienen conexiones profundas en la política, la economía y los medios. Arango les señala de obstaculizar los procesos de paz, presionar para mantener un statu quo belicista y operar como un grupo de interés que pone sus agendas por encima del bien común. Ésta en pocas líneas, es la evidencia de los límites del debate público y los temas que son incómodos para el establecimiento y los dueños del poder político-mediático, sin importar su color ideológico. El silencio contra el cura y el sargento tendrá más adelante otras columnas de opinión.

¿Magnicidio? Oportunismo ramplón.

Por: Héctor Díaz Revelo Decir que el asesinato de Miguel Uribe es un magnicidio quizás sea una exageración o parte del oportunismo político de una derecha criminal que nunca ha reaccionado frente a las masacres de que ha sido víctima el pueblo colombiano. Ver a los uribistas y a Miguel Uribe Turbay en las pantallas de televisión brincando de felicidad por la caída de la reforma laboral en el congreso de la república, hundida por la bancada del centro democrático es poco menos que una afrenta contra las víctimas del terrorismo de Estado. Ver a Miguel Uribe festejando el “hundimiento” de cada propuesta de la reformitis de Gustavo Petro en el congreso de la república es poco menos que una infamia si se tiene en cuenta que tal o cual propuesta apenas se hubiera convertido en la aspirina de la enfermedad colombiana de la desigualdad y el paramilitarismo. Poner el asesinato de Miguel Uribe como un magnicidio a la altura de Jorge Eliecer Gaitán (1948) con la ola de sangre que prosiguió al macabro acontecimiento es un oportunismo ramplón de la derecha. Pensar que el magnicidio de Jaime Pardo Leal (1987), el gran luchador y miembro del partido comunista colombiano puede ser comparado con lo que ha ocurrido con Miguel Uribe Turbay es una suerte de cinismo e hipocresía de quienes ostentan el poder en este país. El terrorismo de Estado y el narcotráfico ha segado la vida de dirigentes como Luis Carlos Galán (1987), y es lo mismo que el asesinato de Bernardo Jaramillo miembro de la Unión Patriótica (1990) uno más entre los cuatro mil integrantes de ese movimiento político magistralmente mostrado en el documental El Baile Rojo. Magnicidios aún en la impunidad. Decir que se trata de un magnicidio el de Miguel Uribe defensor de la mal llamada “seguridad democrática” de su jefe político Álvaro Uribe es atentar con la memoria colectiva que no puede ni debe olvidar de los 6402 homicidios extra judiciales conocidos como los falsos positivos. Las madres de los jóvenes acribillados en las comunas de Medellín en ejecución de la operación Orión sufren el dolor y la desesperanza de lo que significa enterrar a sus hijos. Afirmar que Colombia vive el duelo por la muerte de Miguel Uribe es algo que a nadie le cabe duda, pero hablar de un magnicidio a la altura de lo ocurrido con Carlos Pizarro (1990), con Manuel Cepeda Vargas (1994) o del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado (1995), es poco menos que ambientar procesos políticos venideros en donde se unirán detentadores del poder, medios corporativos de comunicación y la reserva activa de las fuerzas armadas. Dicho esto a grosso modo, en tanto el país se mueve en medio de las más oscuras fuerzas de eliminación física, amedrentamiento, amenazas, desplazamientos y asesinatos selectivos, urge la presencia de organizaciones de observación política internacional, de los defensores de los derechos y de la academia. Porque como dijo juan pueblo: Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero el oportunismo ramplón debe ser censurado ahora y siempre.

De California a Colombia. Juventud excluida y explotada.

De California a Colombia. Juventud excluida y explotada. Por Héctor Díaz Revelo Calificados como insurrectos y agitadores profesionales miles de latinoamericanos, mexicanos en mayoría, han sido objeto de la más criminal persecución y constreñimiento por parte del inquilino de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Fuerzas combinadas de paramilitares y parapoliciales con algunos renegados de la lucha guerrillera casi centenaria en Colombia han atacado en casi treinta ocasiones a la comunidad civil de varios municipios de los departamentos del Valle y Cauca. A su juventud específicamente. Qué tienen estos dos hechos en común, se preguntarán los lectores y tienen razón. Pues en ambos casos, sin determinar sin son daños colaterales a la arremetida brutal y estratégica que bordea los ítems consagrados en los códigos penales, en los Estados Unidos se esconde las secuelas del capitalismo salvaje y en Colombia, saca las garras la siniestra derecha que de verdad ostenta el poder. Es limpieza social. Es terrorismo de Estado. Hay un comportamiento hipócrita de Estados Unidos y ciertos países europeos, que condenan la migración irregular - no ilegal – como una fuerza laboral desechable, sin derechos, que abarata costos en agricultura, construcción, servicios y manufactura. Por acá se niega a la juventud sus derechos y oportunidades y lo peor, se los mata o se les enseña a matar obligándolos a prestar servicio militar. Luego los usan como mercenarios. EE.UU. depende de varios millones de migrantes indocumentados, vitales para su economía, pero los criminaliza para mantenerlos en vulnerabilidad y eso lo hace arrogante ante las víctimas. Colombia al romper el proceso de crecimiento a jóvenes bachilleres de 15 o 16 les enseña a matar porque no otra cosa aprenden en los cuarteles del ejército y la policía. Los campesinos sin escuela a los 18 años. Al salir se dan cuenta de su mundo es real: sin oportunidades, sin cupos en la universidad, sin acceso al crédito y con trabajos precarios. Del pensamiento crítico, ni de lejos. A unos no les gusta que recuerde que los acuerdos de libre comercio destruyen economías locales en países empobrecidos y saqueados, expulsando mano de obra hacia el Norte o empujando sus jóvenes a organizaciones armadas legales o ilegales. Los dos modelos, a la larga el mismo, han construido su riqueza legal e ilegal históricamente sobre la explotación de mano de obra barata, primero mediante la esclavitud y luego con sistemas neocoloniales y las mafias internacionales. Sin duda es el legado colonial y el impúdico imperialismo económico. Lo cierto es que se exigen estándares laborales "éticos" en productos importados, pero se ignora la explotación interna de migrantes irregulares. Más cierto es que como en el caso de Colombia, muchos reclaman condenas ejemplarizantes a jóvenes delincuentes escondiendo las causas objetivas de la desigualdad y del conflicto social y armado. Hay una suerte de racismo estructural donde la criminalización del migrante sirve para justificar su exclusión de derechos laborales y sociales. Es el capitalismo racializado, donde la irregularidad legal permite salarios de hambre y con jornadas abusivas. En Colombia los recargos y extras fueron una realidad hasta que llego la derecha criminal al comenzar este siglo. Mientras se sanciona a Venezuela o Cuba por supuestas "violaciones de DDHH", se ignoran las redadas que hace la “migra” en el país del tío Sam o las incontables muertes en el Mediterráneo. Mientras eso pasa, en nuestra atribulada Colombia se arremete a bala en regiones marginadas a través de una selectividad moral que, como lo sabemos, responde a intereses, no a principios. Llegan los criminales a las regiones como pedro por su casa en la macabra connivencia con la fuerza pública. Este doble discurso no es un error, sino una herramienta del capitalismo global: migrantes irregulares son el ejército laboral reserva del siglo XXI, sin derechos pero indispensables. En Colombia: la estigmatización para regiones empobrecidas como respuesta a arcaicos y excluyentes sistemas económicos y políticos. La juventud asesinada en plena primavera.