CAMILO ROMERO Lágrimas de una testigo en la Corte.

Por:Héctor Díaz Revelo La sala de audiencias guardó silencio cuando Adriana Milena Amaya, antigua empleada de la Gobernación de Nariño, rompió en llanto al recordar uno de los episodios más difíciles de su vida profesional. Era subsecretaria de rentas en hacienda departamental bajo el periodo de Camilo Romero. Frente a la Fiscalía, Amaya relató cómo terminó involucrada en decisiones que, según reconoció con visible dolor, iban en contra de los principios morales y espirituales que había defendido desde niña. La declaración surgió cuando la fiscal le pidió precisar qué había escuchado de Andrés Felipe Arango, primo de Camilo Romero, respecto de unas personas a quienes, según se decía dentro de la administración, había que cumplirles un compromiso. Adriana recordó una frase que quedó grabada en su memoria, dicha por Andrés Felipe Arango y corroborada más tarde por su jefe Mario Fernando Benavides: “Eran unos amigos a los que había que ayudar para que compraran el aguardiente porque habían aportado a la campaña de Camilo Romero a la Gobernación”. Dijo no saber cuánto habían aportado ni cuáles habían sido exactamente los compromisos adquiridos. Sin embargo, explicó que, al desempeñarse como subsecretaria de rentas, comenzó a analizar el procedimiento que se pretendía implementar y fue entonces cuando empezó a percibir irregularidades. Ese descubrimiento desencadenó un conflicto interno que, 10 años después, todavía la conmueve hasta las lágrimas. Según Adriana Milena, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo comenzó a construir justificaciones para sí misma. Intentaba convencerse de que no era ella quien hablaría con los beneficiarios de la operación, que no sería ella quien les comunicaría las decisiones ni quien negociaría directamente con ellos. “Yo misma me excusaba”, reconoció. Se repetía que no era quien tendría contacto con Richard Portilla o Pedro Bastidas. Adriana Milena se decía que tampoco estaba pidiendo dinero a nadie ni participando directamente en una negociación económica, presuntamente convenida por la gente de la campaña de Camilo Romero. Pero esas explicaciones no lograban disipar el malestar que sentía. La tensión emocional alcanzó su punto máximo cuando la fiscal le preguntó qué quería decir al afirmar que todo aquello estaba por encima de sus principios y de su moral. Adriana se cubrió el rostro con ambas manos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Tomó una taza que tenía a un lado, bebió un poco e intentó recomponerse. Con la voz quebrada la testigo recordó en la audiencia el momento en que aceptó ingresar al servicio público. Dijo que sabía perfectamente que administrar recursos públicos era una responsabilidad delicada y que incluso había hablado del tema con su esposo antes de asumir el cargo. Adriana Milena se había impuesto una regla inquebrantable. Si algún día le pedían hacer algo contrario a sus convicciones, simplemente diría que no y regresaría a Bogotá. Eso demuestra la duda que los ciudadanos guardan sin estigmatizar a nadie por eso. Entre sollozos recordó la promesa que se hizo a sí misma: jamás actuar contra aquello que había profesado toda su vida. Ni siquiera copiar en un examen del colegio o de la universidad había sido una opción para ella. Mucho menos participar en actuaciones que chocaran con sus principios morales y espirituales. Pero no ocurrió así. Y esa contradicción es precisamente la que parece perseguirla hasta hoy. Hoy que han pasado casi 10 años de aquello que tanto mortifica a los acusados Camilo Romero y Mario Benavides como a sus más fieles seguidores. Adriana Milena Amaya admitió que nunca renunció a su cargo. Tampoco denunció a tiempo lo que estaba ocurriendo cuando comenzó a percibirlo. En lugar de eso, construyó una especie de refugio psicológico para soportar la situación. Lo describió como una “excusa” y como una “máscara”. Explicó que había idealizado profundamente el proyecto político de Camilo Romero y de su padre, Ricardo Romero Sánchez. Recordó que lloró de emoción cuando ganaron las elecciones y que llegó a verlos como una especie de salvadores. “Los veía como los Robin Hood”, declaró. En su imaginación los Romero, Papá e hijo, representaban a quienes venían a transformar el país y corregir viejas prácticas políticas. Bajo esa visión, terminó convenciéndose de que ciertas actuaciones podían justificarse en nombre de un propósito superior. Esa fue, según confesó Adriana Milena, la máscara detrás de la cual escondió sus dudas porque en el fondo sabía que algo estaba mal. “Eso me quitaba el sueño”, admitió. Su relato muestra una permanente lucha entre la admiración política y la conciencia personal. Por un lado, la subsecretaria de rentas de Nariño intentaba convencerse de que no existía perjuicio económico para el departamento. Sostenía que se trataba de una venta y no de una compra que afectara las rentas públicas. Vigilaba especialmente que los precios del aguardiente no perjudicaran los ingresos de Nariño. Fijar las escalas no era su responsabilidad. Había antecedentes sobre eso. Por otro lado, reconocía que aquello no eliminaba el problema ético.Se consolaba pensando que ella no era quien negociaba directamente ni quien establecía las condiciones finales. Incluso Adriana Milena encontró otra forma de aliviar la culpa. Según explicó, parte de su tranquilidad provenía de pensar que otros empleados de la gobernación de Camilo Romero asumían la responsabilidad formal de los actos administrativos. En particular, que si el asesor jurídico Pedro Rodríguez firmaba los decretos o contratos correspondientes, eso servía como una especie de alivio psicológico para su conciencia. Pero hoy reconoce que ese razonamiento era equivocado. La firma de otro funcionario no borraba sus propias dudas ni eliminaba la responsabilidad moral que sentía frente a lo que estaba ocurriendo. Por eso Adriana Milena insistió en que aquellas justificaciones eran solamente mecanismos para soportar una realidad que la perturbaba profundamente. “Eso estaba mal”, reconoció. Y volvió a repetir que esa situación le quitaba el sueño. Pero nunca dijo que había pensado renunciar al cargo o salir a denunciar lo que estaba pasando, hasta que se armó el Escándalo de los Licores, que es como se conoce este sucio episodio. Durante su declaración también recordó el sacrificio personal que realizó por la administración departamental. Habló de largas jornadas de trabajo, de su dedicación al departamento y de los esfuerzos familiares que hizo para cumplir sus funciones. Contó incluso que en ocasiones debía dejar a su hija en el jardín infantil hasta el punto de que una profesora terminaba llevándola al médico cuando era necesario, mientras ella continuaba trabajando. Todo, afirmó la testigo, porque creía en el proyecto político que le había vendido Camilo Romero. Estaba convencida de que si hacía bien su trabajo contribuiría a que ese proyecto saliera adelante. Sin embargo, con el paso del tiempo terminó chocando contra la realidad. “Choqué con todo eso”, dijo entre lágrimas. Choqué con la idolatría hacia personas que había construido durante años. Choqué con la idea de que estaba mal idolatrar a cualquier ser humano. Y choqué con la certeza de que aquello que se estaba haciendo iba en contra de quien yo había sido toda mi vida. Más adelante, la fiscal le preguntó cuándo había conocido a Richard Portilla. Adriana Milena explicó que inicialmente escuchó su nombre sin saber quién era. Sólo después de concretarse la venta de aguardiente comenzó a identificarlo plenamente. En la subsecretaría de rentas, durante los análisis de precios, escalas y ventas observó que Portilla aparecía entre los compradores habituales del licor producido por el departamento. Fue entonces cuando, según relató, Mario Benavides le explicó el funcionamiento de ese sector. Le comentó que durante años se habían realizado ventas a grupos de licoristas asociados para adquirir grandes cantidades de aguardiente Nariño. Entre ellos figuraba Licosur, organización que había tenido protagonismo durante administraciones anteriores. También le habló de conflictos surgidos entre Richard Portilla, Pedro Bastidas y otros integrantes de ese grupo de comercializadores. Según el testimonio, Benavides le contó que incluso había sostenido reuniones con miembros de Licosur para persuadirlos de que no interfirieran en una venta específica prevista para agosto de 2016. La idea, según entendió Adriana Milena, era que permitieran que la primera gran operación favoreciera a Portilla y Bastidas y que posteriormente los demás tuvieran oportunidades similares. La explicación que recibió fue que esos dos empresarios habían apoyado la campaña que llevó a Camilo Romero a la Gobernación de Nariño. Los demás, por el contrario, habrían respaldado opciones políticas distintas. Fue en ese momento, afirmó Adriana Milena, cuando logró comprender la estructura de relaciones que rodeaba el negocio de los licores en el departamento. “Ahí conozco todo ese engranaje”, declaró. Y concluyó que fue entonces cuando entendió quiénes eran, en realidad, los actores con mayor poder dentro de ese entramado: “Los poderosos”, puntualizó.

Camilo Romero: El primo devela manejo económico de la campana ante la Corte

Por Héctor Díaz Revelo En uno de los momentos más sensibles y mediáticamente relevantes del juicio oral que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, la controversia sobre los aportes de licoristas a su campaña vuelve a ocupar el centro del debate judicial en la audiencia de hoy. La discusión se intensifica a partir de las diferencias que habrían surgido entre los aportes reportados por los empresarios Richard Portilla y Pedro Bastidas, propietarios de la Organización Licorera de Nariño (OLN), posteriormente beneficiaria de un contrato que superó los 18.000 millones de pesos, y la cantidad efectivamente recibida por Erick Guerrero, uno de los responsables del manejo financiero de la campaña de 2015. Durante su declaración, Andrés Felipe Arango Romero, primo de Camilo Romero y hoy considerado uno de los principales testigos del proceso tras acogerse a un principio de oportunidad, señaló que las decisiones económicas de la campaña no recaían exclusivamente en una sola persona. Según su versión, en el manejo financiero participaban el entonces candidato Camilo Romero, su tío Ricardo Romero Sánchez, Esmeralda Hernández —actual senadora y pareja de Pablo Romero Vega, hermano del exgobernador— y Erick Guerrero. Arango Romero aseguró además que Guerrero habría sido apartado posteriormente del manejo de las cuentas debido a discrepancias relacionadas con los recursos aportados por los empresarios y los valores efectivamente reportados, además del compromiso que según el testigo tenía que ver con el millonario contrato de venta de aguardiente Nariño. El núcleo de la controversia radica en establecer si los aportes realizados por Portilla y Bastidas superaron o no las cifras oficialmente registradas y si la totalidad de esos recursos fue reportada ante el Consejo Nacional Electoral o, por el contrario, para “obtener beneficio contractual”, parte de ellos habría permanecido por fuera de la contabilidad oficial de la campaña. De acuerdo con el testimonio rendido bajo juramento, Andrés Felipe Arango Romero ha dicho que Erick Guerrero habría manifestado que las cifras conocidas públicamente no correspondían a los montos reales y que por eso, Camilo Romero lo había alejado de esa responsabilidad, dejándolo a él como su reemplazo. Arango Romero relató igualmente que las comunicaciones provenientes del empresario Richard Portilla eran constantes antes, durante y después de la campaña que llevó a Camilo Romero a la Gobernación de Nariño, e incluso se habrían mantenido tras su posesión en el cargo. Según el testigo, dichas llamadas estaban relacionadas con compromisos adquiridos en torno al negocio de los licores. Camilo Romero delegó entonces en su primo Andrés Felipe Arango Romero la interlocución con los empresarios Portilla y Bastidas y el seguimiento de los compromisos asociados al denominado contrato 364, uno de los ejes de la investigación. De hecho, el testimonio de Arango Romero ha permitido a la Fiscalía y a las partes procesales profundizar en la reconstrucción de las presuntas transacciones y acuerdos que hoy son objeto de examen judicial. Otro de los aspectos que genera atención es la mención reiterada a la senadora Esmeralda Hernández. Según Arango Romero, ella habría participado en asuntos relacionados con el manejo económico de la campaña junto con Ricardo Romero Sánchez y el mismísimo candidato Camilo Romero Galeano. Su nombre también habría sido mencionado previamente por Adriana Milena Amaya Buitrago en relación con presuntas irregularidades contables, situación que derivó en una denuncia penal en averiguación presentada por la supuesta falsificación de su firma. Amaya Buitrago subsecretaria de rentas, habría entregado a la fiscalía general de la Nación varios audios que implicarían aún más a funcionarios de la administración departamental y abogados particulares contratados por Camilo Romero para su defensa técnica. La expectativa se concentra ahora en la jornada de este martes ante la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrollará el contrainterrogatorio de Andrés Felipe Arango Romero. Su declaración es considerada una de las piezas más relevantes dentro del juicio oral que se sigue contra los exgobernadores de Nariño Camilo Romero y Mario Fernando Benavides, dado que podría aportar nuevos elementos determinantes para esclarecer el origen, destino y eventual legalidad de los recursos que financiaron la campaña objeto de investigación y el beneficio a los licoristas aportantes.

Camilo Romero. El primo se destapa en la Corte Suprema

Por: Héctor Díaz Revelo Explosivas declaraciones sobre el denominado “Escándalo de los Licores” rindió ante la Corte Suprema de Justicia Andrés Felipe Arango Romero, primo hermano del acusado Camilo Romero Galeano. Durante su testimonio, Arango Romero confirmó los vínculos entre la campaña política de Camilo Romero y los empresarios del sector licorero Richard Portilla y Pedro Bastidas, representantes de la OLN (Organización de Licores de Nariño). “En lo que tiene que ver con el tema de los licores... en los aportes como tal tuvo que ver Erick Guerrero”, afirmó el testigo, conocido como “el primo”, apelativo con el que Camilo Romero suele referirse a su familiar. Arango Romero comparece como testigo de cargo de la Fiscalía dentro de este proceso. Según su declaración, Richard Portilla era “una persona bastante visible” dentro de la campaña de Camilo Romero y realizó diversos aportes, entre ellos vehículos y apoyo relacionado con otros eventos (la sede de campaña ubicada en un sector del norte de Pasto). Además, el testigo aseguró textualmente que “adicionalmente había un compromiso frente al tema de los licores”, una afirmación que debilita la tesis de Camilo Romero de ser víctima de una supuesta persecución judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por estos mismos hechos también es investigado por la Corte Suprema de Justicia el exsecretario de Hacienda Mario Fernando Benavides. En calidad de gobernador encargado, Benavides firmó el controvertido Decreto 364 de 2016, mediante el cual se autorizó la venta de aguardiente Nariño por un valor superior a los 18 mil millones de pesos, operación que habría beneficiado a los empresarios Richard Portilla y Pedro Bastidas, señalados como aportantes de la campaña. En torno a este escándalo de los licores Camilo Romero es acusado de haber cometido los delitos de: Falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad material en documento público, firma de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y por Asociación para la Comisión de un Delito contra la Administración Pública. El juicio continuará mañana (martes 09) en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La audiencia se desarrolla en medio de denuncias sobre presuntas maniobras dilatorias por parte de la defensa de los acusados.