Camilo Romero: El primo devela manejo económico de la campana ante la Corte

Por Héctor Díaz Revelo En uno de los momentos más sensibles y mediáticamente relevantes del juicio oral que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, la controversia sobre los aportes de licoristas a su campaña vuelve a ocupar el centro del debate judicial en la audiencia de hoy. La discusión se intensifica a partir de las diferencias que habrían surgido entre los aportes reportados por los empresarios Richard Portilla y Pedro Bastidas, propietarios de la Organización Licorera de Nariño (OLN), posteriormente beneficiaria de un contrato que superó los 18.000 millones de pesos, y la cantidad efectivamente recibida por Erick Guerrero, uno de los responsables del manejo financiero de la campaña de 2015. Durante su declaración, Andrés Felipe Arango Romero, primo de Camilo Romero y hoy considerado uno de los principales testigos del proceso tras acogerse a un principio de oportunidad, señaló que las decisiones económicas de la campaña no recaían exclusivamente en una sola persona. Según su versión, en el manejo financiero participaban el entonces candidato Camilo Romero, su tío Ricardo Romero Sánchez, Esmeralda Hernández —actual senadora y pareja de Pablo Romero Vega, hermano del exgobernador— y Erick Guerrero. Arango Romero aseguró además que Guerrero habría sido apartado posteriormente del manejo de las cuentas debido a discrepancias relacionadas con los recursos aportados por los empresarios y los valores efectivamente reportados, además del compromiso que según el testigo tenía que ver con el millonario contrato de venta de aguardiente Nariño. El núcleo de la controversia radica en establecer si los aportes realizados por Portilla y Bastidas superaron o no las cifras oficialmente registradas y si la totalidad de esos recursos fue reportada ante el Consejo Nacional Electoral o, por el contrario, para “obtener beneficio contractual”, parte de ellos habría permanecido por fuera de la contabilidad oficial de la campaña. De acuerdo con el testimonio rendido bajo juramento, Andrés Felipe Arango Romero ha dicho que Erick Guerrero habría manifestado que las cifras conocidas públicamente no correspondían a los montos reales y que por eso, Camilo Romero lo había alejado de esa responsabilidad, dejándolo a él como su reemplazo. Arango Romero relató igualmente que las comunicaciones provenientes del empresario Richard Portilla eran constantes antes, durante y después de la campaña que llevó a Camilo Romero a la Gobernación de Nariño, e incluso se habrían mantenido tras su posesión en el cargo. Según el testigo, dichas llamadas estaban relacionadas con compromisos adquiridos en torno al negocio de los licores. Camilo Romero delegó entonces en su primo Andrés Felipe Arango Romero la interlocución con los empresarios Portilla y Bastidas y el seguimiento de los compromisos asociados al denominado contrato 364, uno de los ejes de la investigación. De hecho, el testimonio de Arango Romero ha permitido a la Fiscalía y a las partes procesales profundizar en la reconstrucción de las presuntas transacciones y acuerdos que hoy son objeto de examen judicial. Otro de los aspectos que genera atención es la mención reiterada a la senadora Esmeralda Hernández. Según Arango Romero, ella habría participado en asuntos relacionados con el manejo económico de la campaña junto con Ricardo Romero Sánchez y el mismísimo candidato Camilo Romero Galeano. Su nombre también habría sido mencionado previamente por Adriana Milena Amaya Buitrago en relación con presuntas irregularidades contables, situación que derivó en una denuncia penal en averiguación presentada por la supuesta falsificación de su firma. Amaya Buitrago subsecretaria de rentas, habría entregado a la fiscalía general de la Nación varios audios que implicarían aún más a funcionarios de la administración departamental y abogados particulares contratados por Camilo Romero para su defensa técnica. La expectativa se concentra ahora en la jornada de este martes ante la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrollará el contrainterrogatorio de Andrés Felipe Arango Romero. Su declaración es considerada una de las piezas más relevantes dentro del juicio oral que se sigue contra los exgobernadores de Nariño Camilo Romero y Mario Fernando Benavides, dado que podría aportar nuevos elementos determinantes para esclarecer el origen, destino y eventual legalidad de los recursos que financiaron la campaña objeto de investigación y el beneficio a los licoristas aportantes.