CORPONARIÑO EN EL OJO DEL HURACAN.

Por Héctor Díaz Revelo Es secreto a voces que Corponariño es un fortín político. Lo es también el hecho de saber que en la corporación hay mucha burocracia que garantiza el manejo de clientelas políticas. La situación se ha agravado ante el silencio de los medios de comunicación bajo la dirección de Hugo Mideros un funcionario que desfila por noticieros en donde Corponariño tiene pauta publicitaria que constriñe el derecho a la información y la libertad de prensa. Fuerte crítica a la dirección de Corponariño se registra en el departamento en defensa de derechos colectivos como la protección al río Guáitara en la frontera con Ecuador y el goce de un ambiente sano. Vuelve a debate el contrato con la empresa Vitalogic. El JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO ha admitido una acción popular interpuesta por el ciudadano en contra de Corponariño, el municipio de Ipiales y el instituto de aseo Iservi. Se trata de una acción que busca la protección judicial efectiva de los DERECHOS COLECTIVOS a i) la moralidad administrativa; ii) la defensa del patrimonio público, y iii) al goce de un ambiente sano, derechos que se encuentran gravemente afectados y/o amenazados en razón y/o con ocasión de las maniobras de tipo político e irregularidades administrativas que han impedido y obstruido la ejecución del Contrato entre el Iservi y la firma Vitalogic. Los accionantes denuncian que en Corponariño especialmente ha habido “indebidas, ilegales y hasta ocultas maniobras dilatorias que exponen a estas entidades a tener que asumir y pagar millonarias y cuantiosas indemnizaciones por causa de sus indebidas, ilegales y hasta ocultas maniobras dilatorias que están ocasionando perjuicios patrimoniales a estas entidades y empresas en perjuicio a las comunidades de los municipios del sur del departamento. A esto se suma la noticia de última hora desde Tumaco en donde se ha denunciado que el relleno sanitario de Bucheli ha terminado su vida útil y las comunidades que viven cerca del relleno se han visto seriamente afectadas. Corponariño no dice nada. Su silencio ha sido calificado de complicidad con intenciones del gobierno de Tumaco de privatizar ese servicio. Aunque el relleno ha vuelto a ser manejado por la empresa estatal, distrital, llamada aguas de Tumaco, los tumaqueños ven con preocupación la respuesta que dará el gobierno distrital y la gobernación de Nariño a tan delicado problema. En el relleno la Victoria de Ipiales las cosas no son mejores pese a que bajo la administración de Ricardo Romero Sánchez se firmó contrato de colaboración para la instalación de una planta de tratamiento de basuras en ese relleno, aplicando la nueva tecnología de economía circular. Voceros de Vitalogic han dicho que con tantas dilaciones por parte de Corponariño en la entrega de una licencia ambiental, se está privando a la comunidad que habita en el municipio de Ipiales y en sus municipios circunvecinos de beneficiarse de todas las ventajas económicas y laborales por la generación de empleos y nuevos puestos de trabajo, beneficios ambientales y de la generación de nuevos recursos públicos para el municipio de Ipiales por razón de la venta de energía, resultado del nuevo tratamiento de basuras. Es decir que ya no enterrarán los residuos como funcionaba ante con la economía lineal. Vitalogic agrega que se está impidiendo que las comunidades y asociaciones de recicladores que laboran en estos territorios puedan obtener mejores condiciones de vida y mayores ingresos por la puesta en marcha de la nueva modalidad de disposición de recursos sólidos, así como impidiendo que se ejecute un contrato amigable con el medio ambiente que no tendrá emisiones contaminantes por la disposición de los residuos sólidos mientras se sigue causando toda clase de desastres ambientales con la continuidad del funcionamiento del relleno sanitario de La Victoria en el municipio de Ipiales. Si un funcionario incumple sus obligaciones la gente ya sabe que puede acudir a los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución Nacional. Se acude a la acción de tutela, por ejemplo, para hacer respetar la decisión de un médico o de un juez, según sea el caso. Pero hay también las acciones populares. Las acciones populares son un mecanismo usado para defensa de derechos colectivos como la salud, la educación, el espacio público, el medio ambiente y cuanto salga del perjuicio a grupos humanos o a comunidades enteras, minorías raciales y étnicas, el campesinado o las comunidades indígenas. Por tanto se INCLUYE SOLICITUD ESPECIAL DE MEDIDAS CAUTELARES PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS Y/O GRAVEMENTE AMENAZADOS. La acción popular en contra de Corponariño, de la Alcaldía de Ipiales, al alcalde Luis Fernando Villota y del instituto de aseo urbano Iservi por impedir que se ejecute un contrato con la firma Vitalogic, en medio de desastres ambientales con la continuidad del funcionamiento del relleno sanitario de La Victoria en el municipio de Ipiales, sigue dando mucho de qué hablar.

La seudo izquierda vergonzante.

Ni alternativos ni progresistas. (Por Héctor Diaz Revelo) El entramado mafioso y clientelista que ronda la cosa electoral colombiana no tiene parangón. El poder, por esa vía es y será del Establecimiento. Presentados como hombres ´racionales y prácticos´ el Establecimiento acoge en su seno a quienes renuncian a la lucha armada, a quienes reniegan de haber caído en la tentación de acudir a la toma del poder con las armas o a quienes no quieren que se los relacione con la izquierda colombiana. El Establecimiento, los dueños del poder en Colombia, manosea y elogia a quienes se autoproclaman como hombres ´racionales y prácticos´ , a quienes reniegan de la izquierda y prefieren decir que son "alternativos, decentes o progresistas". Hoy, son flamantes miembros de la social democracia o de la izquierda democrática, si se quiere, con quienes el Establecimiento trapea los pisos porque nada de lo que hagan afecte sus jugosos intereses. Recordemos que Petro, progresista y alternativo, haciendo lo que el Establecimiento quiere, lanzó su candidatura al senado y una vez elegido hasta votó por quien termino siendo su verdugo, el procurador Alejandro Ordoñez. La politica es dinamica, dicen, o son simples acuerdos politicos. El establecimiento, es decir, ese grupito de personas dueños de la finca llamada Colombia, son banqueros, industriales, comerciantes mayoritarios y herederos de grandes fortunas amasadas al calor de leyes hechas a su medida, en épocas no tan remotas. Grandes fortunas al calor de las guerras civiles que han azotado nuestra geografía durante 200 años, ese Establecimiento se comporta así con estos hombres a quienes los califica de ´racionales y prácticos´ y ellos mismos se autocalifican como "alternaivos y progresistas". Ese establecimiento criminal y oprobioso para adular a los alternativos y progresistas les abre la entrada con bombos y platillos en sus medios de comunicación y en las corporaciones legislativas. Porque a quienes no se dobleguen, los mata, los elimina, los borra del mapa y si los deja vivos, son la comidilla diaria en esos mismos medios. Mientras tanto, el Establecimiento apura sus hordas paramilitares contra civiles, contra lideres sociales, quienes son acusados de ser el apoyo de las guerrillas marxistas, cortando cabezas, desmembrando cuerpos, masacrando líderes en las plazas públicas, como escarmiento contra quienes se mantienen en sus principios de libertad y paz con justicias social. Por allí aparecen Lucho Garzón y Angelino Garzón, cooptados por el Establecimiento sabiendo, como se sabe, que provienen del movimiento sindical colombiano, dicho sea de paso, sindicatos y sindicalistas que han aniquilado a punta de ordenes de captura y atentados y ejecuciones sumarias. Los jóvenes lo saben y hoy protestan, en las calles junto al pueblo colombiano indignado. A nivel del departamento, han aparecido como los mesías que reniegan de la izquierda, cinco gobernadores. Cinco gobernadores que la gente no les merece una obra que saque del atraso a la region. Antonio Navarro, Parmenio Cuellar, Eduardo Zuñiga, Raul Delgado y Camilo Romero. Fuera del país da verguenza lo que muestran los medios de comunicación corporativos y les debería dar verguenza a estos poliqueros sobre el hambre de la gente de Nariño, sobre las áreas de cultivo de hojas de coca, de la falta de vias secundarias que favorezcan al campesinado pobre, y sobre el abandono de los muncipios de la cordillera y de nuestro litoral pacifico. Dentro del departamento todo parece acomodado a la medida. Si estos falsos alternativos y progresistas no pudieron o no quisieron, trabajar por este departamento la gente de desilusiona y les da la espalda. Los votantes caen entonces, en las maquinarias de los politiqueros de siempre, de los tradicionales, de los que tienen buena cuota de responsabilidad en el atraso del departamento. Quizas o más o menos culpables, pero culpables al fin y al cabo. Estos individuos le hacen flaco favor al movimiento civico, al movimiento popular y al liderazgo social. A eso le llaman embustes. Ellos mismos son embusteros. Estos mismos no deberían tener cara de mostrar a sus hijos como candidatos al congreso, hablo de Parmenio Cuellar y Eduardo Zuñiga. Qué obra de gobierno de sus padres defenderían los delfines Camilo Cuellar y Andres Zuñiga? Es una pregunta que nadie hace. ¿Quién no recuerda el golpe al bolsillo de los usuarios cuando Navarro privatizó el aseo urbano de pasto? (Su esposa y su hijo como accionistas de Emas) y que,como gobernador, se enredó en la compra de unas acciones que hasta ahora pesan en la memoriade la gente. Qué puede decir en época electoral otro ex gobernador como Raul Delgado acusado de ser el ajuntador del pacto histórico de hoy, que ha sacado a sombrerazos al lider indigena Alberto Cuacés y que sea criticado por su nula acción de gobierno. En la lista aparece el inmaculado Camilo Romero. Quinto gobernador "alternativo y progresista". Igual que los otros cuatro ex de Nariño, igual que Navarro, Cuellar, Zuñiga, Delgado, lo único que han pedido para responder a la crisis social de Nariño y de su costa pacífica, son más soldados y más policias, el aumento del pié de fuerza, que como se sabe, muchos militares y policías han sido señalados de actuar en connivencia con grupos paramiltares, que causan desplazamiento, más pobreza y miseria. Él mismo Camilo Romero, niega que hubo delitos en la adjudicación del contrato de distribución de aguardiente Nariño, y prefiere llamarlos irregularidades y con cinismo dice que si su primo Andrés Felipe Arango Romero hizo algo irregular, fue a sus espaldas. Este panorama demuestra que ni son alternativos ni son progresistas. Que estos personajes le hacen flaco favor a los procesos de emancipación de la gente inconforme. Que estos individuos, mejor, que posaron en campaña de seudo izquierdistas luego terminan aliados con partidos tradicionales y contagiados de sus mañas en el momento de administrar. No voy a gastar tiempo contando las vicisitudes de los "atribulados" conservadores, liberales, de cambio radical, de la U y los santos del centro democratico, pero son quienes detentan el poder, porque una cosa es tener el poder y otra muy diferente llegar al gobierno, que será tema de otra columna. muchas gracias.

EL MERCADO EL PROFESOR Y LOS MASMEDIA.

EL MERCADO EL PROFESOR Y LOS MASMEDIA Por Héctor Díaz Revelo El periodista defensor del sistema en que vive, afirma que: “La globalización está concentrando las ventajas del desarrollo en pocos países y en estrechos sectores de la población mundial creando serias y profundas desigualdades… ” Aunque se trata de una verdad de a puño, esto no es sino la repetición de uno de los objetivos y fines del capitalismo criminal que pretende gobernar el mundo. Sigue sin embargo hablando de países subdesarrollados y países ricos. Insisto que hoy para entender mejor la magnitud del problema de la globalización debemos continuar con un lenguaje claro que ubique a los unos, como países enriquecidos y a los nuestros como países empobrecidos por los primeros. El mercado mundial se relame los labios al ver cómo poco a poco los gobiernos antidemocráticos y entreguistas del planeta someten sus pueblos y sus países entre sus garras, dejándolos en estado de miseria y pobreza sin límites. Primero, la apertura económica, luego el neoliberalismo, más tarde el mercado libre y ahora la globalización, pero ninguna de estas estrategias ha sido creada para paliar las necesidades de las grandes mayorías. Al contrario, crece de manera exorbitante la brecha entre estos países enriquecidos y los nuestros, sometidos hoy por los medios de comunicación, como sabemos, a través de la propaganda que hace suponer que la medida -la globalización – es como una fórmula mágica para acabar con la marginación y el abandono. Los defensores de la globalización quedan sin argumentos porque la concentración de la riqueza persiste y crece en pocas manos cada vez con mejores resultados para sus beneficiarios, y la producción y manejo de bienes y servicios solo genera precariedad en los puestos de trabajo. La lucha abierta contra las organizaciones sindicales y de base, la persecución y eliminación física de líderes sociales, como una estrategia tejida para imponer las reglas del libre mercado, no ha podido ser ignorada por la llamada "comunidad internacional" y pese a ello, no se hace nada por remediar la situación. Hay un estado de inmovilidad social que garantiza el éxito para estos depredadores y amos del gran capital. Solamente en gracia de discusión se podría intentar hacer un cuadro comparativo entre las economías desarrolladas y las de nuestros países, en donde se ve claramente que no hay procesos de transformación del sistema y estructura económica que pueda favorecer nuevas inversiones en materia de ciencia y tecnología. A todo esto no he logrado establecer qué es lo que en realidad plantea el profesor Mateo Guerrero con relación a la educación en el marco de la globalización. Lo digo porque a pesar de plantear que la educación debe servir para transformar parte de la estructura económica, nos vende la idea de un maestro productor de conocimiento, capaz de teorizar y construir, y no habla, por ejemplo, sobre qué construir. Muchos parecen olvidar o desconocer que así como se afirma que las próximas guerras mundiales serán por el agua, después de acabar con los combustibles fósiles y el medio ambiente, también será la nueva lucha por quién acapara y almacena el conocimiento. No veo realmente en ese contexto a un maestro productor de conocimiento más allá de mantener para conveniencia del sistema reinante, mantener los mismos vicios y taras dentro y fuera de las aulas de clase. (Sistema transmisionista, memorístico, repetitivo, etc.). Así las cosas, si no hay cambios estructurales en nuestros países, que antepongan al capitalismo formas asociativas y comunitarias de defensa y creación a futuro, estas generaciones, por lo menos no verán una educación gratuita y de calidad, que permita hablar de competitividad en todos los campos del saber, reseñando, priorizando, permitiendo, el accionar colectivo antes que el individualismo que tanto gusta a los defensores de la globalización y del capitalismo salvaje. Por eso hablan de una educación técnica y superior de autónomos, innovadores, recicladores y de otros calificativos para dejar en la memoria colectiva, que lo que hay, que el sistema que hoy existe es bueno y es digno de mejorarlo, antes que hacer esos cambios estructurales tan necesarios y tan difíciles de alcanzar en medio de la atomización de los medios, la presencia de los factores de poder y la guerra sucia contra la organización social. Repito y pregunto, a quien entonces sirve el sistema educativo actual, si no es a los grandes señores dueños del gran capital y hacedores de fortunas. Triste pero es la verdad. Basta de teorizar, necesitamos concientizarnos de esta dolorosa realidad.

NO ENTIENDO A MIS PAISANOS Alto Nivel ab 09

Por Héctor Díaz Revelo. No se entiende cómo los Ipialeños no reaccionan frente a la vergüenza pública en que se ha convertido buena parte de la ciudad, especialmente la calle 14 y los alrededores de la que algún día fuera llamada Galería Central. Yo pasé mis mejores años de mi infancia en ese sector de la galería y en la carrera once hasta la plaza del carbón. No se entiende, cómo cuatro alcaldes que dicen ser Ipialeños por llenarse los bolsillos y gobernar para sus amigos politiqueros, han dejado a la ciudad convertida en una ciudad de nadie. La galería central tiene una historia de muerte, atropellos y corrupción, ante los burocráticos recodos por donde a veces camina la justicia colombiana. Los usuarios maltratados. Sus familias olvidadas. Sus pequeños hijos acompañando a sus padres a las labores de la galería sin un jardín infantil, sin atención, sin nada. Algunos jueces al tratar el caso de la galería central han encontrado configurada la violación de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. En la defensa del patrimonio público, de la seguridad y la salubridad públicas, además del goce de un ambiente sano, tímidamente otros jueces han responsabilizado y han hecho culpables de todo esto, al Municipio de Ipiales, a los alcaldes y a unos concejales convertidos en enemigos de los Ipialeños. Los alcaldes y los concejales son penalmente responsables de cuanto ha ocurrido y sigue ocurriendo en ese sector de la galería central y de la calle 14. Los Ipialeños no pueden mirar para otra parte, hacerse los de la vista gorda y hacer como hasta ahora, que la cosa de los vendedores y la galería en sí misma, no es con ellos. Un primer responsable de lo que ha pasado sería el exalcalde Gustavo Estupiñán Calvache. Estupiñán es un alcalde al que muchos no se atreven a mencionar. Un alcalde que habría permitido que ocurran muchas cosas en torno al contrato de la galería central. La noticia de hoy es que hace menos de dos meses, mediante escrito del 16 de febrero de 2022, el estudioso, valiente y riguroso abogado ERLINTO VELASCO ARTEAGA cansado de la lentitud y paquidermia de la justicia ha pedido que se active el Comité de Verificación a que hace referencia el numeral cuarto de la sentencia de 5 de agosto de 2020. Verificación del proyecto, quiere decir. Con lo que los técnicos de Inobras limitada, contratistas de la obra en la alcaldía de Estupiñán llaman vicisitudes, han tratado de explicar lo que pasó con los millonarios anticipos recibidos por su socio el difunto arquitecto Unigarro. Pero no hay un solo pronunciamiento del concejo de Ipiales. Según me han dicho, los concejales politiqueros en ese periodo se pasaron peleando por ser parte de la mesa directiva y como siempre, peleando por repartirse la marrana, la marrana burocrática, digamos para empezar. Hoy en día, ya todos los Ipialeños comparan a los alcaldes Ricardo Romero Sánchez y Luis Fernando Villota y en materia de gestión y del proyecto de la galería central, dicen que entre los dos no hay diferencia. Dicen que resultan igualitos Romero y Villota. Pobre Ipiales, se quejan. Y claro, de Gustavo Estupiñán prefieren no hablar. Luis Fernando Villota, como no tiene quien le cuestione su falta de gestión frente a la galería y otros proyectos, se ha dedicado a repartir los cargos a sus amigos concejales y a callar la boca a los medios de comunicación a través de contratos de publicidad. Luis Fernando Villota, si esta vez hace lo que le da la gana y no obedece al juez podrá ser sancionado. Eso se llama desacato a orden judicial. Mientras tanto los responsables del fallido proyecto de la galería central, unos fueron a la cárcel y otros todavía andan por Ipiales como pedro por su casa. Es como regresar a la época de la convergencia cívica cuando era tabú hacer un trabajo periodístico de altura, con ética, con responsabilidad y con sensibilidad social. El abogado Erlinto Velasco es el actor de una acción popular entre las decenas de acciones populares que se han tenido que instaurar para obtener mínimamente algo de protección a los derechos de los Ipialeños. El Juzgado Cuarto de lo Contencioso Administrativo de Pasto, el 31 de marzo ha conminado al alcalde Luis Fernando Villota, ha exigido a Villota Mendes - y los concejales no parecen haberse enterado - que en agosto próximo se debe vida a esa veeduría ciudadana, es decir que se active el Comité de Verificación del proyecto. Recordemos que la historia de la galería central de Ipiales se remonta a principios del mes de noviembre de 2011: 1.- Han pasado más de 10 años cuando en extrañas circunstancias el arquitecto FABIÁN ERNESTO UNIGARRO BUSTOS sufrió un accidente de tránsito y falleció para dolor de su familia y desgracia de los Ipialeños que esperaban ver construida su nueva Galería Central. 2.- A raíz del accidente “el arquitecto EDUARDO OBANDO recibió una llamada telefónica por parte de JAVIER DE LA CARRERA BRAVO quien se desempeñaba en ese entonces, en el cargo de secretario de Planeación de Ipiales, para que Inobras Limitada urgentemente, como dicen ahora, ‘ejecute o ejecute´ el contrato para la construcción del Centro de Comercio Popular del municipio de Ipiales. 3.- El viernes 11 noviembre de 2011 el arquitecto Eduardo Obando representante de Inobras, se entera que mediante maniobras que conoció la justicia, a su socio FABIÁN UNIGARRO BUSTOS, en la alcaldía de Estupiñán, le habían entregado el cien por ciento (100%) del anticipo del contrato de la construcción del Centro de Comercio Popular del municipio de Ipiales. Allí comenzó esta primera parte de la historia. Se trata del contrato de obra número 102 suscrito el día 30 de diciembre de 2010 respecto de la construcción del Centro de Comercio Popular del Municipio de Ipiales. Pero entonces, insisto, ¿qué pasará si no se activa este comité de verificación? Eso sería revolver cosas por parte de Luis Fernando Villota contra su nuevo aliado político Gustavo Estupiñán y otros exfuncionarios. ¿Qué pasará si, como siempre, el personero o quien haga sus veces, igual que todos los personeros que han pasado en estos años, en lugar de investigar todo lo denunciado, no cumple con su sagrado deber de cuidar los recursos públicos y trabajar por Ipiales con ética y con responsabilidad? ¿Qué pasará si, al remover este caso, vuelven las peleas de “gallos” al recinto del concejo municipal y se dañan las coaliciones mañosas, el amiguismo y el tapen tapen? Erlinto Velasco, el abogado que ha instaurado esa Acción Popular por fortuna ha obtenido respuesta del Juzgado Cuarto. Lo cierto es que éste y otros procesos en donde se castiga con cárcel o con multas y el pago de salarios mínimos a los alcaldes y funcionarios públicos, son motivo burla para los sancionados. Se burlan en la cara de los ciudadanos y siguen tan campantes en politiquería y creando clientelas electorales y peleando por contratos de obra pública. Esta vez, si se sanciona a Luis Fernando Villota tendrá que pagar de su bolsillo. No pagarán los ipialeños con sus impuestos. Villota tendrá que pagar con su patrimonio si no hace lo que le ha ordenado el juez y no lo hace en el tiempo que le ha impuesto esa decisión. En nuestra próxima historia haré referencia a los primeros vinculados el proceso. ¿Por qué dos funcionarios tuvieron que pagar cárcel y sus jefes quedaron como si nada hubiera pasado? ¿Cuáles fueron las maniobras para la entrega de los anticipos? Inclusive veremos cómo una entidad bancaria se ha pasado por alto las normas para la entrega por ventanilla de dinero público. Les habló HDR.

Denuncia ante Veeduría q´nunca llegó desde oct 2019

Señores RED DE VEEDURIAS DE COLOMBIA Bogotá Respetados Señores: Conociendo sobre las actividades que usted mismo y la institución que dirige han realizado por el bien del país y en contra de la corrupción y desgreño de diferentes servidores públicos, me permito hacerle llegar la presente comunicación a nombre mío y en representación de un numeroso grupo de ciudadanos nariñenses solicitando su intervención para evitar mayores daños en contra de nuestra región y de las escasas arcas departamentales. Para la mayoría de los nariñenses resulta inaudito que el señor Camilo Romero Galeano continúe al frente de los destinos del departamento, disponiendo del presupuesto, contratando, haciendo política proselitista, nombrando a los miembros de su familia para manejarle los negocios. Todo esto, después de que la Fiscalía General de la Nación no solo le imputara cargos al gobernador con solicitud de medida de aseguramiento, sino que le formulara hace tan solo un mes, acusación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, con lo cual está próxima la iniciación de un juicio en su contra por nada menos que cuatro delitos así: Interés indebido en la celebración de contratos; Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, Asociación para la comisión de un delito en contra de la administración pública; y, Falsedad ideológica en documento público. El proceso al que se hace referencia tiene que ver con la contratación para la venta de licores del departamento. La investigación se inició por cuenta de las valientes denuncias presentadas por reconocidos empresarios del departamento que no estaban dispuestos a permitir que los hechos descritos quedaran en la impunidad. Pero esto no es todo. La subsecretaria de rentas del departamento Adriana Milena Amaya también fue imputada y acusada por la Fiscalía hace tres meses y por los mismos hechos y los mismos delitos. Hoy en día es de público conocimiento que la señora Amaya confesó los delitos como coautora con el gobernador y solicitó un principio de oportunidad que ya le fue aprobado, constituyéndose además como testigo de cargo de la Fiscalía en contra del gobernador. La señora Amaya también sigue al frente de su cargo (como si nada) como subsecretaria de rentas y continúa siendo la persona que contrata la venta de licores del departamento. (¿Advertencia?) El "cómplice" del gobernador y que fue su mano derecha como sabíamos todos los nariñenses, fue hasta hace poco su primo hermano Andrés Felipe Arango Romero, que no aparecía lógicamente en la nómina de la gobernación sino vinculado a través de la USAID para hacer el seguimiento al plan de desarrollo departamental, lo que era una inhabilidad manifiesta burlándose descaradamente de la ley). (* Por mí, hasta ahora, sin comprobar ese vínculo con esa agencia gringa Usaid). Romero Galeano, el gobernador, ha encargado a su primo Andrés Felipe, del manejo de todos los negocios de la familia. Su esposa, Angélica María Cruz Dager, abogada, actuaba como secretaria privada de Camilo en el momento en que se llevó a cabo el negociado de los licores y fue quien "cambió" el decreto (quitando el apego a la ley 80 de contratación) y favoreciendo a los contratistas amigos de Romero rebajando el precio de cada botella de aguardiente. Andrés Felipe Arango Romero, el primo, también fue imputado y acusado por la Fiscalía y también confesó sus delitos en coautoría con el gobernador y solicitó principio de oportunidad, el cual también fue aprobado hace un par de semanas por el juez de control de garantías, constituyéndose igualmente en testigo de cargo de la misma Fiscalía en contra del gobernador Romero Galeano. La Fiscalía General de la Nación ha anunciado en su página en Internet que imputará cargos ahora contra quien actuaba para la época como secretario de hacienda del departamento, el economista Mario Benavides Jiménez, por los mismos delitos y por haber reemplazado al gobernador "habilidosamente" al momento de la adjudicación del contrato. Las imputaciones se extenderán también en contra de los empresarios que se "asociaron" para cometer los delitos (Señores Richard Portilla y Pedro Bastidas) y para otros funcionarios que participaron de las conductas delictivas. (Como el caso de Pedro Rodríguez asesor jurídico de la gobernación y compañero sentimental de otra prima de Camilo Romero). Los problemas no paran ahí. La Fiscalía viene adelantando otras investigaciones muy delicadas en contra del gobernador del departamento y de su familia. No hay que olvidar que el padre del gobernador Ricardo Romero Sánchez, es el alcalde del segundo municipio más importante de Nariño como es Ipiales, que los hermanos de Camilo, Natalia y Pablo Romero Vega, manejan y siguen manejando la gobernación en “complicidad” con la esposa de este último, Esmeralda Hernández, a su antojo, "comprometidos" con todos los negocios y la contratación del departamento. Aquí en Nariño ha habido corrupción siempre pero el caso de los Romero desborda cualquier imaginación. La vinculación de la familia del Gobernador Camilo Romero se hizo mediante diferentes mecanismos: Natalia Romero Vega (la hermana) estuvo vinculada mediante contratación con Naciones Unidas inicialmente, y ahora como parte de la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) del Senador Ipialeño José Aulo Polo cuasi cercano a la familia de los Romero Papá e Hijo. Pablo Romero (el hermano), quien maneja la contratación de los recursos de regalías junto con su esposa Esmeralda Hernández se encuentra vinculado a la UTL del Representante a la Cámara Gilberto Betancourt, a quien por este favor Camilo Romero le entregó el manejo del Plan Departamental de Aguas PDA. Igualmente, Esmeralda Hernández Silva (esposa del hermano de Camilo), fue vinculada mediante la contratación con la USAID y luego a través de la Federación de Departamentos. Es claro que se utilizaron estos mecanismos para violar las normas que hacen referencia a los servidores públicos y que prohíben expresamente “nombrar, postular o contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil”. Por cuenta de lo anterior la Fiscalía ha anunciado investigaciones muy serias en relación con el manejo de los recursos del PAE (Programa de Alimentación Escolar) y de las ampliaciones y reparaciones del estadio Libertad, entre otras. Por cuenta de estas pesquisas la misma Fiscalía ha realizado varios allanamientos a los apartamentos tanto de Pablo Romero (el hermano) y de su esposa Esmeralda; y de Natalia Romero su hermana. De la misma manera se han llevado a cabo múltiples interrogatorios a funcionarios y a particulares del departamento y se ha tomado en varias ocasiones información de los computadores personales e institucionales de la gobernación. Es conocida la cuantiosa contratación que se ha realizado entre varios familiares del gobernador Camilo Romero, de sus hermanos, su cuñada y primos, que además de violar la normas que establecen las inhabilidades, generan detrimento patrimonial porque en su gran mayoría son contratos de suministros que nunca se ejecutaron. Habría que ver si se pagaron, como es el caso del contrato 031 del 2016 firmado entre la Empresa editora de Nariño EDINAR, cuya representante legal es Lilia Vega Mera (Tía de Pablo y Natalia Romero) y Juan Camilo Hernández Silva (hermano de Esmeralda Hernández cuñada del gobernador) por unos varios millones de pesos para un suministro de material publicitario que nunca se entregó. Un tema muy grave tiene que ver con un personaje llamado Javier Arteaga Romero quien tuvo todo el poder para manejar el presupuesto Departamental. Se pueden revisar en el plan de desarrollo los programas que fueron de manejo directo de este otro primo de Camilo. Arteaga Romero también es primo hermano del gobernador Romero hijo de una hermana de Ricardo Romero, papá de Camilo. Javier Arteaga, es la persona que adelantó todas las estrategias de “innovación” y la misma persona que aparece en diferentes eventos nacionales e internacionales promoviendo el gobierno abierto del Departamento y una estrategia que el denominó Feeling. Javier Arteaga maneja varios programas y actividades a través de los coordinadores de estos que son personas puestas por él. Toda la contratación relacionada con estos programas se realiza de manera directa a través de las empresas descentralizadas del departamento con contratistas impuestos por él. Los programas aparecen en el Plan de Desarrollo de la Gobernación con unas asignaciones de presupuesto que se dice que a estas alturas fueron incrementadas de manera extraordinaria, así: 1) En el eje PAZ SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PROGRAMA INNOVACIÓN PARA LA PAZ, y los subprogramas Gana Paz, Escuela de Paz y Acciones de Paz. La asignación inicial, es decir en enero de 2016, de 32 mil millones de pesos (32.000.000.000). 2) En el eje EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, programa MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN, y en el subprograma Cátedra futuro. La asignación inicial es de 20 mil millones de pesos (20.000.000.000). 3) En el eje GOBERNABILIDAD, programa GOBIERNO ABIERTO - subprograma Gana. La asignación inicial es de 13 mil 911 millones (13.911.000.000). 4) En el eje DESARROLLO INTEGRAL - Programa CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, subprograma Innovación Social, con una inversión inicial de 12 mil millones de pesos (12.000.000.000). (Mayúsculas usadas de numerales 1 a 4 en el texto original en mi poder). Todas estas asignaciones iniciales han sido incrementadas de manera desproporcionada y se han ejecutado en productos intangibles de los cuales se tiene información, que “serían” la mayoría, inventados o duplicados para obtener recursos. También es conocido el Caso El Cisna, que reúne el CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO, la Oficina de Turismo, la Lotería de Nariño y la empresa editora de Nariño EDINAR. Se trata de los entes descentralizados de la Gobernación de Nariño que son utilizados, por su naturaleza jurídica, para realizar las contrataciones directas. Es decir, contrataciones mediante convenios para desarrollar labores de logística y tecnología, todo sin mayores controles, con empresas puestas por Javier Arteaga. Un caso para citar, por ejemplo, es el nombre de Camila Narvaez Arteaga, sobrina de Javier Arteaga, actual coordinadora del programa Cátedra Futuro. Además, el nombre de Joanna Jiménez Martínez, fue quien manejó la oficina de turismo y luego se fue para México dejando al frente de esa oficina a otra amiga de Javier Arteaga Romero. Posteriormente, Johana Jiménez regresó de México y nuevamente se encuentra laborando para la gobernación. La oficina de turismo, por ser un eje descentralizado, hace los convenios de manera directa para todos los eventos logísticos en todos los municipios. Se sabe que esa logística es manejada, entre otras, por una empresa que se llama Círculos del Sol. “Con estos convenios del manejo logístico sacaron los recursos para la campaña al senado del actual senador José Aulo Polo”. (Comillas mías para este blog). Se sabe que con Círculos del Sol y otras pequeñas empresas, se manejaron convenios directos para temas logísticos (lo que está expresamente prohibido por la ley), para la ejecución de las jornadas que llamaron los GANAS MUNICIPALES, con los cuales se definía la ejecución del presupuesto de la gobernación y que se llevaron a cabo en casi todos esos entes territoriales (municipios) del Departamento. También “se sabe” que en EDINAR, donde trabaja Lilia Vega Mera, la tía de los hermanos del gobernador, se sacaron también muchos trabajos para la campaña política del senador Polo y que en el proceso de organizar esas cuentas, hubo incluso una persona que todavía trabaja allá y que es de nómina, que no quiso firmarles las cuentas o ejecución de trabajos porque estos estaban camuflados. En la Secretaría de las Tics se encuentra la señora Paola Lorena Coral Pérez, amiga de Javier Arteaga con quien han sacado toda la contratación por “convenios directos”. Javier Arteaga Romero, tiene el manejo de un contingente de personas en una oficina donde desde hace mucho se hacen todos los diseños de las campañas, manejan también la logística e incluso las empresas contratadas para los convenios. Esa oficina queda ubicada en la calle 20 entre carreras 23 y 24 de la capital de Nariño. Es importante aclarar que el señor Contralor departamental ENRIQUE ROSERO fue puesto en el cargo, por Camilo Romero (en Nariño todo el mundo sabe eso), quien es de tiempo atrás su íntimo amigo y a la vez compañero sentimental de una tía del gobernador. Eso permitió que este funcionario sea un CONTRALOR DE BOLSILLO, facilitando que todos los procesos de investigación contra Romero fuesen una farsa. En el caso de los licores se ufana el Gobernador de Nariño en privado y ante los medios de comunicación diciendo que la contraloría departamental cerró el caso fiscal determinando que no hubo detrimento patrimonial. Una cosa absurda porque ya se sabe por las investigaciones de la fiscalía que el precio de los licores fue manipulado en favor de los contratistas amigos de Camilo Romero. En la Contraloría Departamental fueron cerrados o terminados casos importantes bajo las órdenes del que fue director jurídico de la Gobernación el señor Pedro Rodríguez. Rodríguez, daba instrucciones a un amigo del Gobernador nombrado por éste en la Contraloría Departamental (Con el cargo de subdirector técnico de Responsabilidad Fiscal) para hacer de puente, el nombre de éste señor es el abogado Andrés Botia Contreras, quien venía trabajando con Camilo Romero desde mucho antes en Bogotá. A Botia Contreras, lo tuvieron primero trabajando como profesional en la Gobernación de Nariño en el controvertido tema de los licores y luego lo pasaron a la Contraloría Departamental, para que, a través de él, se manejaran varias “supuestas investigaciones” que finalmente fueron archivadas. Botia Contreras en la Contraloría tuvo a su cargo incluso investigaciones contra funcionarios de otros municipios, alcaldes y funcionarios que fueron utilizadas para ejercer coerción a los investigados en las elecciones del año 2018 al congreso, para cambio de votos por cierre de esas investigaciones. Mejor dicho, si se hace la relación de municipios en los cuales el ahora senador José Aulo Polo sacó votación y si se la cruza con investigaciones en la Contraloría, y si se revisa el debido proceso de esas investigaciones, se encontrará la verdad de este “entramado criminal”. La Procuraduría General de la Nación, casi en forma simultánea con la Fiscalía inició sus investigaciones sobre los hechos aquí relacionados sin que hasta ahora se sepa de ningún resultado. Mientras la Fiscalía tiene avanzadas tres investigaciones, con por lo menos tres testigos de cargo con principio de oportunidad aprobados, cientos de interrogatorios, pruebas documentales y digitales y teorías del caso construidas, la Procuraduría no ha movido un dedo sobre estos procesos. Es sabido que funcionarios muy cercanos al gobernador dicen sin pudor en algunas reuniones que eso se logró gracias a que lograron “arreglar al viceprocurador y que éste les aseguró que les manejaba el asunto”. Esa tendría que ser la explicación para que después de todo lo ocurrido y que se ha resumido aquí, en parte, tanto el gobernador Romero Galeano, como la subsecretaria de rentas Adriana Milena Amaya Buitrago, artífices del negocio de los licores y la familia del gobernador sigan despachando tranquilos, desde sus escritorios, manejando los negocios y haciendo política en la gobernación. ¡Qué vergüenza! Como van las cosas el gobernador Camilo Romero va a continuar en el cargo mientras se defiende en un juicio público por corrupción. ¿eso tiene presentación? ¿Es legal? ¿Es ético? ¿Es responsable? ¿No es irrespetuoso con los ciudadanos? ¿Si se descubren nuevos hechos de corrupción quien le va a responder a los nariñenses? Algunos ciudadanos nariñenses hemos expresado nuestro rechazo con lo que viene pasando en la administración departamental y hemos solicitado que se suspenda de inmediato a los funcionarios que han incurrido en delitos graves que ya han sido confesados ante autoridad judicial. Nadie nos escucha o a nadie le interesa. Acudimos a ustedes que representan los derechos de los ciudadanos esperando que su voz sea escuchada para bien de todos. Sin otro particular, me suscribo, Cordialmente, (Nota: A la fecha no hay respuesta de esa misiva a la Red. Mucho menos un pronunciamiento de los otros mencionados a parte de los imputados Camilo Romero Galenano, Mario Ferando Benavides Jimenez, Andrés Felipe Arango Romero y Adriana Milena Amaya Buitrago. El principio de oportunidad concedido a Andres Felipe Arango Romero ha sido prorrogado y la Procuraduría General de la Nación a iniciado juicio disciplinario contra el exgobernador Romero. En la Corte Suprema de Justicia continúa el juicio oral contra Camilo Romero. El documento aparece sin firmar por MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MORA Empresaria de Licores del Departamento de Nariño CC No 66.759.264 HDR).