NO ENTIENDO A MIS PAISANOS Alto Nivel ab 09

Por Héctor Díaz Revelo. No se entiende cómo los Ipialeños no reaccionan frente a la vergüenza pública en que se ha convertido buena parte de la ciudad, especialmente la calle 14 y los alrededores de la que algún día fuera llamada Galería Central. Yo pasé mis mejores años de mi infancia en ese sector de la galería y en la carrera once hasta la plaza del carbón. No se entiende, cómo cuatro alcaldes que dicen ser Ipialeños por llenarse los bolsillos y gobernar para sus amigos politiqueros, han dejado a la ciudad convertida en una ciudad de nadie. La galería central tiene una historia de muerte, atropellos y corrupción, ante los burocráticos recodos por donde a veces camina la justicia colombiana. Los usuarios maltratados. Sus familias olvidadas. Sus pequeños hijos acompañando a sus padres a las labores de la galería sin un jardín infantil, sin atención, sin nada. Algunos jueces al tratar el caso de la galería central han encontrado configurada la violación de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. En la defensa del patrimonio público, de la seguridad y la salubridad públicas, además del goce de un ambiente sano, tímidamente otros jueces han responsabilizado y han hecho culpables de todo esto, al Municipio de Ipiales, a los alcaldes y a unos concejales convertidos en enemigos de los Ipialeños. Los alcaldes y los concejales son penalmente responsables de cuanto ha ocurrido y sigue ocurriendo en ese sector de la galería central y de la calle 14. Los Ipialeños no pueden mirar para otra parte, hacerse los de la vista gorda y hacer como hasta ahora, que la cosa de los vendedores y la galería en sí misma, no es con ellos. Un primer responsable de lo que ha pasado sería el exalcalde Gustavo Estupiñán Calvache. Estupiñán es un alcalde al que muchos no se atreven a mencionar. Un alcalde que habría permitido que ocurran muchas cosas en torno al contrato de la galería central. La noticia de hoy es que hace menos de dos meses, mediante escrito del 16 de febrero de 2022, el estudioso, valiente y riguroso abogado ERLINTO VELASCO ARTEAGA cansado de la lentitud y paquidermia de la justicia ha pedido que se active el Comité de Verificación a que hace referencia el numeral cuarto de la sentencia de 5 de agosto de 2020. Verificación del proyecto, quiere decir. Con lo que los técnicos de Inobras limitada, contratistas de la obra en la alcaldía de Estupiñán llaman vicisitudes, han tratado de explicar lo que pasó con los millonarios anticipos recibidos por su socio el difunto arquitecto Unigarro. Pero no hay un solo pronunciamiento del concejo de Ipiales. Según me han dicho, los concejales politiqueros en ese periodo se pasaron peleando por ser parte de la mesa directiva y como siempre, peleando por repartirse la marrana, la marrana burocrática, digamos para empezar. Hoy en día, ya todos los Ipialeños comparan a los alcaldes Ricardo Romero Sánchez y Luis Fernando Villota y en materia de gestión y del proyecto de la galería central, dicen que entre los dos no hay diferencia. Dicen que resultan igualitos Romero y Villota. Pobre Ipiales, se quejan. Y claro, de Gustavo Estupiñán prefieren no hablar. Luis Fernando Villota, como no tiene quien le cuestione su falta de gestión frente a la galería y otros proyectos, se ha dedicado a repartir los cargos a sus amigos concejales y a callar la boca a los medios de comunicación a través de contratos de publicidad. Luis Fernando Villota, si esta vez hace lo que le da la gana y no obedece al juez podrá ser sancionado. Eso se llama desacato a orden judicial. Mientras tanto los responsables del fallido proyecto de la galería central, unos fueron a la cárcel y otros todavía andan por Ipiales como pedro por su casa. Es como regresar a la época de la convergencia cívica cuando era tabú hacer un trabajo periodístico de altura, con ética, con responsabilidad y con sensibilidad social. El abogado Erlinto Velasco es el actor de una acción popular entre las decenas de acciones populares que se han tenido que instaurar para obtener mínimamente algo de protección a los derechos de los Ipialeños. El Juzgado Cuarto de lo Contencioso Administrativo de Pasto, el 31 de marzo ha conminado al alcalde Luis Fernando Villota, ha exigido a Villota Mendes - y los concejales no parecen haberse enterado - que en agosto próximo se debe vida a esa veeduría ciudadana, es decir que se active el Comité de Verificación del proyecto. Recordemos que la historia de la galería central de Ipiales se remonta a principios del mes de noviembre de 2011: 1.- Han pasado más de 10 años cuando en extrañas circunstancias el arquitecto FABIÁN ERNESTO UNIGARRO BUSTOS sufrió un accidente de tránsito y falleció para dolor de su familia y desgracia de los Ipialeños que esperaban ver construida su nueva Galería Central. 2.- A raíz del accidente “el arquitecto EDUARDO OBANDO recibió una llamada telefónica por parte de JAVIER DE LA CARRERA BRAVO quien se desempeñaba en ese entonces, en el cargo de secretario de Planeación de Ipiales, para que Inobras Limitada urgentemente, como dicen ahora, ‘ejecute o ejecute´ el contrato para la construcción del Centro de Comercio Popular del municipio de Ipiales. 3.- El viernes 11 noviembre de 2011 el arquitecto Eduardo Obando representante de Inobras, se entera que mediante maniobras que conoció la justicia, a su socio FABIÁN UNIGARRO BUSTOS, en la alcaldía de Estupiñán, le habían entregado el cien por ciento (100%) del anticipo del contrato de la construcción del Centro de Comercio Popular del municipio de Ipiales. Allí comenzó esta primera parte de la historia. Se trata del contrato de obra número 102 suscrito el día 30 de diciembre de 2010 respecto de la construcción del Centro de Comercio Popular del Municipio de Ipiales. Pero entonces, insisto, ¿qué pasará si no se activa este comité de verificación? Eso sería revolver cosas por parte de Luis Fernando Villota contra su nuevo aliado político Gustavo Estupiñán y otros exfuncionarios. ¿Qué pasará si, como siempre, el personero o quien haga sus veces, igual que todos los personeros que han pasado en estos años, en lugar de investigar todo lo denunciado, no cumple con su sagrado deber de cuidar los recursos públicos y trabajar por Ipiales con ética y con responsabilidad? ¿Qué pasará si, al remover este caso, vuelven las peleas de “gallos” al recinto del concejo municipal y se dañan las coaliciones mañosas, el amiguismo y el tapen tapen? Erlinto Velasco, el abogado que ha instaurado esa Acción Popular por fortuna ha obtenido respuesta del Juzgado Cuarto. Lo cierto es que éste y otros procesos en donde se castiga con cárcel o con multas y el pago de salarios mínimos a los alcaldes y funcionarios públicos, son motivo burla para los sancionados. Se burlan en la cara de los ciudadanos y siguen tan campantes en politiquería y creando clientelas electorales y peleando por contratos de obra pública. Esta vez, si se sanciona a Luis Fernando Villota tendrá que pagar de su bolsillo. No pagarán los ipialeños con sus impuestos. Villota tendrá que pagar con su patrimonio si no hace lo que le ha ordenado el juez y no lo hace en el tiempo que le ha impuesto esa decisión. En nuestra próxima historia haré referencia a los primeros vinculados el proceso. ¿Por qué dos funcionarios tuvieron que pagar cárcel y sus jefes quedaron como si nada hubiera pasado? ¿Cuáles fueron las maniobras para la entrega de los anticipos? Inclusive veremos cómo una entidad bancaria se ha pasado por alto las normas para la entrega por ventanilla de dinero público. Les habló HDR.