CORPONARIÑO EN EL OJO DEL HURACAN.

Por Héctor Díaz Revelo Es secreto a voces que Corponariño es un fortín político. Lo es también el hecho de saber que en la corporación hay mucha burocracia que garantiza el manejo de clientelas políticas. La situación se ha agravado ante el silencio de los medios de comunicación bajo la dirección de Hugo Mideros un funcionario que desfila por noticieros en donde Corponariño tiene pauta publicitaria que constriñe el derecho a la información y la libertad de prensa. Fuerte crítica a la dirección de Corponariño se registra en el departamento en defensa de derechos colectivos como la protección al río Guáitara en la frontera con Ecuador y el goce de un ambiente sano. Vuelve a debate el contrato con la empresa Vitalogic. El JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO ha admitido una acción popular interpuesta por el ciudadano en contra de Corponariño, el municipio de Ipiales y el instituto de aseo Iservi. Se trata de una acción que busca la protección judicial efectiva de los DERECHOS COLECTIVOS a i) la moralidad administrativa; ii) la defensa del patrimonio público, y iii) al goce de un ambiente sano, derechos que se encuentran gravemente afectados y/o amenazados en razón y/o con ocasión de las maniobras de tipo político e irregularidades administrativas que han impedido y obstruido la ejecución del Contrato entre el Iservi y la firma Vitalogic. Los accionantes denuncian que en Corponariño especialmente ha habido “indebidas, ilegales y hasta ocultas maniobras dilatorias que exponen a estas entidades a tener que asumir y pagar millonarias y cuantiosas indemnizaciones por causa de sus indebidas, ilegales y hasta ocultas maniobras dilatorias que están ocasionando perjuicios patrimoniales a estas entidades y empresas en perjuicio a las comunidades de los municipios del sur del departamento. A esto se suma la noticia de última hora desde Tumaco en donde se ha denunciado que el relleno sanitario de Bucheli ha terminado su vida útil y las comunidades que viven cerca del relleno se han visto seriamente afectadas. Corponariño no dice nada. Su silencio ha sido calificado de complicidad con intenciones del gobierno de Tumaco de privatizar ese servicio. Aunque el relleno ha vuelto a ser manejado por la empresa estatal, distrital, llamada aguas de Tumaco, los tumaqueños ven con preocupación la respuesta que dará el gobierno distrital y la gobernación de Nariño a tan delicado problema. En el relleno la Victoria de Ipiales las cosas no son mejores pese a que bajo la administración de Ricardo Romero Sánchez se firmó contrato de colaboración para la instalación de una planta de tratamiento de basuras en ese relleno, aplicando la nueva tecnología de economía circular. Voceros de Vitalogic han dicho que con tantas dilaciones por parte de Corponariño en la entrega de una licencia ambiental, se está privando a la comunidad que habita en el municipio de Ipiales y en sus municipios circunvecinos de beneficiarse de todas las ventajas económicas y laborales por la generación de empleos y nuevos puestos de trabajo, beneficios ambientales y de la generación de nuevos recursos públicos para el municipio de Ipiales por razón de la venta de energía, resultado del nuevo tratamiento de basuras. Es decir que ya no enterrarán los residuos como funcionaba ante con la economía lineal. Vitalogic agrega que se está impidiendo que las comunidades y asociaciones de recicladores que laboran en estos territorios puedan obtener mejores condiciones de vida y mayores ingresos por la puesta en marcha de la nueva modalidad de disposición de recursos sólidos, así como impidiendo que se ejecute un contrato amigable con el medio ambiente que no tendrá emisiones contaminantes por la disposición de los residuos sólidos mientras se sigue causando toda clase de desastres ambientales con la continuidad del funcionamiento del relleno sanitario de La Victoria en el municipio de Ipiales. Si un funcionario incumple sus obligaciones la gente ya sabe que puede acudir a los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución Nacional. Se acude a la acción de tutela, por ejemplo, para hacer respetar la decisión de un médico o de un juez, según sea el caso. Pero hay también las acciones populares. Las acciones populares son un mecanismo usado para defensa de derechos colectivos como la salud, la educación, el espacio público, el medio ambiente y cuanto salga del perjuicio a grupos humanos o a comunidades enteras, minorías raciales y étnicas, el campesinado o las comunidades indígenas. Por tanto se INCLUYE SOLICITUD ESPECIAL DE MEDIDAS CAUTELARES PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS Y/O GRAVEMENTE AMENAZADOS. La acción popular en contra de Corponariño, de la Alcaldía de Ipiales, al alcalde Luis Fernando Villota y del instituto de aseo urbano Iservi por impedir que se ejecute un contrato con la firma Vitalogic, en medio de desastres ambientales con la continuidad del funcionamiento del relleno sanitario de La Victoria en el municipio de Ipiales, sigue dando mucho de qué hablar.