Denuncia ante Veeduría q´nunca llegó desde oct 2019

Señores RED DE VEEDURIAS DE COLOMBIA Bogotá Respetados Señores: Conociendo sobre las actividades que usted mismo y la institución que dirige han realizado por el bien del país y en contra de la corrupción y desgreño de diferentes servidores públicos, me permito hacerle llegar la presente comunicación a nombre mío y en representación de un numeroso grupo de ciudadanos nariñenses solicitando su intervención para evitar mayores daños en contra de nuestra región y de las escasas arcas departamentales. Para la mayoría de los nariñenses resulta inaudito que el señor Camilo Romero Galeano continúe al frente de los destinos del departamento, disponiendo del presupuesto, contratando, haciendo política proselitista, nombrando a los miembros de su familia para manejarle los negocios. Todo esto, después de que la Fiscalía General de la Nación no solo le imputara cargos al gobernador con solicitud de medida de aseguramiento, sino que le formulara hace tan solo un mes, acusación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, con lo cual está próxima la iniciación de un juicio en su contra por nada menos que cuatro delitos así: Interés indebido en la celebración de contratos; Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, Asociación para la comisión de un delito en contra de la administración pública; y, Falsedad ideológica en documento público. El proceso al que se hace referencia tiene que ver con la contratación para la venta de licores del departamento. La investigación se inició por cuenta de las valientes denuncias presentadas por reconocidos empresarios del departamento que no estaban dispuestos a permitir que los hechos descritos quedaran en la impunidad. Pero esto no es todo. La subsecretaria de rentas del departamento Adriana Milena Amaya también fue imputada y acusada por la Fiscalía hace tres meses y por los mismos hechos y los mismos delitos. Hoy en día es de público conocimiento que la señora Amaya confesó los delitos como coautora con el gobernador y solicitó un principio de oportunidad que ya le fue aprobado, constituyéndose además como testigo de cargo de la Fiscalía en contra del gobernador. La señora Amaya también sigue al frente de su cargo (como si nada) como subsecretaria de rentas y continúa siendo la persona que contrata la venta de licores del departamento. (¿Advertencia?) El "cómplice" del gobernador y que fue su mano derecha como sabíamos todos los nariñenses, fue hasta hace poco su primo hermano Andrés Felipe Arango Romero, que no aparecía lógicamente en la nómina de la gobernación sino vinculado a través de la USAID para hacer el seguimiento al plan de desarrollo departamental, lo que era una inhabilidad manifiesta burlándose descaradamente de la ley). (* Por mí, hasta ahora, sin comprobar ese vínculo con esa agencia gringa Usaid). Romero Galeano, el gobernador, ha encargado a su primo Andrés Felipe, del manejo de todos los negocios de la familia. Su esposa, Angélica María Cruz Dager, abogada, actuaba como secretaria privada de Camilo en el momento en que se llevó a cabo el negociado de los licores y fue quien "cambió" el decreto (quitando el apego a la ley 80 de contratación) y favoreciendo a los contratistas amigos de Romero rebajando el precio de cada botella de aguardiente. Andrés Felipe Arango Romero, el primo, también fue imputado y acusado por la Fiscalía y también confesó sus delitos en coautoría con el gobernador y solicitó principio de oportunidad, el cual también fue aprobado hace un par de semanas por el juez de control de garantías, constituyéndose igualmente en testigo de cargo de la misma Fiscalía en contra del gobernador Romero Galeano. La Fiscalía General de la Nación ha anunciado en su página en Internet que imputará cargos ahora contra quien actuaba para la época como secretario de hacienda del departamento, el economista Mario Benavides Jiménez, por los mismos delitos y por haber reemplazado al gobernador "habilidosamente" al momento de la adjudicación del contrato. Las imputaciones se extenderán también en contra de los empresarios que se "asociaron" para cometer los delitos (Señores Richard Portilla y Pedro Bastidas) y para otros funcionarios que participaron de las conductas delictivas. (Como el caso de Pedro Rodríguez asesor jurídico de la gobernación y compañero sentimental de otra prima de Camilo Romero). Los problemas no paran ahí. La Fiscalía viene adelantando otras investigaciones muy delicadas en contra del gobernador del departamento y de su familia. No hay que olvidar que el padre del gobernador Ricardo Romero Sánchez, es el alcalde del segundo municipio más importante de Nariño como es Ipiales, que los hermanos de Camilo, Natalia y Pablo Romero Vega, manejan y siguen manejando la gobernación en “complicidad” con la esposa de este último, Esmeralda Hernández, a su antojo, "comprometidos" con todos los negocios y la contratación del departamento. Aquí en Nariño ha habido corrupción siempre pero el caso de los Romero desborda cualquier imaginación. La vinculación de la familia del Gobernador Camilo Romero se hizo mediante diferentes mecanismos: Natalia Romero Vega (la hermana) estuvo vinculada mediante contratación con Naciones Unidas inicialmente, y ahora como parte de la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) del Senador Ipialeño José Aulo Polo cuasi cercano a la familia de los Romero Papá e Hijo. Pablo Romero (el hermano), quien maneja la contratación de los recursos de regalías junto con su esposa Esmeralda Hernández se encuentra vinculado a la UTL del Representante a la Cámara Gilberto Betancourt, a quien por este favor Camilo Romero le entregó el manejo del Plan Departamental de Aguas PDA. Igualmente, Esmeralda Hernández Silva (esposa del hermano de Camilo), fue vinculada mediante la contratación con la USAID y luego a través de la Federación de Departamentos. Es claro que se utilizaron estos mecanismos para violar las normas que hacen referencia a los servidores públicos y que prohíben expresamente “nombrar, postular o contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil”. Por cuenta de lo anterior la Fiscalía ha anunciado investigaciones muy serias en relación con el manejo de los recursos del PAE (Programa de Alimentación Escolar) y de las ampliaciones y reparaciones del estadio Libertad, entre otras. Por cuenta de estas pesquisas la misma Fiscalía ha realizado varios allanamientos a los apartamentos tanto de Pablo Romero (el hermano) y de su esposa Esmeralda; y de Natalia Romero su hermana. De la misma manera se han llevado a cabo múltiples interrogatorios a funcionarios y a particulares del departamento y se ha tomado en varias ocasiones información de los computadores personales e institucionales de la gobernación. Es conocida la cuantiosa contratación que se ha realizado entre varios familiares del gobernador Camilo Romero, de sus hermanos, su cuñada y primos, que además de violar la normas que establecen las inhabilidades, generan detrimento patrimonial porque en su gran mayoría son contratos de suministros que nunca se ejecutaron. Habría que ver si se pagaron, como es el caso del contrato 031 del 2016 firmado entre la Empresa editora de Nariño EDINAR, cuya representante legal es Lilia Vega Mera (Tía de Pablo y Natalia Romero) y Juan Camilo Hernández Silva (hermano de Esmeralda Hernández cuñada del gobernador) por unos varios millones de pesos para un suministro de material publicitario que nunca se entregó. Un tema muy grave tiene que ver con un personaje llamado Javier Arteaga Romero quien tuvo todo el poder para manejar el presupuesto Departamental. Se pueden revisar en el plan de desarrollo los programas que fueron de manejo directo de este otro primo de Camilo. Arteaga Romero también es primo hermano del gobernador Romero hijo de una hermana de Ricardo Romero, papá de Camilo. Javier Arteaga, es la persona que adelantó todas las estrategias de “innovación” y la misma persona que aparece en diferentes eventos nacionales e internacionales promoviendo el gobierno abierto del Departamento y una estrategia que el denominó Feeling. Javier Arteaga maneja varios programas y actividades a través de los coordinadores de estos que son personas puestas por él. Toda la contratación relacionada con estos programas se realiza de manera directa a través de las empresas descentralizadas del departamento con contratistas impuestos por él. Los programas aparecen en el Plan de Desarrollo de la Gobernación con unas asignaciones de presupuesto que se dice que a estas alturas fueron incrementadas de manera extraordinaria, así: 1) En el eje PAZ SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PROGRAMA INNOVACIÓN PARA LA PAZ, y los subprogramas Gana Paz, Escuela de Paz y Acciones de Paz. La asignación inicial, es decir en enero de 2016, de 32 mil millones de pesos (32.000.000.000). 2) En el eje EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, programa MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN, y en el subprograma Cátedra futuro. La asignación inicial es de 20 mil millones de pesos (20.000.000.000). 3) En el eje GOBERNABILIDAD, programa GOBIERNO ABIERTO - subprograma Gana. La asignación inicial es de 13 mil 911 millones (13.911.000.000). 4) En el eje DESARROLLO INTEGRAL - Programa CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, subprograma Innovación Social, con una inversión inicial de 12 mil millones de pesos (12.000.000.000). (Mayúsculas usadas de numerales 1 a 4 en el texto original en mi poder). Todas estas asignaciones iniciales han sido incrementadas de manera desproporcionada y se han ejecutado en productos intangibles de los cuales se tiene información, que “serían” la mayoría, inventados o duplicados para obtener recursos. También es conocido el Caso El Cisna, que reúne el CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO, la Oficina de Turismo, la Lotería de Nariño y la empresa editora de Nariño EDINAR. Se trata de los entes descentralizados de la Gobernación de Nariño que son utilizados, por su naturaleza jurídica, para realizar las contrataciones directas. Es decir, contrataciones mediante convenios para desarrollar labores de logística y tecnología, todo sin mayores controles, con empresas puestas por Javier Arteaga. Un caso para citar, por ejemplo, es el nombre de Camila Narvaez Arteaga, sobrina de Javier Arteaga, actual coordinadora del programa Cátedra Futuro. Además, el nombre de Joanna Jiménez Martínez, fue quien manejó la oficina de turismo y luego se fue para México dejando al frente de esa oficina a otra amiga de Javier Arteaga Romero. Posteriormente, Johana Jiménez regresó de México y nuevamente se encuentra laborando para la gobernación. La oficina de turismo, por ser un eje descentralizado, hace los convenios de manera directa para todos los eventos logísticos en todos los municipios. Se sabe que esa logística es manejada, entre otras, por una empresa que se llama Círculos del Sol. “Con estos convenios del manejo logístico sacaron los recursos para la campaña al senado del actual senador José Aulo Polo”. (Comillas mías para este blog). Se sabe que con Círculos del Sol y otras pequeñas empresas, se manejaron convenios directos para temas logísticos (lo que está expresamente prohibido por la ley), para la ejecución de las jornadas que llamaron los GANAS MUNICIPALES, con los cuales se definía la ejecución del presupuesto de la gobernación y que se llevaron a cabo en casi todos esos entes territoriales (municipios) del Departamento. También “se sabe” que en EDINAR, donde trabaja Lilia Vega Mera, la tía de los hermanos del gobernador, se sacaron también muchos trabajos para la campaña política del senador Polo y que en el proceso de organizar esas cuentas, hubo incluso una persona que todavía trabaja allá y que es de nómina, que no quiso firmarles las cuentas o ejecución de trabajos porque estos estaban camuflados. En la Secretaría de las Tics se encuentra la señora Paola Lorena Coral Pérez, amiga de Javier Arteaga con quien han sacado toda la contratación por “convenios directos”. Javier Arteaga Romero, tiene el manejo de un contingente de personas en una oficina donde desde hace mucho se hacen todos los diseños de las campañas, manejan también la logística e incluso las empresas contratadas para los convenios. Esa oficina queda ubicada en la calle 20 entre carreras 23 y 24 de la capital de Nariño. Es importante aclarar que el señor Contralor departamental ENRIQUE ROSERO fue puesto en el cargo, por Camilo Romero (en Nariño todo el mundo sabe eso), quien es de tiempo atrás su íntimo amigo y a la vez compañero sentimental de una tía del gobernador. Eso permitió que este funcionario sea un CONTRALOR DE BOLSILLO, facilitando que todos los procesos de investigación contra Romero fuesen una farsa. En el caso de los licores se ufana el Gobernador de Nariño en privado y ante los medios de comunicación diciendo que la contraloría departamental cerró el caso fiscal determinando que no hubo detrimento patrimonial. Una cosa absurda porque ya se sabe por las investigaciones de la fiscalía que el precio de los licores fue manipulado en favor de los contratistas amigos de Camilo Romero. En la Contraloría Departamental fueron cerrados o terminados casos importantes bajo las órdenes del que fue director jurídico de la Gobernación el señor Pedro Rodríguez. Rodríguez, daba instrucciones a un amigo del Gobernador nombrado por éste en la Contraloría Departamental (Con el cargo de subdirector técnico de Responsabilidad Fiscal) para hacer de puente, el nombre de éste señor es el abogado Andrés Botia Contreras, quien venía trabajando con Camilo Romero desde mucho antes en Bogotá. A Botia Contreras, lo tuvieron primero trabajando como profesional en la Gobernación de Nariño en el controvertido tema de los licores y luego lo pasaron a la Contraloría Departamental, para que, a través de él, se manejaran varias “supuestas investigaciones” que finalmente fueron archivadas. Botia Contreras en la Contraloría tuvo a su cargo incluso investigaciones contra funcionarios de otros municipios, alcaldes y funcionarios que fueron utilizadas para ejercer coerción a los investigados en las elecciones del año 2018 al congreso, para cambio de votos por cierre de esas investigaciones. Mejor dicho, si se hace la relación de municipios en los cuales el ahora senador José Aulo Polo sacó votación y si se la cruza con investigaciones en la Contraloría, y si se revisa el debido proceso de esas investigaciones, se encontrará la verdad de este “entramado criminal”. La Procuraduría General de la Nación, casi en forma simultánea con la Fiscalía inició sus investigaciones sobre los hechos aquí relacionados sin que hasta ahora se sepa de ningún resultado. Mientras la Fiscalía tiene avanzadas tres investigaciones, con por lo menos tres testigos de cargo con principio de oportunidad aprobados, cientos de interrogatorios, pruebas documentales y digitales y teorías del caso construidas, la Procuraduría no ha movido un dedo sobre estos procesos. Es sabido que funcionarios muy cercanos al gobernador dicen sin pudor en algunas reuniones que eso se logró gracias a que lograron “arreglar al viceprocurador y que éste les aseguró que les manejaba el asunto”. Esa tendría que ser la explicación para que después de todo lo ocurrido y que se ha resumido aquí, en parte, tanto el gobernador Romero Galeano, como la subsecretaria de rentas Adriana Milena Amaya Buitrago, artífices del negocio de los licores y la familia del gobernador sigan despachando tranquilos, desde sus escritorios, manejando los negocios y haciendo política en la gobernación. ¡Qué vergüenza! Como van las cosas el gobernador Camilo Romero va a continuar en el cargo mientras se defiende en un juicio público por corrupción. ¿eso tiene presentación? ¿Es legal? ¿Es ético? ¿Es responsable? ¿No es irrespetuoso con los ciudadanos? ¿Si se descubren nuevos hechos de corrupción quien le va a responder a los nariñenses? Algunos ciudadanos nariñenses hemos expresado nuestro rechazo con lo que viene pasando en la administración departamental y hemos solicitado que se suspenda de inmediato a los funcionarios que han incurrido en delitos graves que ya han sido confesados ante autoridad judicial. Nadie nos escucha o a nadie le interesa. Acudimos a ustedes que representan los derechos de los ciudadanos esperando que su voz sea escuchada para bien de todos. Sin otro particular, me suscribo, Cordialmente, (Nota: A la fecha no hay respuesta de esa misiva a la Red. Mucho menos un pronunciamiento de los otros mencionados a parte de los imputados Camilo Romero Galenano, Mario Ferando Benavides Jimenez, Andrés Felipe Arango Romero y Adriana Milena Amaya Buitrago. El principio de oportunidad concedido a Andres Felipe Arango Romero ha sido prorrogado y la Procuraduría General de la Nación a iniciado juicio disciplinario contra el exgobernador Romero. En la Corte Suprema de Justicia continúa el juicio oral contra Camilo Romero. El documento aparece sin firmar por MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MORA Empresaria de Licores del Departamento de Nariño CC No 66.759.264 HDR).