CAMILO ROMERO Lágrimas de una testigo en la Corte.

Por:Héctor Díaz Revelo La sala de audiencias guardó silencio cuando Adriana Milena Amaya, antigua empleada de la Gobernación de Nariño, rompió en llanto al recordar uno de los episodios más difíciles de su vida profesional. Era subsecretaria de rentas en hacienda departamental bajo el periodo de Camilo Romero. Frente a la Fiscalía, Amaya relató cómo terminó involucrada en decisiones que, según reconoció con visible dolor, iban en contra de los principios morales y espirituales que había defendido desde niña. La declaración surgió cuando la fiscal le pidió precisar qué había escuchado de Andrés Felipe Arango, primo de Camilo Romero, respecto de unas personas a quienes, según se decía dentro de la administración, había que cumplirles un compromiso. Adriana recordó una frase que quedó grabada en su memoria, dicha por Andrés Felipe Arango y corroborada más tarde por su jefe Mario Fernando Benavides: “Eran unos amigos a los que había que ayudar para que compraran el aguardiente porque habían aportado a la campaña de Camilo Romero a la Gobernación”. Dijo no saber cuánto habían aportado ni cuáles habían sido exactamente los compromisos adquiridos. Sin embargo, explicó que, al desempeñarse como subsecretaria de rentas, comenzó a analizar el procedimiento que se pretendía implementar y fue entonces cuando empezó a percibir irregularidades. Ese descubrimiento desencadenó un conflicto interno que, 10 años después, todavía la conmueve hasta las lágrimas. Según Adriana Milena, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo comenzó a construir justificaciones para sí misma. Intentaba convencerse de que no era ella quien hablaría con los beneficiarios de la operación, que no sería ella quien les comunicaría las decisiones ni quien negociaría directamente con ellos. “Yo misma me excusaba”, reconoció. Se repetía que no era quien tendría contacto con Richard Portilla o Pedro Bastidas. Adriana Milena se decía que tampoco estaba pidiendo dinero a nadie ni participando directamente en una negociación económica, presuntamente convenida por la gente de la campaña de Camilo Romero. Pero esas explicaciones no lograban disipar el malestar que sentía. La tensión emocional alcanzó su punto máximo cuando la fiscal le preguntó qué quería decir al afirmar que todo aquello estaba por encima de sus principios y de su moral. Adriana se cubrió el rostro con ambas manos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Tomó una taza que tenía a un lado, bebió un poco e intentó recomponerse. Con la voz quebrada la testigo recordó en la audiencia el momento en que aceptó ingresar al servicio público. Dijo que sabía perfectamente que administrar recursos públicos era una responsabilidad delicada y que incluso había hablado del tema con su esposo antes de asumir el cargo. Adriana Milena se había impuesto una regla inquebrantable. Si algún día le pedían hacer algo contrario a sus convicciones, simplemente diría que no y regresaría a Bogotá. Eso demuestra la duda que los ciudadanos guardan sin estigmatizar a nadie por eso. Entre sollozos recordó la promesa que se hizo a sí misma: jamás actuar contra aquello que había profesado toda su vida. Ni siquiera copiar en un examen del colegio o de la universidad había sido una opción para ella. Mucho menos participar en actuaciones que chocaran con sus principios morales y espirituales. Pero no ocurrió así. Y esa contradicción es precisamente la que parece perseguirla hasta hoy. Hoy que han pasado casi 10 años de aquello que tanto mortifica a los acusados Camilo Romero y Mario Benavides como a sus más fieles seguidores. Adriana Milena Amaya admitió que nunca renunció a su cargo. Tampoco denunció a tiempo lo que estaba ocurriendo cuando comenzó a percibirlo. En lugar de eso, construyó una especie de refugio psicológico para soportar la situación. Lo describió como una “excusa” y como una “máscara”. Explicó que había idealizado profundamente el proyecto político de Camilo Romero y de su padre, Ricardo Romero Sánchez. Recordó que lloró de emoción cuando ganaron las elecciones y que llegó a verlos como una especie de salvadores. “Los veía como los Robin Hood”, declaró. En su imaginación los Romero, Papá e hijo, representaban a quienes venían a transformar el país y corregir viejas prácticas políticas. Bajo esa visión, terminó convenciéndose de que ciertas actuaciones podían justificarse en nombre de un propósito superior. Esa fue, según confesó Adriana Milena, la máscara detrás de la cual escondió sus dudas porque en el fondo sabía que algo estaba mal. “Eso me quitaba el sueño”, admitió. Su relato muestra una permanente lucha entre la admiración política y la conciencia personal. Por un lado, la subsecretaria de rentas de Nariño intentaba convencerse de que no existía perjuicio económico para el departamento. Sostenía que se trataba de una venta y no de una compra que afectara las rentas públicas. Vigilaba especialmente que los precios del aguardiente no perjudicaran los ingresos de Nariño. Fijar las escalas no era su responsabilidad. Había antecedentes sobre eso. Por otro lado, reconocía que aquello no eliminaba el problema ético.Se consolaba pensando que ella no era quien negociaba directamente ni quien establecía las condiciones finales. Incluso Adriana Milena encontró otra forma de aliviar la culpa. Según explicó, parte de su tranquilidad provenía de pensar que otros empleados de la gobernación de Camilo Romero asumían la responsabilidad formal de los actos administrativos. En particular, que si el asesor jurídico Pedro Rodríguez firmaba los decretos o contratos correspondientes, eso servía como una especie de alivio psicológico para su conciencia. Pero hoy reconoce que ese razonamiento era equivocado. La firma de otro funcionario no borraba sus propias dudas ni eliminaba la responsabilidad moral que sentía frente a lo que estaba ocurriendo. Por eso Adriana Milena insistió en que aquellas justificaciones eran solamente mecanismos para soportar una realidad que la perturbaba profundamente. “Eso estaba mal”, reconoció. Y volvió a repetir que esa situación le quitaba el sueño. Pero nunca dijo que había pensado renunciar al cargo o salir a denunciar lo que estaba pasando, hasta que se armó el Escándalo de los Licores, que es como se conoce este sucio episodio. Durante su declaración también recordó el sacrificio personal que realizó por la administración departamental. Habló de largas jornadas de trabajo, de su dedicación al departamento y de los esfuerzos familiares que hizo para cumplir sus funciones. Contó incluso que en ocasiones debía dejar a su hija en el jardín infantil hasta el punto de que una profesora terminaba llevándola al médico cuando era necesario, mientras ella continuaba trabajando. Todo, afirmó la testigo, porque creía en el proyecto político que le había vendido Camilo Romero. Estaba convencida de que si hacía bien su trabajo contribuiría a que ese proyecto saliera adelante. Sin embargo, con el paso del tiempo terminó chocando contra la realidad. “Choqué con todo eso”, dijo entre lágrimas. Choqué con la idolatría hacia personas que había construido durante años. Choqué con la idea de que estaba mal idolatrar a cualquier ser humano. Y choqué con la certeza de que aquello que se estaba haciendo iba en contra de quien yo había sido toda mi vida. Más adelante, la fiscal le preguntó cuándo había conocido a Richard Portilla. Adriana Milena explicó que inicialmente escuchó su nombre sin saber quién era. Sólo después de concretarse la venta de aguardiente comenzó a identificarlo plenamente. En la subsecretaría de rentas, durante los análisis de precios, escalas y ventas observó que Portilla aparecía entre los compradores habituales del licor producido por el departamento. Fue entonces cuando, según relató, Mario Benavides le explicó el funcionamiento de ese sector. Le comentó que durante años se habían realizado ventas a grupos de licoristas asociados para adquirir grandes cantidades de aguardiente Nariño. Entre ellos figuraba Licosur, organización que había tenido protagonismo durante administraciones anteriores. También le habló de conflictos surgidos entre Richard Portilla, Pedro Bastidas y otros integrantes de ese grupo de comercializadores. Según el testimonio, Benavides le contó que incluso había sostenido reuniones con miembros de Licosur para persuadirlos de que no interfirieran en una venta específica prevista para agosto de 2016. La idea, según entendió Adriana Milena, era que permitieran que la primera gran operación favoreciera a Portilla y Bastidas y que posteriormente los demás tuvieran oportunidades similares. La explicación que recibió fue que esos dos empresarios habían apoyado la campaña que llevó a Camilo Romero a la Gobernación de Nariño. Los demás, por el contrario, habrían respaldado opciones políticas distintas. Fue en ese momento, afirmó Adriana Milena, cuando logró comprender la estructura de relaciones que rodeaba el negocio de los licores en el departamento. “Ahí conozco todo ese engranaje”, declaró. Y concluyó que fue entonces cuando entendió quiénes eran, en realidad, los actores con mayor poder dentro de ese entramado: “Los poderosos”, puntualizó.