CAMILO ROMERO Lágrimas de una testigo en la Corte.

Por:Héctor Díaz Revelo La sala de audiencias guardó silencio cuando Adriana Milena Amaya, antigua empleada de la Gobernación de Nariño, rompió en llanto al recordar uno de los episodios más difíciles de su vida profesional. Era subsecretaria de rentas en hacienda departamental bajo el periodo de Camilo Romero. Frente a la Fiscalía, Amaya relató cómo terminó involucrada en decisiones que, según reconoció con visible dolor, iban en contra de los principios morales y espirituales que había defendido desde niña. La declaración surgió cuando la fiscal le pidió precisar qué había escuchado de Andrés Felipe Arango, primo de Camilo Romero, respecto de unas personas a quienes, según se decía dentro de la administración, había que cumplirles un compromiso. Adriana recordó una frase que quedó grabada en su memoria, dicha por Andrés Felipe Arango y corroborada más tarde por su jefe Mario Fernando Benavides: “Eran unos amigos a los que había que ayudar para que compraran el aguardiente porque habían aportado a la campaña de Camilo Romero a la Gobernación”. Dijo no saber cuánto habían aportado ni cuáles habían sido exactamente los compromisos adquiridos. Sin embargo, explicó que, al desempeñarse como subsecretaria de rentas, comenzó a analizar el procedimiento que se pretendía implementar y fue entonces cuando empezó a percibir irregularidades. Ese descubrimiento desencadenó un conflicto interno que, 10 años después, todavía la conmueve hasta las lágrimas. Según Adriana Milena, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo comenzó a construir justificaciones para sí misma. Intentaba convencerse de que no era ella quien hablaría con los beneficiarios de la operación, que no sería ella quien les comunicaría las decisiones ni quien negociaría directamente con ellos. “Yo misma me excusaba”, reconoció. Se repetía que no era quien tendría contacto con Richard Portilla o Pedro Bastidas. Adriana Milena se decía que tampoco estaba pidiendo dinero a nadie ni participando directamente en una negociación económica, presuntamente convenida por la gente de la campaña de Camilo Romero. Pero esas explicaciones no lograban disipar el malestar que sentía. La tensión emocional alcanzó su punto máximo cuando la fiscal le preguntó qué quería decir al afirmar que todo aquello estaba por encima de sus principios y de su moral. Adriana se cubrió el rostro con ambas manos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Tomó una taza que tenía a un lado, bebió un poco e intentó recomponerse. Con la voz quebrada la testigo recordó en la audiencia el momento en que aceptó ingresar al servicio público. Dijo que sabía perfectamente que administrar recursos públicos era una responsabilidad delicada y que incluso había hablado del tema con su esposo antes de asumir el cargo. Adriana Milena se había impuesto una regla inquebrantable. Si algún día le pedían hacer algo contrario a sus convicciones, simplemente diría que no y regresaría a Bogotá. Eso demuestra la duda que los ciudadanos guardan sin estigmatizar a nadie por eso. Entre sollozos recordó la promesa que se hizo a sí misma: jamás actuar contra aquello que había profesado toda su vida. Ni siquiera copiar en un examen del colegio o de la universidad había sido una opción para ella. Mucho menos participar en actuaciones que chocaran con sus principios morales y espirituales. Pero no ocurrió así. Y esa contradicción es precisamente la que parece perseguirla hasta hoy. Hoy que han pasado casi 10 años de aquello que tanto mortifica a los acusados Camilo Romero y Mario Benavides como a sus más fieles seguidores. Adriana Milena Amaya admitió que nunca renunció a su cargo. Tampoco denunció a tiempo lo que estaba ocurriendo cuando comenzó a percibirlo. En lugar de eso, construyó una especie de refugio psicológico para soportar la situación. Lo describió como una “excusa” y como una “máscara”. Explicó que había idealizado profundamente el proyecto político de Camilo Romero y de su padre, Ricardo Romero Sánchez. Recordó que lloró de emoción cuando ganaron las elecciones y que llegó a verlos como una especie de salvadores. “Los veía como los Robin Hood”, declaró. En su imaginación los Romero, Papá e hijo, representaban a quienes venían a transformar el país y corregir viejas prácticas políticas. Bajo esa visión, terminó convenciéndose de que ciertas actuaciones podían justificarse en nombre de un propósito superior. Esa fue, según confesó Adriana Milena, la máscara detrás de la cual escondió sus dudas porque en el fondo sabía que algo estaba mal. “Eso me quitaba el sueño”, admitió. Su relato muestra una permanente lucha entre la admiración política y la conciencia personal. Por un lado, la subsecretaria de rentas de Nariño intentaba convencerse de que no existía perjuicio económico para el departamento. Sostenía que se trataba de una venta y no de una compra que afectara las rentas públicas. Vigilaba especialmente que los precios del aguardiente no perjudicaran los ingresos de Nariño. Fijar las escalas no era su responsabilidad. Había antecedentes sobre eso. Por otro lado, reconocía que aquello no eliminaba el problema ético.Se consolaba pensando que ella no era quien negociaba directamente ni quien establecía las condiciones finales. Incluso Adriana Milena encontró otra forma de aliviar la culpa. Según explicó, parte de su tranquilidad provenía de pensar que otros empleados de la gobernación de Camilo Romero asumían la responsabilidad formal de los actos administrativos. En particular, que si el asesor jurídico Pedro Rodríguez firmaba los decretos o contratos correspondientes, eso servía como una especie de alivio psicológico para su conciencia. Pero hoy reconoce que ese razonamiento era equivocado. La firma de otro funcionario no borraba sus propias dudas ni eliminaba la responsabilidad moral que sentía frente a lo que estaba ocurriendo. Por eso Adriana Milena insistió en que aquellas justificaciones eran solamente mecanismos para soportar una realidad que la perturbaba profundamente. “Eso estaba mal”, reconoció. Y volvió a repetir que esa situación le quitaba el sueño. Pero nunca dijo que había pensado renunciar al cargo o salir a denunciar lo que estaba pasando, hasta que se armó el Escándalo de los Licores, que es como se conoce este sucio episodio. Durante su declaración también recordó el sacrificio personal que realizó por la administración departamental. Habló de largas jornadas de trabajo, de su dedicación al departamento y de los esfuerzos familiares que hizo para cumplir sus funciones. Contó incluso que en ocasiones debía dejar a su hija en el jardín infantil hasta el punto de que una profesora terminaba llevándola al médico cuando era necesario, mientras ella continuaba trabajando. Todo, afirmó la testigo, porque creía en el proyecto político que le había vendido Camilo Romero. Estaba convencida de que si hacía bien su trabajo contribuiría a que ese proyecto saliera adelante. Sin embargo, con el paso del tiempo terminó chocando contra la realidad. “Choqué con todo eso”, dijo entre lágrimas. Choqué con la idolatría hacia personas que había construido durante años. Choqué con la idea de que estaba mal idolatrar a cualquier ser humano. Y choqué con la certeza de que aquello que se estaba haciendo iba en contra de quien yo había sido toda mi vida. Más adelante, la fiscal le preguntó cuándo había conocido a Richard Portilla. Adriana Milena explicó que inicialmente escuchó su nombre sin saber quién era. Sólo después de concretarse la venta de aguardiente comenzó a identificarlo plenamente. En la subsecretaría de rentas, durante los análisis de precios, escalas y ventas observó que Portilla aparecía entre los compradores habituales del licor producido por el departamento. Fue entonces cuando, según relató, Mario Benavides le explicó el funcionamiento de ese sector. Le comentó que durante años se habían realizado ventas a grupos de licoristas asociados para adquirir grandes cantidades de aguardiente Nariño. Entre ellos figuraba Licosur, organización que había tenido protagonismo durante administraciones anteriores. También le habló de conflictos surgidos entre Richard Portilla, Pedro Bastidas y otros integrantes de ese grupo de comercializadores. Según el testimonio, Benavides le contó que incluso había sostenido reuniones con miembros de Licosur para persuadirlos de que no interfirieran en una venta específica prevista para agosto de 2016. La idea, según entendió Adriana Milena, era que permitieran que la primera gran operación favoreciera a Portilla y Bastidas y que posteriormente los demás tuvieran oportunidades similares. La explicación que recibió fue que esos dos empresarios habían apoyado la campaña que llevó a Camilo Romero a la Gobernación de Nariño. Los demás, por el contrario, habrían respaldado opciones políticas distintas. Fue en ese momento, afirmó Adriana Milena, cuando logró comprender la estructura de relaciones que rodeaba el negocio de los licores en el departamento. “Ahí conozco todo ese engranaje”, declaró. Y concluyó que fue entonces cuando entendió quiénes eran, en realidad, los actores con mayor poder dentro de ese entramado: “Los poderosos”, puntualizó.

Camilo Romero: El primo devela manejo económico de la campana ante la Corte

Por Héctor Díaz Revelo En uno de los momentos más sensibles y mediáticamente relevantes del juicio oral que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, la controversia sobre los aportes de licoristas a su campaña vuelve a ocupar el centro del debate judicial en la audiencia de hoy. La discusión se intensifica a partir de las diferencias que habrían surgido entre los aportes reportados por los empresarios Richard Portilla y Pedro Bastidas, propietarios de la Organización Licorera de Nariño (OLN), posteriormente beneficiaria de un contrato que superó los 18.000 millones de pesos, y la cantidad efectivamente recibida por Erick Guerrero, uno de los responsables del manejo financiero de la campaña de 2015. Durante su declaración, Andrés Felipe Arango Romero, primo de Camilo Romero y hoy considerado uno de los principales testigos del proceso tras acogerse a un principio de oportunidad, señaló que las decisiones económicas de la campaña no recaían exclusivamente en una sola persona. Según su versión, en el manejo financiero participaban el entonces candidato Camilo Romero, su tío Ricardo Romero Sánchez, Esmeralda Hernández —actual senadora y pareja de Pablo Romero Vega, hermano del exgobernador— y Erick Guerrero. Arango Romero aseguró además que Guerrero habría sido apartado posteriormente del manejo de las cuentas debido a discrepancias relacionadas con los recursos aportados por los empresarios y los valores efectivamente reportados, además del compromiso que según el testigo tenía que ver con el millonario contrato de venta de aguardiente Nariño. El núcleo de la controversia radica en establecer si los aportes realizados por Portilla y Bastidas superaron o no las cifras oficialmente registradas y si la totalidad de esos recursos fue reportada ante el Consejo Nacional Electoral o, por el contrario, para “obtener beneficio contractual”, parte de ellos habría permanecido por fuera de la contabilidad oficial de la campaña. De acuerdo con el testimonio rendido bajo juramento, Andrés Felipe Arango Romero ha dicho que Erick Guerrero habría manifestado que las cifras conocidas públicamente no correspondían a los montos reales y que por eso, Camilo Romero lo había alejado de esa responsabilidad, dejándolo a él como su reemplazo. Arango Romero relató igualmente que las comunicaciones provenientes del empresario Richard Portilla eran constantes antes, durante y después de la campaña que llevó a Camilo Romero a la Gobernación de Nariño, e incluso se habrían mantenido tras su posesión en el cargo. Según el testigo, dichas llamadas estaban relacionadas con compromisos adquiridos en torno al negocio de los licores. Camilo Romero delegó entonces en su primo Andrés Felipe Arango Romero la interlocución con los empresarios Portilla y Bastidas y el seguimiento de los compromisos asociados al denominado contrato 364, uno de los ejes de la investigación. De hecho, el testimonio de Arango Romero ha permitido a la Fiscalía y a las partes procesales profundizar en la reconstrucción de las presuntas transacciones y acuerdos que hoy son objeto de examen judicial. Otro de los aspectos que genera atención es la mención reiterada a la senadora Esmeralda Hernández. Según Arango Romero, ella habría participado en asuntos relacionados con el manejo económico de la campaña junto con Ricardo Romero Sánchez y el mismísimo candidato Camilo Romero Galeano. Su nombre también habría sido mencionado previamente por Adriana Milena Amaya Buitrago en relación con presuntas irregularidades contables, situación que derivó en una denuncia penal en averiguación presentada por la supuesta falsificación de su firma. Amaya Buitrago subsecretaria de rentas, habría entregado a la fiscalía general de la Nación varios audios que implicarían aún más a funcionarios de la administración departamental y abogados particulares contratados por Camilo Romero para su defensa técnica. La expectativa se concentra ahora en la jornada de este martes ante la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrollará el contrainterrogatorio de Andrés Felipe Arango Romero. Su declaración es considerada una de las piezas más relevantes dentro del juicio oral que se sigue contra los exgobernadores de Nariño Camilo Romero y Mario Fernando Benavides, dado que podría aportar nuevos elementos determinantes para esclarecer el origen, destino y eventual legalidad de los recursos que financiaron la campaña objeto de investigación y el beneficio a los licoristas aportantes.

Camilo Romero. El primo se destapa en la Corte Suprema

Por: Héctor Díaz Revelo Explosivas declaraciones sobre el denominado “Escándalo de los Licores” rindió ante la Corte Suprema de Justicia Andrés Felipe Arango Romero, primo hermano del acusado Camilo Romero Galeano. Durante su testimonio, Arango Romero confirmó los vínculos entre la campaña política de Camilo Romero y los empresarios del sector licorero Richard Portilla y Pedro Bastidas, representantes de la OLN (Organización de Licores de Nariño). “En lo que tiene que ver con el tema de los licores... en los aportes como tal tuvo que ver Erick Guerrero”, afirmó el testigo, conocido como “el primo”, apelativo con el que Camilo Romero suele referirse a su familiar. Arango Romero comparece como testigo de cargo de la Fiscalía dentro de este proceso. Según su declaración, Richard Portilla era “una persona bastante visible” dentro de la campaña de Camilo Romero y realizó diversos aportes, entre ellos vehículos y apoyo relacionado con otros eventos (la sede de campaña ubicada en un sector del norte de Pasto). Además, el testigo aseguró textualmente que “adicionalmente había un compromiso frente al tema de los licores”, una afirmación que debilita la tesis de Camilo Romero de ser víctima de una supuesta persecución judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por estos mismos hechos también es investigado por la Corte Suprema de Justicia el exsecretario de Hacienda Mario Fernando Benavides. En calidad de gobernador encargado, Benavides firmó el controvertido Decreto 364 de 2016, mediante el cual se autorizó la venta de aguardiente Nariño por un valor superior a los 18 mil millones de pesos, operación que habría beneficiado a los empresarios Richard Portilla y Pedro Bastidas, señalados como aportantes de la campaña. En torno a este escándalo de los licores Camilo Romero es acusado de haber cometido los delitos de: Falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad material en documento público, firma de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y por Asociación para la Comisión de un Delito contra la Administración Pública. El juicio continuará mañana (martes 09) en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La audiencia se desarrolla en medio de denuncias sobre presuntas maniobras dilatorias por parte de la defensa de los acusados.

¡¡De cómo un Pene Sí mueve al alcalde, y las cebras que pinta un concejal No!!

Por Héctor Díaz Revelo Esta es una historia entre el escándalo eficaz y el esfuerzo visible que para un alcalde se ha vuelto invisible. Mientras en Málaga, España, un hueco peligroso se tapó en menos de dos horas gracias a un pene pintado con pintura roja a su alrededor por el ciudadano Vicky Navarro; en Ipiales, un pueblo en la frontera colombo ecuatoriana, un joven concejal pinta cebras peatonales y reductores de velocidad con sus propias manos ante la mirada impasible de un alcalde que parece vivir en otra realidad. Son dos actos de ciudadanía que superan la moralidad (caso del dibujo del pene) y la decisión del concejal Jaime Revelo de invitar a que los empleados de la alcaldía de Ipiales en el departamento de Nariño trabajen, dejen la pereza e indiferencia en favor de peatones y conductores. Son dos resultados radicalmente opuestos. Esta divergencia no es anecdótica; es el síntoma de una enfermedad profunda: la normalización de la incompetencia y la peligrosa indiferencia de una comunidad que, aunque aplaude, no exige. La anécdota del joven del Malagueño es reveladora. Un ciudadano, cansado de que su queja formal fuera ignorada, recurrió a la herramienta más efectiva a su alcance: la vergüenza pública, la doble moral del gobierno. Pintar un símbolo sexual gigante alrededor del hueco (socavón le dicen en España) no fue un acto de travesura infantil, sino una estrategia de comunicación brillante, sin ninguna duda. Para el alcalde, el “pene” transformó un problema aparentemente “invisible” en un foco de atención imposible de obviar. El ayuntamiento actuó inmediatamente, no por eficiencia, sino para evitar el bochorno. En este primer ejemplo hay un mensaje claro: ante una administración sorda. A veces hay que gritar con el código que sí entiende: el del escándalo mediático y público. Para completar este hombre será sancionado en pocos días por no pedir permiso y escandalizar a la gente. El caso de Jaime Revelo, concejal de Ipiales en ejercicio, se trata de una suerte de “heroísmo” al que nadie debería tener que acudir para que los burócratas cumplan con su trabajo. El concejal, al ver la negligencia de su alcalde (cuyo mandato está incluso en entredicho por un proceso de revocatoria), decidió no esperar. Armado con pintura donada por los comerciantes, se ha dedicado a suplir las carencias más básicas de su municipio: señalizar pasos peatonales y reductores de velocidad para proteger a niños, enfermos y ancianos. Es un acto de verdadero liderazgo. Sin embargo, hay una tragedia detrás de esta “heroicidad” del concejal Ipialeño: su acción no ha provocado como era de esperar un cambio sistémico, sino pintando la incompetencia de quienes tienen la obligación de actuar. Lo más grave: el alcalde no se inmuta. Deja que el concejal pinte y pinte, convirtiendo un acto de rebeldía cívica en un síntoma de la descomposición del poder local. Voy al fondo del problema. La comunidad aplaude al concejal, le agradece su labor, pero ¿dónde está la presión colectiva sobre el alcalde? La indiferencia ciudadana es el oxígeno que alimenta la irresponsabilidad de los malos gobernantes. Mientras la gente se limite a observar y aplaudir el esfuerzo de un hombre, sin organizarse para exigir nada, el alcalde puede permitirse el lujo de no hacer nada. Su cálculo es simple: "Si el concejal quiere hacer mi trabajo, que lo haga. La gente está contenta y a mí no me exigen" parece decir como prueba de su ineptitud. Estos dos casos nos dejan una pregunta incómoda: ¿tenemos que llegar al extremo de pintar penes en las calles para que nos escuchen? ¿O pintar cebras y reductores de velocidad con pintura no oficial? La respuesta debería ser no. Recomendaciones al margen: No basta con quejarse en la tienda. Fotografíen los huecos, las cebras borradas, la falta de señalización. Etiqueten a la alcaldía en redes sociales. Conviertan la negligencia en un tema viral de vergüenza pública. Ante la ceguera del alcalde Amílcar Pantoja de Ipiales ¿Por qué no organizar una "Jornada Cívica de Señalización" masiva? Que no sea solo el concejal, sino cientos de ciudadanos los que salgan a pintar. Eso ya no es un gesto, es una protesta visual poderosa. La valentía del concejal es admirable, pero no puede ser la solución. La solución real empieza cuando la comunidad decida que el aplauso se convertirá en exigencia. El despropósito no es solo el hueco en la calle; la verdadera trampa es la indiferencia que nos convierte en cómplices silenciosos de la mala gestión.

“Silenciados” el cura Arango y el sargento Chala. FFMM en la mira.

Por Héctor Díaz Revelo Fuertes las denuncias del sargento Chala y no menos fuertes los comentarios del cura Arango frente a lo que ocurre al interior del ministerio de defensa y las fuerzas militares, más allá de las supuestas “retenciones” de soldados a lo largo de la geografía nacional. Silencio de Acore y del ministro. Escándalo por la compra de helicópteros rusos, por ejemplo. Esas denuncias que el gobierno Petro podría decir que son dificultades usuales en las filas, merecen para él un silencio inicial. Podría vender ese silencio incomprensible, como "prudencia", para más lueguito en plena campaña electoral, salir a decir que el presidente progresista "sacó la casta" y limpió la casa, pidiendo un segundo mandato para profundizar esa "purga" en la cúpula y en las filas en 2026. No es raro que la derecha criminal utilice estos silencios para atacar al gobierno con contradictorios pero efectivos comentarios si se tiene en cuenta lo publicado hasta hoy por los grandes medios corporativos de comunicación. Dirán los opositores que Petro ha traicionado principios democráticos al pactar con los "poderes oscuros" que juraba combatir. Usarán el silencio del gobierno como prueba de su complicidad o su debilidad. Pero sobre las denuncias del cura y el sargento, ni una palabra. Dirá, también esa derecha clientelista y oprobiosa, que el gobierno está tan ocupado en sus contradicciones internas y en manejar crisis de corrupción en la Fuerza Pública y en el gobierno central, que ha descuidado la seguridad ciudadana, un tema sensible para el votante. Responder públicamente al cura Arango o al sargento Chala agudizaría, en mi opinión, el perfil de las acusaciones, dándoles más relevancia de la que tendrían si hubieran sido publicadas de otro modo. Responderles al cura y al sargento, podría llevar a que se descubran más pruebas o se abran investigaciones formales que prefieren evitar. Lo cierto es que lo dicho por Arango y Chala expone al escrutinio público y al debate a los militares y retirados, un terreno donde un exmilitar o un militar activo puede sentirse incómodo. Su mejor estrategia es desgastar las denuncias por inanición mediática y desprestigio informal en los pasillos de palacio y en los cuarteles. Dirían que son calumnias de un sacerdote alarmista o de un sargento resentido. Que el ministro de defensa no sea un civil es el reconocimiento tácito de que ningún proyecto de seguridad, incluso el más reformista, el más petrista, puede avanzar sin el aval de la cúpula militar. Lo advertí en pasada columna sobre la “bota militar”. Las críticas del cura Arango destapan la realidad de un poder paralelo y no electo (ACORE) que sigue ejerciendo una influencia decisiva; y el silencio sobre lo dicho por el Sargento Chala, revela los límites de la libertad de expresión y la transparencia cuando se trata de cuestionar a la institución militar desde dentro. Las denuncias del sargento Édgar Giovanny Chala, difundidas principalmente a través de redes sociales y medios alternativos, han encontrado un muro de silencio en la prensa tradicional. El sargento Chala ha expuesto presuntas irregularidades internas, cuestionando el manejo de recursos, las condiciones de la tropa y ciertas operaciones. Su caso es prueba de la dificultad de las voces disidentes dentro de la Fuerza Pública para encontrar eco en los canales oficiales de comunicación, lo que los lleva a buscar altavoces en la esfera digital (redes sociales), siendo desacreditados o simplemente ignorados en la práctica. La denuncia del cura Ramiro Arango apunta que ACORE, que agrupa a oficiales es un “lobby” de enorme influencia. Sus miembros tienen conexiones profundas en la política, la economía y los medios. Arango les señala de obstaculizar los procesos de paz, presionar para mantener un statu quo belicista y operar como un grupo de interés que pone sus agendas por encima del bien común. Ésta en pocas líneas, es la evidencia de los límites del debate público y los temas que son incómodos para el establecimiento y los dueños del poder político-mediático, sin importar su color ideológico. El silencio contra el cura y el sargento tendrá más adelante otras columnas de opinión.

¿Magnicidio? Oportunismo ramplón.

Por: Héctor Díaz Revelo Decir que el asesinato de Miguel Uribe es un magnicidio quizás sea una exageración o parte del oportunismo político de una derecha criminal que nunca ha reaccionado frente a las masacres de que ha sido víctima el pueblo colombiano. Ver a los uribistas y a Miguel Uribe Turbay en las pantallas de televisión brincando de felicidad por la caída de la reforma laboral en el congreso de la república, hundida por la bancada del centro democrático es poco menos que una afrenta contra las víctimas del terrorismo de Estado. Ver a Miguel Uribe festejando el “hundimiento” de cada propuesta de la reformitis de Gustavo Petro en el congreso de la república es poco menos que una infamia si se tiene en cuenta que tal o cual propuesta apenas se hubiera convertido en la aspirina de la enfermedad colombiana de la desigualdad y el paramilitarismo. Poner el asesinato de Miguel Uribe como un magnicidio a la altura de Jorge Eliecer Gaitán (1948) con la ola de sangre que prosiguió al macabro acontecimiento es un oportunismo ramplón de la derecha. Pensar que el magnicidio de Jaime Pardo Leal (1987), el gran luchador y miembro del partido comunista colombiano puede ser comparado con lo que ha ocurrido con Miguel Uribe Turbay es una suerte de cinismo e hipocresía de quienes ostentan el poder en este país. El terrorismo de Estado y el narcotráfico ha segado la vida de dirigentes como Luis Carlos Galán (1987), y es lo mismo que el asesinato de Bernardo Jaramillo miembro de la Unión Patriótica (1990) uno más entre los cuatro mil integrantes de ese movimiento político magistralmente mostrado en el documental El Baile Rojo. Magnicidios aún en la impunidad. Decir que se trata de un magnicidio el de Miguel Uribe defensor de la mal llamada “seguridad democrática” de su jefe político Álvaro Uribe es atentar con la memoria colectiva que no puede ni debe olvidar de los 6402 homicidios extra judiciales conocidos como los falsos positivos. Las madres de los jóvenes acribillados en las comunas de Medellín en ejecución de la operación Orión sufren el dolor y la desesperanza de lo que significa enterrar a sus hijos. Afirmar que Colombia vive el duelo por la muerte de Miguel Uribe es algo que a nadie le cabe duda, pero hablar de un magnicidio a la altura de lo ocurrido con Carlos Pizarro (1990), con Manuel Cepeda Vargas (1994) o del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado (1995), es poco menos que ambientar procesos políticos venideros en donde se unirán detentadores del poder, medios corporativos de comunicación y la reserva activa de las fuerzas armadas. Dicho esto a grosso modo, en tanto el país se mueve en medio de las más oscuras fuerzas de eliminación física, amedrentamiento, amenazas, desplazamientos y asesinatos selectivos, urge la presencia de organizaciones de observación política internacional, de los defensores de los derechos y de la academia. Porque como dijo juan pueblo: Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero el oportunismo ramplón debe ser censurado ahora y siempre.

De California a Colombia. Juventud excluida y explotada.

De California a Colombia. Juventud excluida y explotada. Por Héctor Díaz Revelo Calificados como insurrectos y agitadores profesionales miles de latinoamericanos, mexicanos en mayoría, han sido objeto de la más criminal persecución y constreñimiento por parte del inquilino de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Fuerzas combinadas de paramilitares y parapoliciales con algunos renegados de la lucha guerrillera casi centenaria en Colombia han atacado en casi treinta ocasiones a la comunidad civil de varios municipios de los departamentos del Valle y Cauca. A su juventud específicamente. Qué tienen estos dos hechos en común, se preguntarán los lectores y tienen razón. Pues en ambos casos, sin determinar sin son daños colaterales a la arremetida brutal y estratégica que bordea los ítems consagrados en los códigos penales, en los Estados Unidos se esconde las secuelas del capitalismo salvaje y en Colombia, saca las garras la siniestra derecha que de verdad ostenta el poder. Es limpieza social. Es terrorismo de Estado. Hay un comportamiento hipócrita de Estados Unidos y ciertos países europeos, que condenan la migración irregular - no ilegal – como una fuerza laboral desechable, sin derechos, que abarata costos en agricultura, construcción, servicios y manufactura. Por acá se niega a la juventud sus derechos y oportunidades y lo peor, se los mata o se les enseña a matar obligándolos a prestar servicio militar. Luego los usan como mercenarios. EE.UU. depende de varios millones de migrantes indocumentados, vitales para su economía, pero los criminaliza para mantenerlos en vulnerabilidad y eso lo hace arrogante ante las víctimas. Colombia al romper el proceso de crecimiento a jóvenes bachilleres de 15 o 16 les enseña a matar porque no otra cosa aprenden en los cuarteles del ejército y la policía. Los campesinos sin escuela a los 18 años. Al salir se dan cuenta de su mundo es real: sin oportunidades, sin cupos en la universidad, sin acceso al crédito y con trabajos precarios. Del pensamiento crítico, ni de lejos. A unos no les gusta que recuerde que los acuerdos de libre comercio destruyen economías locales en países empobrecidos y saqueados, expulsando mano de obra hacia el Norte o empujando sus jóvenes a organizaciones armadas legales o ilegales. Los dos modelos, a la larga el mismo, han construido su riqueza legal e ilegal históricamente sobre la explotación de mano de obra barata, primero mediante la esclavitud y luego con sistemas neocoloniales y las mafias internacionales. Sin duda es el legado colonial y el impúdico imperialismo económico. Lo cierto es que se exigen estándares laborales "éticos" en productos importados, pero se ignora la explotación interna de migrantes irregulares. Más cierto es que como en el caso de Colombia, muchos reclaman condenas ejemplarizantes a jóvenes delincuentes escondiendo las causas objetivas de la desigualdad y del conflicto social y armado. Hay una suerte de racismo estructural donde la criminalización del migrante sirve para justificar su exclusión de derechos laborales y sociales. Es el capitalismo racializado, donde la irregularidad legal permite salarios de hambre y con jornadas abusivas. En Colombia los recargos y extras fueron una realidad hasta que llego la derecha criminal al comenzar este siglo. Mientras se sanciona a Venezuela o Cuba por supuestas "violaciones de DDHH", se ignoran las redadas que hace la “migra” en el país del tío Sam o las incontables muertes en el Mediterráneo. Mientras eso pasa, en nuestra atribulada Colombia se arremete a bala en regiones marginadas a través de una selectividad moral que, como lo sabemos, responde a intereses, no a principios. Llegan los criminales a las regiones como pedro por su casa en la macabra connivencia con la fuerza pública. Este doble discurso no es un error, sino una herramienta del capitalismo global: migrantes irregulares son el ejército laboral reserva del siglo XXI, sin derechos pero indispensables. En Colombia: la estigmatización para regiones empobrecidas como respuesta a arcaicos y excluyentes sistemas económicos y políticos. La juventud asesinada en plena primavera.

El agua, una deuda histórica con Ipiales

El agua, una deuda histórica con Ipiales Por Héctor Díaz Revelo El agua, ese recurso esencial para la vida, fue durante décadas un símbolo de desarrollo y visión de futuro. El 24 de agosto de 1991, se marcó un hito con la inauguración de la nueva planta física de Empoobando, luego de la liquidación de la Empresa de Obras Sanitarias de Nariño, EMPONAR S.A. En aquel entonces, Ipiales era un pueblo de aproximadamente 80.411 habitantes, y la planta tenía la capacidad suficiente para abastecer con eficiencia a la comunidad. Esta obra no fue simplemente infraestructura: fue una apuesta responsable por el bienestar, la salud pública y el crecimiento de nuestra ciudad. Un logro del gobierno municipal de la época que entendió la importancia de planificar con visión y atender una necesidad vital con seriedad y compromiso. Sin embargo, ese legado ha sido abandonado sistemáticamente por las administraciones que le sucedieron. A medida que Ipiales crecía —llegando a tener más de 170.000 habitantes en la actualidad—, la planta de tratamiento siguió siendo la misma. Nunca se amplió, nunca se modernizó. Por más de 30 años, los diferentes gobiernos municipales fueron indiferentes ante la urgencia de asegurar agua potable para todos. Lo más grave no es solo la omisión, sino el uso irresponsable y repetido del tema del agua como promesa de campaña. Gobiernos que llegaron prometiendo soluciones, como la construcción de una nueva planta de tratamiento, terminaron convirtiendo una necesidad crítica en una estrategia de manipulación política. Proyectos que nunca llegaron, discursos vacíos, obras inconclusas y beneficios personales fueron la constante. La historia reciente de Ipiales ha estado marcada por improvisaciones, negligencia y desprecio por las verdaderas demandas de la comunidad. El caso del agua es, sin duda, el reflejo más doloroso de esta irresponsabilidad. Hoy, la ciudad sufre las consecuencias: una infraestructura obsoleta, racionamientos constantes, y una población que vive en zozobra por la falta de un servicio básico. Las administraciones de Jonás Ricardo Romero 2016-19 y de Luis Fernando Villota 2020-23 le dieron tan poca importancia al suministro de agua de calidad y cantidad adecuada que terminaron por parecerse. La primera posando de izquierda y la segunda de liberal tradicional no salieron con nada. Al contrario, en ambas alcaldías los sufridos Ipialeños parecen haberse acostumbrados a hervir el agua, a comprar agua embotellada y como ahora, a mendigar unas gotas que les tiran desde los carrotanques. Jonás Ricardo no salió bien librado del problema que mal recuerdan esas comunidades. Luis Fernando, entre tanto, por intereses que se investigan ahora mismo, en el otoño de su administración contrató a las carreras y de cualquier manera la construcción de otra planta de tratamiento de agua, inconclusa y al parecer inservible a futuro, a un costo de más de 33 mil millones de pesos. Y hoy siguen tomando agua sucia y con graves secuelas en la salud gastrointestinal de los fronterizos y abnegados Ipialitas. Ipiales tiene sed, no solo de agua, sino también de honestidad, de liderazgo auténtico y de voluntad política. Quienes han gobernado en estas últimas tres décadas no pueden ocultar su culpa. Tuvieron el poder y la oportunidad de cambiar el rumbo. No lo hicieron. Hoy, más que nunca, la ciudadanía está despierta. Ya no olvida, ya no acepta excusas. El agua debe volver a ser una prioridad, como lo fue para aquellos que sí pensaron en el bien común. El tiempo de las mentiras terminó. Que este testimonio sirva como memoria y como exigencia: Ipiales merece respeto, merece agua, merece verdad sobre todo.

Colombia ha marchado por las reformas y la consulta popular.

En un país acostumbrado a que el poder se concentre en unas pocas manos, la imagen de miles de personas en las calles pidiendo reformas es una señal de que el cambio sigue siendo una aspiración viva en el pueblo colombiano.Algunos todavía creen que quienes marcharon recibieron de a millón de pesos o por lentejas, pero el hecho es significativo. Las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro el 19 de marzo de 2024 se pueden entender dentro de un contexto político y social cargado de expectativas, tensiones y disputas por el modelo de país que se quiere construir. Un poco tarde quizá pero si pasa la consulta popular, otro violín puede sonar en el tejado de los colombiano. Desde su llegada al poder en 2022, Petro ha intentado implementar una agenda de reformas profundas en salud, trabajo y pensiones, buscando cambiar estructuras que, según su visión, han perpetuado desigualdades en Colombia. Sin embargo, estas reformas han encontrado una fuerte oposición en el Congreso, en los gremios económicos y en los grandes medios de comunicación, que históricamente han respaldado el statu quo. La cobertura de los grandes medios de comunicación en Colombia ha sido mayoritariamente crítica con el gobierno de Petro. En el caso de las marchas, medios como Blu radio, Caracol, RCN y la revista Semana minimizaron su impacto y anticiparon su fracaso. Sin embargo, las imágenes en redes sociales mostraron lo contrario: calles llenas en Bogotá, Medellín, Cali, Pasto, Popayán y otras ciudades especialmente en los departametnos del suroccidente del país. Para muchos sectores populares, esta desconexión mediática es una prueba más de que los medios tradicionales responden a intereses empresariales y políticos contrarios al cambio. Las reformas impulsadas por Petro han sido objeto de debate, pero muchas comunidades las ven como necesarias. Entre los puntos clave que han generado apoyo están: Reforma a la salud: busca reducir el papel de las EPS en la administración de recursos públicos, apostando por un modelo más estatal y preventivo. Reforma laboral: busca fortalecer los derechos de los trabajadores, reducir la tercerización y mejorar las condiciones de empleo. Reforma pensional: propone un sistema más solidario donde el Estado tenga un mayor rol en garantizar pensiones dignas. Estas reformas han sido defendidas por sindicatos, movimientos sociales y ciudadanos que ven en ellas una oportunidad para reducir las desigualdades históricas en el país. Uno de los factores más llamativos de las marchas fue la participación masiva y espontánea de ciudadanos que, sin pertenecer a partidos políticos o sindicatos, salieron a apoyar el cambio. Esto refleja que, a pesar de las dificultades del gobierno, sigue habiendo una base social que cree en el proyecto de Petro y está dispuesta a defenderlo en las calles. Como hasta ahora, la respuesta de los sectores de poder ha sido de deslegitimación y confrontación. La oposición ha insistido en que las reformas son inviables, mientras que los empresarios han alertado sobre posibles impactos negativos en la economía. En este escenario, la movilización se ha convertido en un termómetro del pulso político entre un gobierno que busca transformar estructuras y una élite que resiste los cambios.

La siniestra “bota militar”

La siniestra “bota militar” Por Héctor Díaz Revelo La vieja consigna contra el gobierno colombiano de “hambre, miseria y represión” sumada al gran grito popular y estudiantil de “abajo la bota militar” ha sido y sigue siendo el rechazo y condena a las arbitrariedades y abusos de la fuerza pública en contra de civiles desarmados. Debido a permanentes y ruidosas protestas y manifestaciones de la gente en la calle, los dueños del poder y las elites gobernantes optaron por maquillar el descontento popular con el nombramiento de civiles como ministros de defensa. Irónicamente bajo ministros de defensa civiles (no militares o exmilitares) la realidad de estas acciones contra miembros de organizaciones sociales y políticas ha mostrado en toda su crueldad y sevicia, la siniestra estrategia de su eliminación física a manos de agentes del Estado. Miembros de la fuerza pública en connivencia con hordas paramilitares y parapoliciales son responsables del genocidio de la Unión Patriótica; de los asesinatos de jóvenes civiles desarmados conocidos como los 6402 falsos positivos; los engañados de Soacha que aparecieron como falsos guerrilleros en departamentos como Santander y Arauca; y la “limpieza social” en barrios populares como las comunas de Medellín y Cali, repito son la siniestra estrategia montada desde la casa de Nariño. Entonces, la decisión demagógica de Gustavo Petro de nombrar a quien era un militar hasta la noche anterior a posesionarse como ministro de defensa, lejos de asustar a la insurgencia y a otros grupos armados, lo que ha hecho es poner al descubierto la frívola determinación de llevar efectivos de la fuerza pública a territorios olvidados que han sido escenario de confrontaciones bélicas. Esa decisión mediática del presidente Petro no oculta la presencia en territorio colombiano de contratistas estadounidenses ni las bases militares gringas lo que deja al descubierto que esa tradición militarista desde la época de la violencia, en un mal llamado gobierno progresista no ha cambiado. Nada de soluciones integrales para el campo y su gente, para comunidades negras, indígenas y campesinas. Si se tratara de consolidar la democracia y de reorientar los recursos para educación, salud y bienestar social, en lugar de mantener una costosa estructura militar y potencialmente peligrosa para la estabilidad política y el respeto de los derechos humanos Petro tendría un poco de razón. El gobierno parece olvidar adrede que la fuerza pública tiene su origen en el sistema coercitivo, subordinada al poder civil (y no al contrario) y su teórico enfoque en la defensa de la soberanía y no en la represión interna, con un ejército convirtiéndose, como se ha convertido, en un ejército de ocupación. Claro que hay que adaptar la estrategia a las realidades específicas de cada país con el supuesto de construir sociedades más justas, equitativas y democráticas. El caso de Costa Rica es emblemático: Recordemos que, en ese país centroamericano tras la guerra civil del 48 del siglo pasado, no fue la izquierda quien decidió abolir el ejército. Simplemente fue un gobierno "reformista" que ha puesto su caso como un ejemplo en la región "Es una vuelta de tuerca acerca del papel de las Fuerzas Armadas", afirman los defensores de la decisión del gobierno. Y lo irónico no sería que digan esto, sino que el mismo Petro haya preferido regresar a la "bota militar". Creo que Petro sigue prefiriendo hoy, como con su voto por Alejandro Ordoñez, a sus seguros verdugos.

Inyéctese bien o use Fentanilo. A quién beneficia la fallida guerra contra las drogas

Inyéctese bien o use Fentanilo. A quién beneficia la fallida guerra contra las drogas Por: Héctor Díaz Revelo. Obama lo dijo claro: no persigan tanto a los consumidores. Persigamos a los traficantes. No es nuevo, lo dicho. Fumó marihuana de joven y les dice a sus hijas que no lo hagan. Sabe que la guerra contra las drogas ha fallado. Se está cayendo la idea del siglo pasado, el embuste, en cuanto a que Estados Unidos y su pueblo están siendo víctimas de una guerra química por parte de países productores como Colombia y Mexico. La llamada guerra contra las drogas, además de ser fallida como lo he dicho en otras ocasiones, es una guerra que solo alimenta la corrupción en países en donde se supone los gringos han metido millones de millones de dólares para combatirlas y para esconder a los verdaderos beneficiarios, los banqueros; mientras sus armas se dirigen hacia una solapada política contrainsurgente. Siguen hablando de una guerra química de Colombia y Mexico contra Estados Unidos. Siguen enviando dinero para combatirla. Miles de millones. Pero la corrupción crece. El dinero del tráfico se lava en bancos y corporaciones. Ahí está el negocio. Como antaño en el caucho, el alcohol, el petróleo. O como en el café y los diamantes. Ahí aparece el Fentanilo. Los banqueros no quieren la legalización. Prefieren la guerra. ¿Financiaron la prohibición del alcohol, lo recuerdan? Financian la guerra contra las drogas. Ponen el dinero. Se llevan las ganancias. Guardan el 70% del dinero del tráfico en sus bóvedas. Financian campañas políticas. Crean fundaciones. Se disfrazan de filántropos. Hace décadas que algunos países y sus gobiernos reclaman la legalización. Los documentos Santa Fe lo advertían hace treinta años. Ahora, en las calles, reparten jeringas. Reparten folletos: “Shoot Smart, Shoot Safe”, inyéctese bien, inyéctese seguro. Mejor eso que el SIDA, dicen. Se asustan con el nuevo adormecedor de jóvenes: el Fentanilo. En Santa fe IV sin precisar que el gran capital financiero es el más beneficiado de la prohibición de las drogas, como fueron los nacientes bancos y prestamistas en plena lucha contra el alcohol y los licores en 1920, se advierte que en cualquier sociedad la corrupción por medio de las drogas y “en última instancia, el dinero de las drogas, puede sacar ventaja hasta del sistema capitalista y democrático más avanzado”. En Colombia, el problema sigue para negros, indígenas y campesinos. La tierra es fértil. Pero no hay política agraria. No hay créditos. No hay precios justos. No hay programas de asistencia técnica para otros cultivos diferentes a la hoja de coca. El caso es que los campesinos empobrecidos se ven empujados a sembrar marihuana y hojas de coca. Siembran la coca y en la puerta los mafiosos se la compran para convertirla en cocaína. La cocaína es más rentable, sin duda, mientras no aparezca la competencia en el mercado, para satisfacer a unos 100 millones de consumidores entre Estados Unidos y Europa. El Fentanilo. La coca crece sola. Se vende fácil. Mientras tanto, los tratados de libre comercio empobrecen a estos países. El conflicto interno como el de Colombia desplaza cientos de campesinos por acción de las hordas paramilitares. Campesinos acusados de ser auxiliadores de los grupos insurgentes. El narcotráfico financia el terrorismo de Estado. Lo saben en Washington. Pero no hacen nada. Un exagente de la DEA lo dice: “Ellos saben quiénes cultivan, quiénes venden, a quiénes corrompen. No los detienen. Prefieren la guerra. Prefieren el negocio”. Los documentos oficiales lo advierten: “el dinero de las drogas corrompe hasta el sistema más avanzado”. Pero Estados Unidos no lo quiere ver. Hasta ahora no pueden vender algo mejor que la cocaína. Siguen peleando una guerra perdida. Legalizan la marihuana. Regalan jeringas. Pero no producen algo en los laboratorios que colme la demanda de estupefacientes. No saben cómo, repito, hasta ahora. O hasta que tengan en su poder la fórmula del Fentanilo. Aquí, los campesinos esperan. Sueñan con vender sus productos de pan coger o agroindustriales a buen precio. Con créditos, con tierra, con justicia. Pero los banqueros encontrarán otra guerra. El coltán, el litio, el uranio. Siempre hay un nuevo negocio. Legal o ilegal, no importa. Lo que importa es el dinero. Sembrar coca o marihuana es más rentable que los productos de pan coger. Estos son cultivos resistentes, de rápido crecimiento y con demanda asegurada en el mercado ilegal. En contraste, productos como el maíz, la papa, el cacao o el trigo enfrentan precios bajos, competencia con importaciones y falta de apoyo estatal. Los campesinos no pueden competir con el producto extranjero subsidiado que llega gracias a los tratados de libre comercio. Ejemplo: El trigo. El acceso a créditos es nulo. No hay asistencia técnica ni infraestructura para sacar los productos a mercados. Si el campesino siembra papa, puede perder su cosecha por falta de compradores. Si siembra coca, hay compradores asegurados, pago inmediato y sin intermediarios que le impongan precios injustos. El conflicto armado y el arcaico modelo económico ha empujado a muchas comunidades a zonas donde los cultivos ilícitos son la única opción. Los grupos armados controlan el territorio y, en muchos casos, obligan a los campesinos a sembrar coca bajo amenazas. Quienes no lo hacen, pueden ser desplazados o asesinados. Si existiera una política agraria que garantizara tierras a los campesinos, con precios justos, apoyo técnico y acceso a mercados, no habría necesidad de recurrir a los cultivos ilícitos. Pero las tierras están en manos de terratenientes y empresas extranjeras, mientras los campesinos deben arrendar o trabajar para otros. La concentración de la riqueza, persiste. Habría que pensar inclusive, qué tanto resulta cierto eso que Ellos mismos tratan como cultivos ilícitos. Quién o quiénes han decidido que son ilícitos. En la prohibición, históricamente se ha demostrado que crece el negocio y el poder político. Mientras se persigue a los pequeños productores de coca, se permite que bancos y grandes empresarios se beneficien del lavado de dinero. Se criminaliza al campesino que siembra coca para sobrevivir, pero no al financiero que blanquea millones de dólares producto del gran negocio. La solución no es más guerra, más erradicación o más represión. La solución es que el campesino pueda vivir dignamente de su tierra, sin necesidad de recurrir a cultivos “ilícitos”. Pero eso implica cambios estructurales en el modelo económico que ni el Estado ni los poderes económicos están dispuestos a hacer. La realidad es implacable: el narcotráfico no desaparecerá con más represión ni con más guerra. La lucha contra las drogas, en el fondo, no es más que una estrategia de control y negocio. Desde hace años, lo he dicho, que esta guerra dejará de existir solo cuando en el mercado aparezca una droga que iguale o supere los efectos de la cocaína en los consumidores de Estados Unidos y Europa. ¿El Fentanilo?. Esa es la clave. No es un problema de moral ni de salud pública, sino de mercado. Mientras la cocaína siga siendo la opción más efectiva y rentable, seguirán persiguiendo a los campesinos que la siembran, mientras los grandes beneficiarios —los bancos, las farmacéuticas, las corporaciones— sigan intactos amasando grandes fortunas. Ya hemos visto movimientos en esta dirección. En Norteamérica, la marihuana recreativa se legaliza en cada vez más estados. Se habla de la heroína médica, del uso de drogas psicodélicas para tratar enfermedades mentales. Se reparten jeringas en las calles con la excusa de reducir daños. Repito, todo esto no es altruismo, es negocio. El día que una farmacéutica saque al mercado una droga sintética más potente y segura que la cocaína, la guerra contra las drogas cambiará de objetivo. Dejarán de perseguir a los narcos colombianos o mexicanos. Los gobiernos se enfocarán en regular y patentar la nueva sustancia. Entonces, la coca y sus cultivadores quedarán en el olvido, como ocurrió con el opio cuando las farmacéuticas sacaron los opioides sintéticos. Mientras tanto, los campesinos e indígenas seguirán siendo perseguidos por sembrar lo que el mercado demanda. No porque sean criminales, sino porque el sistema los ha empujado a ello. Y cuando el negocio cambie, cuando una nueva droga se apodere del mercado global, simplemente serán desechados. Como siempre ha ocurrido. Por eso en Estados Unidos y en Europa pregonan mientras tanto a través de sus medios de comunicación el “Shoot Smart, Shoot Safe”, inyéctese bien, inyéctese seguro.

Pegasus: Chuzadas y perfilamientos. Orwell y Loewenstein.

Por Héctor Díaz Revelo. El caso de Pegasus en Colombia, una herramienta de espionaje cibernético desarrollada por la empresa israelí NSO Group, plantea interrogantes fundamentales sobre el alcance de la vigilancia estatal y su relación con la obra "1984" de George Orwell, así como con los análisis contemporáneos de Antony Loewenstein en su libro "El laboratorio Palestino". Ambos textos ofrecen claves para entender la proliferación de sistemas de espionaje masivo y su impacto en países donde la lucha popular, como he dicho, sigue vigente. En el libro titulado “1984”, Orwell describe un régimen totalitario donde el "Gran Hermano" controla todos los aspectos de la vida, vigilando cada movimiento y pensamiento de los ciudadanos (1948). La vigilancia masiva se convierte en el eje de la represión política, asegurando la sumisión al poder mediante la omnipresencia de la tecnología. Ese control estatal se ejerce a través de programas (software), cámaras, telepantallas y micrófonos que no solo monitorean a los ciudadanos sino que también los condiciona psicológicamente. Por ejemplo, a través de la propaganda y la difusión de noticias falsas, generando odio desmedido contra regímenes llamados ahora progresistas como el de Gustavo Petro. La denuncia que hizo Petro sobre programas como Pegasus simbolizan esta capacidad intrusiva y totalitaria de la ultraderecha criminal que encarnó el gobierno de Duque. Aunque se presentan como herramientas para combatir el crimen y el terrorismo (narcotráfico), su uso, se ha desviado hacia el espionaje de civiles, periodistas, jueces y líderes sociales que no sean del Centro Democrático. El uso indebido de Pegasus en la administración de Iván Duque evoca directamente este abuso de poder descrito por George Orwell en 1984: "el Estado utiliza la tecnología para consolidar su poder y reprimir cualquier disidencia". En “El laboratorio Palestino”, Antony Loewenstein analiza cómo Israel ha convertido la ocupación de Palestina en un terreno de prueba para tecnologías de vigilancia y control, que vende y distribuye por el mundo sin pudor (traducido en 2024). Empresas como NSO Group (Pegasus), Elbit Systems, e Israel Aerospace Industries, entre otras, desarrollan herramientas que son probadas en la población palestina antes de ser exportadas a regímenes de todo el mundo. Este "laboratorio" sirve no solo para perfeccionar estas tecnologías sino también para legitimar su uso bajo el pretexto de la seguridad nacional. Son las chuzadas de siempre pero más sofisticadas. Lo mismo pretendieron hacer estas empresas en nuestro país con la complicidad del gobierno anterior y el silencio cómplice de los medios de comunicación de los grandes conglomerados económicos, como Semana (familia Gilinsky) y el periódico El Tiempo (Luis Carlos Sarmiento Angulo-grupo Aval). Programas de espionaje como Pegasus, Mitiga y herramientas como el gusano informático Stuxnet, co-desarrollado por Estados Unidos e Israel, reflejan cómo las tecnologías creadas inicialmente para conflictos militares o de seguridad nacional terminan siendo utilizadas para espionaje político y la persecución de civiles desarmados. Estas herramientas representan un mercado global donde los principios éticos son irrelevantes frente a los intereses económicos y estratégicos. La proliferación de estos sistemas plantea preguntas sobre la responsabilidad ética de los productores y consumidores de tecnología de espionaje, aspecto que por lo visto no es tema de editorialistas, organismos de control e investigadores sociales. Mientras tanto, los productores buscan maximizar beneficios, y los consumidores —en este caso, gobiernos y entidades privadas— las emplean para reforzar estructuras de poder y silenciar voces críticas. Así, en mi opinión, el "Gran Hermano" de Orwell, que algunos ven con eufemismos, no es solo una metáfora literaria, sino una realidad materializada en dispositivos y algoritmos diseñados para controlar y reprimir. Por eso, aunque no nos guste, Petro dio en el clavo con algo de temeridad al haber denunciado esa cuasiclandestina adquisición en el gobierno de Duque. En este contexto, es pertinente preguntarse si: ¿Es el Gran Hermano? La respuesta se inclina hacia un sí contundente. La vigilancia masiva no es solo una herramienta de los Estados totalitarios, sino también de democracias que, bajo el pretexto de la seguridad nacional, adoptan prácticas represivas que vulneran los derechos humanos. Lo cierto es que, como en “1984”, el poder absoluto, la derecha y ultraderecha criminal, y la vigilancia omnipresente se consolidan a expensas de la libertad y la privacidad de los ciudadanos. En el “Laboratorio Palestino”, el panorama es más asqueante dado que se trata de eso, de ser un laboratorio de prueba de que, con el pueblo palestino, con los habitantes de Cisjordania y los pobladores de los altos del Golán, armas israelíes y programas de vigilancia cibernética, sí funcionan. Su venta, de esta manera, es asegurada en los mercados del mundo. La limpieza étnica en la franja de Gaza, es un genocidio, un hecho inhumano ante los ojos del mundo y de la inoperante e ineficiente Naciones Unidas. Allí se perpetra la criminal eliminación y de sobra, les queda la muestra de la eficacia de sus programas (software) de persecución y estigmatización. La falta de moralidad en este mercado global de vigilancia refuerza la conclusión de que, mientras no exista una regulación estricta y un compromiso ético real, la tecnología seguirá siendo utilizada para oprimir, más que para proteger. El crudo panorama nutrido por las observaciones de Antony Loewenstein en su reciente libro publicado en 2023, revela una profunda contradicción en el sistema internacional de derechos humanos: "las mismas instituciones que deberían garantizar la protección y promoción de estos derechos se ven atrapadas, e incluso comprometidas, en redes de dependencia con actores que desarrollan y comercializan tecnologías opresivas y criminales". El hecho de que la ONU haya otorgado contratos de seguridad a empresas como Elbit Systems, Merc Security e Israel Aerospace Industries para operar en bases de Mali, utilizando tecnologías de vigilancia avanzada, es alarmante. Estas empresas no solo son conocidas por desarrollar herramientas utilizadas para la vigilancia y el control de poblaciones ocupadas, como los palestinos, sino que también han sido denunciadas por su implicación en violaciones de derechos humanos. Los de la ONU se "habrían impresionado" al descubrir que las empresas mencionadas como Elbit, Merc Security y Israel Aerospace Industries, se "habían ganado los contratos de proveedores de seguridad de sus bases en Mali, y el trabajo incluía instalar cámaras de circuito cerrado, drones y sistemas de detección de amenazas" (Loewenstein pag 123). La ONU, teóricamente una defensora global de la vida y la dignidad humana, actúa como "convidada de piedra" al emplear compañías que han perfeccionado estas estrategias opresivas y no puede decirle al mundo que “no lo sabía”. Esto no es un simple descuido, sino una muestra de cómo las dinámicas de poder y seguridad globales sobrepasan las prioridades éticas. Las Naciones Unidas, por su naturaleza, dependen del apoyo financiero y logístico de los Estados miembros, muchos de los cuales son grandes compradores y vendedores de estas tecnologías (Estados Unidos, Reino Unido e Israel). Esta dependencia limita su capacidad para confrontar a las empresas y gobiernos que alimentan este sistema. Por eso, sigue siendo válida la propuesta de Hugo Chávez y otros lideres como Fidel Castro, de una reconfiguración de la ONU, sin dilaciones, comenzando por una itinerante sede física, claro está. Lo mismo ocurre, para desgracia de los pueblos explotados del mundo, con el papel de las cortes internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI), que, entre otras cosas, debería ser el de investigar y sancionar el uso de tecnologías de vigilancia que contribuyen a violaciones de derechos humanos. Sin embargo, estas instituciones enfrentan serios obstáculos: La falta de jurisdicción efectiva. Muchas de las naciones y corporaciones involucradas en la proliferación de estas tecnologías no están dispuestas a someterse a la jurisdicción internacional. Israel, por ejemplo, no es miembro de la CPI, lo que limita las posibilidades de investigar el uso de herramientas como Pegasus o las operaciones de Elbit Systems. Existe hoy una oprobiosa presión política y diplomática: Los países más poderosos, incluidos los grandes exportadores de tecnología militar y de vigilancia (el Israel genocida) bloquean y socavan investigaciones internacionales. Esto incluye a Estados Unidos, que ha apoyado y utilizado estas tecnologías, y que ha tomado medidas activas para debilitar a la CPI. Además debemos hablar de la complejidad probatoria: Demostrar, por ejemplo, la conexión directa entre el uso de estas tecnologías y las violaciones específicas de derechos humanos como un desafío técnico y legal. Lo que es peor y a veces causa risa, es que las empresas detrás de estas herramientas tecnológicas suelen operar con altos niveles de opacidad y mediante contratos protegidos por cláusulas de confidencialidad. Tal cual lo mencioné arriba cuando la ONU sabe y contrata esas empresas para una de sus bases en Mali, en África. Entonces, el derecho humano más básico, la vida, está en el centro de este sistema de vigilancia global. Las tecnologías de espionaje, drones y sistemas de detección no solo violan la privacidad, sino que también son herramientas de control político y social que facilitan desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y represión masiva. En lugares como Palestina, periodistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados y atacados utilizando estos sistemas, eliminando voces críticas y desmantelando cualquier resistencia organizada. Hace diez años, el semanario Charlie Hebdo, fue blanco de seguimiento y aniquilación para silenciar la crítica implacable a lo establecido. En Colombia, dos centenares de periodistas y líderes sociales han sido eliminados usando la misma estrategia durante el conflicto social y armado. La proliferación de estas tecnologías también tiene un impacto devastador en los derechos colectivos. Con estas herramientas de vigilancia cibernética hay comunidades enteras y pueblos en pie de lucha por la liberación y la autodeterminación, miserablemente atrapados en estados de vigilancia constante, generando un ambiente de miedo y autocensura. Esto no solo socava la vida individual, sino también la capacidad de las sociedades para organizarse y resistir. Convierte, por ejemplo, a los periodistas en multiplicadores únicamente de información oficial, actuando simplemente bajo los términos de la autocensura o de las imposiciones de los dueños de los medios de comunicación. El panorama es sombrío, pero no necesariamente irremediable. Para que las cortes internacionales y las instituciones globales recuperen su capacidad de actuar, se necesitan varios cambios, entre los que citan estudiosos e investigadores de algunas universidades del mundo, los siguientes: 1. Fortalecer la independencia institucional: Las instituciones internacionales deben contar con mecanismos que las protejan de las presiones políticas y económicas de los Estados miembros más poderosos. 2. Transparencia en la adquisición de tecnologías: La ONU y otras entidades deben garantizar que sus contratos con proveedores sean evaluados desde una perspectiva de derechos humanos. Esto incluiría vetar a empresas con historiales documentados de abuso. 3. Un marco regulatorio internacional: Es urgente establecer normas vinculantes para la exportación, adquisición y uso de tecnologías de vigilancia, asegurando que no se empleen para violar derechos humanos. 4. Apoyo a las víctimas y denunciantes: Los defensores de derechos humanos, periodistas y comunidades afectadas por estas tecnologías necesitan mecanismos de protección y reparación que las cortes internacionales pueden implementar. En conclusión, se puede afirmar que el silencio o la inacción de las instituciones globales frente a estas estrategias de control ciudadano es un reflejo de la dinámica orwelliana, que Orwell y Loewenstein denuncian, cada uno a su manera. En Colombia se debe llegar hasta el fondo de las investigaciones sobre la compra de Pegasus y su uso indiscriminado. Volver a leer “1984” no solo ha sido enriquecedor sino un buen ejercicio para aterrizar en esta cruda realidad. Contrastar medio siglo después con lo expresado por Antony Loewenstein en el Laboratorio Palestino, es desalentador. Sin una transformación radical, la vigilancia masiva seguirá siendo una herramienta de represión más que de seguridad, y los sistemas internacionales de justicia parecerán cómplices más que aliados de quienes luchan por sus derechos. La pregunta no es solo si podemos detener al "Gran Hermano", sino si las instituciones actuales tienen o tendrían la voluntad o la capacidad de hacerlo.

Sentado ante el tablero mundial, la hegemonía USA y los factores de Poder.

Por Héctor Díaz Revelo. He escogido para esta tarde, dos autores: Zbigniew Brzezinski que se refiere a la supremacía de USA y sus imperativos geoestratégicos en su libro El Gran Tablero Mundial y Noam Chomsky, quien desde las entrañas del imperio se refiere a la Hegemonía o Supervivencia, la estrategia imperialista de los Estados Unidos. Me preocupa el papel de los dueños del mundo y los factores de poder. Me asalta la duda sobre la real supremacía de Estados Unidos, la geoestrategia y las guerras preventivas, teniendo en frente a la China, Rusia y hasta los miembros BRICS. Estos son temas que merecen una reflexión cuidadosa, ya que ambos autores ofrecen perspectivas complementarias pero muy distintas para entender la política exterior estadounidense. Ganó las elecciones la ultra derecha encarnada en Donald Trump como escribió el periodista Servio Tulio Díaz en X: Ganó el "primer delincuente convicto". Vamos por partes y disculpen que no haga citas textuales, que es lo que se acostumbra en estos conversatorios. Comencemos con: Zbigniew Brzezinski.El Gran Tablero Mundial (1997) "La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos". Brzezinski, quien fue asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, analiza la geoestrategia estadounidense desde una perspectiva “realista”. Según él, Estados Unidos debe actuar como una potencia global, y su hegemonía es clave para mantener el equilibrio de poder en el mundo. También describe el mundo como un tablero de ajedrez geopolítico en el que Eurasia es el terreno más importante para el dominio global. De manera general voy a citar los que en mi opinión son sus principales puntos: Eurasia (Europa y Asia) es el centro geoestratégico del mundo, y quien controle esta región puede dominar el destino global. “La supremacía de Estados Unidos no solo es deseable, sino necesaria para evitar el surgimiento de una potencia rival que pueda desafiar su influencia. Estados Unidos debe utilizar su poder económico, militar y diplomático para evitar que potencias regionales (como Rusia o China) consigan justamente dominar Eurasia”. Brzezinski plantea la necesidad de que Estados Unidos actúe de forma preventiva y controlada en la política internacional, utilizando tanto medios diplomáticos como militares para salvaguardar su supremacía global. Pero en esencia, imagínense ustedes que, Brzezinski habla de una "estrategia lógica", a la vez que justifica la hegemonía estadounidense en términos de geopolítica clásica, en la que los intereses de la seguridad nacional y el control de recursos estratégicos son primordiales. Desde esta perspectiva, las guerras preventivas (o la intervención militar antes de que surja una amenaza directa) son vistas como parte de una estrategia lógica para mantener el orden global bajo los intereses de Estados Unidos. Noam Chomsky. Hegemonía o Supervivencia. (2003) "La estrategia imperialista de los Estados Unidos". El autor ofrece una crítica feroz al imperialismo estadounidense, desde las mismísimas entrañas del imperio. Para Chomsky, la política exterior de Estados Unidos no está motivada por la seguridad global ni por la estabilidad, sino por la búsqueda de la hegemonía y el dominio económico y militar del mundo. Chomsky argumenta que: “Estados Unidos actúa como una potencia imperial que busca asegurar su control global a través de la violencia militar, las intervenciones y las guerras preventivas, no para proteger a la humanidad, sino para asegurar su propia supremacía económica y política”. Denuncia la doctrina de las guerras preventivas como un pretexto para invadir países que no representan una amenaza inmediata, pero que pueden ser estratégicamente importantes (por recursos o ubicación geopolítica), como fue el caso de Irak en 2003. Chomsky sostiene que estas políticas no solo causan miles de muertes civiles, sino que también desestabilizan regiones enteras, y a largo plazo pueden poner en peligro incluso a Estados Unidos, ya que fomentan resentimientos, fomentan lo que para el gobierno gringo es el terrorismo y lo que son los conflictos. El autor ve el uso del poder militar de Estados Unidos como una amenaza no solo para los países que sufren las intervenciones, sino para la supervivencia global, ya que el unilateralismo y el uso desenfrenado de la fuerza pueden desencadenar conflictos a gran escala o incluso guerras nucleares. Chomsky critica la política exterior estadounidense como moralmente indefendible y peligrosa para el mundo, argumentando que su búsqueda de la hegemonía global pone en riesgo tanto a otros países como a su propia población. Creo que hay algo de convergencia entre ambos autores. Coinciden en el diagnóstico de que Estados Unidos es (dos décadas atrás y ahora mismo) la principal potencia mundial y que utiliza su poder para modelar el orden global. Sin embargo, su justificación y valoración de este poder difieren significativamente. Brzezinski, ve la hegemonía estadounidense como necesaria y legítima. Cree que, en el contexto de la geoestrategia global, la supremacía de Estados Unidos es un mal necesario para mantener el orden y prevenir la aparición de potencias rivales que puedan desestabilizar el mundo. Chomsky, por su parte, considera que esa hegemonía es injusta e inmoral, y denuncia las intervenciones militares como una forma de imperialismo que beneficia a una élite económica, al tiempo que destruye vidas y regiones enteras. Desde su perspectiva, las guerras preventivas son un pretexto para el dominio, no para la seguridad. ¿Y las llamadas guerras preventivas? me pregunto. La doctrina de las guerras preventivas, en particular después del 11 de septiembre de 2001, ha sido un punto central de la política exterior de Estados Unidos, justificando por ejemplo y sin sonrojarse, la invasión de Irak en 2003, entre otros conflictos. Este enfoque, defendido en parte por la geoestrategia de Brzezinski y criticada fuertemente por Chomsky, ha resultado en miles de muertes civiles y el deterioro de la estabilidad global. Para muchos, las guerras preventivas han generado un efecto contrario al deseado, alimentando el terrorismo, la inestabilidad política y el resentimiento global hacia Estados Unidos. No lo digo yo, he dicho, para muchos. Ustedes pueden navegar en la red y encontrar defensores y enemigos de esta premisa. A nivel ético, las guerras preventivas han sido comparadas con la violación de la soberanía nacional y los derechos humanos, creando un paralelo con prácticas condenadas por la comunidad internacional, como, por ejemplo, los abortos clandestinos, que también implican el riesgo de muertes evitables debido a la falta de seguridad o de alternativas justas y accesibles. Basta con revisar lo que está ocurriendo en Ucrania y con el empobrecido e indefenso pueblo Palestino, ver cómo juegan los factores de poder, la propaganda mundial y las amenazas cibernéticas. Entonces en este debate, es crucial entender que Brzezinski y Chomsky representan las dos caras del análisis sobre el papel de Estados Unidos en el mundo. Bien es cierto que pude haber acudido a otros estudiosos como Enrique Dussel, Cristina Martín o Ramón Grosfoguel. Brzezinski, repito, se enfoca en la realpolitik y la necesidad de controlar el tablero global, justificando la supremacía de Estados Unidos como un mecanismo de estabilidad, mientras Chomski, por el contrario, expone cómo esa hegemonía puede ser perjudicial para la humanidad, especialmente cuando se basa en la dominación militar y la guerra. Ambas perspectivas son necesarias para comprender la complejidad del papel de Estados Unidos en el mundo moderno, pero también invitan y yo también en esta tarde, a reflexionar críticamente sobre las consecuencias humanitarias y los costos éticos de una política exterior basada en la supremacía y la violencia. Por otro lado, y por el mismo, los llamados factores de poder, como el mercado de armas, el narcotráfico y el sistema financiero, juegan un papel crucial y a menudo invisible en el panorama geopolítico y en la dinámica de poder. Estos factores de poder son fuerzas independientes o paralelas que moldean, refuerzan y en ocasiones condicionan las decisiones políticas de presidentes y jefes de Estado. Sin pretender, extenderme demasiado demos un vistazo a estos fenómenos que dicho sea de paso no son tratados por estos dos autores. Los analizan en detalle Cristina Martin y Daniel Estulin, entre otros. Vamos a analizar cómo cada uno de estos elementos opera en este contexto y por qué se les puede considerar una "espada de Damocles" que pesa sobre los líderes mundiales. El comercio internacional de armas es uno de los negocios más lucrativos y poderosos a nivel global. Este mercado no solo abastece a los ejércitos formales de los Estados, sino también a actores no estatales, como guerrillas, grupos insurgentes, grupos parapoliciales y paramilitares, así como las milicias. En muchos casos, los conflictos armados prolongados y las guerras preventivas, como - las justificadas por Brzezinski - en su análisis geoestratégico, son alimentadas por el flujo incesante de armas. Las empresas armamentísticas tienen un interés directo en la prolongación de los conflictos, ya que generan miles de millones de dólares en ventas(Estados Unidos e Israel). Esto crea una presión constante sobre los gobiernos para no detener intervenciones militares o guerras que, en teoría, protegen la hegemonía global. Lo cierto es que las grandes corporaciones armamentísticas, especialmente en Estados Unidos, tienen una influencia significativa en la política interna y externa del país. A través de un poderoso cabildeo (lobby), ejercen presión sobre presidentes, congresistas y líderes mundiales para que tomen decisiones que beneficien sus intereses económicos. Esto incluye el apoyo a la proliferación de guerras preventivas y la intervención militar como solución a las crisis geopolíticas. Y qué decir del impacto del mercado de armas en la seguridad global. En un ciclo vicioso, alimenta los conflictos y genera inestabilidad en regiones enteras. Países en conflicto que reciben grandes cantidades de armamento suelen quedar atrapados en guerras civiles prolongadas o conflictos regionales que a su vez justifican nuevas intervenciones y más compras de armas. El narcotráfico o el mercado de las drogas, es otro factor de poder global que actúa en paralelo a los Estados y a menudo los pone en una situación de vulnerabilidad. Su impacto en la geopolítica y en la seguridad de los países es inmenso, Los carteles de drogas tienen el poder de desestabilizar gobiernos y corromper instituciones a través de la violencia y la corrupción, bajo la lupa del Pentágono y el comando sur. Nuestro país y México han visto cómo el narcotráfico ha debilitado sus estructuras de seguridad y ha fomentado un clima de violencia endémica. Este contexto de violencia justifica a menudo la intervención de potencias extranjeras, especialmente bajo la justificación de la "guerra contra las drogas" en un siniestro movimiento e intercambio de armas y drogas. (Ver: Plan Colombia). Es así, cómo la fallida "guerra contra las drogas" es una de las razones que se han utilizado para justificar intervenciones en América Latina y otras regiones, pero también ha sido un vehículo de control político. Estados Unidos ha utilizado el narcotráfico como una excusa para intervenir en la soberanía Colomba y otros países de la región, muchas veces bajo la influencia de intereses económicos y estratégicos que no están relacionados directamente con la fallida “lucha” contra las drogas. Así, entramos en el tercer factor de poder: el sistema financiero. El narcotráfico genera ingresos multimillonarios que se integran en el sistema financiero mundial a través del lavado de dinero. Las armas se negocian en dólares, para lo que sobran explicaciones. Esta infiltración en la economía formal vincula a bancos, sistemas financieros y empresas en una red de complicidad que es difícil de desarticular. Los carteles de drogas ejercen influencia incluso sobre gobiernos debido al poder económico que detentan. El sistema financiero internacional juega un rol crucial en la geopolítica y en la hegemonía de Estados Unidos, pero también actúa como un arma de doble filo que condiciona y limita las acciones de muchos gobiernos. Los gobiernos, especialmente los de países en vías de desarrollo, están en gran medida a merced del sistema financiero global, liderado por instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Los gobiernos que se autoproclaman como alternativos, progresistas o de izquierda, sucumben ante estas presiones. Estas instituciones, dominadas por las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, imponen políticas económicas que pueden restringir la soberanía de los Estados en desarrollo. Es obvio concluir que este control financiero es una herramienta de hegemonía global que mantiene a muchos países en un estado de dependencia estructural. Este dinero ilícito proveniente del narcotráfico, la venta de armas y otros mercados ilegales se introduce en el sistema financiero a través de paraísos fiscales y bancos internacionales. Estas prácticas fortalecen a las élites económicas y políticas, mientras socavan la estabilidad económica y social de los países más vulnerables. Las naciones que no colaboran con el sistema financiero global pueden verse aisladas o sancionadas, como ha ocurrido con países como Irán o Venezuela. Por eso tiene sentido denominarlos como los dueños del mundo o como Cristina Martín, “los amos del mundo”. El sistema financiero es clave en el sostenimiento de la economía del conflicto, permitiendo que países y empresas privadas financien guerras, compren armamento y mantengan redes de poder que alimentan la perpetuación de la violencia global. Por ejemplo, muchas transacciones que financian conflictos armados, tráfico de armas o drogas, pasan por los sistemas financieros globales sin ser detectadas o sancionadas con la complicidad de bancos internacionales. Son como he dicho, los factores de poder como una "espada de Damocles". Estos factores de poder son una "espada de Damocles" sobre presidentes y jefes de Estado porque crean una presión constante sobre los líderes para tomar decisiones que beneficien a estas fuerzas, muchas veces en detrimento de los intereses nacionales o del bienestar de la población. Algunos de los efectos más significativos de esta presión son: Decisiones condicionadas a que los gobiernos, especialmente los más débiles o dependientes de préstamos y ayuda internacional, se vean obligados a ceder a los intereses de las grandes potencias o de las corporaciones globales, limitando su capacidad de acción soberana. Hablando de autonomía, incluso grandes potencias como Estados Unidos, si bien son actores principales en la creación de estas estructuras de poder, también son rehenes de su propia maquinaria. La complejidad del sistema financiero, la presión del cabildeo (lobby) armamentístico y los intereses económicos de corporaciones internacionales limitan la capacidad de los líderes para actuar con total libertad. Se puede concluir con mucho esfuerzo para mí, que estos factores de poder como el mercado de armas, el narcotráfico y el sistema financiero son actores globales con una capacidad inmensa para influir en las políticas de los Estados y en la geopolítica mundial. Mientras que en el marco geoestratégico de autores como Brzezinski, el uso del poder militar y la hegemonía estadounidense pueden verse como una forma de controlar estos elementos, autores como Chomsky advierten de los riesgos y consecuencias devastadoras de permitir que estos factores se sigan entrelazando con los intereses de los Estados. De momento parece no haber una salida digna a este realista panorama planetario.

GUSTAVO PETRO: UN DISCURSO MAGISTRAL EN CHICAGO.

Por Héctor Díaz Revelo El discurso del presidente Gustavo Petro en Chicago es una pieza cargada de reflexiones profundas y críticas incisivas sobre el estado del mundo, enfocándose en temas globales como la crisis climática, la xenofobia, el racismo, las dinámicas de soberanía e injerencia internacional, y el impacto destructivo del capitalismo desregulado. Al comienzo Petro critica explícitamente al expresidente y candidato Donald Trump por usar narrativas falsas para fomentar odio contra inmigrantes haitianos. Lo que es lo mismo: Fomentar el odio contra los inmigrantes, especialmente de los países latinoamericanos. Gustavo Petro, el progresista, socialdemócrata y variopinto, compara el discurso de Trump (previo a elecciones donde acaba de ganar y regresar a la Casa Blanca) con tácticas de regímenes fascistas, como el de Hitler, subrayando los peligros de utilizar la discriminación como arma electoral. El presidente colombiano enlaza la historia de Haití como símbolo de emancipación global (la primera república negra que abolió la esclavitud) con el presente, recordando cómo su pobreza actual es el resultado de siglos de saqueo por parte de las potencias coloniales. Tal cual el saqueo de sus vecinos del caribe y centro y Suramérica. Al posicionarse como defensor de los haitianos, Petro busca cimentar una postura progresista global que rechaza la polarización y promueve una política internacional solidaria para enfrentar no solo ese discurso de odio sino el papel del gobierno de los EEUU en los procesos extractivistas que llevan a la extinción paulatina de la vida en el planeta. Sin duda el núcleo de su discurso es la crisis climática, que plantea como una amenaza existencial inminente. Petro señala que el modelo capitalista, basado en la explotación masiva de recursos naturales y la generación de CO2, es el principal responsable. Estamos llegando el punto de no retorno, dice. Al mencionar los incendios en el Amazonas y la muerte de delfines rosados debido al calentamiento global, alerta sobre los puntos irreversibles en los sistemas naturales. Según él, la humanidad se enfrenta a una ventana de oportunidad crítica de apenas 10 años para actuar. Petro conecta la crisis ecológica con una economía global basada en la codicia, criticando cómo el progreso ha sido reducido a un crecimiento material que sacrifica la vida en el planeta. El capital o la vida. Se refiere al capitalismo salvaje sobre el que varias veces he escrito en mis columnas. Subraya que los sectores vulnerables, como campesinos, obreros y minorías, no son responsables de la crisis climática. Responsabiliza directamente a los países más ricos y sus élites económicas. Se trata de una responsabilidad diferencial al decir textualmente que: los parias no tienen la culpa de la crisis climática. Al abordar el consumo de fentanilo en ciudades como Chicago, Petro lo describe como una expresión de una cultura de extinción, del consumo millonario de drogas y la cultura de la muerte, subcultura, digo yo. En su opinión Petro contrasta este fenómeno con la necesidad de construir un modelo de convivencia humana basado en la solidaridad y el respeto mutuo. Parece en el fondo un discurso clerical como antaño desde el púlpito, sin comprometerse, realmente. El presidente de Colombia vincula el problema del consumo de drogas en EE.UU. con un sistema que prioriza el lucro sobre el bienestar social, señalando las deficiencias del modelo actual de combate a las drogas. Habla de la codicia. Propone soluciones locales y globales que promuevan la vida sobre la muerte a la vez que advierte que para eso se requiere cambios estructurales en las relaciones económicas y de poder. Petro utiliza el ejemplo de Haití para resaltar las contradicciones históricas de las democracias occidentales. Mientras predicaban valores de libertad e igualdad, permitieron (y aún perpetúan) la explotación y exclusión de pueblos enteros. Cuando cita a los haitianos o al pueblo negro haitiano, es clara su alusión discursiva al pueblo latinoamericano, no obstante que, por supuesto, no se puede soslayar el papel histórico de ese pueblo caribeño por la libertad y la autodeterminación. Tanto así que Petro reconoce el papel de Haití en la independencia de Colombia, expresando una deuda histórica que el continente tiene con este país. Pide en el discurso en Chicago que su canciller organice un evento nacional para ponderar su ayuda y reconocer ese papel histórico en el subcontinente y en Colombia junto a Simón Bolívar y su ejército rebelde. Su intención de visitar Haití y ofrecer ayuda humanitaria simboliza una política exterior basada en la justicia histórica y la hermandad regional, en contraste con la injerencia tradicional de potencias como EE.UU. y Europa. En un gesto audaz, Petro llama a una revolución global que transforme las relaciones de poder, no solo entre naciones, sino también entre la humanidad y la naturaleza. Se trata de una revolución mundial para la supervivencia tras un modelo de democracia global, para enfrentar los desafíos compartidos. Textualmente quiero resaltar: “se necesita una acción de cambio de la economía y de las relaciones políticas y de poder a escala mundial y rápida, una revolución mundial, aunque la palabra (revolución) ha sido satanizada, pero toca decirla”, paréntesis mío. Plantea además que resolver la crisis climática no es posible dentro de las lógicas actuales del mercado, que priorizan el lucro por encima del bienestar colectivo. Se trata de acometer, como varios comentaristas se lo hemos reclamado, un cambio estructural a nivel económico, político y social en nuestros países. Alienta a los movimientos sociales y gobiernos locales a actuar desde sus realidades, pero con miras a un cambio global. Subraya que el tiempo político convencional ya no es suficiente; el tiempo de acción es ahora. Petro no deja de hacer un llamado a los países del mundo cuando se refiere a su Colombia y a la Amazonía. Es claro que su discurso está centrado en problemas globales. Desde la quema de la Amazonía hasta la violencia social, muestra cómo las problemáticas locales son reflejo de dinámicas globales y eso lo convierte en líder mundial y digno representante de los países empobrecidos y saqueados allende los mares. En lugar de encerrarse en asuntos domésticos, propone que los líderes latinoamericanos asuman un rol protagónico en las discusiones globales. Este enfoque no solo fortalece la región, sino que también redefine su lugar en el escenario internacional. Es decir, que estamos frente a una nueva narrativa política impuesta por este hombre que muchos creen salido de las entrañas de las vertientes políticas de izquierda como quiera que militó en un movimiento insurgente llamado M-19. El discurso de Petro combina la crítica con propuestas audaces, invitando a reflexionar sobre el papel de la humanidad en un momento de crisis climática global sin precedentes. Más que audacia, diría que son propuestas inteligentes y bien centradas. Desde la política climática hasta la lucha contra el odio, su mensaje es claro: “la supervivencia depende de un cambio radical en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con la naturaleza y con el poder global”. Este es un llamado no solo a la acción, sino a la “reimaginación” de un futuro compartido, antes de que sea demasiado tarde. Por otro lado, el discurso del presidente Gustavo Petro en Chicago toca fibras esenciales sobre el abuso del poder frente a comunidades en minoría y la doble moral de las grandes potencias en relación con la crisis planetaria y el capitalismo salvaje. Este abuso se manifiesta en la forma en que las minorías, tanto dentro de países como en el ámbito internacional, son sistemáticamente despojadas, invisibilizadas y responsabilizadas por problemas estructurales que Ellas no han generado, como la crisis climática o los conflictos económicos y sociales. Desplazados, mujeres, despojados de sus tierras, inmigrantes, etnias, negritudes, etc. Entonces, las minorías, sean estas raciales, étnicas o nacionales, son frecuentemente el blanco de estas oprobiosas políticas que perpetúan su exclusión y desventaja. Petro denuncia la xenofobia y cómo el odio y la discriminación son instrumentalizados por líderes políticos con fines electorales. Esto es verdad fuera de las grandes ciudades y aún en las llamadas intermedias. A nivel rural, ni se diga. Al usar narrativas que asocian a las minorías con el atraso, el caos o la amenaza, advierte que se desata una maquinaria de violencia simbólica y física, similar a los métodos propagandísticos utilizados en regímenes totalitarios, similar a todo lo ocurrido a través de hordas paramilitares a lo largo de la geografía patria. Esta dinámica no solo deshumaniza a los afectados, sino que distrae de los problemas sistémicos, como las desigualdades económicas y la crisis climática, que verdaderamente deberían ocupar la agenda política global. Petro resalta la hipocresía de las potencias occidentales, que históricamente han liderado discursos en favor de la libertad, igualdad y derechos humanos, mientras perpetúan un modelo económico y político que contradice esos principios. Petro recuerda cómo Haití, símbolo de la emancipación y la igualdad, fue castigado por los mismos ideales que enarbolaba. Francia, por ejemplo, cuando terminó exigiendo reparaciones a Haití por su independencia, como una deuda histórica que encarna la injusticia estructural y el desprecio por los valores de justicia y democracia que proclaman esas grandes potencias. En el contexto de la crisis climática, esta doble moral es aún más flagrante. Las naciones más ricas son responsables de la mayoría de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, pero las consecuencias recaen desproporcionadamente sobre las regiones más pobres y vulnerables. Petro señala cómo el sistema capitalista, basado en el extractivismo y la acumulación ilimitada de capital, sigue priorizando el lucro por encima de la vida. La codicia de unos pocos en detrimento y empobrecimiento de los muchos, de los desheredados, digo yo. La desregulación de los mercados y la expansión de la industria fósil perpetúan un modelo que concentra el poder y los recursos en manos de unos pocos, dejando a las comunidades vulnerables enfrentando los peores efectos de la destrucción ambiental. El extractivismo y su lógica asociada de extrahección (la apropiación violenta de recursos naturales y humanos) son el corazón de este sistema. En América Latina, las actividades extractivas del petróleo, el carbón y el gas, así como la minería y la deforestación son financiadas por intereses transnacionales, que extraen riqueza del suelo a costa de la destrucción del entorno y el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas. Estas prácticas son presentadas como necesarias para el desarrollo económico, pero, como Petro advierte, son manifestaciones de un sistema que pone el crecimiento económico por encima de la supervivencia de la humanidad y la naturaleza. La ubicación de la vida y los seres humanos en los niveles más bajos de la discusión académica y política global refleja una deshumanización sistemática. Esa es mi opinión, claro está. Petro denuncia que la economía global, que debería centrarse en el bienestar humano y ecológico, está diseñada para maximizar beneficios financieros a corto plazo. Este modelo de desarrollo descuida la interconexión esencial entre la naturaleza y la humanidad. La vida no puede ser tratada como una variable secundaria; debe ser el eje central de cualquier discusión económica o política seria. Es nada menos que poner la vida y los seres humanos en el último escalón. Petro finalmente, plantea que el único camino viable para evitar la extinción del planeta es un cambio radical en las relaciones de poder global. Esto no solo implica una transición energética o económica, sino también una democratización profunda en la toma de decisiones a nivel mundial, que permita que las voces de los pueblos históricamente marginados y las preocupaciones por la vida ocupen un lugar prioritario. Este cambio requiere valentía para cuestionar la lógica del capital, y una solidaridad global que reconozca que, sin justicia social y ecológica, no hay futuro sostenible; y en esto último, en la lucha por la justicia social, si que estoy de acuerdo con Gustavo Petro y con quienes solapadamente aún creen en esta irremediable realidad.

Pobres acorralados acuden a medicamentos "milagrosos".

Por Héctor Díaz Revelo En el contexto de la salud pública y privada, es crucial entender cómo los desafíos en ambos sistemas empujan a las personas, especialmente a los sectores más vulnerables, a buscar alternativas que muchas veces resultan perjudiciales para su salud. 1. Altos costos de la medicina privada La medicina privada suele ofrecer una atención más rápida y personalizada, pero a un costo elevado. Esto excluye a grandes segmentos de la población, especialmente en países donde no hay un sistema de salud universal o donde este está muy limitado. Los tratamientos, consultas y medicamentos en el sistema privado a menudo son prohibitivamente caros, lo que hace que muchas personas de bajos recursos no puedan acceder a ellos, y busquen soluciones más económicas fuera de este sistema. 2. Ineficiencia de la medicina pública El sistema de salud pública en muchos países se enfrenta a múltiples problemas: • Infraestructura deficiente, • Escasez de medicamentos, • Falta de personal médico suficiente, • Largas esperas para recibir tratamiento. Esta falta de acceso oportuno y de calidad lleva a que muchas personas, desesperadas por la inmediatez de la atención, opten por caminos alternativos. 3. Alternativas peligrosas: "yerbateros", teguas y productos milagrosos Cuando los sistemas formales de salud fallan, los pacientes, en especial aquellos con menos recursos, se ven atraídos por las promesas de curas rápidas y baratas que ofrecen los llamados "yerbateros", teguas y vendedores de productos milagrosos. Estas prácticas pueden incluir el uso de hierbas, preparados no regulados y tratamientos sin bases científicas. Estos "sanadores" juegan con la desesperación y la necesidad de los pacientes, prometiendo curaciones sin respaldo médico. 4. Consecuencias en la salud El uso de estas alternativas trae consigo graves consecuencias para la salud, entre ellas: • Insuficiencia renal debido al consumo de productos tóxicos o mal formulados. • Intoxicación hepática, ya que muchos de estos preparados sobrecargan el hígado con sustancias dañinas. • Daños cerebrales causados por intoxicaciones agudas o crónicas, resultado de productos que no son seguros. • Preinfartos o problemas cardíacos derivados del consumo de productos que afectan el sistema cardiovascular. Estos efectos adversos se producen por la falta de regulación y control en la fabricación y distribución de estos remedios alternativos. Las personas recurren a estos métodos sin conocer sus riesgos, lo que en muchos casos lleva a complicaciones irreversibles o a la muerte. 5. Desesperación y exclusión social En última instancia, lo que estamos viendo es el resultado de un sistema en el que los más pobres y excluidos, sin alternativas accesibles y de calidad, buscan desesperadamente soluciones. La falta de una respuesta adecuada por parte de los sistemas de salud formales hace que los más vulnerables queden atrapados en un ciclo de tratamientos peligrosos que solo empeoran su condición. 6. Medicina alternativa y homeopática La medicina alternativa y la homeopatía también entran en esta discusión. Aunque algunos pacientes pueden encontrar alivio en estas prácticas, la evidencia científica que respalda su efectividad es, en muchos casos, limitada o nula. Cuando estas alternativas se utilizan como sustituto de tratamientos médicos probados, los pacientes corren un gran riesgo. Por ejemplo, en lugar de recibir tratamiento adecuado para enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión, algunos optan por productos "naturales" que no abordan la verdadera causa de la enfermedad. Conclusión La desesperación de los sectores pobres y excluidos los está llevando a tomar decisiones médicas peligrosas. Esta situación pone de relieve la urgente necesidad de mejorar tanto el acceso como la eficiencia de los sistemas de salud pública, y de regular estrictamente la venta y el uso de productos alternativos para evitar que sigan dañando a la población más vulnerable. Los sistemas de salud deben ser más equitativos y garantizar que todos, independientemente de su situación económica, puedan recibir atención médica segura y eficaz. El diagnóstico es claro: la falta de acceso a una atención médica eficaz y asequible está empujando a los más vulnerables a prácticas peligrosas que dañan su salud. La pregunta clave es ¿qué hacer y quién debe actuar para proteger a estas personas?. Estas prácticas alternativas no reguladas pueden escalar a un problema de salud pública de proporciones alarmantes, similar a lo que ocurre con los abortos clandestinos, donde la falta de opciones seguras lleva a resultados trágicos. 1. Fortalecimiento del Sistema de Salud Público Una de las medidas más importantes es mejorar la eficiencia, accesibilidad y calidad del sistema de salud público. Esto incluye: • Mayor financiación para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a consultas médicas, medicamentos y tratamientos necesarios. • Reducir tiempos de espera y mejorar la infraestructura sanitaria, especialmente en áreas rurales y marginadas. • Contratar más personal médico para disminuir la sobrecarga en hospitales y clínicas públicas. El acceso rápido y de calidad a la atención médica reduciría la necesidad de recurrir a prácticas alternativas peligrosas. 2. Regulación estricta de la medicina alternativa y los productos milagrosos Los gobiernos deben implementar leyes más estrictas para regular el mercado de la medicina alternativa y los productos milagrosos. Esto incluye: • Vigilancia estricta de las hierbas medicinales, suplementos dietéticos y otros remedios alternativos, asegurándose de que cumplan con los estándares de seguridad. • Campañas de educación para que las personas entiendan los riesgos de consumir productos no regulados o no aprobados. • Inspección y control de los centros de medicina alternativa, homeopáticos y aquellos que venden productos "milagrosos". Estos establecimientos deben estar bajo la supervisión de autoridades sanitarias para garantizar que no se promuevan prácticas peligrosas. El Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades regulatorias (por ejemplo, las agencias nacionales de medicamentos), debe tener la responsabilidad de vigilar estas prácticas y productos. 3. Educación y concientización para la población Es fundamental educar a la población, especialmente a las comunidades más vulnerables, sobre los riesgos asociados con estas prácticas no reguladas. Esto puede incluir: • Campañas de información masivas en medios de comunicación y redes sociales. • Promover el uso de la medicina basada en evidencia, explicando las posibles consecuencias graves de optar por "curas milagrosas". • Capacitar a líderes comunitarios y religiosos para que orienten a sus comunidades hacia el uso de servicios médicos formales y regulados. El acceso a la información puede empoderar a las personas para tomar decisiones más seguras sobre su salud. 4. Mejora en el acceso a la salud en zonas rurales y marginadas En muchas áreas rurales y marginadas, la falta de médicos y de infraestructura sanitaria hace que las personas no tengan otra opción que acudir a "yerbateros" o teguas. Es esencial: • Implementar programas de salud rural que envíen médicos, enfermeras y promotores de salud a estas áreas. • Proveer clínicas móviles o centros de atención de salud comunitaria que brinden servicios a bajo costo o gratuitos. • Garantizar el suministro de medicamentos esenciales y consultas básicas a través de sistemas de apoyo local. 5. Protección legal de los vulnerables Es crucial establecer leyes de protección al paciente que prohíban el fraude o la promoción engañosa de remedios no probados. La vigilancia de derechos del consumidor debe extenderse a los productos y servicios relacionados con la salud. Las autoridades deben: • Castigar penalmente a aquellos que vendan productos falsos o pongan en peligro la salud de las personas a través de prácticas médicas fraudulentas. • Crear un sistema de denuncias accesibles para que los pacientes puedan reportar a quienes practiquen estos tratamientos peligrosos. 6. Comparación con los abortos clandestinos Este fenómeno de recurrir a medicinas alternativas puede escalar a un problema de salud pública similar al de los abortos clandestinos. En ambos casos, la falta de acceso a servicios de salud seguros y asequibles lleva a las personas a buscar soluciones riesgosas que a menudo resultan en muerte o daño severo. El uso de productos milagrosos y prácticas peligrosas está generando muertes e incapacidades evitables. Si no se toma acción: • El número de complicaciones médicas graves, como insuficiencia renal, daño hepático, preinfartos y hasta muertes, aumentará de forma alarmante. • El costo para el sistema de salud será mayor, ya que los pacientes llegarán con problemas más complejos y difíciles de tratar. • La crisis de confianza en el sistema de salud crecerá, llevando a una mayor dependencia en soluciones no científicas. 7. Colaboración entre sectores La sociedad civil, las ONGs y las organizaciones comunitarias también pueden jugar un rol clave. Estas entidades pueden: • Promover redes de apoyo y educación sobre salud. • Facilitar el acceso a servicios de salud asequibles en comunidades desatendidas. Entonces hay que abordar este problema de manera efectiva, es necesaria una acción coordinada entre el gobierno, el sector salud, organizaciones civiles y la sociedad en general. Solo a través de la regulación estricta, la educación masiva y la mejora de los sistemas de salud públicos podremos proteger a los vulnerables y evitar que caigan en manos de prácticas peligrosas que pueden tener consecuencias graves para su salud. El diagnóstico es claro: la falta de acceso a una atención médica eficaz y asequible está empujando a los más vulnerables a prácticas peligrosas que dañan su salud. La pregunta clave es ¿qué hacer y quién debe actuar para proteger a estas personas?. Estas prácticas alternativas no reguladas pueden escalar a un problema de salud pública de proporciones alarmantes, similar a lo que ocurre con los abortos clandestinos, donde la falta de opciones seguras lleva a resultados trágicos. Fortalecimiento del Sistema de Salud Público Una de las medidas más importantes es mejorar la eficiencia, accesibilidad y calidad del sistema de salud público. Esto incluye: • Mayor financiación para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a consultas médicas, medicamentos y tratamientos necesarios. • Reducir tiempos de espera y mejorar la infraestructura sanitaria, especialmente en áreas rurales y marginadas. • Contratar más personal médico para disminuir la sobrecarga en hospitales y clínicas públicas. El acceso rápido y de calidad a la atención médica reduciría la necesidad de recurrir a prácticas alternativas peligrosas. Regulación estricta de la medicina alternativa y los productos milagrosos Los gobiernos deben implementar leyes más estrictas para regular el mercado de la medicina alternativa y los productos milagrosos. Esto incluye: • Vigilancia estricta de las hierbas medicinales, suplementos dietéticos y otros remedios alternativos, asegurándose de que cumplan con los estándares de seguridad. • Campañas de educación para que las personas entiendan los riesgos de consumir productos no regulados o no aprobados. • Inspección y control de los centros de medicina alternativa, homeopáticos y aquellos que venden productos "milagrosos". Estos establecimientos deben estar bajo la supervisión de autoridades sanitarias para garantizar que no se promuevan prácticas peligrosas. El Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades regulatorias (por ejemplo, las agencias nacionales de medicamentos), debe tener la responsabilidad de vigilar estas prácticas y productos. Educación y concientización para la población Es fundamental educar a la población, especialmente a las comunidades más vulnerables, sobre los riesgos asociados con estas prácticas no reguladas. Esto puede incluir: • Campañas de información masivas en medios de comunicación y redes sociales. • Promover el uso de la medicina basada en evidencia, explicando las posibles consecuencias graves de optar por "curas milagrosas". • Capacitar a líderes comunitarios y religiosos para que orienten a sus comunidades hacia el uso de servicios médicos formales y regulados. El acceso a la información puede empoderar a las personas para tomar decisiones más seguras sobre su salud. Mejora en el acceso a la salud en zonas rurales y marginadas En muchas áreas rurales y marginadas, la falta de médicos y de infraestructura sanitaria hace que las personas no tengan otra opción que acudir a "yerbateros" o teguas. Es esencial: • Implementar programas de salud rural que envíen médicos, enfermeras y promotores de salud a estas áreas. • Proveer clínicas móviles o centros de atención de salud comunitaria que brinden servicios a bajo costo o gratuitos. • Garantizar el suministro de medicamentos esenciales y consultas básicas a través de sistemas de apoyo local. Protección legal de los vulnerables Es crucial establecer leyes de protección al paciente que prohíban el fraude o la promoción engañosa de remedios no probados. La vigilancia de derechos del consumidor debe extenderse a los productos y servicios relacionados con la salud. Las autoridades deben: • Castigar penalmente a aquellos que vendan productos falsos o pongan en peligro la salud de las personas a través de prácticas médicas fraudulentas. • Crear un sistema de denuncias accesibles para que los pacientes puedan reportar a quienes practiquen estos tratamientos peligrosos. Comparación con los abortos clandestinos Este fenómeno de recurrir a medicinas alternativas puede escalar a un problema de salud pública similar al de los abortos clandestinos. En ambos casos, la falta de acceso a servicios de salud seguros y asequibles lleva a las personas a buscar soluciones riesgosas que a menudo resultan en muerte o daño severo. El uso de productos milagrosos y prácticas peligrosas está generando muertes e incapacidades evitables. Si no se toma acción: • El número de complicaciones médicas graves, como insuficiencia renal, daño hepático, preinfartos y hasta muertes, aumentará de forma alarmante. • El costo para el sistema de salud será mayor, ya que los pacientes llegarán con problemas más complejos y difíciles de tratar. • La crisis de confianza en el sistema de salud crecerá, llevando a una mayor dependencia en soluciones no científicas. Colaboración entre sectores La sociedad civil, las ONGs y las organizaciones comunitarias también pueden jugar un rol clave. Estas entidades pueden: • Promover redes de apoyo y educación sobre salud. • Facilitar el acceso a servicios de salud asequibles en comunidades desatendidas. Conclusión Para abordar este problema de manera efectiva, es necesaria una acción coordinada entre el gobierno, el sector salud, organizaciones civiles y la sociedad en general. Solo a través de la regulación estricta, la educación masiva y la mejora de los sistemas de salud públicos podremos proteger a los vulnerables y evitar que caigan en manos de prácticas peligrosas que pueden tener consecuencias graves para su salud.