CAMILO ROMERO SE LAVA LAS MANOS

Por:Héctor Diaz Revelo: Exgobernador ad-hoc de Nariño ha sido inhabilitado durante 9 años por decisión de la Procuraduría General de la Nación por haber firmado contrato de conectividad a internet bajo la administración de Camilo Romero Galeano. El gerente de la telefónica de Ipiales ´Unimos´ Andrés Oliva Ortega también inhabilitado durante 10 meses. Ni una mención a los titulares Camilo Romero de la gobernación y Ricardo Romero Sánchez (su papá) como alcalde de Ipiales. Esta historia compromete el sentido común. Bajo la administración departamental de Camilo Romero cuando se iba a contratar la conectividad en los municipios no certificados (62) se declara impedido por lo que el gobierno nacional designa un gobernador ad-hoc en cabeza del director regional del Instituto Agustín Codazzi Edgar Roberto Mora. El contrato de conectividad a un costo de 3300 millones de pesos que pudo haberse firmado con una empresa de experiencia en el ramo, pretendía conectar a internet a más de 200 escuelas y colegios. El exgobernador Camilo Romero decidió hacer el contrato con la quebrada empresa telefónica de Ipiales en donde su papá fungía como alcalde y presidente de la junta directiva de Unimos, que es como se llama la telefónica municipal. Entregando dinero a esa quebrada empresa municipal es clara la intención de Camilo Romero Galeano de pavimentar el camino a los sucesores tanto en la gobernación de Nariño como en la alcaldía de Ipiales. Yo obtuve copias de los subcontratos que hizo Unimos. El gerente amigo de los Romero, fue llevado de Pasto a Ipiales, obviamente muy cercano al padre y al hijo (no al espíritu santo, que para mi es el señor dinero). Unimos estaba quebrada. No tenía la infraestructura para cumplir con el objeto contractual. El gerente, Andrés Oliva Ortega pocos meses atrás había renunciado a una empresa de informática que a la postre termina siendo subcontratada por él mismo para realizar el trabajo junto a otras subcontratistas (6). La procuraduría general de la Nación ha sancionado finalmente al gobernador ad-hoc (ni una mención al gobernador titular Camilo Romero) y al gerente de bolsillo. Según la delegada disciplinaria de juzgamiento, el exmandatario encargado habría desconocido la normativa contractual al firmar el contrato interadministrativo con la firma UNIMOS S.A. E.S.P. de Ipiales. «En su calidad de ordenador del gasto, Mora Gómez transgredió el principio de responsabilidad estatal para garantizar la selección objetiva que rige la contratación estatal, por lo que calificó su falta como gravísima a título de culpa gravísima" se lee textualmente en la decisión. La procuraduría destituyó e inhabilitó por 9 años para ocupar cargos públicos al exgobernador ad hoc de Nariño Edgar Roberto Mora por firmar un contrato con una empresa sin la experiencia técnica necesaria y al gerente de Unimos Andrés Oliva Ortega con 10 meses de inhabilidad. (Ni una mención a los miembros de la junta directiva de Unimos y mucho menos al alcalde Ricardo Romero Sánchez). Este caso se parece a lo que ocurrió con el llamado "escándalo de los licores" en donde ha salido encartado el gobernador encargado y secretario de Hacienda Mario Fernando Benavides. Seguramente será doblemente sancionado por firmar el contrato de licores por más 18 mil millones de pesos (80 mil cajas de aguardiente Nariño). No se sabe hasta ahora si ante la Corte Suprema de Justicia la defensa de Camilo Romero, hoy en manos del mediático abogado Miguel Ángel Del Río, continuará dilatando el proceso para que el flamante embajador de Petro en Argentina "se vaya de rositas" como dicen en España a quien no resulta sancionado de manera ejemplar ante la contundencia de los cargos. Mini Mintic en Nariño. https://www.youtube.com/watch?v=OWJ0Bi5cvBg https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/tubarco-noticias-narino-tubarco-noticias-occidente/por-firmar-contrato-de-internet-con-empresa-sin-experiencia-inhabilitaron-a-edgar-mora-exgobernador-ad-hoc-de-narino/

Una juventud entre rejas. Sindicados no condenados !

Por: Héctor Díaz Revelo. ¿Cuál es la política de Gustavo Petro para acabar con la saturación y hacinamiento en las cárceles colombianas?. Si la mayoría de jóvenes encarcelados no están condenados, qué significa en la práctica aquello de la “Potencia mundial de la vida”. Dos cosas han sucedido en este país contra una jventud desarmada. Jóvenes víctimas de la limpieza social y jóvenes llevados ala guerra por ser pobres o de familias empobrecidas. Josef K. es acusado de un delito sin saber exactamente qué ha hecho mal. Se enfrenta a un sistema judicial opresivo que parece estar diseñado para condenarle sin dar la oportunidad de defenderse. Meursault es condenado a muerte por un asesinato que cometió, aunque la verdadera razón de su condena parece ser su actitud indiferente y su falta de emociones. De arrepentimiento. El primero, el de Josef K, es un relato monstruoso, como monstruosos son los casos de las victimas del paramilitarismo en Colombia. Franz Kafka (el de Metamorfosis) registra este caso en su obra “El Proceso”, que, en mi opinión desde una perspectiva jurídica plantea preguntas sobre la justicia, la moralidad y el derecho a un juicio justo. Meursault, en el segundo caso, obliga a pensar, que, en realidad siendo responsable de un delito, su sola indiferencia frente al crimen y su falta de emociones (tal cual la sevicia parapolicial y paramilitar) no se escapa de la condena. Albert Camus en su obra "El Extranjero" muestra lo obtuso de los juicios combinados entre odio y emociones. Cuando escribí para varios portales como rpasur.com que Colombia no quiere a sus jóvenes y ahora mismo al llegar el gobierno de Gustavo Petro con el lema de un país “potencia mundial de la vida” pensé y sigo pensando que no hay justicia con una juventud metida entre rejas por delitos que aún no han sido probados. Léase, que son jóvenes sindicados de cometer delitos. Todavía repiquetean las noticias de la criminal respuesta del gobierno al estallido social. Jóvenes asesinados a manos de agentes del Estado. Jóvenes mutilados y más de un centenar encarcelados mientras gobernaba el derechista Ivan Duque M. Según un informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la población carcelaria en Colombia está compuesta en su mayoría por hombres. En 2020, alrededor del 93% de los internos eran hombres, mientras que solo el 7% eran mujeres. En cuanto a la edad de los sindicados no condeandos, el mismo informe del INPEC muestra que la mayoría de los internos tienen entre 18 y 42 años. En 2020, alrededor del 70% de la población carcelaria se encontraba en ese rango de edad, jóvenes, mientras que el 23% tenía entre 42 y 59 años y solo el 7% eran mayores de 60 años. Es importante destacar que las cifras de edad y sexo de los sindicados en las cárceles colombianas pueden variar dependiendo de los diferentes factores, como la tasa de criminalidad, la política pública y la capacidad de los sistemas penitenciarios para manejar a los presos. Además, estas cifras pueden variar según la fuente de información y el momento en que se realizaron los estudios. Pero esto último en el fondo es lo de menos. Son solamente números. Frías estadísticas. Muchas veces como en "El Proceso", donde el protagonista Josef K., es acusado de un crimen sin saber de qué se le acusa exactamente, uno diría que, para el régimen colombiano, basta con que se trate de una persona joven para sindicarle de un delito. Porque, Colombia no quiere a sus jóvenes. Entonces, obligatoriamente llegan a la mente estas preguntas: ¿Es justo condenar a alguien por su personalidad o actitud? ¿Debería la ley ser más flexible y tener en cuenta la personalidad y las emociones de una persona? ¿Basta con ser joven?. En “El Extranjero” Meursault no lloró ante la muerte de su madre y no experimenta arrepentimiento tras haber cometido un crimen. En uno y otro caso, la simple sindicación de un delito puede tener graves consecuencias para las personas pobres y marginadas que son llevadas a la cárcel sin consideración en muchos países, no solo en Colombia. Horribles experiencias se cuentan en Colombia cuando el Estado activa las infames "limpiezas sociales". Si no preguntes a las madres de Soacha a solo 20 minutos de Bogotá. En general, la detención “preventiva” de personas que aún no han sido condenadas tiene un impacto negativo en su vida y en la de sus familias, ya que a menudo pierden sus trabajos, sus hogares y la capacidad para mantener a sus hijos y familiares dependientes. En algunos países, la situación puede ser particularmente grave debido a la falta de recursos y apoyo legal para las personas detenidas falsamente. La sobrepoblación carcelaria y las condiciones precarias de las prisiones también empeora la situación, lo que aumenta el riesgo de enfermedades, violencia y otros peligros para los detenidos. Ecuador estalla cada nada al interior de sus cárceles llenas de jóvenes también. Cuál es la política de Gustavo Petro para acabar con la saturación y hacinamiento en las cárceles colombianas, pregunto. Si la mayoría de jóvenes encarcelados no están condenados, qué significa en la práctica aquello de la “Potencia mundial de la vida”. Es hora de darse la pela en este aspecto.

Insisto Señor Presidente Petro.

@petrogustavo insisto. Usted no ha podido explicar qué quiso decir ante la ONU al afirmar: "¿Para qué sirve la OTAN, para qué sirven los imperios? "y todavía NO NOS HA SACADO DE ESA NEFASTA ORGANIZACION. Que la OTAN ayudará a salvar la selva amazónica, ha dicho Usted. Es broma?

Maestros violan la Constitución en materia de libertades.

Por Héctor Díaz Revelo El desarrollo de los pueblos exige educación gratuita y de calidad. Los docentes y los padres de familia deben saber que Colombia es un país no confesional. Que Colombia es un país laico que en materia educativa todavía se resiste a llevar a la práctica el respeto y la no imposición de una religión o de una confesión determinada. Colombia es un país en donde el 68 por ciento de los docentes en colegios y escuelas oficiales todavía obligan a rezar a los alumnos, so pena de ser discriminados o, dicho en el argot juvenil, so pena de ser víctimas de acoso o “bullying”. Quizás, Montesquieu tenía razón cuando hablaba del sentido real de la tiranía de la democracia o del maldito consenso. Los docentes, en cosas como la religión deben asumir que imponerla en el sector público es anti natural, anti jurídico y es una violación flagrante del libre desarrollo de la personalidad. Los progenitores deben entender que imponer no quiere decir educar en cosas como la religión y la ética. “No, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz”. Hay personas que creen que lo que más le interesa a la iglesia es la multitud. La cosa no es de multitudes ha dicho Francisco el papa católico. Por esto las mayorías no pueden oponerse a los docentes – que los hay – que prefieren la libertad de cultos. Creo que poner a rezar a los alumnos como católicos sin importar la religión que profesan, es por decir lo menos, algo que va más allá “del mero cumplimiento de una obligación canónica” (para los curas) y una manera perversa de alabar o acercar la gente a sus ídolos. En varias ocasiones, por el día del maestro o por la celebración del día de la libertad de cultos, he preguntado a docentes sindicalistas y no sindicalistas, qué ha hecho que no puedan enfrentar el mandato constitucional que habla de una Colombia no católica, no protestante, no confesional. De una Colombia laica. Alguna vez pregunté ante un micrófono de la radio porqué los docentes se resisten – 30 años después de aprobar la nueva constitución – a cumplir la norma que impide por sentido común que pongan a rezar a sus alumnos. Es decir que los profesores les impongan la religión católica. La respuesta siempre fue: “No tenemos a quien obedecer. Nadie nos lo exige. Porqué cumplir, si los padres de familia aplauden en mayoría que mantengamos esa costumbre de rezar”. Alguna vez hice un editorial que cuestionaba el pobre papel de los sindicatos hacia sus bases en el sentido de no hablar y practicar lo ordenado en la constitución. Cosas como: No a la discriminación, no a la homofobia, no a la xenofobia, sí a la libertad de asociación y sí a la libertad de opinión y de cultos. El derecho a la educación gratuita y de calidad ha quedado por desgracia reducido al cambio de nombre de escuelas y colegios por el llamativo nombre de Instituciones Educativas Municipales. Lo peor es que muchos se ufanan y defienden ese cambio superfluo. Si no se apuran los verdaderos cambios y no se respeta la libertad de cultos es bueno tener en cuenta y aprender que en el mundo hay una tendencia – dicho sea de paso – que el celibato para los curas es un “sacrificio horrendo y antinatural, una injusticia, una regla absurda y perniciosa”. (H Abad Faciolince). Nadie se atreve a quitar símbolos religiosos de las paredes de escuelas y colegios públicos, es decir, de las instituciones educativas. Nadie se atreve a quitar crucifijos, imágenes y cuadros, y pocos inician sus clases sin obligar a los chicos y chicas a rezar. Cosas de las mayorías, dirían algunos. Al dar por terminado el concordato entre el Estado colombiano y la Santa Sede representante de la iglesia católica muchos agnósticos respiraron y los civiles defensores de la libertad de cultos aplaudieron. Nadie se puede mostrar en contra de la separación necesaria entre la Iglesia y el Estado. En horabuena la sociedad colombiana "se ha secularizado aceleradamente y se ha hecho consciente de su pluralidad y diversidad, tanto en lo religioso como en lo cultural". El cura Carlos Novoa en el programa de Los Danieles ha dicho: “La necesaria separación de la iglesia y el Estado, de que Colombia sea un país laico, no confesional y con libertad religiosa es un pedido del concilio vaticano II sobre la iglesia en el mundo actual en Gaudium et spes (Alegría y Esperanza)”. Subraya Novoa que “Se trata de algo ético y cristiano la separación de la Iglesia y el Estado. El Estado (los docentes) no puede declararse a favor de ninguna religión. El Estado y sus funcionarios deben ser muy cuidadosos en evitar cualquier comportamiento que sugiera alguna favorabilidad del Estado con una religión X o Y”. Lo cierto es que "Gaudium et spes" Alegría y Esperanza es un documento clave del Concilio Vaticano II que busca establecer la posición de la Iglesia Católica en relación con el mundo contemporáneo, abordando una amplia gama de temas sociales, culturales y éticos, y promoviendo una visión integral del ser humano y su relación con Dios y con el mundo. No pueden entonces los docentes, hombres y mujeres, dar preferencia a sus propias creencias; no pueden dar preferencia a ninguna religión, sean o no ellos y ellas mismas, practicantes. Aún si fueran ellas o ellos ateos, no pueden hacer, no deben hacerlo porque se trata de establecimientos públicos, de la educación pública por la que han luchado y perdido la vida tantos jóvenes y jovencitas. Por lo demás, es casi normal que haya esa resistencia al cambio.Pero que esta resistenca provenga de educadores de masas, de conductores de la vida en sociedad es, en mi opinión, reprochable y anacrónico a la vez. Las mayorías, cosas de la democracia, cosas de la tiranía de las mayorías (Montesquieu), no es una justificación para que el gobierno NO obligue, sí que NO obligue a sus funcionarios y empleados (docentes) a evitar como dice la Constitución Nacional que se irrespete esa libertad religiosa en un país laico y que para empezar clases en la escuela y los colegios se debería dejar de rezar. Esto de seguir así podría considerarse un abierto abuso del poder. Queda abierta la discusión. “No, no basta rezar, hace….”

La recolonizacion de América Latina. ONU convidada de piedra.

Por Héctor Díaz Revelo. Las guerras preventivas en las que nos ha metido el gobierno de los Estados Unidos deben considerarse sin ambages, como los planes y procesos de injerencia y recolonización a sangre y lágrimas de nuestra región... en los cuales hablar de soberanía sobra; decir democracia importa menos; y sobre todo, muy sobre todo, respetar los derechos humanos es cosa del pasado o letra muerta. Los organismos multilaterales no tienen vergüenza de continuar siendo los convidados de piedra en los tiempos que corren. A ninguno parece importarle el sentido y los intereses que se juegan los Estados Unidos en la llamada Iniciativa Regional Andina (IRA) o, en su prima hermana, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). "La meta de los organismos multilaterales es conseguir acuerdos globales en relación a temas de interés que afectan a la mayoría de países. A través de estos organismos es posible arribar a consensos para poder implementar acciones concretas en relación a un tema y así poder mantener el equilibrio de intereses entre las naciones” (Diccionario ABC). A nadie importa, por ejemplo, lo que ha pasado con el pueblo de Irak, que es la muestra de lo que puede hacer y piensa hacer el gran capital financiero del mundo en nuestra América Latina (el mismo que puso en la presidencia de los Estados Unidos a Barack Hussein Obama y ahora, al inefable Donald Trump). Más de 600.000 civiles dejó la guerra preventiva allá, que realmente fue una invasión en Irak. En Colombia, la cifra es similar, la diferencia es que se alcanzó en más de medio siglo de conflicto social y armado. Ahora bien, rodear de bases militares "la patria grande de Bolívar", como le decía Fidel a nuestra patria grande en sus reflexiones y editoriales, significa nada más ni nada menos la mayor injerencia extranjera. Si bien no es de extrañar que eso suceda en países como Colombia o Perú, sí causa rechazo en los demás de la región (las razones son demasiado obvias). Estamos ad portas de otra guerra preventiva, de esas a las que nos tiene acostumbrados el imperio norteamericano con sus peones en todo el planeta. Estamos frente a un monstruo de cien cabezas que por encima de cualquier consideración política o social ha defendido, defiende y defenderá sus intereses. Con la asesoría gringa en la frontera colombo-ecuatoriana ya se probaron las bombas, las comunicaciones satelitales, las decisiones unilaterales, el irrespeto al vecino y el desprecio de los convenios internacionales, en el ataque al campamento guerrillero de las Farc. La Operación Jaque también lo prueba. Qué otra cosa estarán fraguando aquí. En la república de Honduras ya se probó que volver por los caminos de alienación y compra de los militares sí paga, al sacar del cargo al presidente constitucional; igual como sí paga en Colombia la utilización de militares y exmilitares en las contras u hordas paramilitares que han dejado una estela de sangre y miseria entre la gente campesina, indígena y afrodescendiente ubicada en esas zonas de importancia geoestratégica. La ONU (el inservible organismo multilateral o lo que queda de él) pasa a las páginas de libros de historia universal del próximo siglo, ignorada por Estados Unidos como en Irak; se la ha despreciado como en Afganistán; o se la ha subestimado como en Haití, país que no se cansa de reclamar el regreso de su líder Aristide con el poder popular. A Chávez, en Venezuela, lo secuestraron en su propio país para cambiarlo por un títere que defienda sus intereses y dicen que eso no es '"secuestro": es plan de defensa nacional de los Estados Unidos de América. La ONU obviamente no dijo ni mú. El golpista está escondido en Colombia. Colombia, por desgracia y como siempre, va a la vanguardia del proyecto de la Casa Blanca. Ya ha creado las zonas francas; ha vendido o privatizado servicios públicos y las generadoras departamentales de energía; ha entregado a particulares el manejo de las telecomunicaciones y ha destinado como nunca grandes sumas de dinero en zonas aparentemente improductivas para dar paso a proyectos de transporte multimodal y agroindustria. Nuestro país, por desgracia y como siempre, va a la vanguardia de estos planes imperiales. Ha contribuido a uno de los más oprobiosos desplazamientos de campesinos e indígenas, a sangre y fuego oficial, en regiones que se dice aparentemente usadas por el narcotráfico, pero que son de probada importancia para megaproyectos como la agroindustria del etanol, la palma africana y la infraestructura vial. En la práctica ya no encontrarán oposición popular, civil y organizada, porque es una oposición atemorizada al ver la eliminación física de cientos de sus líderes sociales, solo encontrarán vestigios de la existente insurgencia armada y otros grupos. La iniciativa IIRSA tiene por objetivo potenciar y elevar la competitividad y la productividad regional mediante una serie de pasos para integrar físicamente la región sudamericana, al tiempo que se reformarán procesos sectoriales claves bajo la coordinación de los doce gobiernos, con el apoyo supuestamente técnico de la banca multilateral, los bancos nacionales de desarrollo y, por supuesto, el sector privado. Frente a esa ruptura a cuchillo limpio del mapa sudamericano, a machete, esos proyectos abren camino, entre otras, para la explotación de las plantas aromáticas, las raíces tropicales, la biodiversidad, la fauna y la flora en general; especies que más tarde aparecerán en el concierto mundial patentadas por los herederos del Tío Sam. Por esos caminos geográficos correrán las armas, las drogas prohibidas y la política de dominación y recolonización. Con esos amagos de guerras preventivas y esa injerencia comprobada, la ruptura física y política del mapa sudamericano que contempla la Iniciativa Regional Andina, es urgente el llamado a la unidad de los pueblos, a la combatividad y a la concientización de su gente para evitar una nueva catástrofe ambiental, cultural y social. En otra ocasión me referiré en detalle a los ejes temáticos de IRA a IIRSA. Es urgente, digo, la unidad regional, requisito sin el cual resulta imposible ganar la lucha de países saqueados contra pretensiones de países saqueadores. También, advertir la inoperancia de organismos multilaterales que deberían apoyar a los gobiernos a levantar las banderas de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y el derecho internacional. El gran capital financiero, las multinacionales, los expertos en especulación financiera y monetaria, desde el Petén, el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa Regional Andina jecutarán siniestros planes de desestabilización de la región. Repito, desestabilización como ya ocurre en Haití y nos duele; también en Honduras, y lo lamentamos; Venezuela y Cuba con el bloqueo; y ahora en Colombia, y nos hiere, servida hoy como plataforma militar estadounidense para amenazar real y evidentemente a sus vecinos y al resto de países del centro y sur de América. (Bolivia) Así como van las cosas los militares gringos con licencia para matar, armados hasta los dientes y con inmunidad, podrán pasearse en Colombia como lo hacen hoy, pero esperemos que no por mucho tiempo. Entonces los colombianos veremos inermes la pérdida de los más elementales derechos civiles y de las libertades sociales, cobijados por el trabajo antiético de la gran prensa y de los monopolios de la desinformación, que venden ante la comunidad internacional un clima ficticio en el campo social, político y económico del país. Guerras preventivas inventadas y la injerencia comprobada del gobierno de los Estados Unidos en la región (con Colombia a la cabeza) son los males que se suman sobre nuestros pueblos además de la pandemia, la discriminación y racismo.

CORRUPCIÓN: LA VIGA EN OJO PROPIO

CORRUPCIÓN: LA VIGA EN OJO PROPIO Por: Héctor Díaz Revelo El poder y la corrupción van de la mano. Colombia sale de un escándalo y entra en otro quizás más vergonzoso, pero, al fin y al cabo, escándalo. Y de allí no pasa. Uno de los hechos que más molesta a la ciudadanía es la tendenciosa manera con que un funcionario del Estado privilegia con un contrato millonario a un amigo, a una amante, a un pariente o a un colega, a un vecino o contemporáneo. Técnicamente se habla de la firma de contratos “sin el cumplimiento de requisitos legales”. Se menciona como delito también la “firma de contratos en favorecimiento de terceros”. Lo cierto es que después de idas y venidas, y en poquísimas excepciones, los tribunales declaran penalmente responsables a esos funcionarios corruptos. Parecen delitos menores que no tienen que ver propiamente con el robo o el peculado. En esta categoría se encuentran primordialmente investigados gobernadores y alcaldes y con ellos algunos gerentes y directores de institutos descentralizados del orden nacional departamental y municipal. Después de las denuncias se descubren relaciones cercanas del contratante y el contratista. Las pruebas serían suficientes para demostrar esa cercanía. Pero, mis amigos, el asunto a investigar no funciona de manera tan simple. En esta siniestra forma de asaltar el erario opera así mismo una serie de empleados del Estado que deberían ser declarados cómplices de quien contrata de forma irregular para robar, enriquecer a terceros y salirse con la suya. Al ver los contratos aparecen en desorden los asesores jurídicos, los integrantes de las oficinas de control interno, los evaluadores, los especialistas en manejo de presupuestos, los expertos en el manejo de regalías, por mencionar algunos pocos. Los tribunales – cosa que parece bien – terminan condenando después de muchos años al ordenador del gasto, al firmante del contrato, pero en mi opinión los jueces se hacen los de la vista gorda con el resto de participantes y cómplices. Ellos y estos últimos cómplices seguramente obligados por la necesidad de mantenerse en sus cargos, también deberían ser castigados de manera ejemplar. Un caso para comentar, repito, que debe avergonzar al sistema judicial colombiano es la condena después de 16 años al exgobernador del putumayo Carlos Alberto Palacios quien habría firmado un contrato “sin cumplimiento de requisitos legales” con la fundación integral para los territorios Funterritorios. Y otro no muy lejano en espera de definición judicial es el llamado “escándalo de los licores” que tiene enredado al exgobernador de Nariño Camilo Romero Galeano y como testigos de cargo de la Fiscalía a Adriana Milena Amaya su exsecretaria de rentas y a su primo André Felipe Arango Romero. Mientras tanto el presunto responsable es hoy embajador en Argentina. Además, Carlos Caicedo actual gobernador del Magdalena ha sido imputado por nuevos cargos de corrupción por la firma de contratos “sin el cumplimiento de requisitos legales”. Él y solo él, el exgobernador, es señalado como presunto responsable, pero sus colaboradores, sus empleados, quienes revisan esos contratos, quienes vigilan desde adentro que se cumpla la ley, no aparecen en las investigaciones. Por eso se dice que la Fiscalía se ha politizado. Que sus decisiones tienen una fuerte carga política y entonces así, ante el ciudadano del común se van normalizando poco a poco estas prácticas delictivas. Lord Acton decía que “el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente”. Ahora mismo hay quienes se frotan las manos por los hechos al margen de la ley denunciados en el círculo cercano del presidente Petro. Si este país aparece entre los cinco países más corruptos del planeta nada eximiría de ese flagelo al actual gobierno, pero eso no justifica el desfile de cercanos a la familia de Petro señalados de haber usufructuado la llegada de su pariente a la Casa de Nariño. Así las cosas, habría que pensar en el rigor con que se investiga estos delitos. Habría que extender la investigación al resto de cómplices para que tengan miedo, temor a ser llevados a la cárcel como se llevarán, en caso de haber justicia, a sus jefes directos. Las redes sociales para explicar lo inexplicable no pueden ser el refugio cobarde de quienes deben responder por hechos de corrupción. Alguien se frota las manos y no mira la viga en ojo propio.

Odisea de una madre en la vía al Putumayo.

La falta de solidaridad entre la gente que se convierte en protagonista en cada tragedia es descomunal. Así como no hay control sobre los precios de los combustibles en esta ciudad, pese a la orden de Gustavo Petro, así mismo no hay quien controle la especulación de precios en los pasajes desde Ipiales al interior del país. Mónica, una madre Ipialeña tenía que viajar desde Pasto a Manizales porque su hija tenia que comenzar clases en la Universidad Nacional de Colombia, ha vivido una verdadera odisea después de 52 horas de viaje. Mónica denuncia la variación de precios de un día para otro sin que nadie vigile. Las empresas se aprovechan de la necesidad de la gente, de solidaridad no conocen ni el forro. Es el capitalismo salvaje en pocas palabras. A causa del bloqueo de la panamericana la tragedia de un viaje de dos días, exactamente 52 horas comenzaba por la trocha denominada San Francisco Mocoa. Sin control, repito sin control. El autobús debía salir a las 10 y 30 de la noche. Aspiraba llegar a Manizales a las dos de la tarde, pero, aquí comienza el pero. El testimonio de Mónica debería bastar a los nariñenses para castigar y condenar con su voto a la clase política, amañada, amangualada con el poder y enemiga del progreso y desarrollo de las regiones. Cuantos senadores y representantes han desfilado en estos 40 años en que se comenzó a hablar de la variante San Francisco Mocoa. Senadores y representantes de Nariño Putumayo y el Cauca que han visto aumentar sus bolsillos y el bolsillo de sus patrones de toda índole. Patrones, desde mafiosos, testaferros y lavadores de dinero sucio. Cuántos avivatos han desfilado por el congreso a nombre de los nariñenses, que se aprovechan de la necesidad de la gente y reclaman el voto comprometido por un cargo público o por un contrato. Cuántos congresistas pregunto, que ahora tienen el cinismo de lanzarse de nuevo a elecciones para la gobernación del departamento. Igual que los congresistas, senadores y representantes, son responsables y habría que condenarlos en las próximas elecciones a los gobernadores de esta sección del país. Gobernadores de Nariño Cauca y Putumayo que solo han abultado sus chequeras, sus propiedades, sus haciendas y fincas de recreo para la familia, dando la espalda a cultivadores, empresarios y gente del común que usa estas vías de manera frecuente. Lo más irónico es que quienes fueron gobernadores autodenominados progresistas, alternativos y de izquierda resultaron peores que sus antecesores. En la lista aparecen Antonio Navarro, Parmenio Cuellar, Raúl Delgado, Eduardo Zúñiga y Camilo Romero que pasaron por la gobernación sin pena ni gloria, más con pena que con gloria, dejando al departamento en el ostracismo y la desesperanza. Las tragedias sacan al desnudo lo peor de los seres humanos. Las tragedias muestran sin vergüenza el estado de las cosas con la alcahuetería de la mayoría de medios de comunicación. Pero Mónica, nuestra protagonista en medio de la angustia prefiere destacar muestras de solidaridad que no tienen los gobernantes. Prefiere contar y agradecer a los campesinos de la región, A la gente de la carretera San Francisco Mocoa, por el momento único camino de herradura para salir del atolladero en que los politiqueros han dejado al sur de Colombia. Cuando se levantaban las banderas de la protesta en contra del Estado que ha permitido el abandono y la desgracia para suroccidente colombiano, la respuesta era de bala y plomo, de miseria y represión y claro, porque Nariño especialmente no aporta mayor cosa en el producto interno bruto del país. Toman esta región como una despensa donde poco importa su gente, no importa el progreso, los ricos cada vez más rico y las mayorías empobrecidas por doquier. Qué se aprende con esta travesía, pregunté a Mónica, una madre que tenía que llegar a Manizales porque su hija comenzaba clases, en la nacho, la universidad nacional de Colombia. La idea es cerrar las puertas a tanto oportunista. La idea es que si en el plazo que ha dado el gobierno de Petro no se vislumbra soluciones básicas, se movilice el pueblo de Nariño reclamando la declaratoria de la emergencia económica y social. Pero esa dirigencia regional entregada a los politiqueros tampoco se salva de culpa por mirar a otro lado. Esos falsos dirigentes también deben ser señalados como responsables por callar y venderse por un plato de lentejas.