Ante el min cultura

Información de la PQRSD Número de Radicado: MC13260E2024 Clave: 9ZWQ98A63 Fecha y hora de la Recepción: 2024-04-15 08:02:05 .-.-.-. Como ciudadano y periodista en ejercicio al tenor del 23 de la Constitución interpongo este Derecho de Petición: El 20 de octubre de 2006, el Ministerio de Cultura de Colombia, declara el conjunto Puente Natural Rumichaca y Antigua Casa de Aduana, de Ipiales Nariño como bien de interés cultural de carácter nacional. En 2019 la alcaldía intenta instalar sin autorización del ministerio de cultura. una estructura metálica que resultó un fiasco y un atentado con este patrimonio de los colombianos. Es urgente cumplir la ley 397 de 1997. Había que desmontar esa estructura. El artículo 4 ordena al municipio y su alcalde Luis Fernando Villota presentar en respectivo proyecto de intervención ante la dirección de patrimonio y memoria del Ministerio de Cultura. Sírvanse informar que hará este gobierno, qué sanciones hay, que investigaciones de han hecho y lo pertinente. Adjunto video Nariño Noticias .-.-.- El 20 de octubre de 2006, el Ministerio de Cultura de Colombia, declara el conjunto Puente Natural Rumichaca y Antigua Casa de Aduana, como bien de interés cultural de carácter nacional; las remodelaciones, con ingresos de la Nación, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Ipiales, fueron finalmente inauguradas y puestas al servicio público el 22 de octubre de 2009, funcionando la Oficina del Centro Binacional de Cultura y Turismo. El Artículo 3º de la Resolución que declara este espacio como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, estipula: “En aplicación a lo dispuesto por la Ley 397 de 1997, todas las construcciones, refacciones, remodelaciones, y obras de defensa y conservación que deban efectuarse en el Conjunto Puente Natural Rumichaca y Antigua Casa de Aduana, ubicado en el municipio de Ipiales, departamento de Nariño, en su área de influencia, deberán contar con la autorización previa por parte del Ministerio de Cultura.”. Artículo cuarto ordenar aliente territorial municipio de Ipiales Nariño representado legalmente por Luis Fernando Villota presentar en respectivo proyecto de intervención ante la dirección de patrimonio y memoria del Ministerio de Cultura para la evaluación de esta y aprobación de las medidas protectoras ordenadas en el presente proveído y las cuales consisten en el desmonte de esa estructura. Para presentar la solicitud de autorización de la realización de medidas protectoras ordenadas se establece un plazo de 2 meses contados desde la ejecutoria de la presente resolución y se advierte que su inobservancia se exigirá a través de autoridad policial. Se le exija también al alcalde bellota que lleve a cabo la medida urgente y de protección para desmontar la estructura metálica con celeridad debido a que está generando afectaciones a la antigua casa de aduanas un patrimonio nacional. Por último entre comillas con el fin de llevar a cabo esta medida protectora la alcaldía debe presentar el informe técnico que dé cuenta del retiro de la estructura dejando el lugar en las debidas condiciones y presentar la propuesta en el sistema de información del patrimonio sipa a través de eh unos enlaces con el Ministerio.

Robo en el PAE: Subcultura de la impunidad.

Por Héctor Díaz Revelo. Mientras que el robo de una gallina resulta de la forma casi brutal e implacable de la ley, los actos de corrupción a gran escala a menudo se encuentran con una respuesta mucho menos contundente. El robo de los bienes del Estado, es decir de los bienes de todos, no van más allá de los titulares de prensa. Esta disparidad en el tratamiento de los delitos según sus autores y según su magnitud, es una manifestación de la presencia innegable de una subcultura de impunidad que desafía los principios mismos de la justicia y la igualdad ante la ley. Uno de los aspectos más preocupantes de esta corrupción es la impunidad que rodea a los grandes robos al Estado. Un departamento como Nariño ahora mismo sumido en el atraso y en la crisis política resultado de malos gobiernos y del conflicto social y armado, es noticia para los grandes medios cuando sus corresponsales se ensañan con unas mujeres que sustrajeron artículos del programa PAE en el colegio Sucre de Ipiales. Esa es la noticia y punto, diría el jefe de corresponsales de televisión. La corrupción en los despachos oficiales ha infiltrado las estructuras del gobierno y las élites empresariales, creando una red de complicidades que protege a los culpables. Por eso los robos a pequeña escala son noticia para distraer y hacer notar que se persigue el delito y a los delincuentes. La corrupción socava la independencia del sistema judicial, debilitando su capacidad para actuar como un contrapeso efectivo contra los abusos de poder. La influencia indebida sobre jueces y fiscales, así como la falta de recursos y capacitación adecuados, obstaculizan los esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia. O no les conviene o hacen notar que no les conviene. Sus cargos están en juego. No hay que generalizar se dice con boca llena y es verdad. En la sociedad contemporánea, la corrupción se ha convertido en un flagelo omnipresente que mina la confianza en las instituciones y socava los cimientos mismos de la democracia. Uno de los aspectos más preocupantes de esta corrupción es la impunidad que rodea a los grandes ladrones de cuello balnco. La historia y los hechos recientes nos muestran que existe en este país una connivencia entre los perpetradores de estos actos y sectores del poder político y económico. La corrupción ha infiltrado las estructuras de gobierno y las élites empresariales, creando una red de complicidades que protege a los culpables y dificulta la persecución de los delitos. El cuento de que todo lo público es malo y suceptible de robo ha seducido al sector privado a patrocinar, inclusive, a contiunuar con estas prácticas infames. Por lo general la falta de transparencia y rendición de cuentas en muchos sistemas políticos facilita la ocultación de los actos de corrupción. La opacidad en la gestión de los recursos públicos proporciona un entorno propicio para la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito, mientras que la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión y control permite que estos abusos pasen desapercibidos durante largos períodos de tiempo. La impunidad de los grandes robos al Estado tiene consecuencias devastadoras para la sociedad en su conjunto. En primer lugar, mina la confianza en las instituciones democráticas y socava la legitimidad del Estado. Cuando los ciudadanos perciben que los poderosos pueden eludir las consecuencias de sus acciones, se socava el imperio de la ley y se fomenta el cinismo y la desafección política. La impunidad alimenta un ciclo de corrupción y malversación que perpetúa la pobreza y la desigualdad. Los recursos que deberían destinarse al bien común, como la educación, la salud y la infraestructura, son desviados hacia bolsillos privados en detrimento del interés público. Esto crea un círculo vicioso en el que la falta de inversión en el desarrollo socioeconómico perpetúa la marginalización y la exclusión de amplios sectores de la población. Cuando las élites políticas y económicas operan al margen de la ley sin consecuencias, se erosiona la igualdad ante la ley y se debilitan los mecanismos de control y contrapeso que son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática. Abordar la impunidad de los grandes robos al Estado requiere un enfoque integral que combine medidas legales, institucionales y culturales. Una asamblea nacional constituyente, por ejemplo. Es necesario fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la independencia y eficacia del sistema judicial. Esto incluye la implementación de reformas que mejoren la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, así como el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control. La consigna debe ser informar y a la ciudadanía sobre los costos sociales y económicos de la corrupción, así como promover valores de honestidad y servicio público en todos los niveles de la sociedad. La impunidad de los grandes robos al Estado no es solo un problema jurídico o político, sino también moral. Requiere un compromiso colectivo para desafiar la cultura de la impunidad y afirmar los valores de justicia, igualdad y respeto por el bien común. Repito: La corrupción ha infiltrado las estructuras de gobierno y las élites empresariales, creando una red de complicidades que protege a los culpables y dificulta la persecución de los delitos. Cuando la ciudadanía ve y percibe que los poderosos pueden eludir las consecuencias de sus acciones, se socava el imperio de la ley y se fomenta el cinismo y la desafección política. En esto, los medios de comunicación no son la excepción. En mi cuenta de X, admito que, con indignación, escribí: Ver cómo periodistas y locutores se ensañan contra las manipuladoras pilladas llevándose artículos del PAE es definitivamente REPUGNANTE. Son los mismos periodistas que han callado el saqueo de las arcas del municipio de Ipiales y del departamento a manos de politiqueros corruptos que en su mayoría los financian. Da asco ver ese modo de periodismo criollo y parroquial. Ya los veré y los escucharé a los periodistas y perifoneadores cuando José Amílcar, el alcalde de Ipiales, dé a conocer, como lo ha prometido, los cientos de "hallazgos" de lo dejado por Romero, y la pareja Villota y Estupiñán en sus gobiernos. No hay delitos de hambre. Sustraerse esos productos por parte de esas sufridas y explotadas, mal pagadas madres de familia, es el resultado de prácticas heredadas frente a lo que significa LO PÚBLICO. Algunos no quieren desaprovechar "su cuarto de hora" cuando se trata de apropiarse de LO PÚBLICO. Como lo público no es de nadie... como los ladrones de cuello blanco saquean el erario a borbotones, la gente necesitada acude en menor proporción por lo que considera también, lo suyo. Impunidad, cuánto convienes para que todo siga igual.

La extradición: Simón Trinidad y la soberanía judicial

Defiendo y seguiré defendiendo la idea de que la soberanía judicial es un principio fundamental que debe prevalecer sobre la extradición, favoreciendo que los ciudadanos sean juzgados por el sistema legal de su propio país. Hace 20 años fue extraditado Ricardo Palmera (Simón Trinidad) por delitos que bien pudieron haberse juzgado en territorio patrio. Es esa soberanía judicial la que románticamente Colombia espera de un gobierno progresista, alternativo, decente, variopinto, de izquierda, o como hubiera querido Gustavo Petro llamar al suyo, gobierno que terminará en un poco más de dos años. Del caracterizado miembro de las FARC-EP ni asomo de que sea devuelto a Colombia. Es lo mismo que muchos electores esperaban de Petro que de una buena vez acabe con las bases militares que atentan con la soberanía territorial que son una forma velada de intervención del gobierno de los Estado Unidos. Cosas de la soberanía señor presidente: soberanía judicial y territorial entre otras. La soberanía judicial entonces, se erige como uno de los pilares esenciales para garantizar la justicia y la equidad en la aplicación de la ley. La capacidad de un país para juzgar y castigar a sus propios ciudadanos implica un compromiso del gobierno actual con la autonomía y la independencia de su sistema judicial. A lo largo de los años cerca de medio millar de colombianos han sido extraditados a los Estado Unidos de América. Es la independencia judicial y la soberanía que se pierde cuando todo indica que son nuestros compatriotas quienes van a parar a las mazmorras del país del norte y no hay, por decir lo menos, reciprocidad alguna. Que si hay convenio con EE UU es lo de menos. Que si hay un tratado es lo de menos. Lo que importa en el fondo es que Gustavo Petro el presidente, ni siquiera ha respondido a esas aspiraciones “románticas” de quienes votaron por él con la esperanza de vivir lo que han dado en llamar, el cambio. No cuaja la justificación de enviar a otro país a un colombiano por el despelote de la justicia ni mucho menos por la evidente politización de la justicia y tampoco por la corrupción y la invasión de poderes entre sí. Eso no es válido en mi opinión y no justifica que el cambio anunciado ni siquiera se haya dado en este campo de la equidad en la aplicación de la ley. “Cuando un individuo enfrenta acusaciones penales, es crucial que sea sometido al escrutinio de sus compatriotas, que comparten una comprensión más profunda de su contexto cultural, social y legal”, dicen los que saben y comparto plenamente su opinión. Y, si se trata del delito de rebelión (derecho ciudadano) como en el caso de Simón, mucho más. En el escenario de la extradición, existe el riesgo de que un ciudadano sea juzgado en un entorno que no comparte sus valores fundamentales ni comprende plenamente las complejidades de su situación. La extradición, al trasladar a una persona a un sistema legal extranjero, puede dar lugar a malentendidos culturales, barreras idiomáticas y diferencias en la interpretación de la ley. Estos factores pueden afectar la imparcialidad y la equidad del proceso judicial, poniendo en peligro la integridad del juicio y la confianza en el sistema legal. Además, la confianza en el sistema judicial es esencial para el funcionamiento efectivo de una sociedad. Los ciudadanos deben sentir que el sistema legal es capaz de administrar justicia de manera imparcial y objetiva. La extradición puede socavar esta confianza al sugerir que el país de origen no confía en su propio sistema judicial para juzgar a sus ciudadanos de manera justa y adecuada. Al fomentar la idea de que un sistema extranjero es más competente o justo, se mina la autoridad y credibilidad del sistema legal colombiano. No obstante, defender la soberanía judicial no implica ignorar la responsabilidad de un individuo ante la justicia. Debe garantizarse que el sistema legal del país de origen esté preparado para llevar a cabo juicios justos y equitativos. La mejora de los estándares legales y la transparencia en los procedimientos judiciales son imperativos para fortalecer la soberanía judicial y aumentar la confianza en nuestro sistema legal. En conclusión, abogar por la soberanía judicial sobre la extradición es un llamado a preservar la integridad y la autonomía de los sistemas legales nacionales. La confianza en la justicia se construye cuando los ciudadanos son juzgados por sus pares, aquellos que comprenden su contexto y comparten sus valores. La extradición, señor presidente, aunque puede parecer una solución rápida, amenaza con socavar la confianza en el sistema judicial y debilitar la esencia misma de la justicia. Esto que digo no me hace petrista ni antipetrista. ¿Señor presidente cree que todavía hay tiempo para recabar sobre estos asuntos de soberanía?

Acciones populares: Valiosa herramienta

Por: Héctor Díaz Revelo. He sido actor popular en varias ocasiones y defiendo como el que más, esta herramienta de LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA desde la aprobación de la Constitución Nacional para la protección de los derechos colectivos. Los dueños de una molinera en el área urbana de Pasto hacían creer que donde habían instalado una báscula para tracto camiones era propiedad privada como quiera que parecía estar instalada en el antejardín. Estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos, así como los vecinos del sector debían bajar a la calle porque la acera "vivía" ocupada por las tractomulas. Interpuse una acción popular en defensa de los derechos colectivos a la libre movilización, la vida, a la seguridad pública y el derecho colectivo al espacio público. La decisión judicial ordenó quitar la báscula de la acera principal de la avenida Champagnat para proteger entro otros derechos colectivos la vida de por lo menos dos mil estudiantes de los colegios de los Maristas, la Inmaculada y la escuela Santo Domingo Sabio. Hice parte también de la acción popular que protegió la vida de por lo menos 15 o 20 mil personas que hubieran asistido al estadio de futbol llamado por el alcalde Pedreros como el Estadio de la Pastusidad. Volví a invocar el sagrado derecho colectivo a la vida y la seguridad ciudadana por considerar que esa obra de inversión millonaria, además de beneficiar a unos inversionistas privados, ponía en riesgo la vida de los aficionados por estar ubicada en zona de riesgo volcánico. Pienso que la necesidad de llevar a cabo acciones populares antes de cada decisión gubernamental podría ralentizar significativamente el proceso de toma de decisiones. Esto podría afectar la eficiencia del gobierno y su capacidad para abordar rápidamente soluciones a problemas urgentes de las comunidades. Si las acciones populares se convierten en el único mecanismo para la toma de decisiones, existe el riesgo de que el gobierno experimente una parálisis debido a la cantidad de solicitudes y demandas. Esto podría dificultar la implementación de políticas y la ejecución de acciones gubernamentales. Se piensa también que la implementación generalizada de acciones populares podría abrumar al sistema judicial, ya que tendría que gestionar un gran volumen de casos. (Tal cual las acciones de tutela). Esto podría llevar a retrasos en los procesos legales y a una carga adicional para los tribunales. Esto le quita liderazgo efectivo al gobierno. La necesidad de obtener aprobación popular para cada decisión podría llevar a un enfoque reactivo en lugar de proactivo en la gobernanza. Entonces en Colombia, las acciones populares permiten a los ciudadanos involucrarse directamente en la protección de derechos colectivos en la toma de decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto. A diferencia de la democracia representativa, donde los ciudadanos eligen representantes para tomar decisiones en su nombre, la democracia participativa busca la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y la defensa de sus derechos. La acción de tutela es otro mecanismo, pero para la defensa de los derechos fundamentales y los derechos individuales. Nota: No comparto que se regrese al sistema de incentivos. Esto podría como he dicho, ralentizar las decisiones del gobierno de turno al no ver la reacción lógica de las comunidades. Es una invitación al valor civil y a la real participación ciudadana en cada acción popular que no puede ser “premiada” con dinero en tratándose del ejercicio legal y legítimo de los derechos colectivos.

El falso "humor" en la radio de Colombia

Algunos todavía creen que, porque se les permite burlarse y hacer comentarios humorísticos que otros no se atreverían a expresar abiertamente en los medios de comunicación de propiedad de los conglomerados económicos, es una suerte de selección objetiva, pero no. No es así. Otros piensan que los dueños de los medios han descubierto que son buenos para ser payasos, histriónicos, bufones, haciéndoles creer que no hacen parte de una estrategia montada desde el poder económico para trivializar, banalizar y distraer de los problemas reales del país a los oyentes y televidentes. Y tampoco es así. El escándalo armado - con razón - por las acusaciones contra Gustavo Petro, presidente de Colombia en radio Tropicana es apenas la punta del iceberg. La forma misógina con que la “tía Inés” maltrató a una compañera de trabajo en radio Tropicana le ha costado además nada menos que su despido y cientos de comentarios en las redes a favor y contra. Lo cierto es que trabajadores de los medios en donde se deja espacio para eso que llaman “humor” o entretenimiento, insisto, son ingenuos al creer que pueden expresar opiniones “subversivas” sin enfrentar represalias directas después de haber servido así los intereses de los dueños de las emisoras. En algunos medios se antepone al programa de humor una advertencia de que todo lo dicho en él es responsabilidad de sus autores y directores. Eso esconde la verdad de que se trata de una estrategia de los dueños y los gobiernos de turno. De esa manera las emisoras aparentan ceder el espacio para ese falso “humor” como si fuera un alivio cómico en medio de lasnoticias reales. Creen que lo que entregan al oyente es una supuesta “válvula de escape para las tensiones sociales”. Los dueños de Tropicana, los españoles de Prisa Media y Caracol S.A. despidieron a la “tía Inés” aparentando y cubriendo de manera cínica lo que se mueve entre bastidores. Lo que pasa es que la echada de la “tía Inés” evita ante el público develar la siniestra estrategia de los dueños de esos medios de comunicación que lo que buscan con ese falso humor es banalizar las noticias. Trivializar las noticias y todo lo que eso implica. Sin duda ocurre eso mismo en Blu, Semana, El tiempo, RCN y Caracol Tropicana y otras. Con cinsimo e impudicia los programas radiales como El Corcho, Box Populi, la Luciernaga, La Tapa, El Pereque, Cómo amaneció Cali, Bogotá, etc, hacen y han hecho una caricatura de los problemas del país. Con eso se esconde la pobreza, la desigualdad social, la criminal presencia de los paramilitares, la corrupción administrativa y los grandes escándalos sobre desfalcos al erario. Si no es así, se han preguntado ¿por qué han despedido a lo largo de la historia de la radio a tantos periodistas, a tantos periodistas de verdad, cuando han tocado las fibras de los dueños del poder?. A esos periodistas que se atrevieron a romper esquemas, a pelear por la ética periodistica y la verdad, en cosa de minutos les han puesto en la calle sin ninguna consideración. Les aplican el artículo del código del trabajo que les obliga a pagar una indemnización al "echarlos sin justa causa". Se han preguntado acaso ¿por qué los trabajadores de la prensa no tienen derecho en la práctica a la asociación sindical y a la lucha por sus derechos y reivindicaciones? Si embargo esos programas de falso humor hacen creer que en esos medios de comunicación se respeta la libertad de opinión, la libertad de prensa y el disentimiento de sus trabajadores. Pero no es así. A esos seudoperiodistas cual bufones les suelen mimar, proteger, hasta el día en que ya no sirvan los intereses de los dueños de los medios y los intereses de los dueños del poder. Patada en el culo y para fuera. A veces cáen como víctimas mortales en supuestos accidentes de tránsito. Todo porque sabían demasiado. Despedir a alguien que ha sido cogido con las manos en la masa despotricando o “despetricando” del presidente es una forma de distraer a la opinión pública. Lo que si es de verdad cómico es lo siguiente: Casi al borde de las lágrimas quienes han quedado en el programa Cómo amaneció Cali – incluida la maltratada – se lamentaron de la salida de la nefasta “tía Inés” y ni una sola palabra de solidaridad ante el machismo exhibido en esa ocasión. Es la punta del iceberg, sin duda, de algo que es necesario revisar y evitar para que aquellos fenómenos racistas, clasistas, xenófobos, discriminadores y sexistas se sigan exhibiendo en esos programas de “humor” como si nada pasara.

La artillería de Gonzalo Guillén.

Por Héctor Díaz Revelo Han convencido al país que “operación jaque” fue una operación de inteligencia militar extraordinaria, pero eso fue un negocio que hizo Álvaro Uribe y su gobierno para robarse 100 millones de dólares, ha dicho Gonzalo Guillen a instancias de la entrevista concedida al canal YouTube de Planeta libros Colombia. Guillen aprovecha la entrevista con Andrea Dávila para anticipar historias de su libro "La artillería de la Libertad" como detalles de la toma y retoma del palacio de justicia; la caída del imperio Maya; de los Narcos; del Neñe Hernández, de Sarmiento Angulo. del Periodismo y otras. Eso del robo está en mi documental “Operación jaque una operación no tan maestra” que nadie se ha atrevido a decir que haya una sola palabra que no sea cierta, puntualizó. Gonzalo Guillén ha fustigado acremente al periodismo actual al sentenciar que gracias a las redes sociales el mundo es otro, y que especialmente quienes las acusan de ser centro de las mentiras (a las redes sociales) son los dueños de los grandes medios, “quienes han tenido el monopolio de las mentiras, por eso no les gusta que los demás les hayan robado el negocio”. Lo grave es la corrupción y la mentira. En la llamada Operación Jaque, cierto es que se liberó a algunas personas “pero no debieron robarse 100 millones de dólares, ha dicho el escritor y periodista colombiano, recordando que en un viaje a Lima fue víctima de robo en su casa de donde los ladrones se llevaron únicamente el disco duro de su computadora donde tenía la información de gastos reservados del ejército sobre esa operación. Advirtió que esa información del negocio millonario en dólares está en los WikiLeaks y es parte de los testimonios de los abogados Carlos T, José Luis M y de un abogado de los Estados Unidos, al punto que la última versión del documental trae el testimonio que faltaba: el de un agente de la DEA que cuenta que eso fue un negocio”. De hecho, la Operación Jaque, fue conocida por el país y buena parte del mundo a través de los grandes medios de comunicación como una “obra de la inteligencia colombiana” dado que entre los liberados estuvieron los tres estadounidenses y la colombo francesa Ingrid Betancur que estaban en manos de las FARC. Escuchar a Guillen ya no asombra a nadie sobre todo entre quienes afirman que es un periodista nato, investigador como pocos y un gran provocador “Iván Duque o el gobierno de Duque mandó a matar al Neñe Hernández, el más grande narcotraficante del Cesár que pagó su campaña presidencial”, expresa en alusión al ganadero y narcotraficante que apareció muerto en el Brasil y que puso en aprietos a ese gobierno. El imperio Maya Comentó que: “…ha publicado un libro sobre la “caída del imperio Maya” sobre un tipo que se llama Edgardo Maya Villazón y su familia, que era, en sus palabras, una “banda criminal” Un miembro de esa familia era jefe de los paramilitares; otro era dueño del hospital que tenía las ambulancias al servicio de los narcotraficantes y paramilitares; y un tercero, Edgardo Maya, que manejaba la Procuraduría General de la Nación como una tienda, dice el conocido periodista. Guerra contra las drogas. Tras comparar la “ley seca” en los Estados Unidos montada para perseguir el contrabando de alcohol, manifestó que Nixon promovió la prohibición de las drogas para perseguir a negros y a hippies, por eso ha condenado al mundo a sangre, muerte, a la corrupción y a la impunidad, en esa supuesta guerra contra las drogas que yo he calificado de fallida guerra contra las drogas. “Colombia es un foco inmundo e infeccioso que ha contagiado a sus vecinos. En Ecuador, por ejemplo, los narcos mataron a mi amigo, periodista e investigador Fernando Villavicencio”, expresa. Narcos. Señala que ningún político se atreve a decir cuál es el narcotraficante más grande de Colombia porque en su opinión “los narcos son superiores al Estado. La política está callada ante este fenómeno”. Añadió que “el narcotráfico puso a Samper y su elefante en la presidencia; como el narcotráfico puso a Álvaro Uribe el más grande hipopótamo suelto que dejó Pablo Escobar en Colombia”. Si no legalizan o despenalizan el narcotráfico cada vez iremos o estaremos peor, peor y peor, ya que todo el país está untado del dinero de ese negocio. Sarmiento Angulo Guillén dice que Luis Carlos Sarmiento Angulo había sido sancionado por lavar dinero de Pablo Escobar y que seguramente lo sigue lavando en los bancos que viven de eso (en Colombia) como los bancos de Estados Unidos también. Palacio de Justicia. Señaló que ha hablado de los hechos del palacio de justicia con Jaime Castro quien fungía como ministro de gobierno, comentarios que seguramente estarán en su libro La Artillería de la Libertad que todavía no he leído. Se refirió a la sala de velación sangrienta en que se convirtió el cantón norte del ejército nacional en aquellos días de la toma y retoma del palacio. Con las redes sociales de hoy los militares no hubieran hecho lo que hicieron en el Palacio de Justicia. Desde adentro con celular en mano, el que menos, hubiera transmitido lo que sucedía, dijo. Habló de Débora una niña que perdió su madre en medio de las balas. El papá de Helena a quien sacaron vivo “lo torturan lo matan y lo regresan y lo tiran en el Palacio”. Medallas y gobierno de Petro. Guillen, ha pedido al Gobierno de Petro que despoje al general Armando Arias Cabrales de sus medallas y condecoraciones militares por considerarlo “un criminal de guerra”. Recuerda que los gobiernos de Argentina y España han quitado esas menciones al dictador chileno Augusto Pinochet. Al quitarles las medallas y condecoraciones militares es lo que más les duele, anotó. Como se sabe, la corte suprema de justicia ha confirmado la sentencia de 35 años de cárcel contra Arias Cabrales por su responsabilidad en los hechos del palacio de justicia de noviembre 1985. El rio que se robaron. Guillen habló de su documental sobre "el Río que se robaron en la Guajira para destinar sus aguas para las fincas de narcos y los territorios del Cerrejón, tema que también asume en el libro "la artillería de la libertad". Este título ha sido tomado de una frase de lo que es el periodismo para un escritor alemán. Valencia y la Corte. Valencia Copete hizo parte de lo que era la corte Suprema de Justicia, que por eso fue perseguida en el gobierno de Álvaro Uribe considerada o tratada por él como "una banda CRIMINAL". Las redes sociales Es fácil concluir que militares disfrazados de PARACOS fueron neutralizados y denunciados por una madre con su hijo en brazos que hizo de periodista usando su teléfono celular. Este es un hecho que demuestra que hoy, aunque está muriendo el periodismo, hay esperanza de que se conozca la realidad de las cosas a tgraves de las redes sociales. Es la realidad que se puede dar entre verdades y mentiras pero que dejará los hechos expuestos al público como ya está pasando en Colombia y en el mundo con la inmediatez de un teléfono móvil. Periodismo. El periodismo se está acabando como se han ido acabando los zapateros remendones. El periodismo cayó en manos de quienes deberían ser cuestionados por los periodistas, es decir los grandes emporios económicos, puntualiza. A los estudiantes o nuevos periodistas les propone “que se corrompan ya, o se retiren del oficio a tiempo”, como en una sentencia macabra de Guillén. •Diálogo de Gonzalo Guillén con la periodista y politóloga Andrea Dávila de la Universidad del Norte. Youtube canal de Planeta de libros Colombia.

SOS POR ECUADOR. LA DERECHA ES CAPAZ DE TODO

¿Desde cuándo unas bandas criminales y de narcotraficantes pueden ser consideradas beligerantes como que tuviesen por objetivo la toma del poder, con ejércitos irregulares, con dominio de territorios y permanencia en el tiempo que obligue a medidas extremas? Pregunto. En Ecuador esa sería en teoría la razón para que al amparo del derecho internacional se diga que hay un "conflicto armado Interno". Pero no es cierto. Lo que hay es una serie de hechos que han generado criminalidad en todo el país después de desmantelar los derechos adquiridos bajo el gobierno de Rafael Correa. Este abogado Pedro Granja aclara en general la causa del problema. Cuando he dicho que Colombia ha estado bajo una dictadura cívico militar todo el mundo se espanta. La derecha en lugar de atacar las causas ve las consecuencias. Primero el plan Colombia con mas de 250 mil muertos entre pobres y excluidos. Luego el plan Mérida en Mexico con 360 mil muertos. La derecha en Ecuador sacrificará a nuestros vecinos. Se desmantelan derechos ciudadanos y se anuncia la "guerra" en la que sabemos quienes pondrán los muertos. Qué cinismo para justificar la sangre y la r represión a como dé lugar.