GUSTAVO PETRO: UN DISCURSO MAGISTRAL EN CHICAGO.

Por Héctor Díaz Revelo El discurso del presidente Gustavo Petro en Chicago es una pieza cargada de reflexiones profundas y críticas incisivas sobre el estado del mundo, enfocándose en temas globales como la crisis climática, la xenofobia, el racismo, las dinámicas de soberanía e injerencia internacional, y el impacto destructivo del capitalismo desregulado. Al comienzo Petro critica explícitamente al expresidente y candidato Donald Trump por usar narrativas falsas para fomentar odio contra inmigrantes haitianos. Lo que es lo mismo: Fomentar el odio contra los inmigrantes, especialmente de los países latinoamericanos. Gustavo Petro, el progresista, socialdemócrata y variopinto, compara el discurso de Trump (previo a elecciones donde acaba de ganar y regresar a la Casa Blanca) con tácticas de regímenes fascistas, como el de Hitler, subrayando los peligros de utilizar la discriminación como arma electoral. El presidente colombiano enlaza la historia de Haití como símbolo de emancipación global (la primera república negra que abolió la esclavitud) con el presente, recordando cómo su pobreza actual es el resultado de siglos de saqueo por parte de las potencias coloniales. Tal cual el saqueo de sus vecinos del caribe y centro y Suramérica. Al posicionarse como defensor de los haitianos, Petro busca cimentar una postura progresista global que rechaza la polarización y promueve una política internacional solidaria para enfrentar no solo ese discurso de odio sino el papel del gobierno de los EEUU en los procesos extractivistas que llevan a la extinción paulatina de la vida en el planeta. Sin duda el núcleo de su discurso es la crisis climática, que plantea como una amenaza existencial inminente. Petro señala que el modelo capitalista, basado en la explotación masiva de recursos naturales y la generación de CO2, es el principal responsable. Estamos llegando el punto de no retorno, dice. Al mencionar los incendios en el Amazonas y la muerte de delfines rosados debido al calentamiento global, alerta sobre los puntos irreversibles en los sistemas naturales. Según él, la humanidad se enfrenta a una ventana de oportunidad crítica de apenas 10 años para actuar. Petro conecta la crisis ecológica con una economía global basada en la codicia, criticando cómo el progreso ha sido reducido a un crecimiento material que sacrifica la vida en el planeta. El capital o la vida. Se refiere al capitalismo salvaje sobre el que varias veces he escrito en mis columnas. Subraya que los sectores vulnerables, como campesinos, obreros y minorías, no son responsables de la crisis climática. Responsabiliza directamente a los países más ricos y sus élites económicas. Se trata de una responsabilidad diferencial al decir textualmente que: los parias no tienen la culpa de la crisis climática. Al abordar el consumo de fentanilo en ciudades como Chicago, Petro lo describe como una expresión de una cultura de extinción, del consumo millonario de drogas y la cultura de la muerte, subcultura, digo yo. En su opinión Petro contrasta este fenómeno con la necesidad de construir un modelo de convivencia humana basado en la solidaridad y el respeto mutuo. Parece en el fondo un discurso clerical como antaño desde el púlpito, sin comprometerse, realmente. El presidente de Colombia vincula el problema del consumo de drogas en EE.UU. con un sistema que prioriza el lucro sobre el bienestar social, señalando las deficiencias del modelo actual de combate a las drogas. Habla de la codicia. Propone soluciones locales y globales que promuevan la vida sobre la muerte a la vez que advierte que para eso se requiere cambios estructurales en las relaciones económicas y de poder. Petro utiliza el ejemplo de Haití para resaltar las contradicciones históricas de las democracias occidentales. Mientras predicaban valores de libertad e igualdad, permitieron (y aún perpetúan) la explotación y exclusión de pueblos enteros. Cuando cita a los haitianos o al pueblo negro haitiano, es clara su alusión discursiva al pueblo latinoamericano, no obstante que, por supuesto, no se puede soslayar el papel histórico de ese pueblo caribeño por la libertad y la autodeterminación. Tanto así que Petro reconoce el papel de Haití en la independencia de Colombia, expresando una deuda histórica que el continente tiene con este país. Pide en el discurso en Chicago que su canciller organice un evento nacional para ponderar su ayuda y reconocer ese papel histórico en el subcontinente y en Colombia junto a Simón Bolívar y su ejército rebelde. Su intención de visitar Haití y ofrecer ayuda humanitaria simboliza una política exterior basada en la justicia histórica y la hermandad regional, en contraste con la injerencia tradicional de potencias como EE.UU. y Europa. En un gesto audaz, Petro llama a una revolución global que transforme las relaciones de poder, no solo entre naciones, sino también entre la humanidad y la naturaleza. Se trata de una revolución mundial para la supervivencia tras un modelo de democracia global, para enfrentar los desafíos compartidos. Textualmente quiero resaltar: “se necesita una acción de cambio de la economía y de las relaciones políticas y de poder a escala mundial y rápida, una revolución mundial, aunque la palabra (revolución) ha sido satanizada, pero toca decirla”, paréntesis mío. Plantea además que resolver la crisis climática no es posible dentro de las lógicas actuales del mercado, que priorizan el lucro por encima del bienestar colectivo. Se trata de acometer, como varios comentaristas se lo hemos reclamado, un cambio estructural a nivel económico, político y social en nuestros países. Alienta a los movimientos sociales y gobiernos locales a actuar desde sus realidades, pero con miras a un cambio global. Subraya que el tiempo político convencional ya no es suficiente; el tiempo de acción es ahora. Petro no deja de hacer un llamado a los países del mundo cuando se refiere a su Colombia y a la Amazonía. Es claro que su discurso está centrado en problemas globales. Desde la quema de la Amazonía hasta la violencia social, muestra cómo las problemáticas locales son reflejo de dinámicas globales y eso lo convierte en líder mundial y digno representante de los países empobrecidos y saqueados allende los mares. En lugar de encerrarse en asuntos domésticos, propone que los líderes latinoamericanos asuman un rol protagónico en las discusiones globales. Este enfoque no solo fortalece la región, sino que también redefine su lugar en el escenario internacional. Es decir, que estamos frente a una nueva narrativa política impuesta por este hombre que muchos creen salido de las entrañas de las vertientes políticas de izquierda como quiera que militó en un movimiento insurgente llamado M-19. El discurso de Petro combina la crítica con propuestas audaces, invitando a reflexionar sobre el papel de la humanidad en un momento de crisis climática global sin precedentes. Más que audacia, diría que son propuestas inteligentes y bien centradas. Desde la política climática hasta la lucha contra el odio, su mensaje es claro: “la supervivencia depende de un cambio radical en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con la naturaleza y con el poder global”. Este es un llamado no solo a la acción, sino a la “reimaginación” de un futuro compartido, antes de que sea demasiado tarde. Por otro lado, el discurso del presidente Gustavo Petro en Chicago toca fibras esenciales sobre el abuso del poder frente a comunidades en minoría y la doble moral de las grandes potencias en relación con la crisis planetaria y el capitalismo salvaje. Este abuso se manifiesta en la forma en que las minorías, tanto dentro de países como en el ámbito internacional, son sistemáticamente despojadas, invisibilizadas y responsabilizadas por problemas estructurales que Ellas no han generado, como la crisis climática o los conflictos económicos y sociales. Desplazados, mujeres, despojados de sus tierras, inmigrantes, etnias, negritudes, etc. Entonces, las minorías, sean estas raciales, étnicas o nacionales, son frecuentemente el blanco de estas oprobiosas políticas que perpetúan su exclusión y desventaja. Petro denuncia la xenofobia y cómo el odio y la discriminación son instrumentalizados por líderes políticos con fines electorales. Esto es verdad fuera de las grandes ciudades y aún en las llamadas intermedias. A nivel rural, ni se diga. Al usar narrativas que asocian a las minorías con el atraso, el caos o la amenaza, advierte que se desata una maquinaria de violencia simbólica y física, similar a los métodos propagandísticos utilizados en regímenes totalitarios, similar a todo lo ocurrido a través de hordas paramilitares a lo largo de la geografía patria. Esta dinámica no solo deshumaniza a los afectados, sino que distrae de los problemas sistémicos, como las desigualdades económicas y la crisis climática, que verdaderamente deberían ocupar la agenda política global. Petro resalta la hipocresía de las potencias occidentales, que históricamente han liderado discursos en favor de la libertad, igualdad y derechos humanos, mientras perpetúan un modelo económico y político que contradice esos principios. Petro recuerda cómo Haití, símbolo de la emancipación y la igualdad, fue castigado por los mismos ideales que enarbolaba. Francia, por ejemplo, cuando terminó exigiendo reparaciones a Haití por su independencia, como una deuda histórica que encarna la injusticia estructural y el desprecio por los valores de justicia y democracia que proclaman esas grandes potencias. En el contexto de la crisis climática, esta doble moral es aún más flagrante. Las naciones más ricas son responsables de la mayoría de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, pero las consecuencias recaen desproporcionadamente sobre las regiones más pobres y vulnerables. Petro señala cómo el sistema capitalista, basado en el extractivismo y la acumulación ilimitada de capital, sigue priorizando el lucro por encima de la vida. La codicia de unos pocos en detrimento y empobrecimiento de los muchos, de los desheredados, digo yo. La desregulación de los mercados y la expansión de la industria fósil perpetúan un modelo que concentra el poder y los recursos en manos de unos pocos, dejando a las comunidades vulnerables enfrentando los peores efectos de la destrucción ambiental. El extractivismo y su lógica asociada de extrahección (la apropiación violenta de recursos naturales y humanos) son el corazón de este sistema. En América Latina, las actividades extractivas del petróleo, el carbón y el gas, así como la minería y la deforestación son financiadas por intereses transnacionales, que extraen riqueza del suelo a costa de la destrucción del entorno y el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas. Estas prácticas son presentadas como necesarias para el desarrollo económico, pero, como Petro advierte, son manifestaciones de un sistema que pone el crecimiento económico por encima de la supervivencia de la humanidad y la naturaleza. La ubicación de la vida y los seres humanos en los niveles más bajos de la discusión académica y política global refleja una deshumanización sistemática. Esa es mi opinión, claro está. Petro denuncia que la economía global, que debería centrarse en el bienestar humano y ecológico, está diseñada para maximizar beneficios financieros a corto plazo. Este modelo de desarrollo descuida la interconexión esencial entre la naturaleza y la humanidad. La vida no puede ser tratada como una variable secundaria; debe ser el eje central de cualquier discusión económica o política seria. Es nada menos que poner la vida y los seres humanos en el último escalón. Petro finalmente, plantea que el único camino viable para evitar la extinción del planeta es un cambio radical en las relaciones de poder global. Esto no solo implica una transición energética o económica, sino también una democratización profunda en la toma de decisiones a nivel mundial, que permita que las voces de los pueblos históricamente marginados y las preocupaciones por la vida ocupen un lugar prioritario. Este cambio requiere valentía para cuestionar la lógica del capital, y una solidaridad global que reconozca que, sin justicia social y ecológica, no hay futuro sostenible; y en esto último, en la lucha por la justicia social, si que estoy de acuerdo con Gustavo Petro y con quienes solapadamente aún creen en esta irremediable realidad.

Pobres acorralados acuden a medicamentos "milagrosos".

Por Héctor Díaz Revelo En el contexto de la salud pública y privada, es crucial entender cómo los desafíos en ambos sistemas empujan a las personas, especialmente a los sectores más vulnerables, a buscar alternativas que muchas veces resultan perjudiciales para su salud. 1. Altos costos de la medicina privada La medicina privada suele ofrecer una atención más rápida y personalizada, pero a un costo elevado. Esto excluye a grandes segmentos de la población, especialmente en países donde no hay un sistema de salud universal o donde este está muy limitado. Los tratamientos, consultas y medicamentos en el sistema privado a menudo son prohibitivamente caros, lo que hace que muchas personas de bajos recursos no puedan acceder a ellos, y busquen soluciones más económicas fuera de este sistema. 2. Ineficiencia de la medicina pública El sistema de salud pública en muchos países se enfrenta a múltiples problemas: • Infraestructura deficiente, • Escasez de medicamentos, • Falta de personal médico suficiente, • Largas esperas para recibir tratamiento. Esta falta de acceso oportuno y de calidad lleva a que muchas personas, desesperadas por la inmediatez de la atención, opten por caminos alternativos. 3. Alternativas peligrosas: "yerbateros", teguas y productos milagrosos Cuando los sistemas formales de salud fallan, los pacientes, en especial aquellos con menos recursos, se ven atraídos por las promesas de curas rápidas y baratas que ofrecen los llamados "yerbateros", teguas y vendedores de productos milagrosos. Estas prácticas pueden incluir el uso de hierbas, preparados no regulados y tratamientos sin bases científicas. Estos "sanadores" juegan con la desesperación y la necesidad de los pacientes, prometiendo curaciones sin respaldo médico. 4. Consecuencias en la salud El uso de estas alternativas trae consigo graves consecuencias para la salud, entre ellas: • Insuficiencia renal debido al consumo de productos tóxicos o mal formulados. • Intoxicación hepática, ya que muchos de estos preparados sobrecargan el hígado con sustancias dañinas. • Daños cerebrales causados por intoxicaciones agudas o crónicas, resultado de productos que no son seguros. • Preinfartos o problemas cardíacos derivados del consumo de productos que afectan el sistema cardiovascular. Estos efectos adversos se producen por la falta de regulación y control en la fabricación y distribución de estos remedios alternativos. Las personas recurren a estos métodos sin conocer sus riesgos, lo que en muchos casos lleva a complicaciones irreversibles o a la muerte. 5. Desesperación y exclusión social En última instancia, lo que estamos viendo es el resultado de un sistema en el que los más pobres y excluidos, sin alternativas accesibles y de calidad, buscan desesperadamente soluciones. La falta de una respuesta adecuada por parte de los sistemas de salud formales hace que los más vulnerables queden atrapados en un ciclo de tratamientos peligrosos que solo empeoran su condición. 6. Medicina alternativa y homeopática La medicina alternativa y la homeopatía también entran en esta discusión. Aunque algunos pacientes pueden encontrar alivio en estas prácticas, la evidencia científica que respalda su efectividad es, en muchos casos, limitada o nula. Cuando estas alternativas se utilizan como sustituto de tratamientos médicos probados, los pacientes corren un gran riesgo. Por ejemplo, en lugar de recibir tratamiento adecuado para enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión, algunos optan por productos "naturales" que no abordan la verdadera causa de la enfermedad. Conclusión La desesperación de los sectores pobres y excluidos los está llevando a tomar decisiones médicas peligrosas. Esta situación pone de relieve la urgente necesidad de mejorar tanto el acceso como la eficiencia de los sistemas de salud pública, y de regular estrictamente la venta y el uso de productos alternativos para evitar que sigan dañando a la población más vulnerable. Los sistemas de salud deben ser más equitativos y garantizar que todos, independientemente de su situación económica, puedan recibir atención médica segura y eficaz. El diagnóstico es claro: la falta de acceso a una atención médica eficaz y asequible está empujando a los más vulnerables a prácticas peligrosas que dañan su salud. La pregunta clave es ¿qué hacer y quién debe actuar para proteger a estas personas?. Estas prácticas alternativas no reguladas pueden escalar a un problema de salud pública de proporciones alarmantes, similar a lo que ocurre con los abortos clandestinos, donde la falta de opciones seguras lleva a resultados trágicos. 1. Fortalecimiento del Sistema de Salud Público Una de las medidas más importantes es mejorar la eficiencia, accesibilidad y calidad del sistema de salud público. Esto incluye: • Mayor financiación para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a consultas médicas, medicamentos y tratamientos necesarios. • Reducir tiempos de espera y mejorar la infraestructura sanitaria, especialmente en áreas rurales y marginadas. • Contratar más personal médico para disminuir la sobrecarga en hospitales y clínicas públicas. El acceso rápido y de calidad a la atención médica reduciría la necesidad de recurrir a prácticas alternativas peligrosas. 2. Regulación estricta de la medicina alternativa y los productos milagrosos Los gobiernos deben implementar leyes más estrictas para regular el mercado de la medicina alternativa y los productos milagrosos. Esto incluye: • Vigilancia estricta de las hierbas medicinales, suplementos dietéticos y otros remedios alternativos, asegurándose de que cumplan con los estándares de seguridad. • Campañas de educación para que las personas entiendan los riesgos de consumir productos no regulados o no aprobados. • Inspección y control de los centros de medicina alternativa, homeopáticos y aquellos que venden productos "milagrosos". Estos establecimientos deben estar bajo la supervisión de autoridades sanitarias para garantizar que no se promuevan prácticas peligrosas. El Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades regulatorias (por ejemplo, las agencias nacionales de medicamentos), debe tener la responsabilidad de vigilar estas prácticas y productos. 3. Educación y concientización para la población Es fundamental educar a la población, especialmente a las comunidades más vulnerables, sobre los riesgos asociados con estas prácticas no reguladas. Esto puede incluir: • Campañas de información masivas en medios de comunicación y redes sociales. • Promover el uso de la medicina basada en evidencia, explicando las posibles consecuencias graves de optar por "curas milagrosas". • Capacitar a líderes comunitarios y religiosos para que orienten a sus comunidades hacia el uso de servicios médicos formales y regulados. El acceso a la información puede empoderar a las personas para tomar decisiones más seguras sobre su salud. 4. Mejora en el acceso a la salud en zonas rurales y marginadas En muchas áreas rurales y marginadas, la falta de médicos y de infraestructura sanitaria hace que las personas no tengan otra opción que acudir a "yerbateros" o teguas. Es esencial: • Implementar programas de salud rural que envíen médicos, enfermeras y promotores de salud a estas áreas. • Proveer clínicas móviles o centros de atención de salud comunitaria que brinden servicios a bajo costo o gratuitos. • Garantizar el suministro de medicamentos esenciales y consultas básicas a través de sistemas de apoyo local. 5. Protección legal de los vulnerables Es crucial establecer leyes de protección al paciente que prohíban el fraude o la promoción engañosa de remedios no probados. La vigilancia de derechos del consumidor debe extenderse a los productos y servicios relacionados con la salud. Las autoridades deben: • Castigar penalmente a aquellos que vendan productos falsos o pongan en peligro la salud de las personas a través de prácticas médicas fraudulentas. • Crear un sistema de denuncias accesibles para que los pacientes puedan reportar a quienes practiquen estos tratamientos peligrosos. 6. Comparación con los abortos clandestinos Este fenómeno de recurrir a medicinas alternativas puede escalar a un problema de salud pública similar al de los abortos clandestinos. En ambos casos, la falta de acceso a servicios de salud seguros y asequibles lleva a las personas a buscar soluciones riesgosas que a menudo resultan en muerte o daño severo. El uso de productos milagrosos y prácticas peligrosas está generando muertes e incapacidades evitables. Si no se toma acción: • El número de complicaciones médicas graves, como insuficiencia renal, daño hepático, preinfartos y hasta muertes, aumentará de forma alarmante. • El costo para el sistema de salud será mayor, ya que los pacientes llegarán con problemas más complejos y difíciles de tratar. • La crisis de confianza en el sistema de salud crecerá, llevando a una mayor dependencia en soluciones no científicas. 7. Colaboración entre sectores La sociedad civil, las ONGs y las organizaciones comunitarias también pueden jugar un rol clave. Estas entidades pueden: • Promover redes de apoyo y educación sobre salud. • Facilitar el acceso a servicios de salud asequibles en comunidades desatendidas. Entonces hay que abordar este problema de manera efectiva, es necesaria una acción coordinada entre el gobierno, el sector salud, organizaciones civiles y la sociedad en general. Solo a través de la regulación estricta, la educación masiva y la mejora de los sistemas de salud públicos podremos proteger a los vulnerables y evitar que caigan en manos de prácticas peligrosas que pueden tener consecuencias graves para su salud. El diagnóstico es claro: la falta de acceso a una atención médica eficaz y asequible está empujando a los más vulnerables a prácticas peligrosas que dañan su salud. La pregunta clave es ¿qué hacer y quién debe actuar para proteger a estas personas?. Estas prácticas alternativas no reguladas pueden escalar a un problema de salud pública de proporciones alarmantes, similar a lo que ocurre con los abortos clandestinos, donde la falta de opciones seguras lleva a resultados trágicos. Fortalecimiento del Sistema de Salud Público Una de las medidas más importantes es mejorar la eficiencia, accesibilidad y calidad del sistema de salud público. Esto incluye: • Mayor financiación para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a consultas médicas, medicamentos y tratamientos necesarios. • Reducir tiempos de espera y mejorar la infraestructura sanitaria, especialmente en áreas rurales y marginadas. • Contratar más personal médico para disminuir la sobrecarga en hospitales y clínicas públicas. El acceso rápido y de calidad a la atención médica reduciría la necesidad de recurrir a prácticas alternativas peligrosas. Regulación estricta de la medicina alternativa y los productos milagrosos Los gobiernos deben implementar leyes más estrictas para regular el mercado de la medicina alternativa y los productos milagrosos. Esto incluye: • Vigilancia estricta de las hierbas medicinales, suplementos dietéticos y otros remedios alternativos, asegurándose de que cumplan con los estándares de seguridad. • Campañas de educación para que las personas entiendan los riesgos de consumir productos no regulados o no aprobados. • Inspección y control de los centros de medicina alternativa, homeopáticos y aquellos que venden productos "milagrosos". Estos establecimientos deben estar bajo la supervisión de autoridades sanitarias para garantizar que no se promuevan prácticas peligrosas. El Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades regulatorias (por ejemplo, las agencias nacionales de medicamentos), debe tener la responsabilidad de vigilar estas prácticas y productos. Educación y concientización para la población Es fundamental educar a la población, especialmente a las comunidades más vulnerables, sobre los riesgos asociados con estas prácticas no reguladas. Esto puede incluir: • Campañas de información masivas en medios de comunicación y redes sociales. • Promover el uso de la medicina basada en evidencia, explicando las posibles consecuencias graves de optar por "curas milagrosas". • Capacitar a líderes comunitarios y religiosos para que orienten a sus comunidades hacia el uso de servicios médicos formales y regulados. El acceso a la información puede empoderar a las personas para tomar decisiones más seguras sobre su salud. Mejora en el acceso a la salud en zonas rurales y marginadas En muchas áreas rurales y marginadas, la falta de médicos y de infraestructura sanitaria hace que las personas no tengan otra opción que acudir a "yerbateros" o teguas. Es esencial: • Implementar programas de salud rural que envíen médicos, enfermeras y promotores de salud a estas áreas. • Proveer clínicas móviles o centros de atención de salud comunitaria que brinden servicios a bajo costo o gratuitos. • Garantizar el suministro de medicamentos esenciales y consultas básicas a través de sistemas de apoyo local. Protección legal de los vulnerables Es crucial establecer leyes de protección al paciente que prohíban el fraude o la promoción engañosa de remedios no probados. La vigilancia de derechos del consumidor debe extenderse a los productos y servicios relacionados con la salud. Las autoridades deben: • Castigar penalmente a aquellos que vendan productos falsos o pongan en peligro la salud de las personas a través de prácticas médicas fraudulentas. • Crear un sistema de denuncias accesibles para que los pacientes puedan reportar a quienes practiquen estos tratamientos peligrosos. Comparación con los abortos clandestinos Este fenómeno de recurrir a medicinas alternativas puede escalar a un problema de salud pública similar al de los abortos clandestinos. En ambos casos, la falta de acceso a servicios de salud seguros y asequibles lleva a las personas a buscar soluciones riesgosas que a menudo resultan en muerte o daño severo. El uso de productos milagrosos y prácticas peligrosas está generando muertes e incapacidades evitables. Si no se toma acción: • El número de complicaciones médicas graves, como insuficiencia renal, daño hepático, preinfartos y hasta muertes, aumentará de forma alarmante. • El costo para el sistema de salud será mayor, ya que los pacientes llegarán con problemas más complejos y difíciles de tratar. • La crisis de confianza en el sistema de salud crecerá, llevando a una mayor dependencia en soluciones no científicas. Colaboración entre sectores La sociedad civil, las ONGs y las organizaciones comunitarias también pueden jugar un rol clave. Estas entidades pueden: • Promover redes de apoyo y educación sobre salud. • Facilitar el acceso a servicios de salud asequibles en comunidades desatendidas. Conclusión Para abordar este problema de manera efectiva, es necesaria una acción coordinada entre el gobierno, el sector salud, organizaciones civiles y la sociedad en general. Solo a través de la regulación estricta, la educación masiva y la mejora de los sistemas de salud públicos podremos proteger a los vulnerables y evitar que caigan en manos de prácticas peligrosas que pueden tener consecuencias graves para su salud.

COP 16 : Soñar no cuesta nada.

Por Héctor Díaz Revelo Viendo cómo los telediarios muestran que París, ha escondido señales inocultables de la pobreza y la miseria que deja el modelo capitalista y la exclusión, no queda sino preguntarse qué cosa estará haciendo el gobierno para recibir en Cali los más de 150 países de la COP16. Es lo que han hecho a lo largo del tiempo las ciudades sedes de eventos internacionales deportivos, sociales, políticos y culturales. Viendo que en las cumbres mundiales sobre conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son justamente Estados Unidos y China quienes sacan el hombro, como que la cosa no es con Ellos; no queda sino preguntarse qué sentido tiene la COP16 si estas son las economías más grandes del mundo y tienen intereses económicos y políticos significativos. Las decisiones de EEUU y China sobre políticas ambientales están influenciadas sin duda por su economía, industria y políticas internas. Dicho sea de paso: Estados Unidos renunció al protocolo de Kioto 2001 y hasta hace muy poco dejó con las ilusiones de cambio a los del Acuerdo de Paris 2020. Aunque el presidente del país anfitrión Gustavo Petro ha sido prolífico en sus discursos sobre advertencias de la tragedia que sigue para el mundo si no se cambian ciertas prácticas productivas y extractivistas, para esas potencias, por ejemplo, el sector energético y manufacturero tiene un peso considerable, y cambiar sus prácticas puede implicar costos económicos y desafíos políticos importantes. ¿Estarán dispuestos a cambiar? Estados Unidos y China son grandes emisores, es evidente. Sus contextos de desarrollo son diferentes. China, por ejemplo, sigue siendo un país desarrollado con procesos de crecimiento económico y modernización de infraestructuras. Estados Unidos, por su parte, tiene un alto nivel de desarrollo, pero enfrenta debates internos sobre cómo equilibrar el crecimiento económico con la protección ambiental. He allí el centro del asunto que obliga a preguntarse, de nuevo, sobre el efecto planetario de la COP16. En Estados Unidos y China, las políticas internas y los intereses de diferentes grupos de presión (como industrias, grupos financieros, gobiernos locales y ONG) influyen significativamente en la postura de ambos en estas negociaciones. Por lo que se conoce a través de agencias de noticias hay ahora mismo una falta de consenso interno sobre la mejor manera de abordar el cambio climático, con pequeños pasos que no voy a soslayar. Mientras el mundo ve con esperanza los posibles pronunciamientos que saldrán de Cali en el marco de la aseveración de Petro, que prefiere helicópteros ayudando a salvar la Amazonía y no fumigando la ilicitud impuesta a los cultivos de coca; lo cierto es que China, ha aumentado sus inversiones en energías renovables y ha hecho compromisos más ambiciosos en los últimos años y por su parte Estados Unidos ha tenido diferentes enfoques bajo distintas administraciones sin mayores trazas para evitar tantas emisiones que sofocan la vida en todas sus formas. Seguro que todos quisiéramos convencernos que en cada país del mundo hay interés real de proteger el planeta no obstante estas presiones y las caducas formas de producción causantes de desigualdad y exclusión social. Como posible alternativa la China de hoy es líder mundial en la producción de energía solar y eólica, y Estados Unidos sigue siendo un visible contribuyente a la tecnología y la innovación en energías limpias. Si en otros comentarios he abordado la importancia de las decisiones de nuestros países en el contexto de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía territorial y alimentaria, no he visto respuesta del presidente Petro a las minoritarias voces que reclaman el levantamiento de las bases militares de los Estados Unidos en nuestro país. Tampoco he visto respuesta sobre la desafiante pertenencia de Colombia como socio global de la OTAN, herencia de la administración Santos. Y esto obviamente tiene que ver con lo que analiza en la COP16, esos intereses ocultos de neocolonización de nuestra patria grande. No sé hasta ahora lo que hará la alcaldía de Cali para “esconder” entonces la creciente pobreza, la delincuencia y la violencia urbanas a punto de ser sede de este evento. Es crucial que los colombianos entiendan que, aunque algunos países pueden estar marginados o ser escépticos, la cooperación global es esencial. Cada país tiene un papel que jugar, y la presión internacional y la colaboración pueden ayudar a alinear los intereses y promover acciones más efectivas contra el cambio climático. Soñar no cuesta nada.

Ante el min cultura

Información de la PQRSD Número de Radicado: MC13260E2024 Clave: 9ZWQ98A63 Fecha y hora de la Recepción: 2024-04-15 08:02:05 .-.-.-. Como ciudadano y periodista en ejercicio al tenor del 23 de la Constitución interpongo este Derecho de Petición: El 20 de octubre de 2006, el Ministerio de Cultura de Colombia, declara el conjunto Puente Natural Rumichaca y Antigua Casa de Aduana, de Ipiales Nariño como bien de interés cultural de carácter nacional. En 2019 la alcaldía intenta instalar sin autorización del ministerio de cultura. una estructura metálica que resultó un fiasco y un atentado con este patrimonio de los colombianos. Es urgente cumplir la ley 397 de 1997. Había que desmontar esa estructura. El artículo 4 ordena al municipio y su alcalde Luis Fernando Villota presentar en respectivo proyecto de intervención ante la dirección de patrimonio y memoria del Ministerio de Cultura. Sírvanse informar que hará este gobierno, qué sanciones hay, que investigaciones de han hecho y lo pertinente. Adjunto video Nariño Noticias .-.-.- El 20 de octubre de 2006, el Ministerio de Cultura de Colombia, declara el conjunto Puente Natural Rumichaca y Antigua Casa de Aduana, como bien de interés cultural de carácter nacional; las remodelaciones, con ingresos de la Nación, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Ipiales, fueron finalmente inauguradas y puestas al servicio público el 22 de octubre de 2009, funcionando la Oficina del Centro Binacional de Cultura y Turismo. El Artículo 3º de la Resolución que declara este espacio como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, estipula: “En aplicación a lo dispuesto por la Ley 397 de 1997, todas las construcciones, refacciones, remodelaciones, y obras de defensa y conservación que deban efectuarse en el Conjunto Puente Natural Rumichaca y Antigua Casa de Aduana, ubicado en el municipio de Ipiales, departamento de Nariño, en su área de influencia, deberán contar con la autorización previa por parte del Ministerio de Cultura.”. Artículo cuarto ordenar aliente territorial municipio de Ipiales Nariño representado legalmente por Luis Fernando Villota presentar en respectivo proyecto de intervención ante la dirección de patrimonio y memoria del Ministerio de Cultura para la evaluación de esta y aprobación de las medidas protectoras ordenadas en el presente proveído y las cuales consisten en el desmonte de esa estructura. Para presentar la solicitud de autorización de la realización de medidas protectoras ordenadas se establece un plazo de 2 meses contados desde la ejecutoria de la presente resolución y se advierte que su inobservancia se exigirá a través de autoridad policial. Se le exija también al alcalde bellota que lleve a cabo la medida urgente y de protección para desmontar la estructura metálica con celeridad debido a que está generando afectaciones a la antigua casa de aduanas un patrimonio nacional. Por último entre comillas con el fin de llevar a cabo esta medida protectora la alcaldía debe presentar el informe técnico que dé cuenta del retiro de la estructura dejando el lugar en las debidas condiciones y presentar la propuesta en el sistema de información del patrimonio sipa a través de eh unos enlaces con el Ministerio.

Robo en el PAE: Subcultura de la impunidad.

Por Héctor Díaz Revelo. Mientras que el robo de una gallina resulta de la forma casi brutal e implacable de la ley, los actos de corrupción a gran escala a menudo se encuentran con una respuesta mucho menos contundente. El robo de los bienes del Estado, es decir de los bienes de todos, no van más allá de los titulares de prensa. Esta disparidad en el tratamiento de los delitos según sus autores y según su magnitud, es una manifestación de la presencia innegable de una subcultura de impunidad que desafía los principios mismos de la justicia y la igualdad ante la ley. Uno de los aspectos más preocupantes de esta corrupción es la impunidad que rodea a los grandes robos al Estado. Un departamento como Nariño ahora mismo sumido en el atraso y en la crisis política resultado de malos gobiernos y del conflicto social y armado, es noticia para los grandes medios cuando sus corresponsales se ensañan con unas mujeres que sustrajeron artículos del programa PAE en el colegio Sucre de Ipiales. Esa es la noticia y punto, diría el jefe de corresponsales de televisión. La corrupción en los despachos oficiales ha infiltrado las estructuras del gobierno y las élites empresariales, creando una red de complicidades que protege a los culpables. Por eso los robos a pequeña escala son noticia para distraer y hacer notar que se persigue el delito y a los delincuentes. La corrupción socava la independencia del sistema judicial, debilitando su capacidad para actuar como un contrapeso efectivo contra los abusos de poder. La influencia indebida sobre jueces y fiscales, así como la falta de recursos y capacitación adecuados, obstaculizan los esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia. O no les conviene o hacen notar que no les conviene. Sus cargos están en juego. No hay que generalizar se dice con boca llena y es verdad. En la sociedad contemporánea, la corrupción se ha convertido en un flagelo omnipresente que mina la confianza en las instituciones y socava los cimientos mismos de la democracia. Uno de los aspectos más preocupantes de esta corrupción es la impunidad que rodea a los grandes ladrones de cuello balnco. La historia y los hechos recientes nos muestran que existe en este país una connivencia entre los perpetradores de estos actos y sectores del poder político y económico. La corrupción ha infiltrado las estructuras de gobierno y las élites empresariales, creando una red de complicidades que protege a los culpables y dificulta la persecución de los delitos. El cuento de que todo lo público es malo y suceptible de robo ha seducido al sector privado a patrocinar, inclusive, a contiunuar con estas prácticas infames. Por lo general la falta de transparencia y rendición de cuentas en muchos sistemas políticos facilita la ocultación de los actos de corrupción. La opacidad en la gestión de los recursos públicos proporciona un entorno propicio para la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito, mientras que la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión y control permite que estos abusos pasen desapercibidos durante largos períodos de tiempo. La impunidad de los grandes robos al Estado tiene consecuencias devastadoras para la sociedad en su conjunto. En primer lugar, mina la confianza en las instituciones democráticas y socava la legitimidad del Estado. Cuando los ciudadanos perciben que los poderosos pueden eludir las consecuencias de sus acciones, se socava el imperio de la ley y se fomenta el cinismo y la desafección política. La impunidad alimenta un ciclo de corrupción y malversación que perpetúa la pobreza y la desigualdad. Los recursos que deberían destinarse al bien común, como la educación, la salud y la infraestructura, son desviados hacia bolsillos privados en detrimento del interés público. Esto crea un círculo vicioso en el que la falta de inversión en el desarrollo socioeconómico perpetúa la marginalización y la exclusión de amplios sectores de la población. Cuando las élites políticas y económicas operan al margen de la ley sin consecuencias, se erosiona la igualdad ante la ley y se debilitan los mecanismos de control y contrapeso que son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática. Abordar la impunidad de los grandes robos al Estado requiere un enfoque integral que combine medidas legales, institucionales y culturales. Una asamblea nacional constituyente, por ejemplo. Es necesario fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la independencia y eficacia del sistema judicial. Esto incluye la implementación de reformas que mejoren la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, así como el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control. La consigna debe ser informar y a la ciudadanía sobre los costos sociales y económicos de la corrupción, así como promover valores de honestidad y servicio público en todos los niveles de la sociedad. La impunidad de los grandes robos al Estado no es solo un problema jurídico o político, sino también moral. Requiere un compromiso colectivo para desafiar la cultura de la impunidad y afirmar los valores de justicia, igualdad y respeto por el bien común. Repito: La corrupción ha infiltrado las estructuras de gobierno y las élites empresariales, creando una red de complicidades que protege a los culpables y dificulta la persecución de los delitos. Cuando la ciudadanía ve y percibe que los poderosos pueden eludir las consecuencias de sus acciones, se socava el imperio de la ley y se fomenta el cinismo y la desafección política. En esto, los medios de comunicación no son la excepción. En mi cuenta de X, admito que, con indignación, escribí: Ver cómo periodistas y locutores se ensañan contra las manipuladoras pilladas llevándose artículos del PAE es definitivamente REPUGNANTE. Son los mismos periodistas que han callado el saqueo de las arcas del municipio de Ipiales y del departamento a manos de politiqueros corruptos que en su mayoría los financian. Da asco ver ese modo de periodismo criollo y parroquial. Ya los veré y los escucharé a los periodistas y perifoneadores cuando José Amílcar, el alcalde de Ipiales, dé a conocer, como lo ha prometido, los cientos de "hallazgos" de lo dejado por Romero, y la pareja Villota y Estupiñán en sus gobiernos. No hay delitos de hambre. Sustraerse esos productos por parte de esas sufridas y explotadas, mal pagadas madres de familia, es el resultado de prácticas heredadas frente a lo que significa LO PÚBLICO. Algunos no quieren desaprovechar "su cuarto de hora" cuando se trata de apropiarse de LO PÚBLICO. Como lo público no es de nadie... como los ladrones de cuello blanco saquean el erario a borbotones, la gente necesitada acude en menor proporción por lo que considera también, lo suyo. Impunidad, cuánto convienes para que todo siga igual.

La extradición: Simón Trinidad y la soberanía judicial

Defiendo y seguiré defendiendo la idea de que la soberanía judicial es un principio fundamental que debe prevalecer sobre la extradición, favoreciendo que los ciudadanos sean juzgados por el sistema legal de su propio país. Hace 20 años fue extraditado Ricardo Palmera (Simón Trinidad) por delitos que bien pudieron haberse juzgado en territorio patrio. Es esa soberanía judicial la que románticamente Colombia espera de un gobierno progresista, alternativo, decente, variopinto, de izquierda, o como hubiera querido Gustavo Petro llamar al suyo, gobierno que terminará en un poco más de dos años. Del caracterizado miembro de las FARC-EP ni asomo de que sea devuelto a Colombia. Es lo mismo que muchos electores esperaban de Petro que de una buena vez acabe con las bases militares que atentan con la soberanía territorial que son una forma velada de intervención del gobierno de los Estado Unidos. Cosas de la soberanía señor presidente: soberanía judicial y territorial entre otras. La soberanía judicial entonces, se erige como uno de los pilares esenciales para garantizar la justicia y la equidad en la aplicación de la ley. La capacidad de un país para juzgar y castigar a sus propios ciudadanos implica un compromiso del gobierno actual con la autonomía y la independencia de su sistema judicial. A lo largo de los años cerca de medio millar de colombianos han sido extraditados a los Estado Unidos de América. Es la independencia judicial y la soberanía que se pierde cuando todo indica que son nuestros compatriotas quienes van a parar a las mazmorras del país del norte y no hay, por decir lo menos, reciprocidad alguna. Que si hay convenio con EE UU es lo de menos. Que si hay un tratado es lo de menos. Lo que importa en el fondo es que Gustavo Petro el presidente, ni siquiera ha respondido a esas aspiraciones “románticas” de quienes votaron por él con la esperanza de vivir lo que han dado en llamar, el cambio. No cuaja la justificación de enviar a otro país a un colombiano por el despelote de la justicia ni mucho menos por la evidente politización de la justicia y tampoco por la corrupción y la invasión de poderes entre sí. Eso no es válido en mi opinión y no justifica que el cambio anunciado ni siquiera se haya dado en este campo de la equidad en la aplicación de la ley. “Cuando un individuo enfrenta acusaciones penales, es crucial que sea sometido al escrutinio de sus compatriotas, que comparten una comprensión más profunda de su contexto cultural, social y legal”, dicen los que saben y comparto plenamente su opinión. Y, si se trata del delito de rebelión (derecho ciudadano) como en el caso de Simón, mucho más. En el escenario de la extradición, existe el riesgo de que un ciudadano sea juzgado en un entorno que no comparte sus valores fundamentales ni comprende plenamente las complejidades de su situación. La extradición, al trasladar a una persona a un sistema legal extranjero, puede dar lugar a malentendidos culturales, barreras idiomáticas y diferencias en la interpretación de la ley. Estos factores pueden afectar la imparcialidad y la equidad del proceso judicial, poniendo en peligro la integridad del juicio y la confianza en el sistema legal. Además, la confianza en el sistema judicial es esencial para el funcionamiento efectivo de una sociedad. Los ciudadanos deben sentir que el sistema legal es capaz de administrar justicia de manera imparcial y objetiva. La extradición puede socavar esta confianza al sugerir que el país de origen no confía en su propio sistema judicial para juzgar a sus ciudadanos de manera justa y adecuada. Al fomentar la idea de que un sistema extranjero es más competente o justo, se mina la autoridad y credibilidad del sistema legal colombiano. No obstante, defender la soberanía judicial no implica ignorar la responsabilidad de un individuo ante la justicia. Debe garantizarse que el sistema legal del país de origen esté preparado para llevar a cabo juicios justos y equitativos. La mejora de los estándares legales y la transparencia en los procedimientos judiciales son imperativos para fortalecer la soberanía judicial y aumentar la confianza en nuestro sistema legal. En conclusión, abogar por la soberanía judicial sobre la extradición es un llamado a preservar la integridad y la autonomía de los sistemas legales nacionales. La confianza en la justicia se construye cuando los ciudadanos son juzgados por sus pares, aquellos que comprenden su contexto y comparten sus valores. La extradición, señor presidente, aunque puede parecer una solución rápida, amenaza con socavar la confianza en el sistema judicial y debilitar la esencia misma de la justicia. Esto que digo no me hace petrista ni antipetrista. ¿Señor presidente cree que todavía hay tiempo para recabar sobre estos asuntos de soberanía?

Acciones populares: Valiosa herramienta

Por: Héctor Díaz Revelo. He sido actor popular en varias ocasiones y defiendo como el que más, esta herramienta de LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA desde la aprobación de la Constitución Nacional para la protección de los derechos colectivos. Los dueños de una molinera en el área urbana de Pasto hacían creer que donde habían instalado una báscula para tracto camiones era propiedad privada como quiera que parecía estar instalada en el antejardín. Estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos, así como los vecinos del sector debían bajar a la calle porque la acera "vivía" ocupada por las tractomulas. Interpuse una acción popular en defensa de los derechos colectivos a la libre movilización, la vida, a la seguridad pública y el derecho colectivo al espacio público. La decisión judicial ordenó quitar la báscula de la acera principal de la avenida Champagnat para proteger entro otros derechos colectivos la vida de por lo menos dos mil estudiantes de los colegios de los Maristas, la Inmaculada y la escuela Santo Domingo Sabio. Hice parte también de la acción popular que protegió la vida de por lo menos 15 o 20 mil personas que hubieran asistido al estadio de futbol llamado por el alcalde Pedreros como el Estadio de la Pastusidad. Volví a invocar el sagrado derecho colectivo a la vida y la seguridad ciudadana por considerar que esa obra de inversión millonaria, además de beneficiar a unos inversionistas privados, ponía en riesgo la vida de los aficionados por estar ubicada en zona de riesgo volcánico. Pienso que la necesidad de llevar a cabo acciones populares antes de cada decisión gubernamental podría ralentizar significativamente el proceso de toma de decisiones. Esto podría afectar la eficiencia del gobierno y su capacidad para abordar rápidamente soluciones a problemas urgentes de las comunidades. Si las acciones populares se convierten en el único mecanismo para la toma de decisiones, existe el riesgo de que el gobierno experimente una parálisis debido a la cantidad de solicitudes y demandas. Esto podría dificultar la implementación de políticas y la ejecución de acciones gubernamentales. Se piensa también que la implementación generalizada de acciones populares podría abrumar al sistema judicial, ya que tendría que gestionar un gran volumen de casos. (Tal cual las acciones de tutela). Esto podría llevar a retrasos en los procesos legales y a una carga adicional para los tribunales. Esto le quita liderazgo efectivo al gobierno. La necesidad de obtener aprobación popular para cada decisión podría llevar a un enfoque reactivo en lugar de proactivo en la gobernanza. Entonces en Colombia, las acciones populares permiten a los ciudadanos involucrarse directamente en la protección de derechos colectivos en la toma de decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto. A diferencia de la democracia representativa, donde los ciudadanos eligen representantes para tomar decisiones en su nombre, la democracia participativa busca la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y la defensa de sus derechos. La acción de tutela es otro mecanismo, pero para la defensa de los derechos fundamentales y los derechos individuales. Nota: No comparto que se regrese al sistema de incentivos. Esto podría como he dicho, ralentizar las decisiones del gobierno de turno al no ver la reacción lógica de las comunidades. Es una invitación al valor civil y a la real participación ciudadana en cada acción popular que no puede ser “premiada” con dinero en tratándose del ejercicio legal y legítimo de los derechos colectivos.