No es casual el paramilitarismo. Oficiales y políticos a la cárcel.
Nadie medianamente sensato puede hoy negar que en este país lo que hemos vivido y estamos viviendo es una estrategia de muerte, de tierra arrasada, de violación de los Derechos Humanos...
Héctor Díaz Revelo | Para Kaos en la Red | 5-9-2008 a las 10:14 | 942 lecturas | 3 comentarios
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Lazos de la narcoparapolítica No es casual esa connivencia. Políticos, es decir senadores y representantes, alcaldes y gobernadores, concejales y diputados, junto a ganaderos e industriales, junto a los ricos y potentados, con la obvia protección de las fuerzas armadas han ido cayendo, unos entrando y otros saliendo, pero el país sabe ya que quien ha sembrado y sigue sembrando verdadero terror en este país es el Estado.
Nadie medianamente sensato puede hoy negar que en este país lo que hemos vivido y estamos viviendo es una estrategia de muerte, de tierra arrasada, de violación de los Derechos Humanos, proveniente de la enfermiza mente de los gobernantes que como el de turno, Alvaro Uribe Velez, no vacila en decir que aquí lo que hay es una amenaza terrorista de la insurgencia y que el paramilitarismo está extinguido.
Nadie medianamente sensato puede hoy seguir diciendo que las acusaciones contra miembros del Estado e integrantes de las fuerzas armadas y de policía, lo mismo que contra los secretos de la inteligencia oficial, DAS y los despachos cercanos al presidente AUV, son inventos de la insurgencia, de las Organizaciones No Gubernamentales, de las centrales obreras y de los defensores de los Derechos Humanos.
Nadie medianamente sensato puede negar que aqui el 68 por ciento de la población está en la pobreza y cerca del 20 por ciento sobrevive en los más reprochables índices de miseria, mientras a la economía le va bien y mientras los intereses de los Estados Unidos no sufran mengua alguna.
Amigo lector le invito a que haga como yo un ligero paseo o navegación por las diferentes páginas de internet de los medios de comunicación afectos al gobierno uribista, los mismos que mientras replican el decir de su amo, que aquí no hay conflicto social y armado, se han visto obligados a publicar hechos y casos de involucramiento directo de las fuerzas armadas con los escuadrones de la muerte, narcoparamilitares, legitimados y perdonados por el régimen actual. Y lo que es peor, sus más cercanos colaboradores y políticos regionales.
Es seguro que si la búsqueda se hace en El Tiempo, de la casa del vicepresidente Francisco Santos y del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, igual que en RCN o Caracol, Semana o El Espectador usted descubrirá no tan sorprendido y no menos preocupado cosas como estas.
Por ejemplo, que han sido capturados miembros del ejército y de la policía integrantes de la banda Héroes de Castaño, que lidera un tal Don Mario, narcotraficante y paramilitar, que enredó por descuido al director de fiscalías de Medellín, hermano del Ministro de Gobierno y Justicia, lo mismo que al General Pedreros de la Policía Nacional.
La nota de prensa dice: ¨De los 10 presuntos integrantes de la banda "Héroes de Castaño", liderada por el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario", que fueron capturados por la Policía, cuatro son miembros de la fuerza pública. Los uniformados detenidos son el capitán del Ejército Duvan Mauricio Hernández Tabarez, alias "Michael", el teniente de la Policía Fredy Alexander Burgos Ortiz, el patrullero Carlos Alberto González Castañeda y el suboficial del Ejército Ronald Hernández Fuentes.Portavoces policiales precisaron que las detenciones se produjeron en el marco de la operación "Golfo", que se llevó a cabo en las ciudades de Barranquilla, Carepa, Chigorodó y Apartadó, en el noroeste de Colombia.
"Héroes de Castaño" se creó tras la desmovilización de los paramilitares del "Bloque Elmer Cárdenas", de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuaban en esa región¨.
Pero todavía no caen los peces gordos. Talvéz nunca lo hagan mientras el monarca siga en su carrera loca de invadir terrenos de la otra rama del poder. La justicia, que por lo menos en cuanto a la Corte Suprema parece no haber sido permeada por el flagelo del tapen tapen. Mientras el presidente trate de ocultar que la oligarquía cuando ve amenazados sus intereses no le queda otra opción que la malévola estrategia de maten maten.
Sigamos. La otra noticia que encuentro hace referencia a cerca de sesenta militares más, comprometidos en las ejecuciones sumarias contra campesinos indefensos, acusados de ser auxiliadores de la insurgencia. Leamos ¨Se trata de un teniente coronel, un mayor, un subteniente y un sargento que habrían sido coautores del asesinato de ocho campesinos en febrero de 2005. La Fiscalía pidió al Ejército hacer efectivas las órdenes de captura.Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos ordenó este miércoles la detención del teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, del mayor José Fernando Castaño, del subteniente Edgar García y del sargento José Brango Gómez.Los militares son sindicados de haber participado en la masacre de ocho labriegos, entre ellos tres niños, ocurrida el 21 de febrero del año 2005 en la comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia). A los uniformados, que para la época de los hechos estaban adscritos al Batallón de Infantería número 47 de la Brigada 17 del Ejército, se les dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación como coautores del delito de homicidio en persona protegida.La masacre de los campesinos, entre los cuales se encontraba Luis Eduardo Guerra Guerra, quien tenía medida de protección cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desató una controversia en su momento entre diferentes autoridades del país. Durante una versión libre ante miembros de la Unidad de Justicia y Paz y antes de ser extraditado a Estados Unidos, el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, confesó que sus hombres habían cometido la masacre junto a miembros del Ejército. Por estos hechos también se encuentran detenidos otros seis militares y otros 56 fueron llamados a indagatoria¨.
Creo que el Estado ha delegado y sigue delegando el monopolio de las armas en manos de sus amigos los paramilitares. Esto para nadie es un secreto. Ellos se pavonean amenazando y matando en pueblos y ciudadades a quienes consideran contrarios al pensamiento de Uribe Velez. Ayer y más que ayer, ahora mismo, tienen patente de corso para toda clase de iniquidades. La motosierra es su falo, su faro es la muerte. La sangre es su sabia, la tumba el destino de sus víctimas. Eso es terror, el Estado su patrocinador y es claro que el paramilitarismo no es casual.
Los medios de desinformación se ven obligados a publicar estas noticias. Las agencias internacionales, por lo menos algunos de sus corresponsales todavía no contagiados ni vendidos a las mafias, envian los despachos al mundo. Es por eso y ahora que en internet hay mucho más, que los medios y sus periodistas no pueden ignorar la realidad. La ley de justicia y paz termina siendo una distracción para el fondo del asunto y para que se pueda develar esa doctrina de seguridad nacional que en la práctica da luz verde para la implementación de la guerra sucia contra el sagrado derecho de pensar, de cuestionar y de reclamar un modelo económico que pueda rescatar la dignidad de una Colombia con justicia social.
Es nada menos entre otras cosas que la criminalización de la protesta social. Avancemos. Ahora, igual como lo han hecho y lo siguen haciendo en este gobierno de AUV a lo largo y ancho del país, la noticia trata del asesinato de sindicalistas. Este paseo cibernético se vuelve algo tedioso. En menos de 24 horas, sin cambiar titulares en la web el mismo medio tiene que registrar esto: ¨La Procuraduría destituyó al jefe de las fuerzas especiales del Ejército y a cuatro militares más, implicados en el asesinato, en el 2004, de tres sindicalistas que fueron presentados como guerrilleros del ELN muertos en combates.Se trata del coronel Luis Francisco Medina Corredor, que dirigía el batallón que entregó los cadáveres.La medida también cobija a dos capitanes, un subteniente y dos soldados.Según la investigación, los militares llegaron a la vivienda en la que dormían los sindicalistas Héctor Alirio Sarmiento, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto Chamucero, los identificaron y luego los ejecutaron.Los hechos sucedieron en el año 2004, en el departamento de Arauca¨.
Como si fuera poco, esta misma noticia es ampliada señalando que además de los sindicalistas, hay algo que agregar: ¨De otro lado, la Fiscalía ordenó la captura del coronel Jaime Arturo Remolina, involucrado en el asesinato de un campesino en Chigorodó en 1998¨.
Además es claro que todo el escándalo de Ralito y la parapolítica le ha reventado en las manos al establecimiento. Quienes hacían y hacen los trabajos sucios que la fuerza pública no puede o no quiere hacer - porque organismos de Derechos Humanos les respiran en la nuca-, sicarios y mercenarios, paramilitares en suma, han sido premiados con un viaje de vacaciones pagadas en Miami. Solo así, mandándolos de turismo, su amigo Alvaro Uribe los protege de la implacable Corte Penal Internacional, porque Estados Unidos no es firmante de su creación y no ha adherido como casi todos los países del mundo a la esfera de la justicia internacional. No los van a repatriar como pidió el Juez Español.
Tardarán años para que esos 14 angelitos extraditados paguen por sus delitos de lesa humanidad que inclusive han confesado sin mayores contradicciones. La mayoría no ha dejado de señalar a militares amigos involucrados en sus masacres, ni a políticos amigos del gobierno beneficiados con los votos a punta de motosierras.
Qué cinismo ! Ralito ha dado para todo. Casi 70 congresitas investigados por la Corte Suprema de Justicia, aunque unos cuantos han preferido quedar en manos del amigo del presidente y su ex-viceministro de justicia, Fiscal General de la Nación Mario Iguarán. Están acusados de concierto para delinquir, obstrucción de la justicia, delitos de lesa humanidad y en algunos casos, de narcotráfico.
No es casual el paramilitarismo. Políticos, es decir senadores y representantes, alcaldes y gobernadores, concejales y diputados, junto a ganaderos e industriales, junto a los ricos y potentados, con la obvia protección de las fuerzas armadas han ido cayendo, unos entrando y otros saliendo, pero el país sabe ya que quien ha sembrado y sigue sembrando verdadero terror en este país es el Estado.
O no es acaso terror dejar en la pobreza a tantos colombianos, desaparecidos unos cientos, desplazados por millones y asesinados por docenas? No otra cosa ha hecho por ejemplo la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH, al condenar al Estado Colombiano de ser culpable de la matanza y eliminación fisica de por lo menos 5.000 miembros del movimiento político Unión Patriótica.
Ahora, continuemos con este viaje por la red: ¨La Fiscalía General decidió llamar a juicio a cuatro políticos y a un ganadero que se comprometieron en 2001 con jefes paramilitares, entonces en la clandestinidad, a "refundar la patria". A Luis Carlos Ordosgoitía se le concedió la libertad. Noticias Caracol conoció que una providencia que será notificada oficialmente este miércoles al despacho del vicefiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, otorgará la libertad al ex director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y ex representante a la Cámara Luis Carlos Ordosgoitía. El ex funcionario fue uno de los firmantes del llamado “Pacto de Ralito”, que suscribieron a mediados del 2001 una treintena de dirigentes, políticos, funcionarios y ganaderos con líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La providencia confirma en segunda instancia, además, los llamamientos a juicio contra cinco firmantes más: El ex gobernador de Córdoba Jorge Feris Chadid; el ex representante a la Cámara José María Imbett, los ex alcaldes de Tierraalta (Córdoba) Sigifredo Sénior y de Ovejas (Sucre) Edwin Mussi; así como del ganadero Víctor Guerra, primo de la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra de La Espriella. Ordosgoitía fue detenido en mayo del 2007, pero según la Fiscalía no se benefició política o electoralmente del acuerdo, ni hizo alianzas con los paramilitares y sólo asistió a la reunión de Santa Fe de Ralito (Córdoba) en su condición de facilitador de diálogos de paz del Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana¨.
Y lo que faltaba. Los ánimos de los familiares de las víctimas de la operación PACIFICACION DE URABA, especialmente en el municipio de Apartadó, Antioquia, recuperaron al aliento al saber que ha sido capturado el general del Ejercito Colombiano, Rito Alejo del Rio, por conformación de grupos paramilitares y su presunta vinculación con las masacres ocurridas en su zona de operación en los años noventa en su calidad de comandante de la décima septima brigada. Rito Alejo, amigo personal y de andanzas de Alvaro Uribe Velez recibió un trato bondadoso por parte del exfiscal Luis Camilo Osorio, según se desprende del pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación. Osorio es el Embajador de Uribe en Roma. Además sus amigotes, los paras extraditados, lo vinculan en estos delitos de lesa humanidad, hechos despreciables que tanto duele recordar ahora, si para entonces los medios de desinformación apenas presentaban las masacres de Antioquia y del país como simples estadísticas.
Medios y periodistas, no todos afortunadamente, sabían que se trataba y se trata de una estrategia siniestra de la burguesía colombiana apoyada por la Casa Blanca desde Washington. Pero prefirieron, como prefieren hoy callar e ignorar los hechos. La información dice: ¨El militar en retiro fue vinculado por ex jefes de las AUC con masacres y otros delitos cometidos por el grupo armado ilegal en el Urabá antioqueño a mediados de los 90, cuando Del Río era comandante de la XVII Brigada del Ejército. Efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lo aprendieron la tarde de este jueves en el Club Militar de Bogotá para que responda por el delito de homicidio en persona protegida. Inmediatamente, Del Río fue trasladado a los calabozos del búnker de la Fiscalía, en Bogotá. La Fiscalía investiga al general (r) por vínculos con grupos paramilitares y por masacres registradas en la zona del Urabá en 1996 y 1997. El martes pasado, el procurador general de la Nación, Edgardo Maya, solicitó a la Corte Suprema de Justicia la revisión de una investigación contra Del Río que terminó hace cuatro años con una absolución de los cargos por presuntos nexos con paramilitares en el Urabá, dictada por el entonces fiscal general Luis Camilo Osorio. Ese día, Maya explicó que contra el ex alto mando del Ejército existen nuevas pruebas que lo relacionan con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Entre otras, las declaraciones de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Hevert Velosa e Iván Zapagta Laverde, en las que han mencionado o sugerido apoyo del entonces comandante de la Brigada XVII.Para Maya, es prudente la Corte “que a través del recurso de revisión ordene nuevamente reabrir el proceso que se había precluído, independientemente de los casos que esté investigando la Fiscalía”. El ex fiscal Osorio, en medio de la polémica por la absolución concedida, dijo ese mismo martes que tiene su conciencia tranquila¨.
Miniconclusiones:
Desde luego que el paramilitarismo está vivito y coleando. En baranquilla por ejemplo la prensa tuvo que hablar de la manera cómo operan estas bandas criminales, que no es otra cosa que la que hemos denunciado algunos periodistas independientes hace cerca de dos décadas contra sindicalistas, dirigentes indígenas y campesinos, contra defensores de Derechos Humanos. Los paracos, nueva generación, aguilas negras o paramilitares como resulta mejor decirles por lo expuesto en este viaje noticioso: ¨Hicieron circular panfletos en seis barrios del sur de la ciudad para advertirles a trabajadoras sexuales y ladrones que si no abandonan la zona en las próximas 48 horas, los matarán. Las amenazas están firmadas por un hombre que dice ser el comandante del "Bloque 40" de las "Águilas Negras", una organización criminal que surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Algunos testigos aseguraron que sujetos que se transportaban en una camioneta y en varias motos fueron quienes lanzaron los panfletos y luego desaparecieron sin dejar rastro. “Llegaron unos peladitos y nos mostraron el papel que les habían tirado desde una camioneta, con manes en moto atrás”, relató un habitante del sector. El mensaje de los panfletos es claro y aterrador: “Si su hijo es sano, acuéstelo temprano, y si es malo, cómprele el cajón”. El temor se apoderó de los habitantes de los seis barrios, ante lo cual el coronel Óscar Pérez, comandante encargado de la Policía en el Atlántico, hizo un llamado a la calma. “No deben sentirse atemorizados por ese documento, porque no obedece al direccionamiento de organización criminal alguna”, sostuvo el alto oficial. La comunidad pidió que mientras se esclarece quién está detrás de las amenazas, las autoridades refuercen la vigilancia para evitar una tragedia´.
Segunda miniconclusión. No es cierta la desmovilización, y resulta cierto que entre los así llamados, hubo cientos de personas que por unos centavos se pusieron prendas militares o paramilitares en una ceremonia que el mundo vió con asombro e incredulidad. Primero dijeron que eran doce o 14 mil y aparecieron en las cuentas de Alvaro Uribe Velez cerca de 30 mil. Sólo unos doscientos han confesado sus crímenes pero no caen sus patrocinadores todavía. Todo es una farsa.
Nadie puede creer una cosa dicha en los medios de desinformación si la realidad en pueblos y ciudades, Cauca y Nariño, Tumaco y Barranquilla, es otra.
Tercera y última miniconclusión, es que a nadie le queda duda que políticos, empresarios y militares, son parte de esta cadena de muerte que ha dejado desolación en el territorio nacional y que hoy más que ayer, brinca de la dicha el establecimiento y Washington por los resultados alcanzados. Cerca de 160 mil víctimas, cuatro millones de desplazados, fosas comunes, ejecuciones sumarias, ley del monte, justicia cojeante y comprobados estrechos vínculos con el poder económico, político y militar.
La gran conclusión por fortuna para nosotros y para todos los que defendemos los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, es que con la cadena de hechos denunciados, por lo menos los MAXIMOS RESPONSABLES DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD como los llamó el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en su reciente visita no pasarán sus siguientes días en la tranquilidad de sus haciendas y mansiones.
Porque no puede ser justo ni aceptable que mientras al sicario o ejecutor del crímen se le condena a 15 o 20 años de cárcel, sus patrones, los jefes paramilitares y los políticos y militares involucrados sean absueltos o paguen no más de ocho años. Eso es impunidad, oprobiosa impunidad.
El hombre que disparó contra Orlando Sierra, director del Diario La Patria de Manizales, un fulano de apellido Zapata, recibió una pena de 19 años y seis meses de prisión, salio de la cárcel a los 5 años ocho meses y fue baleado posteriormente. El país no quiere que únicamente los llamados gatilleros, sicarios y mercenarios estén como siempre en el punto de mira, mientras los cómplices o determinadores de crímenes, los MAXIMOS RESPONSABLES, no aparecen ni son llamados a juicio.
Bien lo ha señalado el Señor Fiscal de la CPI, Corte Penal Internacional que si aquí no los juzgan o no
hacen el intento de juzgarlos, el peso de la Corte caerá de manera implacable. Casos ya hay para contar en el mundo, pero ese será el motivo de otro comentario.
Le queda bastante grande al establecimiento y a sus gobiernos títeres explicar a Colombia y al mundo que el paramilitarismo ha sido extinguido. Difícil explicar que no hay connivencia entre políticos, servidores del estado y miembros de la fuerza pública con estas bandas de criminales.
Dificil, en fin, manifestar que el paramilitarismo y los trabajos sucios con militares y policías activos no es una estrategia de Estado sino un hecho casual, aislado y que quienes pensamos lo contrario somos terroristas. Los hechos son evidentes y eso que solo repasamos las noticias de las últimas 24 horas. El país lo desangran hace más de 50 años y los culpables todavía no aparecen. Quizás el temor a la Corte Penal Internacional. CPI haga renacer en la gente algo de esperanza para que haya castigo, reparación y verdad
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