Maestros violan la Constitución en materia de libertades.

Por Héctor Díaz Revelo El desarrollo de los pueblos exige educación gratuita y de calidad. Los docentes y los padres de familia deben saber que Colombia es un país no confesional. Que Colombia es un país laico que en materia educativa todavía se resiste a llevar a la práctica el respeto y la no imposición de una religión o de una confesión determinada. Colombia es un país en donde el 68 por ciento de los docentes en colegios y escuelas oficiales todavía obligan a rezar a los alumnos, so pena de ser discriminados o, dicho en el argot juvenil, so pena de ser víctimas de acoso o “bullying”. Quizás, Montesquieu tenía razón cuando hablaba del sentido real de la tiranía de la democracia o del maldito consenso. Los docentes, en cosas como la religión deben asumir que imponerla en el sector público es anti natural, anti jurídico y es una violación flagrante del libre desarrollo de la personalidad. Los progenitores deben entender que imponer no quiere decir educar en cosas como la religión y la ética. “No, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz”. Hay personas que creen que lo que más le interesa a la iglesia es la multitud. La cosa no es de multitudes ha dicho Francisco el papa católico. Por esto las mayorías no pueden oponerse a los docentes – que los hay – que prefieren la libertad de cultos. Creo que poner a rezar a los alumnos como católicos sin importar la religión que profesan, es por decir lo menos, algo que va más allá “del mero cumplimiento de una obligación canónica” (para los curas) y una manera perversa de alabar o acercar la gente a sus ídolos. En varias ocasiones, por el día del maestro o por la celebración del día de la libertad de cultos, he preguntado a docentes sindicalistas y no sindicalistas, qué ha hecho que no puedan enfrentar el mandato constitucional que habla de una Colombia no católica, no protestante, no confesional. De una Colombia laica. Alguna vez pregunté ante un micrófono de la radio porqué los docentes se resisten – 30 años después de aprobar la nueva constitución – a cumplir la norma que impide por sentido común que pongan a rezar a sus alumnos. Es decir que los profesores les impongan la religión católica. La respuesta siempre fue: “No tenemos a quien obedecer. Nadie nos lo exige. Porqué cumplir, si los padres de familia aplauden en mayoría que mantengamos esa costumbre de rezar”. Alguna vez hice un editorial que cuestionaba el pobre papel de los sindicatos hacia sus bases en el sentido de no hablar y practicar lo ordenado en la constitución. Cosas como: No a la discriminación, no a la homofobia, no a la xenofobia, sí a la libertad de asociación y sí a la libertad de opinión y de cultos. El derecho a la educación gratuita y de calidad ha quedado por desgracia reducido al cambio de nombre de escuelas y colegios por el llamativo nombre de Instituciones Educativas Municipales. Lo peor es que muchos se ufanan y defienden ese cambio superfluo. Si no se apuran los verdaderos cambios y no se respeta la libertad de cultos es bueno tener en cuenta y aprender que en el mundo hay una tendencia – dicho sea de paso – que el celibato para los curas es un “sacrificio horrendo y antinatural, una injusticia, una regla absurda y perniciosa”. (H Abad Faciolince). Nadie se atreve a quitar símbolos religiosos de las paredes de escuelas y colegios públicos, es decir, de las instituciones educativas. Nadie se atreve a quitar crucifijos, imágenes y cuadros, y pocos inician sus clases sin obligar a los chicos y chicas a rezar. Cosas de las mayorías, dirían algunos. Al dar por terminado el concordato entre el Estado colombiano y la Santa Sede representante de la iglesia católica muchos agnósticos respiraron y los civiles defensores de la libertad de cultos aplaudieron. Nadie se puede mostrar en contra de la separación necesaria entre la Iglesia y el Estado. En horabuena la sociedad colombiana "se ha secularizado aceleradamente y se ha hecho consciente de su pluralidad y diversidad, tanto en lo religioso como en lo cultural". El cura Carlos Novoa en el programa de Los Danieles ha dicho: “La necesaria separación de la iglesia y el Estado, de que Colombia sea un país laico, no confesional y con libertad religiosa es un pedido del concilio vaticano II sobre la iglesia en el mundo actual en Gaudium et spes (Alegría y Esperanza)”. Subraya Novoa que “Se trata de algo ético y cristiano la separación de la Iglesia y el Estado. El Estado (los docentes) no puede declararse a favor de ninguna religión. El Estado y sus funcionarios deben ser muy cuidadosos en evitar cualquier comportamiento que sugiera alguna favorabilidad del Estado con una religión X o Y”. Lo cierto es que "Gaudium et spes" Alegría y Esperanza es un documento clave del Concilio Vaticano II que busca establecer la posición de la Iglesia Católica en relación con el mundo contemporáneo, abordando una amplia gama de temas sociales, culturales y éticos, y promoviendo una visión integral del ser humano y su relación con Dios y con el mundo. No pueden entonces los docentes, hombres y mujeres, dar preferencia a sus propias creencias; no pueden dar preferencia a ninguna religión, sean o no ellos y ellas mismas, practicantes. Aún si fueran ellas o ellos ateos, no pueden hacer, no deben hacerlo porque se trata de establecimientos públicos, de la educación pública por la que han luchado y perdido la vida tantos jóvenes y jovencitas. Por lo demás, es casi normal que haya esa resistencia al cambio.Pero que esta resistenca provenga de educadores de masas, de conductores de la vida en sociedad es, en mi opinión, reprochable y anacrónico a la vez. Las mayorías, cosas de la democracia, cosas de la tiranía de las mayorías (Montesquieu), no es una justificación para que el gobierno NO obligue, sí que NO obligue a sus funcionarios y empleados (docentes) a evitar como dice la Constitución Nacional que se irrespete esa libertad religiosa en un país laico y que para empezar clases en la escuela y los colegios se debería dejar de rezar. Esto de seguir así podría considerarse un abierto abuso del poder. Queda abierta la discusión. “No, no basta rezar, hace….”

La recolonizacion de América Latina. ONU convidada de piedra.

Por Héctor Díaz Revelo. Las guerras preventivas en las que nos ha metido el gobierno de los Estados Unidos deben considerarse sin ambages, como los planes y procesos de injerencia y recolonización a sangre y lágrimas de nuestra región... en los cuales hablar de soberanía sobra; decir democracia importa menos; y sobre todo, muy sobre todo, respetar los derechos humanos es cosa del pasado o letra muerta. Los organismos multilaterales no tienen vergüenza de continuar siendo los convidados de piedra en los tiempos que corren. A ninguno parece importarle el sentido y los intereses que se juegan los Estados Unidos en la llamada Iniciativa Regional Andina (IRA) o, en su prima hermana, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). "La meta de los organismos multilaterales es conseguir acuerdos globales en relación a temas de interés que afectan a la mayoría de países. A través de estos organismos es posible arribar a consensos para poder implementar acciones concretas en relación a un tema y así poder mantener el equilibrio de intereses entre las naciones” (Diccionario ABC). A nadie importa, por ejemplo, lo que ha pasado con el pueblo de Irak, que es la muestra de lo que puede hacer y piensa hacer el gran capital financiero del mundo en nuestra América Latina (el mismo que puso en la presidencia de los Estados Unidos a Barack Hussein Obama y ahora, al inefable Donald Trump). Más de 600.000 civiles dejó la guerra preventiva allá, que realmente fue una invasión en Irak. En Colombia, la cifra es similar, la diferencia es que se alcanzó en más de medio siglo de conflicto social y armado. Ahora bien, rodear de bases militares "la patria grande de Bolívar", como le decía Fidel a nuestra patria grande en sus reflexiones y editoriales, significa nada más ni nada menos la mayor injerencia extranjera. Si bien no es de extrañar que eso suceda en países como Colombia o Perú, sí causa rechazo en los demás de la región (las razones son demasiado obvias). Estamos ad portas de otra guerra preventiva, de esas a las que nos tiene acostumbrados el imperio norteamericano con sus peones en todo el planeta. Estamos frente a un monstruo de cien cabezas que por encima de cualquier consideración política o social ha defendido, defiende y defenderá sus intereses. Con la asesoría gringa en la frontera colombo-ecuatoriana ya se probaron las bombas, las comunicaciones satelitales, las decisiones unilaterales, el irrespeto al vecino y el desprecio de los convenios internacionales, en el ataque al campamento guerrillero de las Farc. La Operación Jaque también lo prueba. Qué otra cosa estarán fraguando aquí. En la república de Honduras ya se probó que volver por los caminos de alienación y compra de los militares sí paga, al sacar del cargo al presidente constitucional; igual como sí paga en Colombia la utilización de militares y exmilitares en las contras u hordas paramilitares que han dejado una estela de sangre y miseria entre la gente campesina, indígena y afrodescendiente ubicada en esas zonas de importancia geoestratégica. La ONU (el inservible organismo multilateral o lo que queda de él) pasa a las páginas de libros de historia universal del próximo siglo, ignorada por Estados Unidos como en Irak; se la ha despreciado como en Afganistán; o se la ha subestimado como en Haití, país que no se cansa de reclamar el regreso de su líder Aristide con el poder popular. A Chávez, en Venezuela, lo secuestraron en su propio país para cambiarlo por un títere que defienda sus intereses y dicen que eso no es '"secuestro": es plan de defensa nacional de los Estados Unidos de América. La ONU obviamente no dijo ni mú. El golpista está escondido en Colombia. Colombia, por desgracia y como siempre, va a la vanguardia del proyecto de la Casa Blanca. Ya ha creado las zonas francas; ha vendido o privatizado servicios públicos y las generadoras departamentales de energía; ha entregado a particulares el manejo de las telecomunicaciones y ha destinado como nunca grandes sumas de dinero en zonas aparentemente improductivas para dar paso a proyectos de transporte multimodal y agroindustria. Nuestro país, por desgracia y como siempre, va a la vanguardia de estos planes imperiales. Ha contribuido a uno de los más oprobiosos desplazamientos de campesinos e indígenas, a sangre y fuego oficial, en regiones que se dice aparentemente usadas por el narcotráfico, pero que son de probada importancia para megaproyectos como la agroindustria del etanol, la palma africana y la infraestructura vial. En la práctica ya no encontrarán oposición popular, civil y organizada, porque es una oposición atemorizada al ver la eliminación física de cientos de sus líderes sociales, solo encontrarán vestigios de la existente insurgencia armada y otros grupos. La iniciativa IIRSA tiene por objetivo potenciar y elevar la competitividad y la productividad regional mediante una serie de pasos para integrar físicamente la región sudamericana, al tiempo que se reformarán procesos sectoriales claves bajo la coordinación de los doce gobiernos, con el apoyo supuestamente técnico de la banca multilateral, los bancos nacionales de desarrollo y, por supuesto, el sector privado. Frente a esa ruptura a cuchillo limpio del mapa sudamericano, a machete, esos proyectos abren camino, entre otras, para la explotación de las plantas aromáticas, las raíces tropicales, la biodiversidad, la fauna y la flora en general; especies que más tarde aparecerán en el concierto mundial patentadas por los herederos del Tío Sam. Por esos caminos geográficos correrán las armas, las drogas prohibidas y la política de dominación y recolonización. Con esos amagos de guerras preventivas y esa injerencia comprobada, la ruptura física y política del mapa sudamericano que contempla la Iniciativa Regional Andina, es urgente el llamado a la unidad de los pueblos, a la combatividad y a la concientización de su gente para evitar una nueva catástrofe ambiental, cultural y social. En otra ocasión me referiré en detalle a los ejes temáticos de IRA a IIRSA. Es urgente, digo, la unidad regional, requisito sin el cual resulta imposible ganar la lucha de países saqueados contra pretensiones de países saqueadores. También, advertir la inoperancia de organismos multilaterales que deberían apoyar a los gobiernos a levantar las banderas de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y el derecho internacional. El gran capital financiero, las multinacionales, los expertos en especulación financiera y monetaria, desde el Petén, el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa Regional Andina jecutarán siniestros planes de desestabilización de la región. Repito, desestabilización como ya ocurre en Haití y nos duele; también en Honduras, y lo lamentamos; Venezuela y Cuba con el bloqueo; y ahora en Colombia, y nos hiere, servida hoy como plataforma militar estadounidense para amenazar real y evidentemente a sus vecinos y al resto de países del centro y sur de América. (Bolivia) Así como van las cosas los militares gringos con licencia para matar, armados hasta los dientes y con inmunidad, podrán pasearse en Colombia como lo hacen hoy, pero esperemos que no por mucho tiempo. Entonces los colombianos veremos inermes la pérdida de los más elementales derechos civiles y de las libertades sociales, cobijados por el trabajo antiético de la gran prensa y de los monopolios de la desinformación, que venden ante la comunidad internacional un clima ficticio en el campo social, político y económico del país. Guerras preventivas inventadas y la injerencia comprobada del gobierno de los Estados Unidos en la región (con Colombia a la cabeza) son los males que se suman sobre nuestros pueblos además de la pandemia, la discriminación y racismo.

CORRUPCIÓN: LA VIGA EN OJO PROPIO

CORRUPCIÓN: LA VIGA EN OJO PROPIO Por: Héctor Díaz Revelo El poder y la corrupción van de la mano. Colombia sale de un escándalo y entra en otro quizás más vergonzoso, pero, al fin y al cabo, escándalo. Y de allí no pasa. Uno de los hechos que más molesta a la ciudadanía es la tendenciosa manera con que un funcionario del Estado privilegia con un contrato millonario a un amigo, a una amante, a un pariente o a un colega, a un vecino o contemporáneo. Técnicamente se habla de la firma de contratos “sin el cumplimiento de requisitos legales”. Se menciona como delito también la “firma de contratos en favorecimiento de terceros”. Lo cierto es que después de idas y venidas, y en poquísimas excepciones, los tribunales declaran penalmente responsables a esos funcionarios corruptos. Parecen delitos menores que no tienen que ver propiamente con el robo o el peculado. En esta categoría se encuentran primordialmente investigados gobernadores y alcaldes y con ellos algunos gerentes y directores de institutos descentralizados del orden nacional departamental y municipal. Después de las denuncias se descubren relaciones cercanas del contratante y el contratista. Las pruebas serían suficientes para demostrar esa cercanía. Pero, mis amigos, el asunto a investigar no funciona de manera tan simple. En esta siniestra forma de asaltar el erario opera así mismo una serie de empleados del Estado que deberían ser declarados cómplices de quien contrata de forma irregular para robar, enriquecer a terceros y salirse con la suya. Al ver los contratos aparecen en desorden los asesores jurídicos, los integrantes de las oficinas de control interno, los evaluadores, los especialistas en manejo de presupuestos, los expertos en el manejo de regalías, por mencionar algunos pocos. Los tribunales – cosa que parece bien – terminan condenando después de muchos años al ordenador del gasto, al firmante del contrato, pero en mi opinión los jueces se hacen los de la vista gorda con el resto de participantes y cómplices. Ellos y estos últimos cómplices seguramente obligados por la necesidad de mantenerse en sus cargos, también deberían ser castigados de manera ejemplar. Un caso para comentar, repito, que debe avergonzar al sistema judicial colombiano es la condena después de 16 años al exgobernador del putumayo Carlos Alberto Palacios quien habría firmado un contrato “sin cumplimiento de requisitos legales” con la fundación integral para los territorios Funterritorios. Y otro no muy lejano en espera de definición judicial es el llamado “escándalo de los licores” que tiene enredado al exgobernador de Nariño Camilo Romero Galeano y como testigos de cargo de la Fiscalía a Adriana Milena Amaya su exsecretaria de rentas y a su primo André Felipe Arango Romero. Mientras tanto el presunto responsable es hoy embajador en Argentina. Además, Carlos Caicedo actual gobernador del Magdalena ha sido imputado por nuevos cargos de corrupción por la firma de contratos “sin el cumplimiento de requisitos legales”. Él y solo él, el exgobernador, es señalado como presunto responsable, pero sus colaboradores, sus empleados, quienes revisan esos contratos, quienes vigilan desde adentro que se cumpla la ley, no aparecen en las investigaciones. Por eso se dice que la Fiscalía se ha politizado. Que sus decisiones tienen una fuerte carga política y entonces así, ante el ciudadano del común se van normalizando poco a poco estas prácticas delictivas. Lord Acton decía que “el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente”. Ahora mismo hay quienes se frotan las manos por los hechos al margen de la ley denunciados en el círculo cercano del presidente Petro. Si este país aparece entre los cinco países más corruptos del planeta nada eximiría de ese flagelo al actual gobierno, pero eso no justifica el desfile de cercanos a la familia de Petro señalados de haber usufructuado la llegada de su pariente a la Casa de Nariño. Así las cosas, habría que pensar en el rigor con que se investiga estos delitos. Habría que extender la investigación al resto de cómplices para que tengan miedo, temor a ser llevados a la cárcel como se llevarán, en caso de haber justicia, a sus jefes directos. Las redes sociales para explicar lo inexplicable no pueden ser el refugio cobarde de quienes deben responder por hechos de corrupción. Alguien se frota las manos y no mira la viga en ojo propio.

Odisea de una madre en la vía al Putumayo.

La falta de solidaridad entre la gente que se convierte en protagonista en cada tragedia es descomunal. Así como no hay control sobre los precios de los combustibles en esta ciudad, pese a la orden de Gustavo Petro, así mismo no hay quien controle la especulación de precios en los pasajes desde Ipiales al interior del país. Mónica, una madre Ipialeña tenía que viajar desde Pasto a Manizales porque su hija tenia que comenzar clases en la Universidad Nacional de Colombia, ha vivido una verdadera odisea después de 52 horas de viaje. Mónica denuncia la variación de precios de un día para otro sin que nadie vigile. Las empresas se aprovechan de la necesidad de la gente, de solidaridad no conocen ni el forro. Es el capitalismo salvaje en pocas palabras. A causa del bloqueo de la panamericana la tragedia de un viaje de dos días, exactamente 52 horas comenzaba por la trocha denominada San Francisco Mocoa. Sin control, repito sin control. El autobús debía salir a las 10 y 30 de la noche. Aspiraba llegar a Manizales a las dos de la tarde, pero, aquí comienza el pero. El testimonio de Mónica debería bastar a los nariñenses para castigar y condenar con su voto a la clase política, amañada, amangualada con el poder y enemiga del progreso y desarrollo de las regiones. Cuantos senadores y representantes han desfilado en estos 40 años en que se comenzó a hablar de la variante San Francisco Mocoa. Senadores y representantes de Nariño Putumayo y el Cauca que han visto aumentar sus bolsillos y el bolsillo de sus patrones de toda índole. Patrones, desde mafiosos, testaferros y lavadores de dinero sucio. Cuántos avivatos han desfilado por el congreso a nombre de los nariñenses, que se aprovechan de la necesidad de la gente y reclaman el voto comprometido por un cargo público o por un contrato. Cuántos congresistas pregunto, que ahora tienen el cinismo de lanzarse de nuevo a elecciones para la gobernación del departamento. Igual que los congresistas, senadores y representantes, son responsables y habría que condenarlos en las próximas elecciones a los gobernadores de esta sección del país. Gobernadores de Nariño Cauca y Putumayo que solo han abultado sus chequeras, sus propiedades, sus haciendas y fincas de recreo para la familia, dando la espalda a cultivadores, empresarios y gente del común que usa estas vías de manera frecuente. Lo más irónico es que quienes fueron gobernadores autodenominados progresistas, alternativos y de izquierda resultaron peores que sus antecesores. En la lista aparecen Antonio Navarro, Parmenio Cuellar, Raúl Delgado, Eduardo Zúñiga y Camilo Romero que pasaron por la gobernación sin pena ni gloria, más con pena que con gloria, dejando al departamento en el ostracismo y la desesperanza. Las tragedias sacan al desnudo lo peor de los seres humanos. Las tragedias muestran sin vergüenza el estado de las cosas con la alcahuetería de la mayoría de medios de comunicación. Pero Mónica, nuestra protagonista en medio de la angustia prefiere destacar muestras de solidaridad que no tienen los gobernantes. Prefiere contar y agradecer a los campesinos de la región, A la gente de la carretera San Francisco Mocoa, por el momento único camino de herradura para salir del atolladero en que los politiqueros han dejado al sur de Colombia. Cuando se levantaban las banderas de la protesta en contra del Estado que ha permitido el abandono y la desgracia para suroccidente colombiano, la respuesta era de bala y plomo, de miseria y represión y claro, porque Nariño especialmente no aporta mayor cosa en el producto interno bruto del país. Toman esta región como una despensa donde poco importa su gente, no importa el progreso, los ricos cada vez más rico y las mayorías empobrecidas por doquier. Qué se aprende con esta travesía, pregunté a Mónica, una madre que tenía que llegar a Manizales porque su hija comenzaba clases, en la nacho, la universidad nacional de Colombia. La idea es cerrar las puertas a tanto oportunista. La idea es que si en el plazo que ha dado el gobierno de Petro no se vislumbra soluciones básicas, se movilice el pueblo de Nariño reclamando la declaratoria de la emergencia económica y social. Pero esa dirigencia regional entregada a los politiqueros tampoco se salva de culpa por mirar a otro lado. Esos falsos dirigentes también deben ser señalados como responsables por callar y venderse por un plato de lentejas.

Oportunismo y voto en blanco.

Bloqueo panamericana: Salta el oportunismo ramplón. Por Héctor Díaz Revelo Los oportunistas aparecen cada que se registra una tragedia. Esa clase dirigente genuflexa a los intereses de los ricos hacendados de la región, merece - como debió merecer hace décadas - el repudio general. Muchos avivatos después de haber apoyado las dos últimas administraciones de Jonás Ricardo y Luis Fernando creen que la gente caerá de nuevo en la trampa. Ipiales se ha convertido como muchos municipios en el mercado de los billetes, en la danza de los millones. Todos quieren ser alcaldes municipales y dicen a los cuatro vientos que esta jornada no costará menos de 5 mil millones de pesos. Por eso, ante la danza de los millones, ante la presión ejercida por las mafias en la ciudad, y ante campañas electorales que la gente sabe que meterán muchos millones de pesos, por eso, digo, un grupo de Ipialeños conscientes ha lanzado la campaña del VOTO EL BLANCO CONTRA LA DANZA DE LOS MILLONES. Se trata del VOTO EN BLANCO contra la corrupción que enterraría de por vida la aspiración de esos candidatos que usan las elecciones como un gran negocio. Se trata del VOTO EN BLANCO contra quienes habiendo prometido una decente galería central pasan la administración como si nada. Se trata del VOTO EN BLANCO que castiga la ineptitud de dejar para mañana la terminación del hospital de primer nivel. Es el VOTO EN BLANCO como castigo a quienes en estas dos décadas no han cumplido la promesa de construir una planta de tratamiento de agua. VOTO EN BLANCO que por primera vez sería la respuesta contra el tráfico de influencias, contra el amiguismo en la administración pública y contra el cinismo rampante. Gente de todas las edades que promueve el VOTO EN BLANCO contra quienes esgrimieron banderas de cambio y resultaron ser peores que sus antecesores. VOTO EN BLANCO para castigar a quienes teniendo de su mano la construcción de planta de tratamiento de residuos sólidos, llamadas Petard, no hicieron nada por cuidar nuestras fuentes hídricas, en especial el río blanco y el Guáitara. Ante el espectáculo que muestra el relleno sanitario surge el VOTO EN BLANCO en Ipiales para castigar y denunciar a quienes han convertido la ciudad en un basurero y a unos trabajadores en una murga de carnavales. Así que, contra el dinero mal habido, contra la danza de los millones que busca rendimientos económicos y políticos para los candidatos y sus amigos, para los candidatos y sus familias, el VOTO EN BLANCO en Ipiales será la más contundente forma de refundar la ciudad, de acabar con esas mafias electorales y enfrentar intereses subterráneos que buscan hacer de los fondos públicos una suerte de seguro para el futuro individual y partidista, antes que la solución al desgobierno y desprestigio de las pasadas administraciones. Si gana EL VOTO EN BLANCO en Ipiales se quemarán los candidatos que se presenten a elecciones, no podrán aspirar a nuevas elecciones y habrá que barajar de nuevo con nuevos candidatos ojalá salidos de las entrañas de ese Ipiales honrado y trabajador que ha pasado a un segundo por efecto de politiqueros de oficio y ladrones de cuello blanco. Por otro lado, ante el bloqueo de la panamericana no basta con decir a los cuatro vientos que la variante Timbío El Estanquillo no se hizo porque los ricos ganaderos y hacendados Caucanos, con amigos en el gobierno y en el congreso, se opusieron al proyecto. No basta, digo, porque esa es una verdad no de ahora sino de siempre. Nos avergüenza saber que somos de una región donde persisten los rezagos colonialistas. Esa clase dirigente debe ser férreamente condenada en los próximos comicios. Esa clase mal llamada dirigente debe ser expuesta como responsable del atraso y abandono de nuestras comunidades. Los oportunistas lanzan toda clase de soluciones y advertencias de lo que no hicieron cuando estuvieron en cargos de responsabilidad. Estos oportunistas parecen olvidar en tiempo de campañas políticas que han brillado por su ineptitud y falta de compromiso con la región. Hace muchas décadas se ha planteado el problema de la conexión de Nariño y Cauca con el interior del país a través de los departamentos del Putumayo y el Huila, pero han primado los intereses de unos pocos “ricachones” que ponen y quitan congresistas y funcionarios de alto nivel. La variante Pasto San Francisco Mocoa Pitalito ha sido motivo de promesas. La doble calzada Pasto Popayán Cali convertida en un sueño para incautos que salen a votar cada y cuando hay comicios regionales y nacionales, también ha quedado en promesas. Para completar, Nariño ya experimentó sin buenos resultados el significado de contar con gobernadores mal llamados progresistas y alternativos. Se suponía que, para acabar con la manguala entre godos y liberales, para acabar con el atraso y marginalidad del departamento provocada por Ellos, surgirían los nuevos gobernadores de Nariño autodenominados progresistas, alternativos y de izquierda. El resultado un fiasco: Más atraso y más corrupción siendo mandatarios Antonio Navarro Wolf, Parmenio Cuellar, Eduardo Zúñiga Eraso, Raúl Delgado Guerrero y Camilo Romero. Para completar, en Nariño los gremios de la producción han vivido en connivencia con esa clase política a la que hoy seguramente saldrán a criticar. De esos gremios saldrán los nuevos sabelotodo. Todos y cada uno tienen solución al problema. Pero en el fondo Nariño y Cauca a la deriva. Ahora, como si la ciudadanía no tuviera memoria, pese a todo y contra todo, quieren llegar a la gobernación en campañas que no costarán menos de 20 mil millones de pesos los exsenadores de partidos tradicionales Guillermo García Realpe, Berner Zambrano Eraso y Luis Eladio Pérez. Mientras tanto urge plantear soluciones a corto y largo plazo. NO más dilaciones: El poliducto Yumbo Pasto Ipiales. Un aeropuerto internacional San Luis y mejoramiento del de Tumaco. A propósito de Tumaco urgente el puerto de aguas profundas y alto cabotaje. Vías terciarias y programas se asistencia técnica y créditos blandos a los agricultores de Cauca y Nariño. No hace falta hablar de la importancia de la doble calzada Cali Popayán Pasto porque eso sería oportunismo y oportunismo ramplón. Los oportunistas aparecen cada que se registra una tragedia. Esa clase dirigente genuflexa a los intereses de los ricos hacendados de la región, merece - como debió merecer hace décadas - el repudio general. No basta con decir a los cuatro vientos que la variante Timbío El Estanquillo no se hizo porque los ricos ganaderos y hacendados Caucanos, con amigos en el gobierno y en el congreso, se opusieron al proyecto. No basta, digo, porque esa es una verdad no de ahora sino de siempre. Nos avergüenza saber que somos de una región donde persisten los rezagos colonialistas. Esa clase dirigente debe ser férreamente condenada en los próximos comicios. Esa clase mal llamada dirigente debe ser expuesta como responsable del atraso y abandono de nuestras comunidades. Los oportunistas lanzan toda clase de soluciones y advertencias de lo que no hicieron cuando estuvieron en cargos de responsabilidad. Estos oportunistas parecen olvidar en tiempo de campañas políticas que han brillado por su ineptitud y falta de compromiso con la región. Hace muchas décadas se ha planteado el problema de la conexión de Nariño y Cauca con el interior del país a través de los departamentos del Putumayo y el Huila, pero han primado los intereses de unos pocos “ricachones” que ponen y quitan congresistas y funcionarios de alto nivel. La variante Pasto San Francisco Mocoa Pitalito ha sido motivo de promesas. La doble calzada Pasto Popayán Cali convertida en un sueño para incautos que salen a votar cada y cuando hay comicios regionales y nacionales, también ha quedado en promesas. Para completar, Nariño ya experimentó sin buenos resultados el significado de contar con gobernadores mal llamados progresistas y alternativos. Se suponía que, para acabar con la manguala entre godos y liberales, para acabar con el atraso y marginalidad del departamento provocada por Ellos, surgirían los nuevos gobernadores de Nariño autodenominados progresistas, alternativos y de izquierda. El resultado un fiasco: Más atraso y más corrupción siendo mandatarios Antonio Navarro Wolf, Parmenio Cuellar, Eduardo Zúñiga Eraso, Raúl Delgado Guerrero y Camilo Romero. Para completar, en Nariño los gremios de la producción han vivido en connivencia con esa clase política a la que hoy seguramente saldrán a criticar. De esos gremios saldrán los nuevos sabelotodo. Todos y cada uno tienen solución al problema. Pero en el fondo Nariño y Cauca a la deriva. Ahora, como si la ciudadanía no tuviera memoria, pese a todo y contra todo, quieren llegar a la gobernación en campañas que no costarán menos de 20 mil millones de pesos los exsenadores de partidos tradicionales Guillermo García Realpe, Berner Zambrano Eraso y Luis Eladio Pérez. Mientras tanto urge plantear soluciones a corto y largo plazo. NO más dilaciones: El poliducto Yumbo Pasto Ipiales. Un aeropuerto internacional San Luis y mejoramiento del de Tumaco. A propósito de Tumaco urgente el puerto de aguas profundas y alto cabotaje. Vías terciarias y programas se asistencia técnica y créditos blandos a los agricultores de Cauca y Nariño. No hace falta hablar de la importancia de la doble calzada Cali Popayán Pasto porque eso sería oportunismo y oportunismo ramplón.

Jóvenes sindicados de delitos como gestores de Paz

Por: Héctor Díaz Revelo Las redes sociales y los medios de comunicación abiertamente de derecha, reaccionaron de manera irracional al escuchar a Gustavo Petro pedir perdón por las víctimas de la masacre de El Aro, corregimiento del municipio de Ituango en Antioquia de 1990. Antes debo decir que cuando critico o he criticado a Petro por no sacar a Colombia de la OTAN, esa nefasta organización guerrerista y militar que tanta sangre de los pueblos del mundo ha derramado, digo, cuando lo he criticado no me hace ANTIPETRISTA y cuando digo lo que digo, no me hace PETRISTA. Pues bien, el presidente Petro pidió perdón a las víctimas de la Masacre de El Aro, en cumplimiento de una sentencia de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHO HUMANOS de hace 16 años, incumplida por los gobiernos pasados de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y de Iván Duque. Las dudas sobre la muerte de Pedro Juan Moreno Villa, quien para la época se desempeñaba como secretario de Gobierno departamental, siendo gobernador Álvaro Uribe, no han permitido hasta ahora saber bien lo que pasó en la masacre de El Aro. Lo cierto es que el helicóptero adscrito a la Gobernación de Antioquia, fue observado sobrevolando la zona de Ituango, durante la ejecución de la incursión militar y paramilitar contra la población civil desarmada de la vereda El Aro en Ituango Antioquia. Según lo establecido hasta ahora, en dicho helicóptero, según le informó por radio Carlos Castaño Gil el jefe paramilitar, en ese helicóptero “se encontraban el Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez y dos miembros de la Cruz Roja”, se lee en un aparte de la sentencia del 2015. Las reacciones, repito, contra la política de Petro para buscar la llamada PAZ TOTAL han sido irracionales y mezquinas. Hay gente todavía en Colombia que quiere que la guerra continúe y que claro, los hijos de los pobres, soldados, policías, insurgentes y otros elementos armados, sigan muriendo en plena juventud, en la primavera de sus vidas. Inclusive, un fallo, pero esta vez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín llega a la misma conclusión advirtiendo la responsabilidad de Uribe no solo en la masacre de El Aro sino también en la masacre ocurrida en el corregimiento La Granja, en el municipio de Ituango. Cinco personas jóvenes fueron asesinadas, por las Autodefensas, en plena plaza principal por ser supuestamente colaboradores de las Farc. Es la filosofía que encierra la búsqueda de la PAZ total para evitar el dolor de tantas madres y que no se sigan matando JOVENES COLOMBIANOS, especialmente los jóvenes pobres a quienes se les ha cerrado las oportunidades de trabajo, estudio y de una vida con dignidad. Parece una mentira. El gobierno pidiendo perdón a las víctimas tanto en Ituango como en otras regiones del país. Es el Estado colombiano que ha asesinado a sus jóvenes. Son los mercenarios quienes en connivencia con la fuerza pública pretenden diezmar a nuestra juventud. Sus madres se mantienen en pie, no pierden la esperanza de un mundo mejor para sus hijos. La fuerza pública en connivencia con los grupos paramilitares matando jóvenes, repito, jóvenes de las barriadas de las ciudades, jóvenes campesinos y jóvenes indígenas. O como en nuestra costa pacífica nariñense, matando a nuestros jóvenes negros como si fueran moscas. Las madres deben recibir de parte del gobierno toda la mayor consideración. Son las madres de esta juventud que no quieren que siga la guerra. Madres que con el dolor en el corazón hasta dicen que son capaces de perdonar. Cuando yo escribí para las dos orillas bajo el título de “Colombia no quiere a sus jóvenes” me cayeron rayos y centellas porque el marco histórico cuando lo hice fue el estallido social y la cantidad de jóvenes de los barrios populares, de veredas y corregimientos que cayeron muertos a manos de las balas del Estado. Dije que nuestra fuerza pública haciendo flaco favor a los ricos de este país y por hacerle el favor a las mafias regionales venían quitando la vida a los jóvenes, es decir a una juventud de hombres y mujeres en plena primavera. Mis denuncias iban más allá del asesinato a sangre fría de cuatro estudiantes de la Universidad de Nariño. Martín Rodríguez, Adriana Benítez, Marcos Salazar y Jairo Moncayo. Homicidio de tres docentes del departamento bajados del auto que los llevaba a su trabajo en las afueras de Pasto. De un celador de la Universidad de Nariño, Tito Libio Hernandez, que cae muerto por los paramilitares en la caseta de entrada en la avenida Toro bajo. Era miembro del sindicato de trabajadores de la Universidad. Colombia no quiere a sus jóvenes. No se puede y no es justo que se inviertan las cosas. Los jóvenes no son los victimarios sino las victimas que han caído a manos de los agentes del Estado, por hacer efectivo el derecho a la protesta pacífica. La idea central es tratar de meterse en el corazón de tantas madres que han perdido a sus hijos y a sus hijas en el marco del conflicto social y armado. Era cuasi niños en trance de adolescentes, o niños que apenas habían salido de pasar sus diciembres en medio de regalos y fiestas o al terminar su bachillerato, pasan a usar un rifle en lugar de seguir usando lápices y alcanzando sus sueños. Esas madres que ven a sus hijos negros, indígenas y campesinos que por ley del Estado deben prestar servicio militar, partir a esta guerra estúpida para defender intereses de las clases gobernantes, de los ricos de siempre, tomando en lugar de un azadón un rifle para matar a otros jóvenes. Es decir el dolor de esas madres de los jóvenes de los barrios pobres que ni siquiera han terminado su bachillerato. Policías y soldados, insurgentes y combatientes, y miembros de otras organizaciones armadas, ahora mismo, gracias al grito de sus madres por el fin de guerra y por el cambio por la vida, podrían - por fin - dejar de matarse. En navidad y fin de año. Por sus madres empobrecidas, por su familia, por la familia que somos todos. Petro, el presidente de Colombia, se pregunta con razón cual es el objetivo de una sociedad, si ver más de cinco o diez mil jóvenes muertos en los próximos 10 años. Quienes todavía hoy se quejan y protestan contra el gobierno de Petro o cualquier gobierno de países vecinos que quiera proteger a sus jóvenes y por ende a sus madres y sus familias desconocen a propósito el origen de estos jóvenes muertos. Lo que si es claro es que a quienes se está matando en Colombia, inclusive con el uso de las armas del Estado, no son los hijos de familias acomodadas. Los muertos no son los jóvenes y jovencitas que no saben que hacer a sus 18 años. “Jóvenes no futuro”. Los muertos de los sectores en conflicto son hijos de madres empobrecidas, de indígenas y de campesinos, hijos de la señora que vende frutas y la persigue la autoridad y viola su derecho al trabajo. No mueren en Colombia a manos de la fuerza pública los hijos de los dueños de grandes clubes y de los potentados. Quienes mueren a manos de agentes del Estado son hijos de las clases populares, de familias empobrecidas, de madres casi sin esperanza al ver que Colombia no quiere a sus jóvenes. Pero lo bueno, es que Ellas no se resisten a perder de esta manera a sus hijos en edad de soñar, aún saliendo de la adolescencia. Pero lo que más ha preocupado a los voceros de la burguesía colombiana tanto a nivel gremial como a través de sus medios de comunicación, es el nombramiento de gestores de paz. Gustavo Petro dijo que no es cierto que vaya a sacar de la cárcel a personas condenadas de los cientos de detenidos pertenecientes a la primera línea. Dijo claramente se trata de jóvenes de la primera línea que haciendo uso del derecho a la protesta pacifica hoy están sindicados, no condenados, por delitos que todavía no han sido probados. Explicó que serán estos los primeros lideres juveniles quienes saldrán a convertirse en gestores de Paz. No condenados sino sindicados. En Colombia se puede sindicar o acusar de cualquier delito a un ciudadano y lleva muchos días y a veces años, demostrar que no se es culpable de los delitos que se le imputan. Es la paquidermia, es la lentitud de un sistema judicial que es urgente cambiar. Las cárceles están llenas de gente sindicada. Llenas de gente que ha sido acusada y que no ha sido condenada. Esa es la peor y más grave violación de los derechos humanos, meter tras las rejas jóvenes sin condena. Pero en el fondo la gente ha recibido bien la decisión del gobierno de Petro. Así como los grandes corruptos y asesinos del país tienen casa por cárcel, imposible no darle beneficios a los jóvenes que fueron detenidos por hacer uso de la protesta pacífica. Así como los grandes corruptos se acogen a los principios de oportunidad, que son beneficios judiciales después de haber aceptado haber cometido delitos, así mismo los jóvenes en justicia deberían tener esas ventajas, mucho más si no han sido condenados. Solo son sindicados de delitos y no están condenados. Petro cree que ese es el camino para evitar que se siga diciendo que Colombia no quiere a sus jóvenes. Tiempo de reflexión especialmente poniendo la mente en el corazón de las madres que siguen viendo morir a sus hijos y que por más que quisiéramos no deja de ser una esperanza para el futuro. Si se abren las puertas a las oportunidades de trabajo, de estudio, de una vida con dignidad para la tercera parte de los colombianos, se volvería a decir en mayúsculas que Colombia ha dejado de matar a sus jóvenes.

OTRO RECHAZO A DILACION EN PROCESO CONTRA CAMILO ROMERO

En desarrollo de la audiencia contra Camilo Romero Galeano ante la corte suprema de justicia por el Escándalo de los Licores, la defensa del exgobernador ha pedido se anule lo actuado hasta la fecha desde la iniciación de las audiencias preparatorias, por considerar que se ha violado el debido proceso. La fiscalía general de la Nación en la audiencia del martes pasado ha pedido a la Corte Suprema que la solicitud hecha por la defensa de Camilo Romero “sea rechazada de plano por ser abiertamente dilatoria del proceso en curso”. Eso es seguir dilatando un proceso que lleva casi tres años y es a la vez una forma de tratar de aplazar cada vez más el desarrollo de la audiencia citada para el 6 de diciembre pasado que suponía la iniciación del juicio oral en contra del exgobernador Camilo Romero Galeano y de Mario Fernando Benavides en su calidad de gobernador encargado. Según la acusación de la fiscalía y teniendo como testigo de cargo al primo del exgobernador, su asesor de cabecera, Andrés Felipe Arango y la subsecretaria de rentas de la secretaría de hacienda Adriana Milena Amaya, el gobernador Camilo Romero habría permitido que un particular de nombre Richard Portilla resulte beneficiario de un millonario contrato de distribución de aguardiente Nariño. Tanto el procurador delegado ante la Corte como el representante de víctimas del departamento de Nariño estuvieron de acuerdo en que hacer esa petición de nulidad es volver sobre lo mismo, sobre un debate que ya se hizo y que al igual que el Fiscal Javier Díaz consideran que las irregularidades o la violación del debido proceso como lo plantea la defensa de Romero no se han producido. Pero porqué los intervinientes en la audiencia están de acuerdo en que la defensa de Camilo Romero solamente quiere dilatar y dilatar el proceso en su contra, se preguntan muchos, toda vez que una decisión en contra podría dar al traste con la decisión de Petro de mantenerlo lejos como embajador de Colombia en Argentina. Lo mas grave es que la misma defensa acude a jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que hay excepciones para aplicar posibles exclusiones o rechazos directos de elementos probatorios o simplemente de pruebas. Así lo deja entrever el Fiscal Favier Díaz. No se puede revivir en cada audiencia la misma clase de peticiones de la defensa, ha dicho en la audiencia del 6 de diciembre , el representante de las victimas del departamento de Nariño Javier Mauricio Ojeda. Lo que va quedando claro es que hay toda una estrategia de alargar el proceso, de dilatar las cosas por parte de la defensa de Camilo Romero Galeano ahora en cabeza del abogado Miguel Ángel Del río. Muchos creyeron que en esta nueva etapa las argumentaciones serían otras y más en derecho. Como se recuerda, desde un comienzo, Camilo Romero pidió que varios exgobernadores den sus testimonios quien sabe sobre qué aspecto relacionado con los delitos que se le imputan. Romero pidió que se oiga el testimonio de exministros y hasta de la alcaldesa de Bogotá Claudia López. Eso fue visto como una estrategia dilatoria. El representante de victimas del departamento dijo que no hay que desgastar de esa manera más a la Corte Suprema. Lo dijo una vez Guido Ramos el defensor de Mario Fernando Benavidez, gobernador encargado para la fecha de los hechos, anunció que no haría comentario al respecto. Por su parte, José Fernando Ortega Cortes, procurador delegado ante la Corte consideró con vehemencia que como ministerio público, tal como lo ha dicho la Fiscalía, “en la hora de ahora, las cosas se han llevado a cabo en que cada actuación que se ha surtido en la etapa del juicio con el acatamiento de las garantías constitucionales y legales del acusado Camilo Romero”. Presentar una acción de nulidad es impertinente ha sostenido el procurador delegado ante la Corte en desarrollo de esa audiencia del martes, que dicho sea de paso, ha sido suspendida para próxima fecha en que decidirá sobre las pretensiones de la defensa y dará comienzo en firme, al juicio contra Camilo Romero Galeano.